miércoles, 10 de noviembre de 2010

Y Usted qué piensa de lo expresado en este artículo?

The Guardian



Discurso pronunciado con motivo de la visita del Papa al Reino Unido y publicado en The Guardian. Traducido por Anahí Seri





¿Debería Joseph Ratzinger haber sido recibido con la pompa y ceremonia que merece un jefe de estado?
No. Como ha mostrado Geoffrey Robertson, la pretensión de la Santa Sede de ser considerada como estado soberano se basa en un pacto fáustico por el cual Benito Mussolini entregó 3 kilómetros cuadrados del centro de Roma a cambio de que la Iglesia apoyara su régimen fascista.
Nuestro gobierno aprovechó la ocasión de la visita del Papa para anunciar su intención de “hacer la obra del Señor”. Como señaló un amigo mío, presumiblemente deberíamos esperar una inminente entrega de Hyde Park al Vaticano, para cerrar el trato.


Entonces, ¿se debería haber recibido a Ratzinger como cabeza de una Iglesia?
Desde luego que si los católicos, como individuos, quieren pasar por alto sus muchas transgresiones y extenderle una alfombra roja para que la pisen sus elegantes zapatos rojos, muy bien. Pero que no nos pidan a los demás que paguemos por ello. Que no se le pida al contribuyente británico que subvencione la misión propagandística de una institución cuya riqueza se mide en decenas de miles de millones; una riqueza a la cual el adjetivo “mal habida” le viene como anillo al dedo.
Y que nos ahorren el espectáculo nauseabundo de la Reina, el Duque de Edimburgo y los diversos tenientes y demás dignatarios deshaciéndose en adulaciones y lisonjas como si se tratara de alguien a quien debiéramos respetar.

Al predecesor de Benedicto, Juan Pablo II, algunos lo respetaban como hombre virtuoso. Pero nadie podrá calificar a Benedicto XVI de virtuoso sin que le dé la risa. Este individuo de mirada lasciva será cualquier cosa, pero no es virtuoso. ¿Es un intelectual? ¿Un erudito? Eso se afirma con frecuencia, pero no está nada claro qué significa erudición cuando se trata de teología. Nada respetable, desde luego.

El pequeño detalle desafortunado de que Ratzinger estuviera en las juventudes hitlerianas ha sido objeto de una moratoria ampliamente respetada. Yo también la he respetado, hasta el momento. Pero después del escandaloso discurso del Papa en Edimburgo, en el que hizo al ateísmo responsable de Adolf Hitler, no puedo evitar la sensación de que ya todo vale en este combate. ¿Oyeron ustedes lo que dijo?
“Incluso en nuestra propia generación, podemos recordar cómo Gran Bretaña y sus líderes se enfrentaron a la tiranía nazi que pretendía erradicar a Dios de la sociedad y le negaba a muchos la naturaleza humana, especialmente a los judíos... Es aleccionador reflexionar sobre el extremismo ateo del siglo XX... “
Es como para cuestionarse las dotes de relaciones públicas de los asesores que dieron por bueno ese párrafo. (Pero claro, se me olvidaba, su asesor jefe es ese cardenal que echa un vistazo a los funcionarios de inmigración en Heathrow y llega a la conclusión de que debe haber aterrizado en el Tercer Mundo. Al pobre hombre sin duda le prescribieron una arroba de ave marías, además de su repentino ataque de gota diplomática.)

En un primer momento me sentí molesto por el miserable ataque del Papa a los ateos y laicistas, pero luego lo vi como reconfortante. Sugiere que los hemos sacudido tanto que se ven obligados a insultarnos, en un desesperado intento por desviar la atención del escándalo de la pederastia.
Probablemente sería mucho pedir el esperar que Ratzinger, a los 14 años, hubiera calado a los nazis. Como católico devoto, le habrían inculcado, junto con el catecismo, la execrable idea de que todos los judíos son responsables de la muerte de Jesús, la calumnia de los asesinos de Cristo que no fue repudiada hasta el Segundo Concilio Vaticano (1962-1965). La mentalidad católica alemana de la época aún estaba empapada del antisemitismo de siglos.
Hitler era católico. O en cualquier caso igual de católico que los 5 millones de personas de este país considerados católicos. Hitler nunca renunció a la fe bautismal católica, y ese sin duda es el criterio en que se basa el recuento de los supuestos 5 millones de británicos católicos. O una cosa o la otra. O bien tenemos a 5 millones de británicos católicos, y entonces también tenemos a Hitler. O bien Hitler no era católico, y entonces hay que dar una cifra honrada del número de auténticos católicos en Gran Bretaña a día de hoy; el número de los que realmente creen que Jesús se convierte en una oblea, como probablemente cree el ex profesor universitario Ratzinger.
En cualquier caso, es seguro que Hitler no era ateo. En 1933 afirmó que había “erradicado el ateísmo”, tras prohibir la mayoría de las organizaciones ateas alemanas, incluida la Liga alemana de librepensadores, cuyo edificio convirtió en una oficina de información para asuntos eclesiásticos.
Como mínimo, Hitler creía en una “Providencia” personificada, probablemente similar a la Divina Providencia invocada por el arzobispo de Munich en 1939, cuando Hitler salió indemne de un intento de asesinato y el arzobispo ordenó un Te Deum especial en la catedral de Munich: “Para dar gracias a la Divina Providencia en el nombre de la arquidiócesis por la afortunada escapatoria del Führer”.
Tal vez nunca lleguemos a saber si Hitler identificaba su “Providencia” con el Dios del cardenal. Pero no cabe duda de que conocía a su electorado, mayoritariamente cristiano, los millones de buenos cristianos alemanes que llevaban en sus hebillas la inscripción “Gott mit uns” (Dios con nosotros), los que le hicieron a él el trabajo sucio. El conocía la base que le apoyaba. Hitler seguro que “hizo la obra del Señor”.

Lo que sigue es un extracto del discurso que dio en Munich, el corazón de la Baviera católica, en 1922:
“Mis sentimientos como católico me dirigen hacia mi Señor y Salvador como un luchador. Me llevan a un hombre que una vez, en su soledad, rodeado por unos cuantos discípulos, reconoció a estos judíos como lo que eran e hizo un llamamiento a los hombres para que lucharan contra ellos, un hombre que, es la verdad divina, sobresalió más como luchador que como persona que sufre. Pleno de amor como cristiano y como hombre, leí el pasaje que nos narra cómo el Señor al final se creció en su poder y expulsó del templo a las víboras. Qué terrible fue su lucha contra el veneno judío. Hoy, 2000 años después, con honda emoción, reconozco con mayor profundidad que nunca jamás que fue por esto por lo que Él vertió su sangre en la cruz.”

Este no es más que uno de los muchos discursos y pasajes de “Mein Kampf” en los que Hitler invoca su fe cristiana. No es pues de extrañar que fuera tan bien recibido por la jerarquía católica de Alemania. Y el predecesor de Benedicto, Pío XII, no está libre de culpa, como demostró el escritor católico John Cornwell en su desolador libro “Hitler’s Pope” (el Papa de Hitler).
Sería poco amable insistir más en este punto, pero el discurso de Ratzinger el jueves pasado en Edimburgo fue tan ignominioso, tan hipócrita, tan evocador de quien tira piedras sobre su tejado, que me sentí obligado a responderle.

Incluso si Hitler hubiera sido ateo (como lo fue sin duda Stalin), ¿cómo se atreve Ratzinger a sugerir que el ateísmo guarda relación con sus terribles crímenes? No, no hay relación alguna, como tampoco están relacionados con el hecho de que ni Hitler ni Stalin creyeran en duendes ni en unicornios. Tampoco tiene nada que ver que llevaran bigote, al igual que Francisco Franco y Saddam Hussein. No hay ninguna conexión lógica entre el ateísmo y la maldad.
A menos, claro está, que uno esté inmerso en la vil obscenidad que constituye el núcleo de la teología católica. Me estoy refiriendo (y le debo este punto a Paula Kirby) a la doctrina del pecado original. Estas personas creen, y se lo enseñan a los niños pequeños, al mismo tiempo que les hablan de las aterradoras mentiras del infierno, que todos los bebes nacen “en pecado”. Se trata, por cierto, del pecado de Adán; de ese Adán que, según admiten ahora, jamás existió.
El pecado original significa que, desde el momento de nuestro nacimiento, somos malvados, corruptos, estamos condenados. A menos que creamos en su Dios. O a menos que nos cuelen lo del palo del infierno y la zanahoria del cielo. Esta, señoras y caballeros, es la repugnante teoría que les lleva a concluir que fue el ateísmo lo que convirtió en monstruos a Hitler y Stalin. Todos somos monstruos salvo que Jesús nos redima. Que teoría más vil, depravada, inhumana en la que basar nuestra vida.

Ratzinger es un enemigo de la humanidad.
Es un enemigo de los niños, de cuyos cuerpos ha permitido que se abuse, y cuyas mentes él ha animado a infectar de culpabilidad. Es vergonzosamente patente que la Iglesia está menos preocupada por proteger a los cuerpos de los niños de quienes abusan de ellos que por salvar a los sacerdotes del infierno; y lo que más le preocupa es salvar la reputación a largo plazo de la propia Iglesia.
Es un enemigo de los homosexuales, a quienes trata con la intolerancia fanática que la Iglesia antes reservaba para los judíos.
Es un enemigo de las mujeres, a quienes mantiene alejadas del sacerdocio como si el pene fuera una herramienta esencial para el ejercicio de los deberes pastorales. ¿A qué otro patrón se le permite una discriminación en razón del sexo cuando se trata de un empleo que, es evidente, no requiere ni fuerza física ni ninguna otra cualidad que pudiera atribuirse en exclusiva a los varones?
Es un enemigo de la verdad, difundiendo mentiras flagrantes como que los preservativos no protegen del SIDA, especialmente en África.
Es un enemigo de los más pobres del planeta, a quienes condena a tener grandes familias que no pueden alimentar, manteniéndolos así esclavos de la pobreza perpetua. Una pobreza que encaja mal con la obscena riqueza del Vaticano
Es un enemigo de la ciencia, pues pone impedimentos a la investigación con células madre, basándose, no en cuestiones morales, sino en supersticiones pre científicas.
A un nivel menos serio, desde mi punto de vista, Ratzinger incluso es enemigo de la propia Iglesia de la Reina, pues respalda de forma arrogante a un predecesor que calificó las órdenes anglicanas como “absolutamente inválidas y totalmente vacuas” , a la vez que intenta, descaradamente, arrebatarle curas anglicanos para reforzar su propio clero, en penoso declive.
Por último, y lo que a mí personalmente quizá me preocupe más, es un enemigo de la educación. Dejando de lado el daño psicológico de por vida, causado por la culpabilidad y el miedo, que tan mala fama le ha dado a la educación católica en todo el mundo, él y su Iglesia promueven la doctrina, perniciosa para la educación, de que la evidencia representa una base menos fiable para la creencia que la fe, la tradición, la revelación y la autoridad, su autoridad.


Yo, estoy de acuerdo, comparto la opinión. Dra. Peniche

viernes, 1 de octubre de 2010

CUANDO DOLORES GRITO

CUANDO DOLORES GRITO
DRA. SANDRA PENICHE QUINTAL
Era un sábado por la noche de un mes de septiembre, donde la quietud y el sonar de múltiples insectos arrullaban el sueño de pobladores. Ya todos acogidos en sus casas, plácidamente dormidos, irrumpe unos toquidos en el postigo: “Don Pancho, Don Panchito, abra, abra Don Pancho…”
Para el domingo en la tarde, nadie respingaba, había silencio, pesar, se veían por diferentes lados grupitos de entre 3 y 5 señoras, tres o cuatro muchachas, en la cancha, un grupo mayor de muchachos y en la cantina, los borrachos de siempre.
El ambiente se respiraba cargado, como si el tiempo se hubiera detenido. Los corazones latían con fuerza, las voces por ratos subían de tono. El lenguaje corporal manifestaba algún desasosiego, algo que lamentar. En la cuadra del final, había llanto, resos, flores, una mesa como altar, la casa olía a limpio, a recién lavada. Esperaban los dos féretros…
Por qué tuvo que ser así?. Por qué pasó si apenas dos días antes fue a su consulta?. Porqué si hicimos todo lo que dijo el médico?. Por qué si llevó su control de cada mes?. Era tan joven, tan buena, quería terminar sus estudios y ayudar a sus padres, por qué tuvo que ser así?.
Meses antes, al salir de un festival escolar y rumbo al taxi colectivo para regresar a su casa, María fue rodeada por tres hombres jóvenes quienes la abordaron con toda clase de improperios, tocándola por todas partes aterrorizándola, hasta que una camioneta se acercó con un cuarto hombre. Con exceso de rudeza la metieron y huyeron hacia la carretera hasta un paraje donde la bajaron sin cesar de agredirla verbal y físicamente, con amenzas de muerte a su vida. Ahí, esos cuatro hombres, la despojaron violentamente de su ropa y mientras unos la sujetaban, otro la violaba entre carcajadas, insultos, escupitajos y mordidas además de los golpes en todo el cuerpo. A sus 16 años y sus 40 kilos de peso, vivió lo que jamás ninguna mujer a ninguna edad tendría que vivir. La violación tumultuaria de cuatro hombres. Y no, no están enfermos. La violencia no es enfermedad, es el uso irracional de la fuerza para someter a otra u otro en contra de su voluntad. La violación es un acto brutal para literalmente des-hacer a la víctima ya sea mujer o niño. La violación es un delito grave, tan grave o más que un asesinato.
María despertó muchas horas después en el monte, a cientos de metros de la carretera, la dejaron desnuda, con la ropa entre los matorrales hecha jirones. Estaba toda ensangrentada, con múltiples heridas, con la cara tumefacta de tantos golpes y mordidas, con la vulva, la vagina y el ano destrozados. Apenas si podía moverse, no podía llorar más, estaba en shock. Cuando recobró la conciencia estaba en el hospital…
A María le atendieron las lesiones, como no podía decir quiénes fueron, les pareció que no había denuncia que poner. María curó sus heridas físicas pero nadie le atendió las heridas de los sentimientos, de la psique, del alma. Nadie vió por su seguridad, por su integridad. Terrores nocturnos la empezaron a acompañar, no conciliaba el sueño, no podía descansar, tampoco salir, estaba desencajada, con la mirada perdida, con la vida en el vacío. María trató de apartar de su mente, de su memoria esas voces, esos cuerpos, esos movimientos que la lasceraron. Empezó a sentir que de sus entrañas brotaba pus, amarillenta, fétida. Se lavaba muchas veces por día pero ese horrendo flujo seguía saliendo. Poco después, le empezaron a doler los pechos, pero aunque todavía estaban un poco morados, ese dolor, esa molestia, era diferente. Su regla no le había bajado pero María no tenía cabeza para darse cuenta y su madre pensó que era por el susto, por el gran susto y la tristeza que era evidente. Cuando empezó con dolor en el bajo vientre y a notar que su orina estaba caliente y que le ardía orinar, la volvieron a llevar al hospital. Le dijeron que era una infección en la orina y le recetaron unos medicamentos que la hacían orinar de color naranja. Pero el flujo amarillento y a veces café o como chocolate, seguía saliendo. Y volvió al hospital. Por ultrasonido detectaron que tenía un embarazo de 11 semanas y como estaba embarazada, no le podían dar medicamentos. Ella dijo que no quería ese embarazo, pidió que se lo quitaran, pero le hicieron juicio sumario y la condenaron a parir. María fue condenada a la tortura. Desde entonces ya moría, transcurrió el tiempo y ella sin salir de su casa más que para ir a su control prenatal. No volvió más a la escuela, estaba en calidad de presa, sin aliento, sin esperanza, sin amigas ni amigos. Moribunda en su morada, sin afecto, escondida y negada a los demás. Sus párpados hinchados un día si y otro también ¡María deja de llorar que ya pasó! ¡Deberías de estar feliz por esa criatura regalo del señor!. María pensaba, ¿de cuál señor?, ¿de los cuatro o de uno sólo?. Y un pensamiento le hacía brotar sus lágrimas, extrañaba su voz, sus caricias, sus besos. ¡María mira cómo tienes de hinchados los ojos!, le decían cada vez. Y se acercaba el 8º mes, María una vez más con el doctor y éste le decía que todo iba bien, que después de tanto tiempo ya no había nada que llorar, que se pondría fea.
Ese día, cuando regresó a su casa, estaba esperándola quien la amaba. Sus ojos se desorbitaron al verla tan mal, en un estado deplorable. María rompió en desgarrador llanto, le contó todo y cómo no había podido escribirle desde que la violaron y la mataron en vida. Y se quedó a hacerle compañía. Hablaron de todo y de nada, las horas pasaron y anocheció cuando de pronto María convulsionó, su cuerpo se tensó, empezó a sacudirse y arrojaba líquido y espuma por la boca, sus ojos en blanco y la piel fría y sudorosa.
Don Pancho abrió la puerta y en su camioneta trasladaron a María al hospital. En el trayecto sobrevino una hemorragia. En el hospital fue todo tan rápido, las enfermeras tratando de encontrarle una vena y llamando al médico. Doctor, doctor, una emergencia, paciente con eclampsia convulsionando y sangrando. Minutos eternos…
Dolores lanzó un grito que se escuchó y sacudió al mundo entero cuando María murió. Una muerte prevenible, una muerte anunciada…más de una vida truncada.
Dra. Sandra Peniche Quintal.
PUBLICADO EN EL DIARIO POR ESTO EL 18 DE SEPT/2010.

martes, 28 de septiembre de 2010

FIRMA EL ACTA DE INDEPENDENCIA DE NUESTROS CUERPOS

http://www.tupuedessalvartuvida.org/acta_independencia/

Yo Aborto, Tú Abosrtas, NADIE SE CALLA

28 de setiembre día latinoamericano y caribeño por el aborto
legal y seguro.
Yo aborto, tu abortas, nadie más se calla
JUANA TIENE 20 AÑOS es madre de hijos de dos y tres años. El mayor vive con ella y el
más chico con la abuela. Ambos niños sufren de parálisis cerebral. Ella no tiene
trabajo ni otros recursos; su pobreza es extrema. Fue a una policlínica donde recibió
asesoramiento sobre cómo interrumpir el embarazo sin riesgo y eso fue todo. Por eso,
después de la consulta, peregrinó por las organizaciones sociales de su barrio:
abrazada a su hijo enfermo pedía ayuda para abortar. Al cabo de cuatro semanas una
asistente social se conmovió y organizó una colecta que permitió a Juana acceder al
misoprostol. Juliana abortó en la semana doce de gestación.
MARÍA TIENE 32 AÑOS y para su familia era imposible sostener otro hijo en el momento
que quedó embarazada. Con relativa facilidad pudo obtener información sobre cómo
abortar sin riesgo, pero para acceder al misoprostol necesitó llegar a una oculta red
solidaria. Desde la semana siete hasta la trece se realizó diez intervenciones con el
medicamento. Fueron diez madrugadas de soledad, buscando cualquier señal de su
cuerpo. Fueron diez madrugadas de clandestinidad médica y omisión de asistencia.
ROMINA TIENE 18 AÑOS, Su madre y sus hermanas trabajan para que ella estudie. En la
casa están orgullosas de lo bien que le va en el liceo. Romina quedó embarazada y el
miedo le robó la palabra. No pudo decir nada; no pudo comer más y llegó a un intento
de suicidio por el que fue internada. Pasados tres días le dieron el alta, y de vuelta en
su casa logró compartir su drama. Las hermanas se movilizaron; contra reloj hicieron
la consulta y consiguieron el medicamento. Romina se colocó las pastillas y esperó:
primero llegó el dolor, después los vómitos, la diarrea y la fiebre; al final fue el alivio.
CRISTINA TIENE 44 AÑOS, hijos grandes y una nieta. Un nuevo embarazo la sorprendió
tanto a ella como a su marido. Después de mucha vuelta decidieron no continuarlo.
Fue a la casa de una vecina que entrega pastillas en el barrio, quien le indicó dónde ir.
El día de la consulta en el [Hospital] Pereira [Rossell] una mujer la abordó en la sala
de espera y le ofreció misoprostol. Cobraba tres mil pesos por cuatro pastillas; de
momento intercambiaron teléfonos. Cristina, después de recibir del Hospital nada más
que información, consiguió un préstamo, arregló el encuentro y se hizo con las
pastillas.
MARIANA TIENE 19 AÑOS y está decidida a no continuar un embarazo que la sorprendió.
Ella y su novio organizan una reunión con las familias de ambos para explicar la
situación y pedir ayuda. Viven en uno de los departamentos del interior donde ningún
servicio de salud brinda asesoramiento. Las familias llaman a distintos contactos hasta
que logran dar con alguien que les orienta. Entonces, Mariana y su padre viajan a
Montevideo donde hacen la consulta médica y consiguen misoprostol. De vuelta,
siguiendo las instrucciones se coloca el medicamento. Sin dolor, sin síntoma alguno,
Mariana sangra por tres días. Al cuarto día un dolor intenso pone en alerta a la familia.
Inmediatamente acuden a la emergencia donde queda internada por complicaciones
hasta que la consideran fuera de peligro. “Hasta ahora no me había dado cuenta hasta
dónde se equivocó Tabaré con el veto”, repite una y otra vez el padre.
ALICIA TIENE 20 AÑOS, su pareja 21 y su hijo apenas uno. Viven todos en la casa de su
suegra en un barrio de trabajadores pobres cerca de Montevideo. Cuando se sabe
nuevamente embarazada consulta con su compañero y asumen que en ese momento
sería una irresponsabilidad meter otro niño en su mundo. Van a una consulta de
asesoramiento en el [Hospital] Pereira [Rossell] y vuelven sin saber por dónde
empezar a resolver lo práctico. Pasaron muchas semanas antes que pudieran
conseguir el misoprostol. No hablaron de su situación ni la decisión con nadie. Cuando
consiguieron las pastillas Alicia se las colocó como le indicaron hacerlo, pero oculta en
el baño para que su suegra no la viera, y cuando su esposo estaba trabajando. Como
cursaba la semana diecisiete de gestación, la evacuación fue rápida, violenta y
dolorosa en más de un sentido. La suegra sintió las quejas, vió la sangre en el suelo y
llamó al 911 para que la asistieran. Iba a llegar más rápido que la asistencia médica.
El Estado uruguayo asesoró a Alicia sobre cómo abortar sin riesgo, y el mismo Estado
uruguayo la detuvo, incomunicó y sometió a la justicia penal por hacerlo.
ESTAS Y MUCHAS OTRAS SITUACIONES SIMILARES OCURRIERON EN NUESTRO PAÍS ESTE AÑO
LAS CONOCEMOS A TRAVÉS DE LAS PROTAGONISTAS, SUS FAMILIARES, O QUIENES LAS AYUDARON
MIENTRAS SE LEEN ESTAS HISTORIAS, SE ESTÁN PRODUCIENDO OTRAS DE IGUAL CONTENIDO
POR ESO ES URGENTE QUE SE DESPENALICE EL ABORTO
En noviembre de 2010, cuando se cumplan tres años desde que el Presidente
Tabaré Vázquez vetó el capítulo II de la Ley de Defensa del derecho a la Salud
Sexual y Reproductiva que despenalizaba el aborto, probablemente unas cien
mil mujeres habrán abortado de maneras similares a las que hoy compartimos
con ustedes.
Es posible que algunos cientos de ellas hayan accedido a mejores condiciones
sanitarias o a acompañamiento para interrumpir sus embarazos, pero la parte
más vulnerable de nuestra sociedad carece de esas posibilidades.
Cuando se necesita interrumpir un embarazo, ser mujer es ser vulnerable,
porque ellas deben afrontar la decisión de asumir una conducta delictiva o ser
madre forzada. La criminalización del aborto coloca a las mujeres en esa
disyuntiva inmoral.
El Presidente de la República se comprometió a no vetar la despenalización del
aborto, así como siendo legislador la acompañó cada vez que estuvo sobre la
mesa. Para que el Presidente pueda no vetar, el Parlamento debe votar.
Cotidiano Mujer
Ovejas Negras
Pro Derechos
RUDA

28 DE SEPT. DIA INTERNACIONAL POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO EN LAC

28 de septiembre.

Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe



Declaración Pública

MATERNIDAD LIBRE y SEGURA PARA TODAS

Por el Derecho a la Interrupción Libre del Embarazo




La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres sin ninguna discriminación, de los que forman parte los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas. El Art. 76 de la CRBV garantiza la protección integral a la maternidad, establece el derecho a decidir el número de hijos y a disponer de la información y de los medios que aseguren el ejercicio de este derecho.

La maternidad voluntaria y libre, protegida y apoyada socialmente es derecho humano fundamental, que se construye con el derecho a la integridad y soberanía sobre el propio cuerpo de todas las mujeres. Implica reconocer a las mujeres como sujetos sociales como personas con autonomía y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos, el espacio entre los nacimientos y con libertad para continuar o interrumpir embarazos. Esta decisión debe ser soberana y pertenece exclusivamente a las mujeres embarazadas, sin interferencia por parte del Estado o de terceros.

Todas las mujeres queremos una maternidad deseada con alegría, vital y segura, no forzada por leyes ni obligada por imperativos ideológicos cargados de prejuicios, hipocresía y desconocimiento. En esto, el Estado venezolano está en deuda con las mujeres y su dignidad como personas y sujetas de derechos, y toda la sociedad está involucrada en resolver el grave problema de justicia y de salud que significa la vigente penalización del aborto.

Destacamos que la construcción de una sociedad humanista no será posible mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por interrupciones clandestinas de embarazo y sean objeto de condenas y castigos. Las muertes por aborto y la cárcel por aborto son un oprobio para la vida social venezolana. Se trata de injusticia clara y manifiesta.

Las mujeres venezolanas merecemos que se nos reconozca soberanía de decisión sobre nuestros cuerpos, y la comprensión de que detrás de un aborto inducido hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción o falla de algún método, pobreza y abandono, irresponsabilidad paterna, enfermedades de la mujer o gestaciones con graves malformaciones, entre otros motivos. Las mujeres pobres son la mayoría de las que mueren o quedan gravemente lesionadas en las interrupciones inseguras del embarazo, y lejos de ser criminales, son víctimas del modo de organización de la sociedad. Su principal pecado es ser mujeres pobres.

Llamamos a la reflexión sobre algunas realidades de la interrupción del embarazo:

· La interrupción del embarazo tiene una larga historia de prohibición que sólo consigue hacer su práctica insegura y peligrosa, dando lugar a un negocio rentable que niega el derecho a la salud a las mujeres pobres exponiéndolas a graves consecuencias, incluso la muerte.

· La ilegalidad de la interrupción del embarazo transforma un acto de decisión personal en un acto criminal.

· La interrupción del embarazo es una decisión personal tomada habitualmente como último recurso.

· La penalización de la interrupción del embarazo discrimina a las mujeres frente a los hombres. Los hombres abandonan, las mujeres abortan.

· Las mujeres quedamos embarazadas contra nuestra voluntad, pero no lo hacemos solas: detrás de cada embarazo interrumpido hay una historia de irresponsabilidad, inconsciencia o predominio de un modelo sexual de dominación masculina.

· Graves consecuencias biológicas, sociales, psicológicas derivan de embarazos forzados.

· En la interrupción del embarazo subyace la complejidad de la sexualidad humana, en cuya comprensión tienen mucho que aportar los saberes ancestrales de las mujeres y los avances de la ciencia.

· El estado no debe obligar a las mujeres a tener hijos no deseados y menos recurriendo al Código Penal.

· El estado venezolano es laico y debe legislar como tal, sin presiones religiosas, ni prejuicios oscurantistas.

Las feministas venezolanas organizadas en redes y colectivos sociales, reclamamos un nuevo Código Penal sin discriminación sexual y de género, que despenalice y abra el acceso a una interrupción del embarazo legal, segura y gratuita como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.

Sólo poniendo fin a la indignidad del aborto clandestino, se acabará el drama de las muertes maternas por esta causa, se garantizará el ejercicio de la maternidad libre y segura, se resguardará la salud y vida de las mujeres, y el bienestar de sus familias.



La maternidad no se impone, se respeta y se apoya.

Por el derecho a la soberanía del cuerpo femenino.

Sin derecho a elegir no hay libertad: Legalización del aborto YA.

Por el Derecho a Decidir abortemos la hipocresía



Caracas, 28 de septiembre 2010

Araña Feminista

Red de los Colectivos de Mujeres en Venezuela

http://encuentrofeminista.weebly.com/

martes, 14 de septiembre de 2010

APOYAMOS A SALUD MUJERES DE ECUADOR

El 14/09/2010 9:19, Coordinadora Juvenil escribió:

Nos declaramos en rebeldía, seguiremos entregando información con nuestro nuevo número 098301317



Salud Mujeres es una línea gratuita que brinda información a las mujeres sobre cómo pueden realizarse un aborto de forma segura mediante el uso de medicamentos. También informamos acerca de anticoncepción, incluyendo la de emergencia, y sexualidad en general. Nuestra acción se enmarca en la legislación del país, concretamente en el artículo 18 de la Constitución vigente, por lo cual es constitucional y legal.



Trabajamos en defensa de los derechos de las mujeres: a tener acceso a la información, a la salud, a tomar decisiones informadas sobre su vida sexual y reproductiva, a no sufrir discriminación por su sexo, a tener acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, a la privacidad, a no ser sometidas a trato cruel, inhumano y degradante, a decidir el número de hijos e hijas que quiere tener y el intervalo entre sus nacimientos, a decidir si quiere ser madre o no y, a la vida; derechos todos respaldados en nuestra constitución y en las múltiples convenciones de derechos humanos de las que nuestro país es signatario.



Aclaramos también que nosotras no aconsejamos, no obligamos, ni inducimos a ninguna mujer a tomar ninguna decisión, pues uno de nuestros principios fundamentales es el reconocimiento a la capacidad e inteligencia que tenemos todas mujeres para tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestra reproducción. Nuestro trabajo se encuentra comprometido con todas las mujeres que requieran la información que se da a través de nuestra línea, es un trabajo voluntario y desinteresado de activistas feministas que luchamos en contra del sistema patriarcal-capitalista-heterosexista de nuestro país y el mundo. Trabajamos para destruir las limitaciones a las decisiones de las mujeres y para disminuir las muertes de ellas por abortos inseguros.



El día de ayer, Domingo 12 de septiembre de 2010, el número telefónico de Salud Mujeres, 099004545, fue bloqueado por Movistar, por una orden enviada desde la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano.



Frente a esta acción, y en uso de nuestros derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, nos declaramos en resistencia y seguiremos entregando información: el nuevo número de Salud Mujeres es 098301317.



Nos declaramos en desacuerdo con las normas penales que discriminan a las mujeres y violan la constitución, con aquellas que nos obligan a asumir maternidades que no queremos, y con las que intentan callarnos para seguir manteniendo el aborto y la sexualidad de las mujeres en el silencio y el tabú.



Es por esta razón que pedimos apoyo de la gente, organizaciones y colectivos que conocen nuestro trabajo y que también están en desacuerdo con las leyes que criminalizan a las mujeres, necesitamos apoyo para difundir nuestro nuevo número y para evitar que estas acciones de persecución continúen. Envíennos su apoyo o adhiéranse al formato adjunto, llenándolo y enviándolo a saludmujeresecuador@hotmail.com.



Agradecemos su colaboración.



Salud Mujeres

098301317

lunes, 13 de septiembre de 2010

MARCHA POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO EN AMERICA LATINA

En el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los paises de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Dia por la Despenalización del Aborto.

Desde entonces cada vez mas organizaciones de mujeres se suman a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en la región latinoamericana y caribeña.


Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95 por ciento en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada ocho muertes maternas.

Mundialmente por cada siete nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido -en forma clandestina y condiciones inseguras- es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.


El Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres
CONVOCA
"Marcha por la Despenalización del Aborto en América Latina
y el Caribe"
del Monumento a la Madre al Hemiciclo a Juárez
16 horas.
Portemos una prenda morada
¡Por la despenalización del aborto en México!
¡Libertad inmediata e incondicional de las mujeres presas por abortar!
¡Cese a la criminalización de las mujeres!
¡Respeto al Estado laico!

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Aprueba la LXI Legislatura disminuir la pena por e l delito d e homicidio en razón de parentesco

Aprueba la LXI Legislatura disminuir la pena por e l delito d e homicidio en razón de parentesco


FECHA Agosto 31 de 2010
BOLETIN 418/2010 Aprueba la LXI Legislatura disminuir la pena por el delito de homicidio en razón de parentesco

Guanajuato, Gto.- El Pleno del Congreso local aprobó este día modificaciones al artículo 156 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, con las cuales se reduce la pena por el delito de homicidio en razón de parentesco, cuando éste se realice por parte de la madre durante las primeras 24 horas después del alumbramiento y haya sido cometido bajo motivaciones de carácter psicosocial.

Con esta modificación se establece que a la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las veinticuatro horas, inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial, se le impondrá de tres a ocho años de prisión.

Asimismo, en el artículo segundo transitorio se cita que el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, reducirá de oficio la pena de forma proporcional a la establecida en la sentencia ejecutoria correspondiente. No serán tomados en cuenta los elementos subjetivos y normativos para aplicar la reducción conducente.

El dictamen fue aprobado con 34 votos a favor y uno en contra.

El diputado José Luis Barbosa Hernández hizo uso de la voz para hablar a favor del dictamen. Recordó que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo estatal se originaron por una queja interpuesta por hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos en los casos de 6 mujeres sentenciadas por el delito de homicidio en razón de parentesco en la entidad.

El legislador celebró la acción del Gobernador del Estado al haber aceptado y cumplido en este asunto con la recomendación emitida por el Procurador de los Derechos Humanos del Estado.

Por otro lado, Barbosa Hernández consideró que el gobierno de Guanajuato aún tiene asignaturas pendientes en materia de protección a los derechos de las mujeres, por lo que subrayó que, "la aprobación de este decreto, puede ser el principio para entrar en el análisis, discusión y aprobación de nuevas reglas y políticas para garantizar una convivencia sana en la sociedad, atendiendo de manera particular la problemática que a diario enfrentan las mujeres en el Estado".

martes, 31 de agosto de 2010

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE MUJERES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

Martes, 31 de Agosto de 2010
No. Gaceta: 19
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Dictámenes a Discusión

Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el estado de Guanajuato.



PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE MUJERES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al H. Congreso del Estado de Guanajuato, al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, al Secretario de Salud Federal, al Secretario de Salud de la entidad, al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo acciones y políticas públicas que incorporen y promuevan la perspectiva de género en sus funciones, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así mismo, a esta Comisión fue turnada proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se cree un grupo plural, integrado por Senadores y Diputados de esta Comisión Permanente, con el fin de que elabore un informe sobre el enjuiciamiento de las mujeres que son acusadas por aborto o tipos penales similares en el Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; asimismo a esta Comisión fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal del estado de Guanajuato para que libere a las mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas injustamente por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, que encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y justicia, a cargo de los Senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, finalmente a esta Comisión fue turnada proposición con punto de acuerdo con relación a la criminalización de las mujeres por el delito de homicidio en razón del parentesco, que lleva a cabo el gobierno del estado de Guanajuato, a cargo de la Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión, consideraron que, tratándose de proposiciones que atañen al mismo tema, podrían dictaminarse en un mismo acto, procediendo a realizar el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las propuestas con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

A) En relación con la proposición presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras:

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 04 de agosto de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

Señala la promovente que, con fecha 18 de julio de 2010, la periodista Cristina Pérez-Stadelmann, publicó en el diario El Universal, un artículo en el cual diversos investigadores, analistas políticos, religiosos y miembros de la sociedad civil denuncian respecto del ambiente de intolerancia, represión y adoctrinamiento hacia los jóvenes, promovido por el gobierno del estado de Guanajuato. Esta denuncia fue corroborada en el Boletín de Prensa emitido por la Organización “Las Libres”, el día 20 de julio de 2010.

Explica la diputada promovente que todo lo anterior constituyen claramente violaciones a la Ley General de Salud y, específicamente a la Norma Oficial Mexicana 046, cuyas disposiciones están encaminadas a garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva así como a certificar la atención médica de las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar.

Indica la promovente que es derecho de toda persona constitucionalmente garantizado el decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos. Asimismo, la promovente explica que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los cuales se reconocen y protegen los derechos básicos de las mujeres a la salud, la integridad corporal, la no discriminación, el derecho a una vida sin violencia, la igualdad y la libertad que obligan al Estado Mexicano.

Adicionalmente, señala la promovente que “en nuestro país es un hecho irrefutable que el aborto sigue siendo un problema de salud pública que afecta a las mujeres más pobres y de bajo nivel socioeconómico, pues son ellas las que recurren a la práctica del aborto inseguro. Las leyes que criminalizan el aborto son, por lo tanto, leyes discriminatorias y que atentan contra el derecho a la igualdad de las mujeres de acceder, sin importar su condición y clase social, a servicios seguros de interrupción del embarazo.”

Concluye la promovente que es “necesario que en el Estado de Guanajuato se emitan medidas urgentes en materia de derechos sexuales, tales como la educación sexual para que los habitantes de dicha entidad ejerzan sus derechos sexuales en forma plena y segura.”

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO. Se exhorta al Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que se reconozcan, integren y garanticen los derechos humanos de las mujeres y en ejercicio de las atribuciones que le otorga la ley, promueva que los integrantes de su gabinete posean perspectiva de género y remueva a las o los servidores públicos que carezcan de la mencionada herramienta metodológica en su desempeño o que vulneren o violen los derechos humanos de las mujeres.

SEGUNDO. Se exhorta al H. Congreso del Estado de Guanajuato para que reforme su legislación vigente y haga efectivos los derechos humanos de las mujeres, en atención a los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito, así como en atención a los estándares internacionales y en consecuencia, se reconozcan y respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Estado de Guanajuato.

TERCERO. Se exhorta al H. Poder Judicial del Estado de Guanajuato para que incorpore a la perspectiva de género como un elemento subjetivo de la conducta humana que requiere ser incorporado para poder juzgar con un sentido humanista de la justicia y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, en atención a los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

CUARTO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de su competencia otorgue los servicios de salud reproductiva necesarios para atender a las mujeres que requieren contar con métodos anticonceptivos, incluso aquellos que se consideran de emergencia en todo el territorio de la entidad.

QUINTO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de su competencia garantice que se cumpla la NOM-046 y sea suministrada la denominada píldora de emergencia a las mujeres víctimas de violación, en todo el territorio de la entidad.

SEXTO. Se exhorta a los Dr. Daniel Karma Toumeh, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Dr. Jesús Villalobos López, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, otorguen los servicios de salud reproductiva y de salud ginecoobstétrica necesarios para atender a las mujeres que requieren contar con métodos anticonceptivos, incluso aquellos que se consideran de emergencia en todo el territorio de la entidad, bajo los principios de laicidad, dignidad humana y no discriminación.

SÉPTIMO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que sea capacitado el personal que brinda servicios de salud ginecoobstétrica y éste servicio sea brindado con perspectiva de género en todo el territorio de la entidad, bajo los principios de laicidad, dignidad humana y no discriminación.

OCTAVO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, que se capacite al personal que atiende a las mujeres víctimas del delito de violación, para que accedan en forma inmediata a la asistencia médica y se le proporcione un método anticonceptivo de emergencia, como lo establece la NOM-046.

NOVENO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, a que se capacite a los agentes del Ministerio Público en materia de Perspectiva de Género para que incorporen dicha herramienta metodológica en la integración de las averiguaciones previas, relacionadas con los delitos de aborto y de homicidio en razón de parentesco o relación familiar y se abstengan de prejuzgar y discriminar o estereotipar las conductas humanas de las mujeres.

DÉCIMO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato para que informe respecto al periodo del año 2000 a la fecha, cuántas averiguaciones previas se iniciaron por la probable comisión de los delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco o relación familiar, cuántas averiguaciones previas se ha dictado no ejercicio de la acción penal, cuántas han sido sujetas a proceso penal y cuántas han sido consignadas y recluidas por los delitos referidos.

B) En relación con la proposición presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés:

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 04 de agosto de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

Señala el promovente que la “el 26 de mayo de 2009 fue publicada en el periódico oficial del estado de Guanajuato una reforma al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado, donde se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, dicha reforma enaltece el sentido de protección hacia todo ser humano, sin embargo también representa un fuerte retroceso para los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato porque pone en peligro la única excepción legal que le permite a las mujeres acceder a un aborto legal; esto es en caso de violación…”

Explica el diputado promovente que actualmente 14 mujeres están sujetas a un proceso penal y 9 de ellas fueron sentenciadas por el delito de aborto, lo cual criminaliza a las mujeres “que deciden sobre su propio cuerpo, que optan por su vida, su salud y por su proyecto de vida”, sentenciándolas hasta por 30 años de prisión, por el delito de homicidio.

Indica el promovente que, uno de los casos paradigmáticos de esta situación, es el de Alma Yareli Salazar Saldaña, quien fue juzgada y sentenciada por el delito de homicidio en razón de parentesco, a 27 años y seis meses de prisión, después de haber sido violada y realizarse un aborto voluntario. Esta sentencia fue revocada dado que no se acreditó el tipo penal. Desgraciadamente no es el único caso del cual se tiene noticia.

Concluye el promovente que “es inadmisible que alguien atente contra la vida de un ser humano, pero lo es más aún que debido a la falta de educación, a la extrema pobreza en que se encuentran algunas mujeres, se abuse de ellas sentenciándolas a penas por delitos que, si bien están tipificados, no están completamente comprobados. En razón de lo anterior, propongo la creación de una comisión plural especial, que se encargue de investigar los presuntos casos de abusos en contra de las mujeres en el Estado de Guanajuato.”

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO. Se solicita se cree un grupo plural, integrado por Senadores y Diputados de esta Comisión Permanente, con el fin de que elabore un informe sobre el enjuiciamiento de las mujeres que son acusadas por aborto o tipos penales similares en el Estado de Guanajuato.

C) En relación con la proposición presentada por los Senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 17 de agosto de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

Señalan los promoventes que existen en Guanajuato 160 mujeres que enfrentan un proceso judicial desde el año 2000 por haberse practicado un aborto clandestino; sólo 14 de ellas tienen sentencia, y algunas han pasado hasta 5 años en prisión antes de ser liberadas bajo caución.

Para los autores de esta proposición de mérito resultan particularmente escandalosos los casos de seis mujeres campesinas en este estado que se encuentran cumpliendo sentencias de entre 25 y 29 años de cárcel por causas de aborto que, sin embargo, han sido tipificadas como “homicidio en razón de parentesco”, con lo cuál las penas se incrementan significativamente. La alevosía con la que se ha tratado a estas mujeres es tal, continúan, que el propio gobernador del estado de Guanajuato ha dicho que “en Guanajuato no hay mujeres presas por aborto sino por infanticidio”…

Las características de las sentencias dictadas en estos casos, han hecho que los nombres de estas 6 mujeres lleguen ante los más importantes organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De acuerdo con varias organizaciones civiles, prácticamente todas las mujeres acusadas por delitos de aborto, sufrieron abortos involuntarios que, en realidad, lo que hacen es que los proponente se cuestionen sobre el acceso a los servicios de salud del gobierno del estado.

Señalan los legisladores que presentan la proposición que han sido varias las manifestaciones sociales que se han dado tanto en Guanajuato como en el Distrito Federal, para exigir la liberación de las 6 presas. Incluso, dos representantes de las Naciones Unidas, María Luisa Bascur y Luisa Pérez, investigan en ese estado los expedientes de los juicios y, por otro lado, la Comisionada Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, anunció que investigará la actuación de los jueces que las condenaron a 25 o 30 años de prisión.

Al respecto, también se ha pronunciado el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), al afirmar que lo que sucede en esa entidad “se trata de un problema gravísimo…de acceso a la justicia, de discriminación, de estereotipo; pues la mayoría de los casos son abortos o partos accidentales”.

Este fenómeno de criminalización de la mujer no es menor y es preciso evitar que se generalice; si bien las entidades federativas son autónomas en sus leyes y códigos penales, los derechos fundamentales están siempre por encima de cualquier norma y deben ser tutelados por el sistema jurídico local y nacional.

Al respecto, mencionan que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, se entiende que consideró que no existen indicios para calificar tal acto como un homicidio, por lo que tipificarlo de tal forma en un código penal podría contravenir el criterio del Máximo Tribunal del país.

Los proponentes señalan que existe un problema serio de simulación y alteración de la Ley, pues con el afán de encubrir los encarcelamientos por motivo de aborto, que está tipificado con penas máximas de 5 años, se ha utilizado la figura de “homicidio en razón de parentesco”, que se da cuando la madre no auxilia al bebé a sobrevivir en los últimos meses del embarazo y alcanza penas de hasta 30 años. Esto ha permitido al Gobernador Juan Manuel Oliva sostener que en su estado “no existe ni una sola mujer presa por el delito de aborto”.

De acuerdo con los Senadores, los tribunales guanajuatenses, ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos que, en los casos de mujeres involucradas en juicios de aborto que han sido condenadas por homicidio en razón de parentesco en el Estado de Guanajuato, existen varias características comunes que son muy claras: son mujeres de escasos recursos; no pudieron contar con una asistencia sanitaria durante el embarazo, y tienen un nivel muy bajo de escolarización. Además, varias de ellas viven en comunidades apartadas de las ciudades.

De acuerdo con algunas autoridades municipales del estado, las hoy presas han recibido un trato discriminatorio y abusivo del Gobierno Estatal, sin haber probado fehacientemente que sean culpables y para los autores de la proposición las autoridades en Guanajuato han criminalizado la pobreza, el género, la calidad de ser indígena y el analfabetismo, lo que es un atropello para la garantía de igualdad prevista en la Constitución.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a fin de que libere cuanto antes a Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli Camargo, Liliana Moreno y Ana Rosa Padrón; mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco, que encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia, en esa entidad.

D) En relación con la proposición presentada por la Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal.

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 17 de agosto de 2010.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:

Para la proponente duda que la práctica del aborto constituye un problema de salud pública. Prohibirlo, penalizarlo o castigarlo pone en peligro el bienestar de un gran número de mujeres y, en muchos casos su vida, ya que propicia la clandestinidad de esta práctica en condiciones insalubres. La propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado que el aborto consentido de la madre deba ser libre, gratuito y no punible.

Recuerda que en el 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en la cual el Procurador General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandaron la invalidez de las reformas al Código Penal del Distrito Federal que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12ª semana de gestación.

En su resolución la SCJN consideró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al despenalizar esta conducta la hizo no de manera aislada, sino que mediante “obligaciones a cargo del Gobierno … y en particular de las autoridades que tienen a su cargo los servicios de salud, de proporcionar información oportuna y veraz de otras opciones que se encuentre al alcance de las mujeres, además de la interrupción anticipada del embarazo, así como de proporcionar información sobre las consecuencias que esta interrupción pueda tener para su salud. De este modo, se hace efectiva la obligación del Estado establecida en el artículo 4º constitucional en relación con la salud, información y responsabilidad en la toma de decisiones por parte de las mujeres”.

Sin embargo, señala la autora de la proposición de mérito, y posterior a esta resolución de la SCJN 16 Congresos locales modificaron su Constitución para proteger el derecho a la vida desde la concepción.

Una de esas entidades que modificaron sus ordenamientos es Guanajuato, dónde además de la persecución de las mujeres que abortan en algunos casos, las autoridades de salud, ministeriales, en complicidad con las autoridades judiciales procesan y sentencian a las mujeres que abortan por el delito de homicidio; así las mujeres que abortan en Guanajuato son acusadas de “homicidio en razón de parentesco” y reciben sentencias hasta de 35 años de cárcel, pese a que el Código. Penal estatal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión, sostiene la legisladora.

Señala que actualmente hay 160 mujeres denunciadas, 43 están bajo un proceso penal, 14 pisaron la cárcel por el delito de aborto y salieron bajo fianza, y actualmente nueve compurgan una sentencia por aborto bajo caución. En cuanto a las mujeres acusadas por homicidio en razón del parentesco, son siete mujeres que están en las cárceles de Guanajuato purgando una sentencia de hasta 30 años.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo exhorta al C. JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco a fin de evitar violaciones a sus garantías del debido proceso y a sus derechos humanos.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta al C. FRANCISCO BLAKE MORA, titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el Estado de Guanajuato, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida libre de violencia.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta a la C. ROCIO GARCÍA GAYTAN titular del Instituto Nacional de las Mujeres para que en el ámbito de sus atribuciones se pronuncie en contra de las medidas de criminalizar a las mujeres del estado de Guanajuato que de manera libre y voluntaria deciden interrumpir su embarazo.

CONSIDERACIONES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron las proposiciones con Punto de Acuerdo en análisis con base en las siguientes consideraciones:

PRIMERO. Los integrantes de esta Primera Comisión coinciden plenamente en que la vigencia del Estado de Derecho implica el respeto de los derechos humanos por parte de todas las autoridades que conforman el Estado Mexicano. En el caso específico de las mujeres, resulta imprescindible atender a los sectores más pobres de nuestra sociedad, principalmente en lo que a salud sexual y reproductiva se refiere, como parte del cumplimiento de los compromisos internacionales signados por el Estado Mexicano e incorporar, de manera rápida y expedita, todas estas disposiciones dentro de la legislación de los tres órdenes de gobierno para que, de manera fehaciente, podamos comprobar que en México, no se criminaliza la pobreza ni el género.

SEGUNDO. Esta Comisión dictaminadora coincide con los promoventes en que la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud establecen obligaciones concretas para los tres ámbitos de gobierno, principalmente en materia de educación sexual, salud sexual y reproductiva así como en materia de equidad y respeto a los derechos humanos de las mujeres, no obstante que nuestra República se encuentra conformada, según el Pacto Federal, por Estados Libres y Soberanos en lo que a su régimen interior se refiere.

TERCERO. Esta dictaminadora considera, en consecuencia, que resulta indispensable que los gobiernos de las entidades federativas, específicamente el del estado de Guanajuato, implemente acciones inmediatas para salvaguardar lo que nuestra Constitución, pacto social que nos da origen como Nación, reconoce y otorga a las mujeres.

Por ello hacemos propia la propuesta de emitir una alerta de género en el estado de Guanajuato, ya que consideramos que esto cumple con las preocupaciones de los legisladores autores de las diversas proposiciones que en este acto se dictaminan.

En efecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en su capítulo V contempla la declaratoria de violencia de género, que define como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”

El artículo 24 de la Ley en comento establece que:

La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora cosideramos que se cumplen los requisitos para emitir una propuesta de alerta y por lo tanto oportuno exhortar al Secretarío de Gobernación a emitir una declataroria de emergencia de género en el estado de Guanajuato.

CUARTO. Por otro lado, los integrantes de esta Comisión estamos al tanto de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recomendó al gobierno, al Congreso de Guanajuato y al Poder Judicial del estado a “revisar los expedientes de las seis campesinas sentenciadas a purgar penas de más de 25 años de cárcel acusadas de homicidio por abortar, a fin de “certificar que sus procesos se efectuaron con apego a los estándares internacionales de justicia”.

Los observadores de la misiòn de ONU-DH, confirmaron "la persistencia de patrones culturales que motivan la discriminación contra las mujeres, al mismo tiempo que limitan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos".

Liliana Valiña, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideró que “Es pertinente que las autoridades revisen los casos de María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha para asegurar que tanto los procedimientos como los principios fundamentales del derecho a la defensa hayan estado apegados a los estándares internacionales del debido proceso, particularmente el relacionado con el principio de presunción de inocencia.”

Por ello, los integrantes de esta dictaminadora consideramos procedente exhottar al gobernador de Guanajuato instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta al C. Francisco Blake Mora, titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el Estado de Guanajuato, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida libre de violencia.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al C. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco a fin de evitar violaciones a sus garantías del debido proceso y a sus derechos humanos.

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Poderes del estado de Guanajuato para que brinden la atención debida a la recomendación emitida por la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, y se brinde la debida atención y cumplimiento a los nueve resolutivos formulados a las autoridades del estado de Guanajuato.

Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinticuatro días del mes de agosto de 2010.

PRIMERA COMISIÓN


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miércoles, 25 de agosto de 2010

“Con la criminalización no se evita el aborto”

“Con la criminalización no se evita el aborto”


ENTREVISTA CON EL MEDICO ANIBAL FAUNDES, DEFENSOR DE LA DESPENALIZACION DE LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO


Nacido en Chile y reconocido por su trabajo en salud sexual y reproductiva, especialmente en Brasil, Faúndes sostiene que la penalización es “ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”.


Por Mariana Carbajal


Comenzó a involucrarse con la problemática del aborto unos cincuenta años atrás, cuando era estudiante de Medicina en Chile y a las mujeres que llegaban a un hospital con signos de haber interrumpido un embarazo se las atendía sin anestesia para que sufrieran dolor, a propósito, a modo de castigo. “Con el tiempo, fui escuchando sus historias y entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino por el contrario, eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada”, dice el médico Aníbal Faúndes, nacido en Chile y reconocido internacionalmente por su extenso trabajo en salud sexual y reproductiva en distintos países latinoamericanos, especialmente en Brasil, donde vive hace muchos años. Defensor de la despenalización y legalización del aborto, Faúndes dará hoy a las 15 una conferencia en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados, invitado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En una entrevista con Página/12, fundamentó su posición, respondió a los argumentos que suelen esgrimir los sectores conservadores que se oponen a una ley más liberal y contó cómo se logró en Brasil que se realicen en el sector público, sin judicializaciones, las interrupciones legales de embarazo. La criminalización del aborto “es ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”, afirmó. Y aclaró que “tan importante como cambiar la ley que lo penaliza es hacer cumplir la que ya está vigente, que prevé los abortos legales”.


Faúndes es una de las personas que más han trabajado en ese país para que se garantice el acceso a los abortos no punibles. Se graduó como médico en la Universidad de Chile, donde llegó a ser profesor titular de Obstetricia y coordinador del programa de Salud de la Mujer. Su trabajo trascendió las fronteras latinoamericanas: entre otros cargos, presidió el Comité de Recursos para la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la OMS. A los 79 años, es un referente en la región y encabeza el grupo de trabajo para la Prevención del Aborto Inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

–¿Por qué se involucró con la problemática del aborto? Muchos médicos prefieren no meterse con el tema.


–Comencé a sensibilizarme con el tema del aborto cuando todavía era estudiante de Medicina, tenía que hacer mi práctica de urgencia, y en el área donde estaba había muchos abortos en esa época. Como el jefe de turno sabía que me interesaba por la ginecología, lo más práctico que encontró fue que cada vez que llegaba a mi turno a las 18.30 me mandaba a la sala de raspado. Y yo me quedaba haciendo curetajes hasta las 9 de la noche, en que terminaba el turno. En esa época, era el año 1954, se juzgaba que la mujer que tenía un aborto era provocado, que era una criminal que había matado a su hijo, sin ningún justificativo, y que por lo tanto había que castigarla haciendo que le doliera mucho y entonces se hacía el curetaje sin anestesia. Si la mujer se quejaba, la auxiliar de enfermería se encargaba de decirle: “¿No te gustó? Ahora págalo”. Con el tiempo yo fui escuchando las historias de las mujeres y fui entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino que por el contrario eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada.


–¿Pudo cambiar la forma de atenderlas?


–No pude cambiar las normas del lugar: seguí haciendo raspajes de la misma forma, pero me quedó en la cabeza que no podía permanecer indiferente a eso, que algo tenía que hacer para que menos mujeres tuvieran que pasar por todo ese proceso. Ahí también aprendí que muchas veces las mujeres se embarazaban porque los hombres les imponían el sexo contra su voluntad, que no tenían cómo prevenirse de un embarazo y que abortaban la mayor parte de las veces para proteger a los hijos que ya tenían o por otras razones que estaban muy lejos de ser egoístas y que no tenían por qué estar pagando por eso. Al principio creí que la planificación familiar era la respuesta a eso. Y por muchos años trabajé mucho en ese sentido. Con el tiempo me di cuenta de que la planificación familiar no era suficiente, de que nunca va a resolver el problema, porque un método puede fallar, porque hay relaciones forzadas, porque la anticoncepción no llega a todas las mujeres. Por mucho tiempo pensé que legalizar el aborto se justificaba solamente después de que ya se hubiera hecho todo lo posible por que todas las mujeres tuvieran acceso a planificación familiar.


–¿Por qué cambió de opinión?


–Con el tiempo me di cuenta de que en el fondo descriminalizar el aborto significaba que el aborto que en ese momento era inseguro pasara a ser seguro.

–Pasaron más de cincuenta años desde su primera aproximación al tema y no ha cambiado mucho en muchos países de la región en relación con el abordaje en los hospitales hacia las mujeres que abortan...


–En Chile ha cambiado bastante: ahora es mucho peor.


–¿Por qué hay resistencia?


–Hay una gran influencia religiosa. Y también es culpa de personas como yo, que no hemos trabajado tanto en aborto como lo hicimos en planificación familiar. Las cosas han cambiado en algunos países y no han cambiado en otros. En Brasil, por ejemplo, hemos conseguido a lo largo de los años que los médicos estén muy de acuerdo en que la ley tiene que ser mucho más permisiva de lo que es.


–¿En qué circunstancias está despenalizado en Brasil?


–Si hay riesgo en la vida de la mujer y en casos de violación.


–¿Se cumple la ley?


–En este momento casi en la mitad del país se está cumpliendo con la ley. En 2006 había más de 800 hospitales que decían que hacían interrupción legal de embarazo. Y creo que esa cifra se puede haber multiplicado por diez. El gobierno brasileño está empeñado en hacer accesible el aborto legal. Para eso, el Ministerio de Salud normatizó el aborto por violación.


–¿Cómo lo hizo?


–A través de la Norma para la Atención Integral de la Mujer o la Adolescente que sufre Violencia Sexual. Incluye la atención inmediata después de la violencia y la interrupción del embarazo en caso de que se embarace y no quiera continuar con la gestación. La primera norma fue del año 1998 y establecía que la mujer tenía que hacer la denuncia en el cuartel de policía. Después se modificó en 2003, diciendo que bastaba con que la mujer lo declarara en el hospital y quedara registrado con su firma en la historia clínica.


–¿Esa disposición no generó la reacción de los médicos planteando que quedaban desprotegidos ante la eventualidad de que la mujer pudiera mentir sobre la violación?


–La norma justamente es la que da seguridad.


–¿Qué status tiene la norma?


–Es una resolución del Ministerio de Salud.


–¿Con la norma se allanó el camino para garantizar el acceso a los abortos no punibles?


–Con la norma y con un trabajo de hormiga. Una norma no basta, es necesario trabajar hospital por hospital. Y no se trata sólo de trabajar con el director, sino con todo el personal, discutir el problema, mostrar por qué se tiene que cumplir con la norma, qué es lo que cambia y qué no cambia, sensibilizarlo, hasta que se consiga finalmente que empiecen a realizar interrupciones del embarazo de acuerdo con la ley.


–¿Cuáles son sus fundamentos para defender la despenalización y legalización del aborto?


–Desde el punto de vista de la salud, es muy claro que si se quiere reducir todos los daños de la mortalidad por aborto, la medida más efectiva es descriminalizarlo. Está perfectamente demostrado. En realidad, tengo tres razones. El argumento más importante tiene que ver con que criminalizar el aborto es muy eficiente para aumentar los sufrimientos, las muertes, las complicaciones, la enfermedad, el costo para la salud, para la familia y para el país. El segundo argumento es que es ineficiente: por una ley que prohíbe el aborto las mujeres no dejan de abortar. Todos los datos muestran que criminalización o no criminalización no es lo que determina que la mujer aborte o no lo haga. Y el tercer elemento tiene que ver con la justicia social. Es la típica ley que se aplica a las personas más pobres y más vulnerables. Esa ley no funciona para los que tienen poder. Para mí no funciona. Yo no tengo ningún problema si una nieta mía se embaraza de acceder a un aborto seguro. Estoy completamente convencido de que no se puede continuar con las características de la legislación actual en América latina. Pero tan importante como cambiar la ley es hacer cumplir la que ya está vigente y prevé abortos no punibles.


–Hace dos semanas, el Consejo Superior de la UBA aprobó una resolución por la que expresó su apoyo a la despenalización del aborto y reclamó un inmediato debate en el Congreso. Sólo se abstuvo el decano de Medicina y votó en contra un representante del claustro docente, que es médico. Plantearon que se habían formado para defender la vida. A usted, que también es médico, ¿no le genera una controversia?


–Claro que genera una controversia. Hasta entiendo a esos dos colegas. Pero también entiendo que ellos no comprenden que la solución para ese problema, de querer defender la vida, no está en criminalizar a la mujer que se quiere hacer un aborto. Si ellos realmente están en contra del aborto, tienen que luchar por la educación en sexualidad responsable desde la educación primaria y para que ninguna mujer tenga dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos más eficaces, porque ésas son las medidas que van a permitir que ese aborto no ocurra.


–¿Existe, como sostienen grupos antiderechos, el llamado trauma post aborto?


–Durante su gobierno, (el ex presidente George) Bush (hijo) le encargó al ministro de Salud de los Estados Unidos que reuniera evidencias de que existía ese trauma post aborto. La conclusión del cirujano general fue que no existía. Eso no significa que ninguna mujer que se provoca un aborto no tenga después trastornos psicológicos, depresión, pero no hay diferencia en cuanto a la frecuencia con que ocurre ese tipo de situaciones después de un aborto o después de un parto de un embarazo no deseado. Pero ese efecto negativo se presenta sobre todo con dos circunstancias: cuando no es la mujer la que decide el aborto, sino que lo hace presionada por otras fuerzas sociales alrededor de ella y cuando el ambiente es condenatorio. No por el aborto en sí mismo.


–El mensaje culpabilizador de la jerarquía católica contribuye a que puedan sentirse mal...


–Muchas mujeres lo solucionan diciendo: “Yo sé que Dios me entiende, a pesar de que el cura me está diciendo eso y sabe por qué yo quedé embarazada y sabe por qué lo interrumpí”.


–En su libro El drama del aborto plantea la necesidad de alcanzar un consenso social en torno del tema. ¿Cree que es posible?


–No creo que sea posible que todo el mundo esté de acuerdo en todo, pero sí que las personas se concienticen en determinadas posiciones. Por ejemplo, creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo con la edad gestacional límite en que debería permitirse el aborto. Pero cada vez se está entendiendo que criminalizar a la mujer que aborta no es el camino para combatir los abortos.


Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-151916-2010-08-24.html

miércoles, 11 de agosto de 2010

Rumbo al Encuentro Nacional Feminista Mexicano. Boletín 1

● En México existen 108.4 millones de personas de las cuales 50.9 por ciento son mujeres, de este porcentaje 67 de cada 100 mujeres enfrenta violencia en su comunidad, con su pareja, en su trabajo, en la escuela y al interior de su familia.

● Las estadísticas señalan que en México las mujeres son objeto de actos de discriminación, violencia, explotación laboral, explotación sexual, y de leyes estatales, reglamentos y normatividades que no reconocen sus derechos.

● A fin de propiciar la reflexión y el análisis de la situación de las mujeres y el feminismo en México y plantear nuevas formas de articulación, mujeres a nivel nacional organizan el Encuentro Nacional Feminista 2010.


Desde el Encuentro Nacional Feminista (ENF2010) reconocemos el avance en las políticas hacia las mujeres en la última década, producto de las demandas feministas, pero todavía:

- La muerte materna sigue siendo un problema relacionado con la pobreza y la falta de acceso a servicios de calidad.

- Las mujeres siguen sin ejercer plenamente su derecho a decidir, especialmente con las modificaciones legales que penalizan el aborto en 18 entidades de la República Mexicana.

- Los distintos tipos de violencia que viven las mujeres continúan constituyendo un flagelo que mina la vida, la salud, física, mental y emocional de las mexicanas.

 El feminicidio en México, se incrementa de forma preocupante sin que se haya declarado aún la alerta de género en lugares donde los porcentajes lo exigen.

Por todo ello, demandamos:

Más y mejores servicios de salud que eviten más muertes maternas, políticas públicas que contribuyan al cumplimiento de las Metas del Milenio, compromiso firmado por nuestro país.

Políticas y acciones que permitan dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la declaración de la Alerta de Género en las entidades con mayores porcentajes de feminicidio como el Estado de México y Chihuahua.

Justicia inmediata para las familias de las mujeres asesinadas y desaparecidas.

Justicia pronta y expedita para las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y otros tipos de violencia de género.

El movimiento feminista se rearticula para demandar, proponer y vigilar el cumplimiento de las leyes y compromisos internacionales referidos a los derechos humanos de las mujeres.

Para mayor información comunicarse con:

Rosa Salazar al 044 55 30 70 40 79
Ángeles Medina al 044 55 27 62 36 22
Guadalupe Martínez al 044 55 16 77 97 98
comunicación@encuentrofeminista2010.org.mx

INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DELAS MUJERES EN MÉXICO

1. Aborto, Embarazo, derecho a decidir

En abril de 2007 se despenalizo el aborto en el DF, a la fecha 17 estados de la republica han promovido el derecho a la vida desde la concepción, atentando así en contra del derecho a decidir de las mujeres.

De abril de 2007 al 6 de julio de 2010 42,873 mujeres han suspendido su embarazo, de las cuales 3,206 son menores de edad ( 7.4 % del total de ILEs realizadas).

En cifras del 2008, por grupos de edad, el 0.8 % eran del grupo de 11 a 14 años, 5.3% de 15 a 17, 46.6 % de 18 a 24, el 21.4% de 25 a 29. lo que colocaba a las jóvenes en el 74.1% de las mujeres que abortan.

De las mujeres jóvenes del país, 45% ha tenido al menos un hijo nacido vivo. Uno de cada 6 nacimientos del país ocurre en jóvenes menores de 19 años, representando el 17% de la población.

La Encuesta Nacional de Juventud 2005 arroja datos acerca de la edad del primer embarazo de las jóvenes, el cual se concentra fundamentalmente entre los 18 y los 20 años con 14.5%, segui¬do de quienes tenían menos de 18 años con 26.8%, entre los 21 y 23 años son 20.7%, y más de 23 años, 10%. Con lo que la mayoría de los embarazos en jóvenes son de las mujeres más jóvenes. Los jóvenes unidos o casados representan sólo 23.9% del total, y quienes alguna vez han estado unidos confor¬man el 2.4%.


Muerte materna

Según estimaciones de CONAPO 2007, 4 de cada 100 mil mujeres jóvenes (15-24) mueren a causa de complicaciones con el parto y puerperio, en estados como Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero mueren más de 6 jóvenes por cada 100 mil. Lo que convierte a la muerte materna en la cuarta causa de muerte de mujeres jóvenes.

En cifras del informe sobre la salud en el mundo de 2005 ¡Cada madre y cada niño contarán! Organización Mundial de la Salud, reporta que por cada 100 mil nacidos mueren 83 mujeres.

2. Anticoncepción de emergencia

Desde el 21 de enero del 2004, la AE está incluida en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar. El 11 de julio de 2005 se incluyó en el cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación

En el 2010 se aprobó la norma de salud número 46 que establece la obligación de las instituciones de salud a brindar la anticoncepción de emergencia a todas las mujeres que han sido victimas de violencia sexual.
El 63.8% de la población joven encuestada en la ENJ 2005 dice no conocer la AE, sólo el 12% la ha utilizado.


Métodos anticonceptivos

El 45% de las mujeres de 15 a 19 años usan anticonceptivos, 59.3% de 20 a 24 y 67.8% de 25 a 29. De las jóvenes unidas, 61.6% usa métodos anticonceptivos y una de cada dos enfrentó al menos un incidente de violencia conyugal al mismo año.
En datos de la ENJ 2005 el 92% de las y los jóvenes conoce algún método anticonceptivo, y sólo el 63% utiliza alguno, el 25% dice que no le gusta utilizarlos, el 15% comenta que en la pareja no están de acuerdo. El 49% dijo no haber utilizado un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Quienes si, usaron condón.

ITS y VIH

En México 20% de las infecciones de VIH se presenta en jóvenes de 15 a 24 años. De 37 mil casos de sida reportados en 2008, 30 mil fueron en hombres y el resto en mujeres.







3. Atención a la violencia de género

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2006 revela que el 43% de las mujeres del país han sido victimas de violencia, 54% para el Estado de México y el 33% en Coahuila. El 30% reporto haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral, acoso, hostigamiento o abuso sexual. El 16% en la escuela, 40% en los espacios comunitarios, 42% ha sufrido violencia sexual y 92% intimidación.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo ENVINOV 2007, 15% de las y los jóvenes encuestados (15-24) reportaron haber sufrido violencia física, 76% violencia psicológica y el 16% violencia sexual.


4. Homofobia, discriminación y orientación sexual

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 48% de la población no permitiría que un homosexual viviera en su casa, el 94% de las personas homosexuales dice que hay discriminación en su contra, 43% dice haber sido víctima de un acto de discriminación, en el último año, también consideran que se ha incrementado la discriminación en los últimos cinco años.

Como antes se menciono, en el país existen 12 leyes estatales de juventud, y sólo 3 estados reconocen los DDSSRR: DF, Veracruz y Zacatecas.

En el caso del aborto, 16 estados (Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, DF, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas) tienen causales para acceder a este sin que sea un delito, sólo para el DF esta despenalizado.


El derecho a decidir, actualmente se enfrenta a 17 Estados que promueven el derecho a la vida desde la concepción y que criminaliza a las mujeres que abortan, eliminando uno de los derechos sexuales y reproductivos más importantes: decidir de forma libre sobre el cuerpo.

Puebla y Querétaro son los únicos estados que no cuentan con medidas de protección en violencia de género, el resto de los estados cuenta con acciones implementadas por los institutos de la mujer estatales, sin embargo son pocas las instancias de la juventud que incluyen actividades dirigidas hacia la prevención y erradicación de esta problemática, a pesar de que el gobierno mexicano si haya ratificado documentos internacionales, lo que no ha pasado con los instrumentos internacionales en materia de juventud.

Chiapas, DF, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas tienen medidas para atender a la discriminación por orientación sexual, problema que cada vez se agudiza más, sin embargo o se encuentran programas disponibles en los sitios web de las instancias de juventud, sólo en el caso de DF.


Discriminación Laboral

Pese a representar más de 40% de las personas trabajadoras, las mujeres siguen enfrentando desventajas en el mercado laboral tales como salario inferior por labores iguales, despidos por embarazo o exigencia de examen de no gravidez para la contratación.

Los Gobiernos estatales simulan relaciones labores presentándoles como civiles, eliminando así prestaciones, derechos de antigüedad y seguridad social. Además están negando y criminalizando el derecho de asociación sindical, un ejemplo es el caso de trabajadoras del DIF municipal de León Guanajuato, que por organizar un sindicato fueron despedidas en el año 2005.

El trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas e importantes para millones de mujeres del mundo, a pesar de ello en México no ha sido posible a lo largo de 4 legislaturas, aprobar una ley que lo reconozca y garantice los derechos laborales de este sector, del cual el 90.9% son mujeres.

Como botón de muestra de la importancia que el poder ejecutivo da a este sector, hace un mes se publicitó ampliamente una reunión, encabezada por la primera dama, donde se anunciaría el acceso de las trabajadoras al INFONAVIT. Casi a modo de burla, el anuncio consistió en que se exhortaba a las/los empleadores a inscribir voluntariamente a las trabajadoras a esta prestación social.

La discriminación en la participación política

Las mujeres estamos subrepresentadas en todos los cargos de representación política y de toma de decisión. Ninguna mujer ha sido Presidenta de la República, sólo en dos de las 32 entidades federativas gobiernan mujeres, en las presidencias municipales sólo representan 5%; en el poder legislativo federal, son 24.8% (19% en el Senado y 26.8% en la Cámara de Diputados) y en los Congresos locales, el promedio de mujeres es de 21.5%, mismo que bajará a 19% -aproximadamente- con los resultados de la elección de julio pasado.

Sólo para el caso de las legisladoras federales se han impulsado acciones afirmativas. En 2002 se reformó el Código electoral para que al menos 30% de las candidatas fueran mujeres y en 2008, la cuota se amplió al 40%, sin embargo en los hechos la ley no se ha cumplido.

Después de la elección de 2009 fueron 136 las mujeres que arribaron al cargo de Diputada Federal, representando 28%, porcentaje que disminuyó casi de inmediato pues algunas diputadas electas solicitaron licencia para que en su lugar ocupara el cargo su suplente.

Esto ya había ocurrido en la legislatura pasada, y habíamos alertado del riesgo que existía de que los partidos políticos registraran candidaturas de mujeres pero planificando sus renuncias para que quienes ejerzan el cargo sean hombres.

Para garantizar la llegada y permanencia de las mujeres en los cargos es necesario impulsar y perfeccionar las leyes de cotas y también hacer valer, con voluntad política, su cumplimiento.

Por lo anterior le solicitamos

● Que en sus pronunciamientos públicos vinculados a esta visita, denuncie la discriminación persistente contra las mujeres en el ámbito laboral y político y el incumplimiento que ello representa de acuerdos internacionales firmados por México.

● Que solicite al Estado Mexicano un compromiso tangible con el cumplimiento de la ley y que opere sanciones a empleadores o partidos políticos que pretenden discriminar a las mujeres violando las leyes que protegen sus derechos.



Para mayor información comunicarse con:

Rosa Salazar al 044 55 30 70 40 79
Ángeles Medina al 044 55 27 62 36 22
Guadalupe Martínez al 044 55 16 77 97 98
comunicación@encuentrofeminista2010.org.mx

lunes, 9 de agosto de 2010

Consenso de Brasilia

¿Qué Estado, para qué Igualdad?
XI Conferencia sobre la Mujer y en Desarrollo del América Latina y el Caribe
(Brasilia julio del 2010)

La Comisión Económica para América Latina fue creada en febrero de 1948, es una de las cinco comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas. Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 44, y 9 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe.
En 1977 se creó la Unidad de Mujer en el Desarrollo que fue elevada a División de Género en el Desarrollo desde el 2008. Desde su creación organiza cada tres años la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y las reuniones subregionales preparatorias correspondientes: dos reuniones anuales de la Mesa Directiva de la Conferencia y dos reuniones anuales de expertas sobre temas de importancia para la implementación del Programa de Acción Regional y la Plataforma de Acción de Beijing. En cada Conferencia se elige una Presidencia, varias vicepresidencias y una Relatoría.
La CEPAL desarrolla sus actividades destinadas a mejorar la situación de la mujer en el marco del Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, aprobado por los Estados miembros en la undécima reunión extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, aprobado por los Estados miembros durante la sexta Conferencia Regional.
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que congrega a las autoridades de alto nivel encargadas de los temas relativos a la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a velar por la equidad de género en los países de la región.
Consenso de Brasilia
El documento aprobado en la XI Conferencia contiene una serie de avances en el enfoque y en las propuesta de políticas. Parte de considerar la heterogeneidad de situaciones que viven la mujeres en la región atendiendo a razones territoriales: campo/ciudad; a razones de identidad étnica racial: indígenas, afrodescendientes; a razones de orientación sexual: lesbianas, heterosexuales, familias del mismo sexo; a razones etarias: jóvenes, adultas mayores, mujeres en edad reproductiva. En todas las situaciones anteriormente descritas se visibiliza las condiciones de la asimetría de género: expresadas en la división sexual del trabajo, en la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado, entre otras.
El enfoque y los temas de políticas propuestos los consideramos un gran avance en la percepción de la situación de las mujeres en la región. También saludamos que el Consenso reconoce el aporte del movimiento feminista en la profundización de la democracia, la construcción de la igualdad real y del desarrollo de la institucionalidad y políticas públicas de género. Se habla de la lesbofobia como un obstáculo junto al racismo el sexismo, la violencia contra las mujeres, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado. Es la primera vez que un documento de la CEPAL reconoce a la lesbofobia como un obstáculo para alcanzar la meta de igualdad.
El tema de la Conferencia fue ¿Qué Estado, para qué igualdad?, tuvo como eje el balance de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.

El logro de la autonomía económica esta parafraseado de la siguiente manera “la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación entre independencia económica, derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y paridad en la política,…” Este fraseo expresa una compresión compleja del logro de la autonomía donde lo económico no está circunscrito a productividad sino a las condiciones en las cuales las mujeres se desempeñan a nivel productivo y reproductivo, el ámbito público y el ámbito privado.

Las mujeres indígenas y afrodescendientes son nombradas como prioritarias para las políticas y se resalta la necesidad de incorporarlas y calcular los efectos de las políticas en ellas.

La diversidad sexual es considerada en cuanto el reconocimiento de la lesbofobia como obstáculo, la necesidad de políticas de seguridad social que incorporen a las familias del mismo sexo.

Se afirma la laicidad del estado como condición para el ejercicio de los derechos de las mujeres y garantizar la libertad religiosa siempre que se respeten los derechos humanos de las mujeres.

Se insta a que los estado revisen las leyes que penalizan el aborto (5f) este punto fue uno de los más debatidos y lamentamos, rechazamos la reserva manifestada por los gobiernos de Costa Rica, Chile y Perú.

La XI Conferencia también aprobó dos resoluciones una en solidaridad con los pueblos de Haití y de Chile y otro saludando la conformación del organismo para políticas de género en la ONU y llamando a que su nombre una Directora procedente de ALC.

miércoles, 21 de julio de 2010

El Ministerio de Salud nacional reglamentó el procedimiento médico para los abortos no punibles

Martes, 20 de julio de 2010

El Ministerio de Salud nacional reglamentó el procedimiento médico para los abortos no punibles
Sin excusas para no cumplir con un derecho
Juan Manzur firmó una resolución que fija un protocolo de atención de los abortos no punibles para todos los hospitales públicos del país. La norma busca evitar la judicialización de esos casos. Hace una interpretación amplia de las excepciones del Código Penal.
El protocolo establece que el aborto se debe realizar dentro de los diez días de solicitado, previa constatación de alguna causal.

Por Mariana Carbajal



La Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles elaborada por expertas de la cartera de Salud de la Nación ya tiene rango de resolución ministerial. El documento, que define los procedimientos que se deben respetar para garantizar en el país el acceso a los abortos permitidos y que prohíbe expresamente la exigencia de una autorización judicial, fue respaldado por la resolución N° 1184, firmada por el ministro Juan Luis Manzur. “Frente a la ausencia de normativas provinciales, esta guía debe ser una referencia. El Estado nacional está marcando así un piso de acceso a derechos. Se trata de señalar un protocolo de atención frente a los casos que ya están contemplados en la ley”, explicó a Página/12 Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

La Guía, como ya informó este diario, hace una interpretación amplia de las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal, y en ese sentido deja claro que cualquier mujer que resulte embarazada en una violación tiene derecho a un aborto en un hospital público. También establece que las adolescentes mayores de 14 años no necesitan de la autorización de sus padres para acceder a un aborto permitido. Está contemplada la objeción de conciencia, pero a título individual y no puede ser nunca institucional, es decir, todo hospital debe garantizar la práctica. Los profesionales de la salud que obstruyan arbitrariamente la realización de un aborto permitido, incurran en maniobras dilatorias, suministren información falsa o se nieguen injustificadamente a practicarlo “podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o de la psicología”, advierte el documento.

“El derecho de las mujeres de acceder a los abortos previstos por el Código Penal constituye propiamente un derecho humano de orden constitucional”, dice la Guía, que ahora cuenta con un fuerte respaldo político para evitar que sectores conservadores pretendan imponer obstáculos, ya sea en hospitales como en la Justicia, frente a los casos permitidos. El protocolo establece que el aborto se debe realizar dentro de los diez días de solicitado, “previa constatación por parte de un solo médico de la existencia de alguna de las causales” previstas en el CP. Lo que significa que queda prohibida la consulta a un comité de bioética u otro órgano similar. La Guía enumera los casos permitidos:

- Si existe peligro para la vida de la mujer.

- Si hay peligro para la salud de la mujer.

- Si el embarazo proviene de una violación.

- Si el embarazo proviene de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente.

Además, la Guía señala que el riesgo para la salud de la mujer debe definirse tomando en cuenta que el concepto de salud se entiende como un “completo estado de bie-nestar físico, psíquico y social y no solamente como la ausencia de enfermedades o afecciones”.

Manzur firmó la resolución el 12 de julio. “Es una excelente noticia. Es un paso importante en el reconocimiento de parte del Estado de sus obligaciones, ofreciendo de esta forma una política pública que salvaguarda los derechos de las mujeres. Esta Guía además va a respaldar a los equipos de salud en sus decisiones, va a simplificar el acceso a los abortos permitidos y evitar su innecesaria y perjudicial judicialización”, evaluó en diálogo con este diario Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), e integrante del Consejo Asesor del PNSSyPR, un órgano conformado por las principales especialistas en la temática del ámbito académico, de la sociedad civil y de servicios de salud.

Con esta resolución, indicó Ramos, es evidente que ya no es necesario que el Congreso legisle sobre los abortos no punibles, en referencia a los proyectos de reglamentación del artículo 86 del Código Penal que había empezado a comienzos de junio en el Senado. “En todo caso, el Parlamento tiene que ocuparse de expandir las fronteras del derecho”, analizó Ramos.

La Guía es una revisión y actualización del documento elaborado por un equipo de expertas y con el asesoramiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante el último tramo de la gestión del ex ministro de Salud Ginés González García. Como se informó oportunamente, su sucesora, la ex ministra Graciela Ocaña, no le dio difusión. La sucesión a comienzos de este año de dos casos de adolescentes víctimas de una violación que reclamaron su derecho de interrumpir una gestación en Comodoro Rivadavia y que tuvieron que enfrentar un tortuoso camino en la Justicia para acceder a un aborto permitido, por la negativa de los médicos del hospital local a practicarlo, puso de relieve la necesidad de promover la Guía.

“Por muchas décadas las mujeres que habitan la Argentina han sido impedidas de ejercer un derecho fundamental que se encuentra reconocido desde el año 1921”, dice el prólogo de la Guía, que lleva las firmas de Ferro y del subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto.

La coordinadora del PNSSyR adelantó ayer a este diario que en aproximadamente dos semanas estará lista la primera edición de la Guía, que incluirá unos 20 mil ejemplares, que serán distribuidos entre los jefes de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales de todo el país. A partir de hoy, la Guía estará publicada en la página web del Ministerio de Salud. Además, están previstos cinco encuentros regionales con equipos de salud de todo el país para darle mayor difusión. Ferro aclaró que se trata de un piso. “Las provincias pueden avanzar sobre esta legislación, sumar estrategias. La obligación del Ministerio de Salud de la Nación es borrar las brechas, para que todas las mujeres tengan los mismos derechos sin importar en qué provincia nazcan y vivan”, dijo la funcionaria, sabiendo que algunas jurisdicciones, más permeables a las presiones de los sectores conservadores vinculados a la Iglesia Católica, pueden ser más resistentes a exigir la aplicación de la Guía. De todas formas, la resolución de Manzur se discutió ya en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cefesa), que integran los ministros de todas las provincias.

Los otros aspectos
- Todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Pero siempre un hospital debe garantizar que la intervención se realice.

- Los profesionales de la salud que obstruyan arbitrariamente la realización de un aborto permitido, incurran en maniobras dilatorias, suministren información falsa o se nieguen injustificadamente a practicarlo “podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o de la psicología”.

- En los casos de niñas menores de 14 años, se requerirá la asistencia de los padres, tutores o encargados para acceder a la práctica del aborto. La presencia de uno solo de los padres es legalmente suficiente.

- Las adolescentes mayores de 14 años podrán dar su consentimiento informado frente a un aborto no punible.

- El aborto debe ser realizado en un plazo que no puede superar los diez días desde que se solicitó.

Los casos de abortos permitidos
- Cuando exista peligro para la vida o para la salud de la mujer. En estos casos el médico tratante debe constatar la existencia de ese peligro, de acuerdo con conocimientos científicos de la medicina y sobre la base de los estándares vigentes y en interconsulta con otro médico o profesional de la psicología, de ser necesario. La salud debe ser entendida como un “completo estado de bienestar físico, psíquico y social”.

- Cuando el embarazo sea producto de una violación. En estos casos el médico tratante debe solicitar a la mujer constancia de la denuncia o una declaración jurada.

- Cuando el embarazo es producto de un atentado al pudor a una mujer con discapacidad mental “con o sin declaración judicial”. Su representante legal debe entregar la constancia de la denuncia o firmar una declaración jurada. No se debe requerir ningún otro tipo de constancia, documentación o información.

Asignatura pendiente
Clarificar los alcances de los permisos previstos desde 1921 en el Código Penal era una asignatura pendiente del Ejecutivo nacional, frente a la vulneración recurrente de los derechos de mujeres y adolescentes que reclamaban su derecho a abortar, en el marco de la ley. Pero es responsabilidad ahora del Congreso avanzar con una reforma que elimine el aborto del Código Penal y legalice su práctica. Cada año mueren alrededor de 80 mujeres en el país como consecuencia de abortos realizados con métodos inseguros en la clandestinidad. La Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles hace referencia a ese contexto dramático. El aborto sigue estando criminalizado y sólo permitido en algunas circunstancias. Las estimaciones recientes indican que ocurren alrededor de 500 mil abortos inducidos al año. Entre 1995 y 2007, las hospitalizaciones de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años por consecuencias de abortos inseguros representaron cerca del 15,5 por ciento del total en la Argentina y las internaciones de jóvenes de 20 a 24 años fueron un 26 por ciento aproximadamente. Juntos, ambos grupos constituyen cerca del 40 por ciento del total de los egresos hospitalarios por aborto, según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Está demostrado que la penalización del aborto no disuade a las mujeres de interrumpir un embarazo no deseado: el aborto es su última salida, ante una situación desesperada. Condenarlas a quedar lesionadas, con la pérdida de los ovarios o el útero, como ocurre con frecuencia, o directamente a morir por falta de dinero para un aborto seguro –clandestino, pero seguro– nos convierte a toda la sociedad en cómplices. Está en manos del Congreso revertir este grave problema sanitario y de profunda desigualdad.