Experiencias de mujeres indias con el aborto con medicamentos
24 agosto 2009
(c) David and Lucille Packard Foundation
Una nueva investigación dirigida por Bela Ganatra de Ipas India figura entre las primeras en estudiar a fondo las experiencias de las mujeres con el procedimiento de aborto con medicamentos en la India. El estudio, publicado recientemente en la revista Global Public Health, proporciona información valiosa sobre las opiniones de las mujeres respecto al aborto con medicamentos, la influencia de la consejería en el proceso y sus ideas sobre cómo lograr que el aborto con medicamentos sea un procedimiento menos “medicalizado”.
“El aborto con medicamentos tiene un gran potencial para ampliar el acceso de las mujeres a los servicios de aborto seguro en la India,” dice Ganatra. “Sin embargo, actualmente se conoce muy poco acerca de las experiencias de las mujeres indias con este método. Al conocer más acerca de las opiniones e ideas de las mujeres respecto al aborto con medicamentos, podremos mejorar los servicios y hacerlos más accesibles a las mujeres en la India y en otras partes del mundo en desarrollo.”
Los investigadores entrevistaron a 63 mujeres que optaron por interrumpir sus embarazos con mifepristona y misoprostol. Las mujeres que tuvieron abortos en clínicas de las ciudades de Delhi y Pune contestaron preguntas sobre cómo y por qué escogieron el aborto con medicamentos, sus experiencias con el proceso de aborto, sus reacciones después del aborto y sus experiencias con la anticoncepción postaborto. Entre otros hallazgos, el estudio encontró que:
• Un poco menos de la mitad (el 48 por ciento) de las mujeres ya tenían algún conocimiento del aborto con medicamentos; el 10 por ciento buscó este método específico.
• Una de cada cuatro mujeres primero probó medicamentos sin receta (y a menudo ineficaces) para interrumpir un embarazo no deseado, antes de acudir a la clínica para que le practicaran un aborto con medicamentos.
• Casi todas (el 94 por ciento) las mujeres entrevistadas seleccionaron el método ya sea por su relativa sencillez o porque no implicaba un procedimiento invasivo.
• La mayoría (el 59 por ciento) de las mujeres informaron que el procedimiento añadió sólo molestias menores, como la necesidad de descanso adicional, náuseas u otros efectos secundarios leves, a su rutina diaria. Las mujeres tienden a aceptar mejor estas molestias cuando reciben apoyo social de su esposo y su familia.
• La información clara y la consejería empática de los prestadores de servicios sobre los posibles efectos secundarios aumentaron la tolerancia de dolor y sangrado y disiparon los temores respecto a los efectos secundarios y el efecto en futuros embarazos. Casi la mitad de las mujeres informaron sentirse ansiosas en cuanto a si el proceso de aborto se había concluido o no. Las mujeres relataron que la consejería sobre los posibles efectos secundarios y la necesidad de seguimiento aumentaron la ansiedad o la aplacaron, dependiendo de la forma en que el prestador de servicios ofreció esta información.
• Casi todas (el 95 por ciento) las mujeres informaron haber recibido consejería sobre la anticoncepción postaborto, y la mayoría de las mujeres aconsejadas afirmaron que piensan usar un método anticonceptivo. Sin embargo, las mujeres también especificaron que traducir la intención en acción depende del esfuerzo necesario para obtener métodos anticonceptivos, de la cantidad de consultas clínicas adicionales necesarias y de las opiniones del esposo en cuanto al uso de anticonceptivos.
Aunque Ganatra advierte que el tamaño de muestra de las mujeres entrevistadas es demasiado pequeño para generalizar a las mujeres de la India, ella afirma que los resultados del estudio proporcionan información valiosa, no sólo sobre quién está usando servicios de aborto con medicamentos actualmente, sino también sobre los retos que afrontan las mujeres para acceder o aceptar aborto con medicamentos. Catorce de las mujeres, por example, dijeron que les resultó difícil ir a la clínica para recibir los medicamentos.
“No tiene nada de malo ir a la clínica” les dijo una mujer de 35 años de edad a los entrevistadores, “pero tengo que terminar las tareas domésticas primero, lo cual puede ser difícil porque tengo que encargarme de todo.” Cuando se les preguntó si la situación sería más fácil si las mujeres pudieran tomarse el misoprostol en la casa, la mayoría de las mujeres contestaron que eso dependería del nivel de apoyo que reciben en el hogar, así como de cuán seguras se sienten con el proceso.
Algunas otras mujeres, ya sea por los mitos asociados con el aborto con medicamentos o por la falta de conocimientos sobre los medicamentos, tenían temores infundados respecto a los supuestos efectos permanentes del aborto con medicamentos en el cuerpo. “Tenía miedo. Nunca antes había consumido tabletas extrañas.” informó una mujer de 27 años de edad a los entrevistadores.
Por último, dice Ganatra, el estudio señaló la gran influencia de la consejería y la información que brindan los prestadores de servicios en las experiencias y expectativas de las mujeres. La información clara y la consejería sensible pueden ayudar a las mujeres a entender lo que pueden esperar y a sentirse seguras con el método.
Este estudio fue realizado por Ipas y el Population Council en colaboración con el Hospital KEM, en Pune, y el Hospital Parivar Seva Sanstha, en Delhi.
jueves, 27 de agosto de 2009
domingo, 23 de agosto de 2009
comentarios llegados a mi facebook
Discriminación contra las mujeres, eres parte?Compartir
miércoles, 19 de agosto de 2009 a las 15:56
En los últimos 30 años ha ido ganando fuerza un movimiento mundial contra la discriminación que tradicionalmente se ha ejercido hacia determinados grupos de la población como los indígenas, los discapacitados, las personas de religiones distintas a la dominante, los ancianos e incluso las mujeres, por mencionar sólo algunos de los segmentos que han padecido tratos desiguales.
La palabra “discriminación” proviene del vocablo griego discriminare que significa “dividir”. A su vez, discriminare se deriva de discernere que significa “distinguir” o “separar”. En la actualidad, se entiende por discriminación la acción o acciones que tienen como fin privar a alguien del goce de determinados derechos o libertades básicos en todas las esferas de la vida social y privada.
La discriminación contra las mujeres tiene antecedentes muy lejanos, pero desde mediados del siglo XX, cuando ellas empezaron a participar más activamente en la vida social y política de muchos países, comenzó a volverse muy evidente que tenían un menor acceso a los derechos sociales, políticos y económicos, lo que se traducía en mayores privilegios para sus contrapartes masculinas.
Así, en 1946 la Organización de Naciones Unidas creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la cual comenzó a preparar en 1974 una “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW por sus siglas en inglés). La CEDAW fue aprobada cinco años después, el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea General de la ONU y hasta ahora sigue siendo un documento clave para la lucha contra la discriminación hacia las mujeres en todo el mundo.
A pesar de los esfuerzos mundiales para lograr la equidad entre los sexos, la discriminación hacia las mujeres sigue siendo una dolorosa realidad para muchas en distintas partes del mundo. Un informe reciente del Banco Mundial sostiene que “en ninguna región del mundo los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos sociales, económicos y jurídicos”.
Por su parte, la organización internacional Human Rights Watch resume el problema al afirmar que “en el mundo entero, millones de mujeres viven en condiciones de privación máxima y atentados contra sus derechos humanos fundamentales por la simple razón de ser mujeres”.
Las mujeres están hoy más que nunca presentes en prácticamente todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y política de México, por lo que es muy probable que en muchos de ellos, los actos de discriminación tomen formas peculiares que merecen atención especial. No obstante, en la vida cotidiana de muchas mexicanas existe una forma de discriminación que destaca por su gravedad. Se trata de la violencia intrafamiliar, que afecta en su mayoría a las mujeres y a las y los niños.
La violencia dentro de la familia es una de las formas más graves de discriminación hacia las mujeres. La organización Amnistía Internacional afirma que “la violencia contra las mujeres es la mayor atrocidad contra los derechos humanos de nuestros tiempos”. Los datos recopilados por esta misma organización hablan por sí mismos:
* Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a algún otro tipo de abuso en su vida, según un estudio basado en 50 encuestas de todo el mundo.
* Cada año, millones de mujeres sufren violaciones a manos de sus parejas y de familiares y amigos.
* La violencia en la familia es endémica en todo el mundo; la gran mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. En Estados Unidos, por ejemplo, 85% de las víctimas de violencia en el ámbito familiar computadas en 1999 eran mujeres.
* Según informes de la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las mujeres que son víctimas de asesinato mueren a manos de su compañero.
En México, las estadísticas muestran que más del 60% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres y niños. La violencia hacia las mujeres, y en particular la violencia intrafamiliar, es un problema complejo que requiere pronta atención. Para información básica sobre este tema puede consultarse : http://www.amnistiainternacional.org/camps/index.html
Si bien, el panorama de la discriminación no puede ser muy optimista, los avances de las últimas décadas han abierto la posibilidad de que cada vez más mujeres accedan a condiciones de vida cada más equitativas que las que vivieron las generaciones anteriores. Aunque todavía hace falta recorrer un buen tramo para erradicar la discriminación contra las mujeres, el camino para lograrlo, al menos, ya está trazado.
miércoles, 19 de agosto de 2009 a las 15:56
En los últimos 30 años ha ido ganando fuerza un movimiento mundial contra la discriminación que tradicionalmente se ha ejercido hacia determinados grupos de la población como los indígenas, los discapacitados, las personas de religiones distintas a la dominante, los ancianos e incluso las mujeres, por mencionar sólo algunos de los segmentos que han padecido tratos desiguales.
La palabra “discriminación” proviene del vocablo griego discriminare que significa “dividir”. A su vez, discriminare se deriva de discernere que significa “distinguir” o “separar”. En la actualidad, se entiende por discriminación la acción o acciones que tienen como fin privar a alguien del goce de determinados derechos o libertades básicos en todas las esferas de la vida social y privada.
La discriminación contra las mujeres tiene antecedentes muy lejanos, pero desde mediados del siglo XX, cuando ellas empezaron a participar más activamente en la vida social y política de muchos países, comenzó a volverse muy evidente que tenían un menor acceso a los derechos sociales, políticos y económicos, lo que se traducía en mayores privilegios para sus contrapartes masculinas.
Así, en 1946 la Organización de Naciones Unidas creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la cual comenzó a preparar en 1974 una “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW por sus siglas en inglés). La CEDAW fue aprobada cinco años después, el 18 de diciembre de 1979, por la Asamblea General de la ONU y hasta ahora sigue siendo un documento clave para la lucha contra la discriminación hacia las mujeres en todo el mundo.
A pesar de los esfuerzos mundiales para lograr la equidad entre los sexos, la discriminación hacia las mujeres sigue siendo una dolorosa realidad para muchas en distintas partes del mundo. Un informe reciente del Banco Mundial sostiene que “en ninguna región del mundo los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos sociales, económicos y jurídicos”.
Por su parte, la organización internacional Human Rights Watch resume el problema al afirmar que “en el mundo entero, millones de mujeres viven en condiciones de privación máxima y atentados contra sus derechos humanos fundamentales por la simple razón de ser mujeres”.
Las mujeres están hoy más que nunca presentes en prácticamente todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y política de México, por lo que es muy probable que en muchos de ellos, los actos de discriminación tomen formas peculiares que merecen atención especial. No obstante, en la vida cotidiana de muchas mexicanas existe una forma de discriminación que destaca por su gravedad. Se trata de la violencia intrafamiliar, que afecta en su mayoría a las mujeres y a las y los niños.
La violencia dentro de la familia es una de las formas más graves de discriminación hacia las mujeres. La organización Amnistía Internacional afirma que “la violencia contra las mujeres es la mayor atrocidad contra los derechos humanos de nuestros tiempos”. Los datos recopilados por esta misma organización hablan por sí mismos:
* Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a algún otro tipo de abuso en su vida, según un estudio basado en 50 encuestas de todo el mundo.
* Cada año, millones de mujeres sufren violaciones a manos de sus parejas y de familiares y amigos.
* La violencia en la familia es endémica en todo el mundo; la gran mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. En Estados Unidos, por ejemplo, 85% de las víctimas de violencia en el ámbito familiar computadas en 1999 eran mujeres.
* Según informes de la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las mujeres que son víctimas de asesinato mueren a manos de su compañero.
En México, las estadísticas muestran que más del 60% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres y niños. La violencia hacia las mujeres, y en particular la violencia intrafamiliar, es un problema complejo que requiere pronta atención. Para información básica sobre este tema puede consultarse : http://www.amnistiainternacional.org/camps/index.html
Si bien, el panorama de la discriminación no puede ser muy optimista, los avances de las últimas décadas han abierto la posibilidad de que cada vez más mujeres accedan a condiciones de vida cada más equitativas que las que vivieron las generaciones anteriores. Aunque todavía hace falta recorrer un buen tramo para erradicar la discriminación contra las mujeres, el camino para lograrlo, al menos, ya está trazado.
sábado, 15 de agosto de 2009
PREFIRIO ELEGIR SUMIR A YUCATAN EN LA IGNOMINIA
ELLA ELIGIO VENDER LA VIDA DE LAS MAS POBRES. PARA GOBERNAR DEMOCRATICAMENTE SE NECESITA CONOCIMIENTO, HONESTIDAD, AUTONOMIA, PRINCIPIOS ETICOS. LA MERCADOTECNIA ES COMO LA ESPUMA QUE CUANDO SE ESFUMA DEJA VER LA REALIDAD. DE BOM BOM A BANG BANG!
viernes, 14 de agosto de 2009
APOYA A LAS MUJERES DE YUCATAN
http://www.tupuedessalvartuvida.org/carta_protesta.htm
En este link podrán entrar y apoyar a las mujeres en Yucatán.
Solicitamos su apoyo para enviar cartas a la Gobernadora y a los Diputados/as y difundirlo entre sus contactos.
Gracias
En este link podrán entrar y apoyar a las mujeres en Yucatán.
Solicitamos su apoyo para enviar cartas a la Gobernadora y a los Diputados/as y difundirlo entre sus contactos.
Gracias
lunes, 10 de agosto de 2009
PENALIZAR EL ABORTO OBLIGA A LA CLANDESTINIDAD
PENALIZAR EL ABORTO OBLIGA A LA CLANDESTINIDAD
VIOLENTA CONTRADICCIÓN AL ESTADO LAICO
Jesús Solís Alpuche
En nuestros comentarios en Por Esto! del 27 de julio en que nos referirnos a "Los poderes fácticos y la legislación por la vida", hicimos la observación referente a la estrategia de la gobernadora Ivonne Ortega al convocar al diálogo para revisar y ajustar el contenido y los alcances de las reformas aprobadas por el Congreso el 15 de julio del año en curso, mediante un "lineazo" de los poderes fácticos que manejan el propoyecto neoliberal impuesto a nuestro país.
Dijimos que desde que se despenalizó el aborto en el Distrito Federal el 24 de abril de 2007, con Yucatán son 14 los Estados en que se han aprobado reformas que protegen la vida desde la concepción, o fecundación, lo cual constituye un grave retroceso a los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos.
Expusimos la evidencia si los priistas en Yucatán podían razonar verdaderamente en favor de la vida, y un nuevo modelo de familia en el marco de los Derechos Humanos, es decir que su proyecto es diferente al de Acción Nacional y el de la Iglesias; así como que la gobernadora de Yucatán era una piesa importante en el tablero que juega la oligarquía en contra de los derechos del pueblo mexicano y el momento de prueba a su vocación política sin conflicto de lealtades y subordinación a los poderes fácticos.
Con la aprabación y publicación del decreto 220, que contiene las reformas al artículo 1° de la Constitución local y adiciones al artículo 392 del Código Penal, relacionadas con el aborto y que según el consejero jurídico del gobierno Sergio Cuevas, ahora le es favorable a las mujeres "que en alguna condición tienen que verse en la necesidad de interrumpir su embarazo", ahora tienen una salida alternativa diferente a la prisión. (Por Esto 8 de agosto) Naturalmente no dijo que esa salida es el psiquiatra o el manicomio si así se diagnostica oficialmente.
Queda claro que no se pudo razonar a favor de la vida con responsabilidad. Porque penalizar el aborto obliga a su clandestinidad. Esta realidad parecen desconocerla en el legislativo, por ejemplo que las complicaciones por aborto inducido son, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la cuarta causa de mortalidad materna en el país,o que la criminalización del aborto no evita que las mujeres lo sigan realizando, pues es la única solución -aunque nunca fácil- a una maternidad no deseada. La penalización lo único que provoca es el agravamiento de un problema de justicia social, ya que las interrupciones al embarazo no deseado se realiza en condiciones de grave riesgo para la salud y bienestar psicosocial de las mujeres (unico elemento previsto en esta ley) principalmente contra lás más pobres.
El gobierno neoliberal considera que nuestra sociedad aun no somos sujetos de nuestra historia, y todos vivimos con el ojetivo de ser considerados personas-objetos, que aún sufrindo la peor opresión laboral o económica, los seres humanos debemos adaptarnos y comportarnos, vestir y tener poses dominantes y de poder, para proyectar virilidad; mientras que la mujer, ha de reflejar atracción, delicadeza, dulzura y estar programada como símbolo de la belleza o de la materinad, el respeto a la diversidad no es fácil aunque esta contemplado como un Derechos Humano.
Por otro lado la sexualidad, culturalmente ya no se liga sólo a la función reproductiva, sino que ahora es parte de la vida cotidiana y su práctica está más ligara a la comunicación íntima y el amor. En un boletín del Instituto para laEquidad de Género del Gobierno del Estado se establece el Derecho a la Libertad Sexual, como el derecho a disfrutar de la sexualidad con responsabilidad, excluyendo toda forma de cohersión, explotación y abuso sexual en cualquier etapa y situación de la vida.
El Derecho a la Autonomía sexual: como la libre expresión de prácticas sexuales sin afectar a terceras personas. El Derecho a la Expresión sexual emocional: que abarca más allá del placer erótico o los actores sexuales y reconoce la facultad a manifestar la sexualidad a través de la expresión emocional y afectiva como el cariño la ternura y el amor.
El derecho a formar una familia y elegir líbrmente la estructura de ésta. El Derecho a vivir una vida libre de violencia sexual: libertad para decidir tener relaciones sexuales o no, el momento, lugar y la pareja. Derecho a que se respete la intimidad sexual. Derecho a la libre expresión de orientación sexual, sin ser discriminado. Derechos a recibir información y/o educación integral y actualización sobre sexualidad. Derechos a recibir servicios de salud de calidad sin discriminación.
Estos derechos a la diversidad, y el derecho a decidir de las mujeres sobre los embarazos no deseados han sido abolidos en el legislativo para crear condiciones para la desaparición del Estado Laico y dar paso al Estado totalitario. El laicismo implica el reconocimiento de la igualdad jurídica de los ciudadanos y ciudadanas ante la ley, así como la libertad de conciencia, de pensamiento, de creencias, de expresión y asociación.
En el Distrito federal el laicismo impulsó la legislación de las Sociedades de Convivencia que en resumen dan reconocimiento legal a hogares y familias establecidas por dos personas adultas sin discriminación de su forma de vida. El Articulo 2 de esta Ley dice: “La Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua”. En este concepto de la legislación se garantiza los derechos sucesorios y otros importantes derechos como el de la adopción que no s posible entre personas solteras
Del Estado laico se desprende la libertad de decisión incluso en las preferencias sexuales y sobre el propio cuerpo así como el derecho a decidir sobre todos los espacios de nuestra vida privada. Si nos prohiben decidir sobre nuestro cuerpo propio y preferencias sexuales en libertad, y lo aceptamos, nos será difícil el ejercicio de otras libertades ciudadanas. La extrema derecha trata de asestar un golpe mortal al Estado laico, que se basa en los valores democráticos, de los derechos humanos y el desarrollo justo y plural. La discriminación e intolerancia serán nuevamente impuestas en nuestras normas de vida como en el siglo XIX.
Ha quedado clara la simulación de diálogo implementada por el Ejecutivo, lo mismo que la subordinación del Legislativo al proyecto de desmantelamiento del Estado dispuesto por los poderes fácticos que se apoderan del país. Queda la esperanza de las Comisiones de derechos humanos, nacional y estatal, como organismos públicos autónomos. Pero, no podemos ser ingenuos, la esperanza real está en las organizaciones civiles y no gubernamentales que batallan y promoverán las acciones de inconstitucionalidad de esa ley. El enfrentamiento ideológico entre la sociedad viva, que lucha por el fortalecimiento del Estado y los que la quieren ver morir, está muy claro. La ciudadanía debe involucrarse porque se trata de la definición del Estado que queremos. chantzacan@hotmail.com
VIOLENTA CONTRADICCIÓN AL ESTADO LAICO
Jesús Solís Alpuche
En nuestros comentarios en Por Esto! del 27 de julio en que nos referirnos a "Los poderes fácticos y la legislación por la vida", hicimos la observación referente a la estrategia de la gobernadora Ivonne Ortega al convocar al diálogo para revisar y ajustar el contenido y los alcances de las reformas aprobadas por el Congreso el 15 de julio del año en curso, mediante un "lineazo" de los poderes fácticos que manejan el propoyecto neoliberal impuesto a nuestro país.
Dijimos que desde que se despenalizó el aborto en el Distrito Federal el 24 de abril de 2007, con Yucatán son 14 los Estados en que se han aprobado reformas que protegen la vida desde la concepción, o fecundación, lo cual constituye un grave retroceso a los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos.
Expusimos la evidencia si los priistas en Yucatán podían razonar verdaderamente en favor de la vida, y un nuevo modelo de familia en el marco de los Derechos Humanos, es decir que su proyecto es diferente al de Acción Nacional y el de la Iglesias; así como que la gobernadora de Yucatán era una piesa importante en el tablero que juega la oligarquía en contra de los derechos del pueblo mexicano y el momento de prueba a su vocación política sin conflicto de lealtades y subordinación a los poderes fácticos.
Con la aprabación y publicación del decreto 220, que contiene las reformas al artículo 1° de la Constitución local y adiciones al artículo 392 del Código Penal, relacionadas con el aborto y que según el consejero jurídico del gobierno Sergio Cuevas, ahora le es favorable a las mujeres "que en alguna condición tienen que verse en la necesidad de interrumpir su embarazo", ahora tienen una salida alternativa diferente a la prisión. (Por Esto 8 de agosto) Naturalmente no dijo que esa salida es el psiquiatra o el manicomio si así se diagnostica oficialmente.
Queda claro que no se pudo razonar a favor de la vida con responsabilidad. Porque penalizar el aborto obliga a su clandestinidad. Esta realidad parecen desconocerla en el legislativo, por ejemplo que las complicaciones por aborto inducido son, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la cuarta causa de mortalidad materna en el país,o que la criminalización del aborto no evita que las mujeres lo sigan realizando, pues es la única solución -aunque nunca fácil- a una maternidad no deseada. La penalización lo único que provoca es el agravamiento de un problema de justicia social, ya que las interrupciones al embarazo no deseado se realiza en condiciones de grave riesgo para la salud y bienestar psicosocial de las mujeres (unico elemento previsto en esta ley) principalmente contra lás más pobres.
El gobierno neoliberal considera que nuestra sociedad aun no somos sujetos de nuestra historia, y todos vivimos con el ojetivo de ser considerados personas-objetos, que aún sufrindo la peor opresión laboral o económica, los seres humanos debemos adaptarnos y comportarnos, vestir y tener poses dominantes y de poder, para proyectar virilidad; mientras que la mujer, ha de reflejar atracción, delicadeza, dulzura y estar programada como símbolo de la belleza o de la materinad, el respeto a la diversidad no es fácil aunque esta contemplado como un Derechos Humano.
Por otro lado la sexualidad, culturalmente ya no se liga sólo a la función reproductiva, sino que ahora es parte de la vida cotidiana y su práctica está más ligara a la comunicación íntima y el amor. En un boletín del Instituto para laEquidad de Género del Gobierno del Estado se establece el Derecho a la Libertad Sexual, como el derecho a disfrutar de la sexualidad con responsabilidad, excluyendo toda forma de cohersión, explotación y abuso sexual en cualquier etapa y situación de la vida.
El Derecho a la Autonomía sexual: como la libre expresión de prácticas sexuales sin afectar a terceras personas. El Derecho a la Expresión sexual emocional: que abarca más allá del placer erótico o los actores sexuales y reconoce la facultad a manifestar la sexualidad a través de la expresión emocional y afectiva como el cariño la ternura y el amor.
El derecho a formar una familia y elegir líbrmente la estructura de ésta. El Derecho a vivir una vida libre de violencia sexual: libertad para decidir tener relaciones sexuales o no, el momento, lugar y la pareja. Derecho a que se respete la intimidad sexual. Derecho a la libre expresión de orientación sexual, sin ser discriminado. Derechos a recibir información y/o educación integral y actualización sobre sexualidad. Derechos a recibir servicios de salud de calidad sin discriminación.
Estos derechos a la diversidad, y el derecho a decidir de las mujeres sobre los embarazos no deseados han sido abolidos en el legislativo para crear condiciones para la desaparición del Estado Laico y dar paso al Estado totalitario. El laicismo implica el reconocimiento de la igualdad jurídica de los ciudadanos y ciudadanas ante la ley, así como la libertad de conciencia, de pensamiento, de creencias, de expresión y asociación.
En el Distrito federal el laicismo impulsó la legislación de las Sociedades de Convivencia que en resumen dan reconocimiento legal a hogares y familias establecidas por dos personas adultas sin discriminación de su forma de vida. El Articulo 2 de esta Ley dice: “La Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando dos personas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua”. En este concepto de la legislación se garantiza los derechos sucesorios y otros importantes derechos como el de la adopción que no s posible entre personas solteras
Del Estado laico se desprende la libertad de decisión incluso en las preferencias sexuales y sobre el propio cuerpo así como el derecho a decidir sobre todos los espacios de nuestra vida privada. Si nos prohiben decidir sobre nuestro cuerpo propio y preferencias sexuales en libertad, y lo aceptamos, nos será difícil el ejercicio de otras libertades ciudadanas. La extrema derecha trata de asestar un golpe mortal al Estado laico, que se basa en los valores democráticos, de los derechos humanos y el desarrollo justo y plural. La discriminación e intolerancia serán nuevamente impuestas en nuestras normas de vida como en el siglo XIX.
Ha quedado clara la simulación de diálogo implementada por el Ejecutivo, lo mismo que la subordinación del Legislativo al proyecto de desmantelamiento del Estado dispuesto por los poderes fácticos que se apoderan del país. Queda la esperanza de las Comisiones de derechos humanos, nacional y estatal, como organismos públicos autónomos. Pero, no podemos ser ingenuos, la esperanza real está en las organizaciones civiles y no gubernamentales que batallan y promoverán las acciones de inconstitucionalidad de esa ley. El enfrentamiento ideológico entre la sociedad viva, que lucha por el fortalecimiento del Estado y los que la quieren ver morir, está muy claro. La ciudadanía debe involucrarse porque se trata de la definición del Estado que queremos. chantzacan@hotmail.com
domingo, 9 de agosto de 2009
REPLICACBLE. ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE CNDH POR DECRETO 220
México, D.F. a 08 de agosto de 2009
Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con relación a las diversas reformas publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Yucatán, el 7 de agosto de 2009, relativas a la protección de la vida en gestación y la restricción de los derechos humanos de las mujeres, atentamente solicitamos:
Que la Comisión a su cargo, teniendo por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, atienda el reclamo de la sociedad civil, impugnando las reformas de referencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la vía de acción de inconstitucionalidad, en virtud de que transgreden derechos humanos de las mujeres que fueron reconocidos y dotados de contenido, por la propia Suprema Corte de Justicia, al fallar la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada.
Las personas y organizaciones firmantes, tenemos la certeza que las reformas constitucionales y legales publicadas en Yucatán, agravarán los serios problemas de salud pública y de justicia social que padecen las mujeres como consecuencia de la legislación prohibitiva del aborto; por lo que le instamos a ser congruente con su atribución, de conformidad con la fracción XIV Bis del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que señala que esa Comisión se encargará de la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Por lo anterior, exigimos que en ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 105 de Nuestra Carta Magna promueva en tiempo y forma las correspondientes acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación e impulsar con ello la observancia de los derechos humanos en el país.
Atentamente,
Clemencia Adelaida Salas Salazar Consuelo Ramírez
Muuch Tamba Meyaj, A.C. Unidad de Atención Sicológica,
Calle 22 S/N. Cholul, Mérida, Yucatán. Sexológica y Educativa para el
Crecimiento Personal, A.C.
Calle 47 #487 x 54 y 56. Centro
Mérida, Yucatán.
Sandra Noemí Peniche Quintal
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, A.C.
Calle 54 #439-C x 49 y 51. Centro.
Mérida, Yucatán.
REPRODUCIBLE PARA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD POR DECRETO 220 PARA CODHEY
Mérida, Yucatán, 10 de agosto de 2009.
LIC. JORGE VICTORIA MALDONADO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATAN.
Como es de su conocimiento, el 7 de agosto pasado fueron publicadas en el Diario Oficial del Estado de Yucatán diversas reformas relacionadas con la protección de la vida en gestación y con la restricción de los derechos humanos de las mujeres. Por este motivo, solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a su cargo, la impugnación de estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vía de Acción de Inconstitucionalidad.
Las personas y organizaciones firmantes estamos ciertas que las reformas constitucionales y legales publicadas en el Diario Oficial agravarán los serios problemas de salud pública y de justicia social que padecen las mujeres como consecuencia de la legislación prohibitiva del aborto. También sabemos que esas reformas contravienen diversos derechos constitucionales cuya titularidad corresponde a las mujeres, titularidad que ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la resolución de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada.
Por lo anterior, demandamos a usted cumpla con las atribuciones que le están conferidas en el artículo 105 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y que en tiempo y forma promueva las correspondientes acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de que sean invalidadas dichas reformas.
Atentamente,
Consuelo Ramírez Sandra Noemí Peniche Quintal
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica Servicios Humanitarios en Salud
y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. Sexual y Reproductiva, A.C.
Calle 47 #487 x 54 y 56. Centro. Calle 54 #439-C x 54 y 56. Centro.
Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán.
LIC. JORGE VICTORIA MALDONADO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE YUCATAN.
Como es de su conocimiento, el 7 de agosto pasado fueron publicadas en el Diario Oficial del Estado de Yucatán diversas reformas relacionadas con la protección de la vida en gestación y con la restricción de los derechos humanos de las mujeres. Por este motivo, solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a su cargo, la impugnación de estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vía de Acción de Inconstitucionalidad.
Las personas y organizaciones firmantes estamos ciertas que las reformas constitucionales y legales publicadas en el Diario Oficial agravarán los serios problemas de salud pública y de justicia social que padecen las mujeres como consecuencia de la legislación prohibitiva del aborto. También sabemos que esas reformas contravienen diversos derechos constitucionales cuya titularidad corresponde a las mujeres, titularidad que ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la resolución de la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada.
Por lo anterior, demandamos a usted cumpla con las atribuciones que le están conferidas en el artículo 105 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y que en tiempo y forma promueva las correspondientes acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de que sean invalidadas dichas reformas.
Atentamente,
Consuelo Ramírez Sandra Noemí Peniche Quintal
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica Servicios Humanitarios en Salud
y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. Sexual y Reproductiva, A.C.
Calle 47 #487 x 54 y 56. Centro. Calle 54 #439-C x 54 y 56. Centro.
Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán.
sábado, 8 de agosto de 2009
NOS UNE UNA CAUSA JUSTA:LA LUCHA POR NUESTROS DERECHOS
NOS UNE UNA CAUSA JUSTA
LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS HUMANOS ES LUCHA JUSTA
Con el propósito de informarle de las consecuencias que traerá en poco tiempo la aprobación que la LVIII Legislatura y el Ejecutivo Estatal en Yucatán hicieran el 15 de julio y 7 de agosto del presente año, en las vidas de las mujeres, probablemente la suya si Usted es mujer, o su esposa, novia, pareja, hermana, hija, tía, amiga, o compañera de estudios o trabajo o vecina, le alertamos para que tome sus propias precauciones.
El día de ayer, 7 de agosto, el gobierno priísta de Ivonne Ortega Pacheco publicó en el Diario oficial del Estado de Yucatán, el decreto 220 que reforma el artículo primero constitucional.
Si Usted no ha escuchado nada de esto o nada ha oído, es porque seguramente lee otros periódicos y porque en la radio, sólo dos estaciones en únicamente dos programas, dieron a conocer el problema y el debate que se abría. Esto quiere decir, que existe un acuerdo cupular entre empresarios, el gobierno todo, el clero y los medios de comunicación. Exclusivamente el Por Esto publicó, desde el 14 de julio, los pormenores y le ha dado seguimiento hasta la fecha. Si a Usted le interesa informarse a cabalidad para que al menos pueda saber su propio riesgo de perder la vida o la salud o incluso su trabajo, puede entrar a www.poresto.net o dirigirse a mi o a la Abog. Amelia Ojeda Sosa, coordinadora Jurídica de UNASSE para obtener información.
Las organizaciones de la sociedad civil, los grupos y colectivos, movimientos y colectividades que nos une una lucha justa, estamos haciendo el esfuerzo por informar a la ciudadanía para que esté enterada, conozca sus derechos y las violaciones a éstos que han perpetrado la LVIII Legislatura en pleno con la honrosa excepción de la Dip. Bertha Pérez Medina, del PRD y el Gobierno del Estado de Yucatán, porque el resultado será además de la grave pérdida de derechos, la pérdida de salud, seguridad física y emocional, la muerte de muchas mujeres pobres o que no estén en condiciones de solventar gastos mayores para cuidar de su salud, de su vida, de su derecho a decir sobre su sexualidad y reproducción.
Para que usted sepa, la LVIII legislatura aprobó sin análisis, sin discusión, sin siquiera hacer del conocimiento de buena parte de las y los diputados pero que gustosos alzaron la mano cual alcancía al ponerles monedas o billetes. Ello por sí solo, es un atentado al derecho de información, máxime cuando la repercusión es directa para cada persona y le afecta su calidad de vida y la vida misma.
Quienes defendemos el derecho a vivir, a vivir en libertad, a elegir y decidir, quienes vivimos plenamente nuestros derechosa sexuales y reproductivos, encabezamos la defensa de esos derechos vulnerados por el Congreso y ahora conculcados por el ejecutivo (o ejecutor?) del estado. Bien dice Marta Lamas que cuerpo de mujer no garantiza pensamiento ni conciencia de mujer.
Le invitamos a pronunciarse, a alzar la voz, a inconformarse por derecho propio, a ampararse contra esta ignominia que atenta contra la vida de todas las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, de las que están en el climaterio y las más pobres.
LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS HUMANOS ES LUCHA JUSTA
NOS UNE UNA CAUSA JUSTA
LUCHEMOS EN CONSECUENCIA, APRENDAMOS A DEFENDERNOS EN COLECTIVO Y A EJERCER NUESTROS DERECHOS CIUDADANOS.
DRA. SANDRA PENICHE QUINTAL
shssr@hotmail.com
tel. 924 96 45
domingo, 2 de agosto de 2009
DE CRISTINA PACHECO
Aborto: regresiones legislativas
D
esde octubre del año pasado –pocos meses después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de las reformas que despenalizaron la interrupción del embarazo en esta capital–, las legislaturas de distintos estados de la República (Baja California, Sonora, Morelos, Colima, Puebla, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Durango, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, San Luis Potosí y Yucatán) han hecho avanzar una serie de enmiendas a las constituciones locales que, salvo algunos cambios en la redacción, obligan en general al Estado a salvaguardar la vida humana desde la concepción hasta la muerte”, eliminando en muchos casos las causales que contemplan la interrupción legal del embarazo, como cuando éste es producto de una violación.
La proliferación de este tipo de legislaciones, que en buena medida han podido avanzar por la acción conjunta de las bancadas priístas y panistas en las distintas legislaturas locales, ha motivado que diversas organizaciones sociales centradas en tareas de género y salud reproductiva alerten sobre el hecho de que las reformas mencionadas pudieran prefigurar un intento para llevar a cabo modificaciones similares en la Constitución federal, en el marco de la próxima legislatura. En contraste, la aprobación de estas leyes antiaborto ha sido bien recibida por distintos integrantes de la reacción histórica: ayer mismo, la Conferencia del Episcopado Mexicano calificó la circunstancia descrita como “un avance” en la salvaguarda de la vida de las personas.
Más allá de los choques de posturas morales, religiosas y hasta filosóficas que invariablemente surgen al hablar de un tema como el aborto, debe reiterarse la procedencia y la necesidad de contar con un marco legal que procure condiciones adecuadas para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo: las circunstancias de insalubridad y descontrol en las que tienden a realizarse los abortos clandestinos conforman un problema de salud pública que se refleja en la muerte de cientos de mujeres en edad reproductiva. Según datos del Consejo Nacional de Población, en México se realizan alrededor de 100 mil abortos inducidos al año –algunas estimaciones extraoficiales ubican esta cifra en más de 700 mil– y las complicaciones derivadas de éstos constituyen la tercera causa de muertes maternas en el territorio nacional.
A la luz de estas consideraciones queda claro que las leyes antiaborto son un retroceso en materia de salud pública; representan un revés a la vigencia del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y constituyen, a fin de cuentas, un lastre fundamental para que el Estado cumpla con su tarea de procurar bienestar y salud a la población. La legalización del aborto –asombra tener que reiterarlo a estas alturas– no encierra una postura en favor de la muerte sino un sentido elemental de responsabilidad por parte de las autoridades competentes para enfrentar un grave problema social y de sanidad, así como un compromiso con el ejercicio de la libertad individual y con el respeto a las creencias personales.
De espaldas a estas y otras consideraciones, la jerarquía eclesiástica no sólo ha emprendido acciones de cabildeo para asegurar la aprobación –muchas veces fast track– de las legislaciones que se comentan, sino que incluso ha incurrido en actitudes legalmente punibles, como la realización de política partidista activa: el caso más reciente ocurrió en el contexto de la pasada campaña electoral, cuando varios ministros de culto llamaron explícitamente a no votar por los partidos que promovieran la despenalización del aborto.
Ciertamente, no es de extrañar la postura de la reacción eclesiástica. En cambio, resulta inaceptable la actitud de legisladores que en vez de desempeñarse como representantes de la voluntad popular han actuado como personeros de intereses cavernarios, retrógradas e intolerantes.
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esde octubre del año pasado –pocos meses después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de las reformas que despenalizaron la interrupción del embarazo en esta capital–, las legislaturas de distintos estados de la República (Baja California, Sonora, Morelos, Colima, Puebla, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Durango, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, San Luis Potosí y Yucatán) han hecho avanzar una serie de enmiendas a las constituciones locales que, salvo algunos cambios en la redacción, obligan en general al Estado a salvaguardar la vida humana desde la concepción hasta la muerte”, eliminando en muchos casos las causales que contemplan la interrupción legal del embarazo, como cuando éste es producto de una violación.
La proliferación de este tipo de legislaciones, que en buena medida han podido avanzar por la acción conjunta de las bancadas priístas y panistas en las distintas legislaturas locales, ha motivado que diversas organizaciones sociales centradas en tareas de género y salud reproductiva alerten sobre el hecho de que las reformas mencionadas pudieran prefigurar un intento para llevar a cabo modificaciones similares en la Constitución federal, en el marco de la próxima legislatura. En contraste, la aprobación de estas leyes antiaborto ha sido bien recibida por distintos integrantes de la reacción histórica: ayer mismo, la Conferencia del Episcopado Mexicano calificó la circunstancia descrita como “un avance” en la salvaguarda de la vida de las personas.
Más allá de los choques de posturas morales, religiosas y hasta filosóficas que invariablemente surgen al hablar de un tema como el aborto, debe reiterarse la procedencia y la necesidad de contar con un marco legal que procure condiciones adecuadas para las mujeres que decidan interrumpir su embarazo: las circunstancias de insalubridad y descontrol en las que tienden a realizarse los abortos clandestinos conforman un problema de salud pública que se refleja en la muerte de cientos de mujeres en edad reproductiva. Según datos del Consejo Nacional de Población, en México se realizan alrededor de 100 mil abortos inducidos al año –algunas estimaciones extraoficiales ubican esta cifra en más de 700 mil– y las complicaciones derivadas de éstos constituyen la tercera causa de muertes maternas en el territorio nacional.
A la luz de estas consideraciones queda claro que las leyes antiaborto son un retroceso en materia de salud pública; representan un revés a la vigencia del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y constituyen, a fin de cuentas, un lastre fundamental para que el Estado cumpla con su tarea de procurar bienestar y salud a la población. La legalización del aborto –asombra tener que reiterarlo a estas alturas– no encierra una postura en favor de la muerte sino un sentido elemental de responsabilidad por parte de las autoridades competentes para enfrentar un grave problema social y de sanidad, así como un compromiso con el ejercicio de la libertad individual y con el respeto a las creencias personales.
De espaldas a estas y otras consideraciones, la jerarquía eclesiástica no sólo ha emprendido acciones de cabildeo para asegurar la aprobación –muchas veces fast track– de las legislaciones que se comentan, sino que incluso ha incurrido en actitudes legalmente punibles, como la realización de política partidista activa: el caso más reciente ocurrió en el contexto de la pasada campaña electoral, cuando varios ministros de culto llamaron explícitamente a no votar por los partidos que promovieran la despenalización del aborto.
Ciertamente, no es de extrañar la postura de la reacción eclesiástica. En cambio, resulta inaceptable la actitud de legisladores que en vez de desempeñarse como representantes de la voluntad popular han actuado como personeros de intereses cavernarios, retrógradas e intolerantes.
sábado, 1 de agosto de 2009
LA JUVENTUD SE EXPRESA ASI DEL ABORTO EN YUCATAN
El Festival del Triunfo Jurídico de los Grupos Conservadores de Yucatán
¿¡Debemos celebrar juntos y JUNTAS!?
Organizador: LVIII Legislatura 2007-2010
Tipo: Causas - Protesta
Red: Global
Hora de inicio: miércoles, 29 de julio de 2009 a las 6:00
Hora de finalización: miércoles, 12 de agosto de 2009 a las 12:00
Lugar: Todos los rincones del Estado de Yucatán
Calle: Todas las Calles y Avenidas Sin Restricción
Ciudad o población: Colonia Yucatán, Mexico
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Correo electrónico: opinion@yucatan.gob.mx
Descripción
¿¡Debemos celebrar juntos y JUNTAS!?
Suponemos que sí. Ya que para este día el triunfo jurídico de grupos conservadores en el Estado estará casi dado. ¡Así es! la publicación de las modificaciones al artículo 392 del Código Penal Estatal nuevamente nos hacen pensar que aquí asusta la palabra ABORTO ¡Que mejor manera de celebrar la democracia!
Y no sólo asusta ¡nos da miedo!; nos genera prejuicios y estereotipos que como todo atajo mental impuesto, nos impide reflexionar. Quizá la palabra A-B-O-R-T-O atenta contra el “deseo esencial”, o más bien, contra “el designio cultural o religioso de ser madre”. Curiosamente los grupos conservadores han utilizado la desinformación con respecto a la interrupción del embarazo para asustarte, para hacerte callar, creer, y lo más bonito de todo, hacerte olvidar.
Entonces debemos celebrar, ya que de hoy en adelante estará legislado que realmente TODAS las personas que habitan Yucatán compartimos la idea de que ser madres es un destino ¡y debe ser protegido por nuestra representativa democracia!
¿Pero eso es todo? No. No es todo:
Las reformas protegerán la vida en lo absoluto. Es decir, desde el momento en el que el esperma fecunda el ovulo hasta que la persona muere por causa natural, recuérdalo bien: EL ESTADO PROTEGERÁ LA VIDA DESDE EL MOMENTO EN QUE EL ESPERMA FECUNDA EL OVULO HASTA QUE LA PERSONA MUERE POR CAUSA NATURAL, LO CUAL SIGNIFICA QUE TAMBIÉN TENDRÁ PODER DE COERCIONAR TU CUERPO; paradójicamente, esto significaría que El Estado también deberá estar obligado a darte todas las facilidades para la preservación de tu salud. Pero esta frase es una de las más bonitas contradicciones que nos habrán hecho creer, ya que según el INEGI:
Hasta el 2005, vivían 922, 386 mujeres en el Estado de Yucatán. De las cuales solo 498,733 tenían acceso a algún instituto de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, PEMEX, SEDENA, etc.), mientras que 423,653 mujeres no contaban con algún tipo de acceso a servicios de salud.
Según la CONAPO en año 2000, el 72% de las mujeres del Estado de Yucatán manifestaron utilizar al menos algún tipo de método anticonceptivo. Para el 2005, la edad promedio para tener hijos/as era entre los 15 y los 19 años, siendo este rango de edad el 14% de las mujeres en el estado.
¡Y agárrate! porque con esta legislación, esto es lo que tenemos que celebrar realmente:
• Los métodos anticonceptivos como el Dispositivo Intrauterino (DIU) y la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) estarán prohibidos en el Estado de Yucatán, ya que como sabemos, ambos métodos permiten la fecundación. A menos que los consigas Clandestinamente; ¡Claro! suponiendo que tienes el sustento económico para pagar cualquier excedente y además un gusto personal por arriesgar tu salud.
• En el estado de Yucatán quedará prohibida la fecundación In Vitro.
• En el estado de Yucatán también quedarán prohibidos los diagnósticos prenatales que tienen como finalidad descartar o identificar enfermedades genéticas que atenten contra la vida de la madre y del hij@. Por ejemplo, la modificación genética del sexo como prevención de enfermedades hereditarias será un procedimiento ilegal.
• En el estado de Yucatán también quedará prohibida la investigación en embriones implantados.
• Las personas con problemas de implantación, o con dificultades de embarazo pueden ser juzgadas también por esta ley.
• Ahora, la criminalización social de la mujer tendrá argumentos jurídicos que la sustenten.
• Por último, la mujer, a ojos de esta legislación, será reconocida legalmente como un simple instrumento de reproducción.
Hasta el día de hoy en el Código Penal del Estado de Yucatán, estaba permitida la interrupción del embarazo por violación, por peligro de muerte, por malformaciones genéticas o por razones socioeconómicas.
Así que invita a tus amistades y celebremos juntos/as que desde hoy 30 de julio de 2009, o quizás hasta que tú, o tu hermana, o tu madre o tu hija o alguna mujer cercana a tí tenga que abortar clandestinamente (arriesgando su salud para posiblemente ser encerrada como delincuente) o comprar alguna pastilla del día siguiente de manera ilegal, podremos recordar y celebrar juntos/as que un 30 de Julio de 2009 ¡triunfaron los grupos conservadores de Yucatán! y ¡que viva la democracia del Estado!
…Y ahora que ya estás informad@... ¡puedes ir a bailar a la plaza todo lo que quieras! ¡A callar, a creer, a olvidar en el libre y soberano Estado de Yucatán!
Fin
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