Martes, 31 de Agosto de 2010
No. Gaceta: 19
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Dictámenes a Discusión
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el estado de Guanajuato.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE MUJERES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al H. Congreso del Estado de Guanajuato, al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, al Secretario de Salud Federal, al Secretario de Salud de la entidad, al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo acciones y políticas públicas que incorporen y promuevan la perspectiva de género en sus funciones, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así mismo, a esta Comisión fue turnada proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se cree un grupo plural, integrado por Senadores y Diputados de esta Comisión Permanente, con el fin de que elabore un informe sobre el enjuiciamiento de las mujeres que son acusadas por aborto o tipos penales similares en el Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; asimismo a esta Comisión fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal del estado de Guanajuato para que libere a las mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas injustamente por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, que encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y justicia, a cargo de los Senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, finalmente a esta Comisión fue turnada proposición con punto de acuerdo con relación a la criminalización de las mujeres por el delito de homicidio en razón del parentesco, que lleva a cabo el gobierno del estado de Guanajuato, a cargo de la Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión, consideraron que, tratándose de proposiciones que atañen al mismo tema, podrían dictaminarse en un mismo acto, procediendo a realizar el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las propuestas con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A) En relación con la proposición presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras:
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 04 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Señala la promovente que, con fecha 18 de julio de 2010, la periodista Cristina Pérez-Stadelmann, publicó en el diario El Universal, un artículo en el cual diversos investigadores, analistas políticos, religiosos y miembros de la sociedad civil denuncian respecto del ambiente de intolerancia, represión y adoctrinamiento hacia los jóvenes, promovido por el gobierno del estado de Guanajuato. Esta denuncia fue corroborada en el Boletín de Prensa emitido por la Organización “Las Libres”, el día 20 de julio de 2010.
Explica la diputada promovente que todo lo anterior constituyen claramente violaciones a la Ley General de Salud y, específicamente a la Norma Oficial Mexicana 046, cuyas disposiciones están encaminadas a garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva así como a certificar la atención médica de las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar.
Indica la promovente que es derecho de toda persona constitucionalmente garantizado el decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos. Asimismo, la promovente explica que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los cuales se reconocen y protegen los derechos básicos de las mujeres a la salud, la integridad corporal, la no discriminación, el derecho a una vida sin violencia, la igualdad y la libertad que obligan al Estado Mexicano.
Adicionalmente, señala la promovente que “en nuestro país es un hecho irrefutable que el aborto sigue siendo un problema de salud pública que afecta a las mujeres más pobres y de bajo nivel socioeconómico, pues son ellas las que recurren a la práctica del aborto inseguro. Las leyes que criminalizan el aborto son, por lo tanto, leyes discriminatorias y que atentan contra el derecho a la igualdad de las mujeres de acceder, sin importar su condición y clase social, a servicios seguros de interrupción del embarazo.”
Concluye la promovente que es “necesario que en el Estado de Guanajuato se emitan medidas urgentes en materia de derechos sexuales, tales como la educación sexual para que los habitantes de dicha entidad ejerzan sus derechos sexuales en forma plena y segura.”
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
PRIMERO. Se exhorta al Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que se reconozcan, integren y garanticen los derechos humanos de las mujeres y en ejercicio de las atribuciones que le otorga la ley, promueva que los integrantes de su gabinete posean perspectiva de género y remueva a las o los servidores públicos que carezcan de la mencionada herramienta metodológica en su desempeño o que vulneren o violen los derechos humanos de las mujeres.
SEGUNDO. Se exhorta al H. Congreso del Estado de Guanajuato para que reforme su legislación vigente y haga efectivos los derechos humanos de las mujeres, en atención a los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito, así como en atención a los estándares internacionales y en consecuencia, se reconozcan y respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Estado de Guanajuato.
TERCERO. Se exhorta al H. Poder Judicial del Estado de Guanajuato para que incorpore a la perspectiva de género como un elemento subjetivo de la conducta humana que requiere ser incorporado para poder juzgar con un sentido humanista de la justicia y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, en atención a los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
CUARTO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de su competencia otorgue los servicios de salud reproductiva necesarios para atender a las mujeres que requieren contar con métodos anticonceptivos, incluso aquellos que se consideran de emergencia en todo el territorio de la entidad.
QUINTO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de su competencia garantice que se cumpla la NOM-046 y sea suministrada la denominada píldora de emergencia a las mujeres víctimas de violación, en todo el territorio de la entidad.
SEXTO. Se exhorta a los Dr. Daniel Karma Toumeh, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Dr. Jesús Villalobos López, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, otorguen los servicios de salud reproductiva y de salud ginecoobstétrica necesarios para atender a las mujeres que requieren contar con métodos anticonceptivos, incluso aquellos que se consideran de emergencia en todo el territorio de la entidad, bajo los principios de laicidad, dignidad humana y no discriminación.
SÉPTIMO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que sea capacitado el personal que brinda servicios de salud ginecoobstétrica y éste servicio sea brindado con perspectiva de género en todo el territorio de la entidad, bajo los principios de laicidad, dignidad humana y no discriminación.
OCTAVO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, que se capacite al personal que atiende a las mujeres víctimas del delito de violación, para que accedan en forma inmediata a la asistencia médica y se le proporcione un método anticonceptivo de emergencia, como lo establece la NOM-046.
NOVENO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, a que se capacite a los agentes del Ministerio Público en materia de Perspectiva de Género para que incorporen dicha herramienta metodológica en la integración de las averiguaciones previas, relacionadas con los delitos de aborto y de homicidio en razón de parentesco o relación familiar y se abstengan de prejuzgar y discriminar o estereotipar las conductas humanas de las mujeres.
DÉCIMO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato para que informe respecto al periodo del año 2000 a la fecha, cuántas averiguaciones previas se iniciaron por la probable comisión de los delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco o relación familiar, cuántas averiguaciones previas se ha dictado no ejercicio de la acción penal, cuántas han sido sujetas a proceso penal y cuántas han sido consignadas y recluidas por los delitos referidos.
B) En relación con la proposición presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés:
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 04 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Señala el promovente que la “el 26 de mayo de 2009 fue publicada en el periódico oficial del estado de Guanajuato una reforma al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado, donde se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, dicha reforma enaltece el sentido de protección hacia todo ser humano, sin embargo también representa un fuerte retroceso para los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato porque pone en peligro la única excepción legal que le permite a las mujeres acceder a un aborto legal; esto es en caso de violación…”
Explica el diputado promovente que actualmente 14 mujeres están sujetas a un proceso penal y 9 de ellas fueron sentenciadas por el delito de aborto, lo cual criminaliza a las mujeres “que deciden sobre su propio cuerpo, que optan por su vida, su salud y por su proyecto de vida”, sentenciándolas hasta por 30 años de prisión, por el delito de homicidio.
Indica el promovente que, uno de los casos paradigmáticos de esta situación, es el de Alma Yareli Salazar Saldaña, quien fue juzgada y sentenciada por el delito de homicidio en razón de parentesco, a 27 años y seis meses de prisión, después de haber sido violada y realizarse un aborto voluntario. Esta sentencia fue revocada dado que no se acreditó el tipo penal. Desgraciadamente no es el único caso del cual se tiene noticia.
Concluye el promovente que “es inadmisible que alguien atente contra la vida de un ser humano, pero lo es más aún que debido a la falta de educación, a la extrema pobreza en que se encuentran algunas mujeres, se abuse de ellas sentenciándolas a penas por delitos que, si bien están tipificados, no están completamente comprobados. En razón de lo anterior, propongo la creación de una comisión plural especial, que se encargue de investigar los presuntos casos de abusos en contra de las mujeres en el Estado de Guanajuato.”
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO. Se solicita se cree un grupo plural, integrado por Senadores y Diputados de esta Comisión Permanente, con el fin de que elabore un informe sobre el enjuiciamiento de las mujeres que son acusadas por aborto o tipos penales similares en el Estado de Guanajuato.
C) En relación con la proposición presentada por los Senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 17 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Señalan los promoventes que existen en Guanajuato 160 mujeres que enfrentan un proceso judicial desde el año 2000 por haberse practicado un aborto clandestino; sólo 14 de ellas tienen sentencia, y algunas han pasado hasta 5 años en prisión antes de ser liberadas bajo caución.
Para los autores de esta proposición de mérito resultan particularmente escandalosos los casos de seis mujeres campesinas en este estado que se encuentran cumpliendo sentencias de entre 25 y 29 años de cárcel por causas de aborto que, sin embargo, han sido tipificadas como “homicidio en razón de parentesco”, con lo cuál las penas se incrementan significativamente. La alevosía con la que se ha tratado a estas mujeres es tal, continúan, que el propio gobernador del estado de Guanajuato ha dicho que “en Guanajuato no hay mujeres presas por aborto sino por infanticidio”…
Las características de las sentencias dictadas en estos casos, han hecho que los nombres de estas 6 mujeres lleguen ante los más importantes organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De acuerdo con varias organizaciones civiles, prácticamente todas las mujeres acusadas por delitos de aborto, sufrieron abortos involuntarios que, en realidad, lo que hacen es que los proponente se cuestionen sobre el acceso a los servicios de salud del gobierno del estado.
Señalan los legisladores que presentan la proposición que han sido varias las manifestaciones sociales que se han dado tanto en Guanajuato como en el Distrito Federal, para exigir la liberación de las 6 presas. Incluso, dos representantes de las Naciones Unidas, María Luisa Bascur y Luisa Pérez, investigan en ese estado los expedientes de los juicios y, por otro lado, la Comisionada Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, anunció que investigará la actuación de los jueces que las condenaron a 25 o 30 años de prisión.
Al respecto, también se ha pronunciado el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), al afirmar que lo que sucede en esa entidad “se trata de un problema gravísimo…de acceso a la justicia, de discriminación, de estereotipo; pues la mayoría de los casos son abortos o partos accidentales”.
Este fenómeno de criminalización de la mujer no es menor y es preciso evitar que se generalice; si bien las entidades federativas son autónomas en sus leyes y códigos penales, los derechos fundamentales están siempre por encima de cualquier norma y deben ser tutelados por el sistema jurídico local y nacional.
Al respecto, mencionan que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, se entiende que consideró que no existen indicios para calificar tal acto como un homicidio, por lo que tipificarlo de tal forma en un código penal podría contravenir el criterio del Máximo Tribunal del país.
Los proponentes señalan que existe un problema serio de simulación y alteración de la Ley, pues con el afán de encubrir los encarcelamientos por motivo de aborto, que está tipificado con penas máximas de 5 años, se ha utilizado la figura de “homicidio en razón de parentesco”, que se da cuando la madre no auxilia al bebé a sobrevivir en los últimos meses del embarazo y alcanza penas de hasta 30 años. Esto ha permitido al Gobernador Juan Manuel Oliva sostener que en su estado “no existe ni una sola mujer presa por el delito de aborto”.
De acuerdo con los Senadores, los tribunales guanajuatenses, ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos que, en los casos de mujeres involucradas en juicios de aborto que han sido condenadas por homicidio en razón de parentesco en el Estado de Guanajuato, existen varias características comunes que son muy claras: son mujeres de escasos recursos; no pudieron contar con una asistencia sanitaria durante el embarazo, y tienen un nivel muy bajo de escolarización. Además, varias de ellas viven en comunidades apartadas de las ciudades.
De acuerdo con algunas autoridades municipales del estado, las hoy presas han recibido un trato discriminatorio y abusivo del Gobierno Estatal, sin haber probado fehacientemente que sean culpables y para los autores de la proposición las autoridades en Guanajuato han criminalizado la pobreza, el género, la calidad de ser indígena y el analfabetismo, lo que es un atropello para la garantía de igualdad prevista en la Constitución.
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a fin de que libere cuanto antes a Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli Camargo, Liliana Moreno y Ana Rosa Padrón; mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco, que encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia, en esa entidad.
D) En relación con la proposición presentada por la Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal.
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 17 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Para la proponente duda que la práctica del aborto constituye un problema de salud pública. Prohibirlo, penalizarlo o castigarlo pone en peligro el bienestar de un gran número de mujeres y, en muchos casos su vida, ya que propicia la clandestinidad de esta práctica en condiciones insalubres. La propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado que el aborto consentido de la madre deba ser libre, gratuito y no punible.
Recuerda que en el 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en la cual el Procurador General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandaron la invalidez de las reformas al Código Penal del Distrito Federal que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12ª semana de gestación.
En su resolución la SCJN consideró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al despenalizar esta conducta la hizo no de manera aislada, sino que mediante “obligaciones a cargo del Gobierno … y en particular de las autoridades que tienen a su cargo los servicios de salud, de proporcionar información oportuna y veraz de otras opciones que se encuentre al alcance de las mujeres, además de la interrupción anticipada del embarazo, así como de proporcionar información sobre las consecuencias que esta interrupción pueda tener para su salud. De este modo, se hace efectiva la obligación del Estado establecida en el artículo 4º constitucional en relación con la salud, información y responsabilidad en la toma de decisiones por parte de las mujeres”.
Sin embargo, señala la autora de la proposición de mérito, y posterior a esta resolución de la SCJN 16 Congresos locales modificaron su Constitución para proteger el derecho a la vida desde la concepción.
Una de esas entidades que modificaron sus ordenamientos es Guanajuato, dónde además de la persecución de las mujeres que abortan en algunos casos, las autoridades de salud, ministeriales, en complicidad con las autoridades judiciales procesan y sentencian a las mujeres que abortan por el delito de homicidio; así las mujeres que abortan en Guanajuato son acusadas de “homicidio en razón de parentesco” y reciben sentencias hasta de 35 años de cárcel, pese a que el Código. Penal estatal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión, sostiene la legisladora.
Señala que actualmente hay 160 mujeres denunciadas, 43 están bajo un proceso penal, 14 pisaron la cárcel por el delito de aborto y salieron bajo fianza, y actualmente nueve compurgan una sentencia por aborto bajo caución. En cuanto a las mujeres acusadas por homicidio en razón del parentesco, son siete mujeres que están en las cárceles de Guanajuato purgando una sentencia de hasta 30 años.
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo exhorta al C. JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco a fin de evitar violaciones a sus garantías del debido proceso y a sus derechos humanos.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta al C. FRANCISCO BLAKE MORA, titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el Estado de Guanajuato, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida libre de violencia.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta a la C. ROCIO GARCÍA GAYTAN titular del Instituto Nacional de las Mujeres para que en el ámbito de sus atribuciones se pronuncie en contra de las medidas de criminalizar a las mujeres del estado de Guanajuato que de manera libre y voluntaria deciden interrumpir su embarazo.
CONSIDERACIONES
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron las proposiciones con Punto de Acuerdo en análisis con base en las siguientes consideraciones:
PRIMERO. Los integrantes de esta Primera Comisión coinciden plenamente en que la vigencia del Estado de Derecho implica el respeto de los derechos humanos por parte de todas las autoridades que conforman el Estado Mexicano. En el caso específico de las mujeres, resulta imprescindible atender a los sectores más pobres de nuestra sociedad, principalmente en lo que a salud sexual y reproductiva se refiere, como parte del cumplimiento de los compromisos internacionales signados por el Estado Mexicano e incorporar, de manera rápida y expedita, todas estas disposiciones dentro de la legislación de los tres órdenes de gobierno para que, de manera fehaciente, podamos comprobar que en México, no se criminaliza la pobreza ni el género.
SEGUNDO. Esta Comisión dictaminadora coincide con los promoventes en que la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud establecen obligaciones concretas para los tres ámbitos de gobierno, principalmente en materia de educación sexual, salud sexual y reproductiva así como en materia de equidad y respeto a los derechos humanos de las mujeres, no obstante que nuestra República se encuentra conformada, según el Pacto Federal, por Estados Libres y Soberanos en lo que a su régimen interior se refiere.
TERCERO. Esta dictaminadora considera, en consecuencia, que resulta indispensable que los gobiernos de las entidades federativas, específicamente el del estado de Guanajuato, implemente acciones inmediatas para salvaguardar lo que nuestra Constitución, pacto social que nos da origen como Nación, reconoce y otorga a las mujeres.
Por ello hacemos propia la propuesta de emitir una alerta de género en el estado de Guanajuato, ya que consideramos que esto cumple con las preocupaciones de los legisladores autores de las diversas proposiciones que en este acto se dictaminan.
En efecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en su capítulo V contempla la declaratoria de violencia de género, que define como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”
El artículo 24 de la Ley en comento establece que:
La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora cosideramos que se cumplen los requisitos para emitir una propuesta de alerta y por lo tanto oportuno exhortar al Secretarío de Gobernación a emitir una declataroria de emergencia de género en el estado de Guanajuato.
CUARTO. Por otro lado, los integrantes de esta Comisión estamos al tanto de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recomendó al gobierno, al Congreso de Guanajuato y al Poder Judicial del estado a “revisar los expedientes de las seis campesinas sentenciadas a purgar penas de más de 25 años de cárcel acusadas de homicidio por abortar, a fin de “certificar que sus procesos se efectuaron con apego a los estándares internacionales de justicia”.
Los observadores de la misiòn de ONU-DH, confirmaron "la persistencia de patrones culturales que motivan la discriminación contra las mujeres, al mismo tiempo que limitan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos".
Liliana Valiña, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideró que “Es pertinente que las autoridades revisen los casos de María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha para asegurar que tanto los procedimientos como los principios fundamentales del derecho a la defensa hayan estado apegados a los estándares internacionales del debido proceso, particularmente el relacionado con el principio de presunción de inocencia.”
Por ello, los integrantes de esta dictaminadora consideramos procedente exhottar al gobernador de Guanajuato instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta al C. Francisco Blake Mora, titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el Estado de Guanajuato, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida libre de violencia.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al C. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco a fin de evitar violaciones a sus garantías del debido proceso y a sus derechos humanos.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Poderes del estado de Guanajuato para que brinden la atención debida a la recomendación emitida por la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, y se brinde la debida atención y cumplimiento a los nueve resolutivos formulados a las autoridades del estado de Guanajuato.
Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinticuatro días del mes de agosto de 2010.
PRIMERA COMISIÓN
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martes, 31 de agosto de 2010
miércoles, 25 de agosto de 2010
“Con la criminalización no se evita el aborto”
“Con la criminalización no se evita el aborto”
ENTREVISTA CON EL MEDICO ANIBAL FAUNDES, DEFENSOR DE LA DESPENALIZACION DE LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO
Nacido en Chile y reconocido por su trabajo en salud sexual y reproductiva, especialmente en Brasil, Faúndes sostiene que la penalización es “ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”.
Por Mariana Carbajal
Comenzó a involucrarse con la problemática del aborto unos cincuenta años atrás, cuando era estudiante de Medicina en Chile y a las mujeres que llegaban a un hospital con signos de haber interrumpido un embarazo se las atendía sin anestesia para que sufrieran dolor, a propósito, a modo de castigo. “Con el tiempo, fui escuchando sus historias y entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino por el contrario, eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada”, dice el médico Aníbal Faúndes, nacido en Chile y reconocido internacionalmente por su extenso trabajo en salud sexual y reproductiva en distintos países latinoamericanos, especialmente en Brasil, donde vive hace muchos años. Defensor de la despenalización y legalización del aborto, Faúndes dará hoy a las 15 una conferencia en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados, invitado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En una entrevista con Página/12, fundamentó su posición, respondió a los argumentos que suelen esgrimir los sectores conservadores que se oponen a una ley más liberal y contó cómo se logró en Brasil que se realicen en el sector público, sin judicializaciones, las interrupciones legales de embarazo. La criminalización del aborto “es ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”, afirmó. Y aclaró que “tan importante como cambiar la ley que lo penaliza es hacer cumplir la que ya está vigente, que prevé los abortos legales”.
Faúndes es una de las personas que más han trabajado en ese país para que se garantice el acceso a los abortos no punibles. Se graduó como médico en la Universidad de Chile, donde llegó a ser profesor titular de Obstetricia y coordinador del programa de Salud de la Mujer. Su trabajo trascendió las fronteras latinoamericanas: entre otros cargos, presidió el Comité de Recursos para la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la OMS. A los 79 años, es un referente en la región y encabeza el grupo de trabajo para la Prevención del Aborto Inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
–¿Por qué se involucró con la problemática del aborto? Muchos médicos prefieren no meterse con el tema.
–Comencé a sensibilizarme con el tema del aborto cuando todavía era estudiante de Medicina, tenía que hacer mi práctica de urgencia, y en el área donde estaba había muchos abortos en esa época. Como el jefe de turno sabía que me interesaba por la ginecología, lo más práctico que encontró fue que cada vez que llegaba a mi turno a las 18.30 me mandaba a la sala de raspado. Y yo me quedaba haciendo curetajes hasta las 9 de la noche, en que terminaba el turno. En esa época, era el año 1954, se juzgaba que la mujer que tenía un aborto era provocado, que era una criminal que había matado a su hijo, sin ningún justificativo, y que por lo tanto había que castigarla haciendo que le doliera mucho y entonces se hacía el curetaje sin anestesia. Si la mujer se quejaba, la auxiliar de enfermería se encargaba de decirle: “¿No te gustó? Ahora págalo”. Con el tiempo yo fui escuchando las historias de las mujeres y fui entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino que por el contrario eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada.
–¿Pudo cambiar la forma de atenderlas?
–No pude cambiar las normas del lugar: seguí haciendo raspajes de la misma forma, pero me quedó en la cabeza que no podía permanecer indiferente a eso, que algo tenía que hacer para que menos mujeres tuvieran que pasar por todo ese proceso. Ahí también aprendí que muchas veces las mujeres se embarazaban porque los hombres les imponían el sexo contra su voluntad, que no tenían cómo prevenirse de un embarazo y que abortaban la mayor parte de las veces para proteger a los hijos que ya tenían o por otras razones que estaban muy lejos de ser egoístas y que no tenían por qué estar pagando por eso. Al principio creí que la planificación familiar era la respuesta a eso. Y por muchos años trabajé mucho en ese sentido. Con el tiempo me di cuenta de que la planificación familiar no era suficiente, de que nunca va a resolver el problema, porque un método puede fallar, porque hay relaciones forzadas, porque la anticoncepción no llega a todas las mujeres. Por mucho tiempo pensé que legalizar el aborto se justificaba solamente después de que ya se hubiera hecho todo lo posible por que todas las mujeres tuvieran acceso a planificación familiar.
–¿Por qué cambió de opinión?
–Con el tiempo me di cuenta de que en el fondo descriminalizar el aborto significaba que el aborto que en ese momento era inseguro pasara a ser seguro.
–Pasaron más de cincuenta años desde su primera aproximación al tema y no ha cambiado mucho en muchos países de la región en relación con el abordaje en los hospitales hacia las mujeres que abortan...
–En Chile ha cambiado bastante: ahora es mucho peor.
–¿Por qué hay resistencia?
–Hay una gran influencia religiosa. Y también es culpa de personas como yo, que no hemos trabajado tanto en aborto como lo hicimos en planificación familiar. Las cosas han cambiado en algunos países y no han cambiado en otros. En Brasil, por ejemplo, hemos conseguido a lo largo de los años que los médicos estén muy de acuerdo en que la ley tiene que ser mucho más permisiva de lo que es.
–¿En qué circunstancias está despenalizado en Brasil?
–Si hay riesgo en la vida de la mujer y en casos de violación.
–¿Se cumple la ley?
–En este momento casi en la mitad del país se está cumpliendo con la ley. En 2006 había más de 800 hospitales que decían que hacían interrupción legal de embarazo. Y creo que esa cifra se puede haber multiplicado por diez. El gobierno brasileño está empeñado en hacer accesible el aborto legal. Para eso, el Ministerio de Salud normatizó el aborto por violación.
–¿Cómo lo hizo?
–A través de la Norma para la Atención Integral de la Mujer o la Adolescente que sufre Violencia Sexual. Incluye la atención inmediata después de la violencia y la interrupción del embarazo en caso de que se embarace y no quiera continuar con la gestación. La primera norma fue del año 1998 y establecía que la mujer tenía que hacer la denuncia en el cuartel de policía. Después se modificó en 2003, diciendo que bastaba con que la mujer lo declarara en el hospital y quedara registrado con su firma en la historia clínica.
–¿Esa disposición no generó la reacción de los médicos planteando que quedaban desprotegidos ante la eventualidad de que la mujer pudiera mentir sobre la violación?
–La norma justamente es la que da seguridad.
–¿Qué status tiene la norma?
–Es una resolución del Ministerio de Salud.
–¿Con la norma se allanó el camino para garantizar el acceso a los abortos no punibles?
–Con la norma y con un trabajo de hormiga. Una norma no basta, es necesario trabajar hospital por hospital. Y no se trata sólo de trabajar con el director, sino con todo el personal, discutir el problema, mostrar por qué se tiene que cumplir con la norma, qué es lo que cambia y qué no cambia, sensibilizarlo, hasta que se consiga finalmente que empiecen a realizar interrupciones del embarazo de acuerdo con la ley.
–¿Cuáles son sus fundamentos para defender la despenalización y legalización del aborto?
–Desde el punto de vista de la salud, es muy claro que si se quiere reducir todos los daños de la mortalidad por aborto, la medida más efectiva es descriminalizarlo. Está perfectamente demostrado. En realidad, tengo tres razones. El argumento más importante tiene que ver con que criminalizar el aborto es muy eficiente para aumentar los sufrimientos, las muertes, las complicaciones, la enfermedad, el costo para la salud, para la familia y para el país. El segundo argumento es que es ineficiente: por una ley que prohíbe el aborto las mujeres no dejan de abortar. Todos los datos muestran que criminalización o no criminalización no es lo que determina que la mujer aborte o no lo haga. Y el tercer elemento tiene que ver con la justicia social. Es la típica ley que se aplica a las personas más pobres y más vulnerables. Esa ley no funciona para los que tienen poder. Para mí no funciona. Yo no tengo ningún problema si una nieta mía se embaraza de acceder a un aborto seguro. Estoy completamente convencido de que no se puede continuar con las características de la legislación actual en América latina. Pero tan importante como cambiar la ley es hacer cumplir la que ya está vigente y prevé abortos no punibles.
–Hace dos semanas, el Consejo Superior de la UBA aprobó una resolución por la que expresó su apoyo a la despenalización del aborto y reclamó un inmediato debate en el Congreso. Sólo se abstuvo el decano de Medicina y votó en contra un representante del claustro docente, que es médico. Plantearon que se habían formado para defender la vida. A usted, que también es médico, ¿no le genera una controversia?
–Claro que genera una controversia. Hasta entiendo a esos dos colegas. Pero también entiendo que ellos no comprenden que la solución para ese problema, de querer defender la vida, no está en criminalizar a la mujer que se quiere hacer un aborto. Si ellos realmente están en contra del aborto, tienen que luchar por la educación en sexualidad responsable desde la educación primaria y para que ninguna mujer tenga dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos más eficaces, porque ésas son las medidas que van a permitir que ese aborto no ocurra.
–¿Existe, como sostienen grupos antiderechos, el llamado trauma post aborto?
–Durante su gobierno, (el ex presidente George) Bush (hijo) le encargó al ministro de Salud de los Estados Unidos que reuniera evidencias de que existía ese trauma post aborto. La conclusión del cirujano general fue que no existía. Eso no significa que ninguna mujer que se provoca un aborto no tenga después trastornos psicológicos, depresión, pero no hay diferencia en cuanto a la frecuencia con que ocurre ese tipo de situaciones después de un aborto o después de un parto de un embarazo no deseado. Pero ese efecto negativo se presenta sobre todo con dos circunstancias: cuando no es la mujer la que decide el aborto, sino que lo hace presionada por otras fuerzas sociales alrededor de ella y cuando el ambiente es condenatorio. No por el aborto en sí mismo.
–El mensaje culpabilizador de la jerarquía católica contribuye a que puedan sentirse mal...
–Muchas mujeres lo solucionan diciendo: “Yo sé que Dios me entiende, a pesar de que el cura me está diciendo eso y sabe por qué yo quedé embarazada y sabe por qué lo interrumpí”.
–En su libro El drama del aborto plantea la necesidad de alcanzar un consenso social en torno del tema. ¿Cree que es posible?
–No creo que sea posible que todo el mundo esté de acuerdo en todo, pero sí que las personas se concienticen en determinadas posiciones. Por ejemplo, creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo con la edad gestacional límite en que debería permitirse el aborto. Pero cada vez se está entendiendo que criminalizar a la mujer que aborta no es el camino para combatir los abortos.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-151916-2010-08-24.html
ENTREVISTA CON EL MEDICO ANIBAL FAUNDES, DEFENSOR DE LA DESPENALIZACION DE LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO
Nacido en Chile y reconocido por su trabajo en salud sexual y reproductiva, especialmente en Brasil, Faúndes sostiene que la penalización es “ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”.
Por Mariana Carbajal
Comenzó a involucrarse con la problemática del aborto unos cincuenta años atrás, cuando era estudiante de Medicina en Chile y a las mujeres que llegaban a un hospital con signos de haber interrumpido un embarazo se las atendía sin anestesia para que sufrieran dolor, a propósito, a modo de castigo. “Con el tiempo, fui escuchando sus historias y entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino por el contrario, eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada”, dice el médico Aníbal Faúndes, nacido en Chile y reconocido internacionalmente por su extenso trabajo en salud sexual y reproductiva en distintos países latinoamericanos, especialmente en Brasil, donde vive hace muchos años. Defensor de la despenalización y legalización del aborto, Faúndes dará hoy a las 15 una conferencia en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados, invitado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En una entrevista con Página/12, fundamentó su posición, respondió a los argumentos que suelen esgrimir los sectores conservadores que se oponen a una ley más liberal y contó cómo se logró en Brasil que se realicen en el sector público, sin judicializaciones, las interrupciones legales de embarazo. La criminalización del aborto “es ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”, afirmó. Y aclaró que “tan importante como cambiar la ley que lo penaliza es hacer cumplir la que ya está vigente, que prevé los abortos legales”.
Faúndes es una de las personas que más han trabajado en ese país para que se garantice el acceso a los abortos no punibles. Se graduó como médico en la Universidad de Chile, donde llegó a ser profesor titular de Obstetricia y coordinador del programa de Salud de la Mujer. Su trabajo trascendió las fronteras latinoamericanas: entre otros cargos, presidió el Comité de Recursos para la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la OMS. A los 79 años, es un referente en la región y encabeza el grupo de trabajo para la Prevención del Aborto Inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
–¿Por qué se involucró con la problemática del aborto? Muchos médicos prefieren no meterse con el tema.
–Comencé a sensibilizarme con el tema del aborto cuando todavía era estudiante de Medicina, tenía que hacer mi práctica de urgencia, y en el área donde estaba había muchos abortos en esa época. Como el jefe de turno sabía que me interesaba por la ginecología, lo más práctico que encontró fue que cada vez que llegaba a mi turno a las 18.30 me mandaba a la sala de raspado. Y yo me quedaba haciendo curetajes hasta las 9 de la noche, en que terminaba el turno. En esa época, era el año 1954, se juzgaba que la mujer que tenía un aborto era provocado, que era una criminal que había matado a su hijo, sin ningún justificativo, y que por lo tanto había que castigarla haciendo que le doliera mucho y entonces se hacía el curetaje sin anestesia. Si la mujer se quejaba, la auxiliar de enfermería se encargaba de decirle: “¿No te gustó? Ahora págalo”. Con el tiempo yo fui escuchando las historias de las mujeres y fui entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino que por el contrario eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada.
–¿Pudo cambiar la forma de atenderlas?
–No pude cambiar las normas del lugar: seguí haciendo raspajes de la misma forma, pero me quedó en la cabeza que no podía permanecer indiferente a eso, que algo tenía que hacer para que menos mujeres tuvieran que pasar por todo ese proceso. Ahí también aprendí que muchas veces las mujeres se embarazaban porque los hombres les imponían el sexo contra su voluntad, que no tenían cómo prevenirse de un embarazo y que abortaban la mayor parte de las veces para proteger a los hijos que ya tenían o por otras razones que estaban muy lejos de ser egoístas y que no tenían por qué estar pagando por eso. Al principio creí que la planificación familiar era la respuesta a eso. Y por muchos años trabajé mucho en ese sentido. Con el tiempo me di cuenta de que la planificación familiar no era suficiente, de que nunca va a resolver el problema, porque un método puede fallar, porque hay relaciones forzadas, porque la anticoncepción no llega a todas las mujeres. Por mucho tiempo pensé que legalizar el aborto se justificaba solamente después de que ya se hubiera hecho todo lo posible por que todas las mujeres tuvieran acceso a planificación familiar.
–¿Por qué cambió de opinión?
–Con el tiempo me di cuenta de que en el fondo descriminalizar el aborto significaba que el aborto que en ese momento era inseguro pasara a ser seguro.
–Pasaron más de cincuenta años desde su primera aproximación al tema y no ha cambiado mucho en muchos países de la región en relación con el abordaje en los hospitales hacia las mujeres que abortan...
–En Chile ha cambiado bastante: ahora es mucho peor.
–¿Por qué hay resistencia?
–Hay una gran influencia religiosa. Y también es culpa de personas como yo, que no hemos trabajado tanto en aborto como lo hicimos en planificación familiar. Las cosas han cambiado en algunos países y no han cambiado en otros. En Brasil, por ejemplo, hemos conseguido a lo largo de los años que los médicos estén muy de acuerdo en que la ley tiene que ser mucho más permisiva de lo que es.
–¿En qué circunstancias está despenalizado en Brasil?
–Si hay riesgo en la vida de la mujer y en casos de violación.
–¿Se cumple la ley?
–En este momento casi en la mitad del país se está cumpliendo con la ley. En 2006 había más de 800 hospitales que decían que hacían interrupción legal de embarazo. Y creo que esa cifra se puede haber multiplicado por diez. El gobierno brasileño está empeñado en hacer accesible el aborto legal. Para eso, el Ministerio de Salud normatizó el aborto por violación.
–¿Cómo lo hizo?
–A través de la Norma para la Atención Integral de la Mujer o la Adolescente que sufre Violencia Sexual. Incluye la atención inmediata después de la violencia y la interrupción del embarazo en caso de que se embarace y no quiera continuar con la gestación. La primera norma fue del año 1998 y establecía que la mujer tenía que hacer la denuncia en el cuartel de policía. Después se modificó en 2003, diciendo que bastaba con que la mujer lo declarara en el hospital y quedara registrado con su firma en la historia clínica.
–¿Esa disposición no generó la reacción de los médicos planteando que quedaban desprotegidos ante la eventualidad de que la mujer pudiera mentir sobre la violación?
–La norma justamente es la que da seguridad.
–¿Qué status tiene la norma?
–Es una resolución del Ministerio de Salud.
–¿Con la norma se allanó el camino para garantizar el acceso a los abortos no punibles?
–Con la norma y con un trabajo de hormiga. Una norma no basta, es necesario trabajar hospital por hospital. Y no se trata sólo de trabajar con el director, sino con todo el personal, discutir el problema, mostrar por qué se tiene que cumplir con la norma, qué es lo que cambia y qué no cambia, sensibilizarlo, hasta que se consiga finalmente que empiecen a realizar interrupciones del embarazo de acuerdo con la ley.
–¿Cuáles son sus fundamentos para defender la despenalización y legalización del aborto?
–Desde el punto de vista de la salud, es muy claro que si se quiere reducir todos los daños de la mortalidad por aborto, la medida más efectiva es descriminalizarlo. Está perfectamente demostrado. En realidad, tengo tres razones. El argumento más importante tiene que ver con que criminalizar el aborto es muy eficiente para aumentar los sufrimientos, las muertes, las complicaciones, la enfermedad, el costo para la salud, para la familia y para el país. El segundo argumento es que es ineficiente: por una ley que prohíbe el aborto las mujeres no dejan de abortar. Todos los datos muestran que criminalización o no criminalización no es lo que determina que la mujer aborte o no lo haga. Y el tercer elemento tiene que ver con la justicia social. Es la típica ley que se aplica a las personas más pobres y más vulnerables. Esa ley no funciona para los que tienen poder. Para mí no funciona. Yo no tengo ningún problema si una nieta mía se embaraza de acceder a un aborto seguro. Estoy completamente convencido de que no se puede continuar con las características de la legislación actual en América latina. Pero tan importante como cambiar la ley es hacer cumplir la que ya está vigente y prevé abortos no punibles.
–Hace dos semanas, el Consejo Superior de la UBA aprobó una resolución por la que expresó su apoyo a la despenalización del aborto y reclamó un inmediato debate en el Congreso. Sólo se abstuvo el decano de Medicina y votó en contra un representante del claustro docente, que es médico. Plantearon que se habían formado para defender la vida. A usted, que también es médico, ¿no le genera una controversia?
–Claro que genera una controversia. Hasta entiendo a esos dos colegas. Pero también entiendo que ellos no comprenden que la solución para ese problema, de querer defender la vida, no está en criminalizar a la mujer que se quiere hacer un aborto. Si ellos realmente están en contra del aborto, tienen que luchar por la educación en sexualidad responsable desde la educación primaria y para que ninguna mujer tenga dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos más eficaces, porque ésas son las medidas que van a permitir que ese aborto no ocurra.
–¿Existe, como sostienen grupos antiderechos, el llamado trauma post aborto?
–Durante su gobierno, (el ex presidente George) Bush (hijo) le encargó al ministro de Salud de los Estados Unidos que reuniera evidencias de que existía ese trauma post aborto. La conclusión del cirujano general fue que no existía. Eso no significa que ninguna mujer que se provoca un aborto no tenga después trastornos psicológicos, depresión, pero no hay diferencia en cuanto a la frecuencia con que ocurre ese tipo de situaciones después de un aborto o después de un parto de un embarazo no deseado. Pero ese efecto negativo se presenta sobre todo con dos circunstancias: cuando no es la mujer la que decide el aborto, sino que lo hace presionada por otras fuerzas sociales alrededor de ella y cuando el ambiente es condenatorio. No por el aborto en sí mismo.
–El mensaje culpabilizador de la jerarquía católica contribuye a que puedan sentirse mal...
–Muchas mujeres lo solucionan diciendo: “Yo sé que Dios me entiende, a pesar de que el cura me está diciendo eso y sabe por qué yo quedé embarazada y sabe por qué lo interrumpí”.
–En su libro El drama del aborto plantea la necesidad de alcanzar un consenso social en torno del tema. ¿Cree que es posible?
–No creo que sea posible que todo el mundo esté de acuerdo en todo, pero sí que las personas se concienticen en determinadas posiciones. Por ejemplo, creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo con la edad gestacional límite en que debería permitirse el aborto. Pero cada vez se está entendiendo que criminalizar a la mujer que aborta no es el camino para combatir los abortos.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-151916-2010-08-24.html
miércoles, 11 de agosto de 2010
Rumbo al Encuentro Nacional Feminista Mexicano. Boletín 1
● En México existen 108.4 millones de personas de las cuales 50.9 por ciento son mujeres, de este porcentaje 67 de cada 100 mujeres enfrenta violencia en su comunidad, con su pareja, en su trabajo, en la escuela y al interior de su familia.
● Las estadísticas señalan que en México las mujeres son objeto de actos de discriminación, violencia, explotación laboral, explotación sexual, y de leyes estatales, reglamentos y normatividades que no reconocen sus derechos.
● A fin de propiciar la reflexión y el análisis de la situación de las mujeres y el feminismo en México y plantear nuevas formas de articulación, mujeres a nivel nacional organizan el Encuentro Nacional Feminista 2010.
Desde el Encuentro Nacional Feminista (ENF2010) reconocemos el avance en las políticas hacia las mujeres en la última década, producto de las demandas feministas, pero todavía:
- La muerte materna sigue siendo un problema relacionado con la pobreza y la falta de acceso a servicios de calidad.
- Las mujeres siguen sin ejercer plenamente su derecho a decidir, especialmente con las modificaciones legales que penalizan el aborto en 18 entidades de la República Mexicana.
- Los distintos tipos de violencia que viven las mujeres continúan constituyendo un flagelo que mina la vida, la salud, física, mental y emocional de las mexicanas.
El feminicidio en México, se incrementa de forma preocupante sin que se haya declarado aún la alerta de género en lugares donde los porcentajes lo exigen.
Por todo ello, demandamos:
Más y mejores servicios de salud que eviten más muertes maternas, políticas públicas que contribuyan al cumplimiento de las Metas del Milenio, compromiso firmado por nuestro país.
Políticas y acciones que permitan dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la declaración de la Alerta de Género en las entidades con mayores porcentajes de feminicidio como el Estado de México y Chihuahua.
Justicia inmediata para las familias de las mujeres asesinadas y desaparecidas.
Justicia pronta y expedita para las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y otros tipos de violencia de género.
El movimiento feminista se rearticula para demandar, proponer y vigilar el cumplimiento de las leyes y compromisos internacionales referidos a los derechos humanos de las mujeres.
Para mayor información comunicarse con:
Rosa Salazar al 044 55 30 70 40 79
Ángeles Medina al 044 55 27 62 36 22
Guadalupe Martínez al 044 55 16 77 97 98
comunicación@encuentrofeminista2010.org.mx
INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DELAS MUJERES EN MÉXICO
1. Aborto, Embarazo, derecho a decidir
En abril de 2007 se despenalizo el aborto en el DF, a la fecha 17 estados de la republica han promovido el derecho a la vida desde la concepción, atentando así en contra del derecho a decidir de las mujeres.
De abril de 2007 al 6 de julio de 2010 42,873 mujeres han suspendido su embarazo, de las cuales 3,206 son menores de edad ( 7.4 % del total de ILEs realizadas).
En cifras del 2008, por grupos de edad, el 0.8 % eran del grupo de 11 a 14 años, 5.3% de 15 a 17, 46.6 % de 18 a 24, el 21.4% de 25 a 29. lo que colocaba a las jóvenes en el 74.1% de las mujeres que abortan.
De las mujeres jóvenes del país, 45% ha tenido al menos un hijo nacido vivo. Uno de cada 6 nacimientos del país ocurre en jóvenes menores de 19 años, representando el 17% de la población.
La Encuesta Nacional de Juventud 2005 arroja datos acerca de la edad del primer embarazo de las jóvenes, el cual se concentra fundamentalmente entre los 18 y los 20 años con 14.5%, segui¬do de quienes tenían menos de 18 años con 26.8%, entre los 21 y 23 años son 20.7%, y más de 23 años, 10%. Con lo que la mayoría de los embarazos en jóvenes son de las mujeres más jóvenes. Los jóvenes unidos o casados representan sólo 23.9% del total, y quienes alguna vez han estado unidos confor¬man el 2.4%.
Muerte materna
Según estimaciones de CONAPO 2007, 4 de cada 100 mil mujeres jóvenes (15-24) mueren a causa de complicaciones con el parto y puerperio, en estados como Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero mueren más de 6 jóvenes por cada 100 mil. Lo que convierte a la muerte materna en la cuarta causa de muerte de mujeres jóvenes.
En cifras del informe sobre la salud en el mundo de 2005 ¡Cada madre y cada niño contarán! Organización Mundial de la Salud, reporta que por cada 100 mil nacidos mueren 83 mujeres.
2. Anticoncepción de emergencia
Desde el 21 de enero del 2004, la AE está incluida en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar. El 11 de julio de 2005 se incluyó en el cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
En el 2010 se aprobó la norma de salud número 46 que establece la obligación de las instituciones de salud a brindar la anticoncepción de emergencia a todas las mujeres que han sido victimas de violencia sexual.
El 63.8% de la población joven encuestada en la ENJ 2005 dice no conocer la AE, sólo el 12% la ha utilizado.
Métodos anticonceptivos
El 45% de las mujeres de 15 a 19 años usan anticonceptivos, 59.3% de 20 a 24 y 67.8% de 25 a 29. De las jóvenes unidas, 61.6% usa métodos anticonceptivos y una de cada dos enfrentó al menos un incidente de violencia conyugal al mismo año.
En datos de la ENJ 2005 el 92% de las y los jóvenes conoce algún método anticonceptivo, y sólo el 63% utiliza alguno, el 25% dice que no le gusta utilizarlos, el 15% comenta que en la pareja no están de acuerdo. El 49% dijo no haber utilizado un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Quienes si, usaron condón.
ITS y VIH
En México 20% de las infecciones de VIH se presenta en jóvenes de 15 a 24 años. De 37 mil casos de sida reportados en 2008, 30 mil fueron en hombres y el resto en mujeres.
3. Atención a la violencia de género
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2006 revela que el 43% de las mujeres del país han sido victimas de violencia, 54% para el Estado de México y el 33% en Coahuila. El 30% reporto haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral, acoso, hostigamiento o abuso sexual. El 16% en la escuela, 40% en los espacios comunitarios, 42% ha sufrido violencia sexual y 92% intimidación.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo ENVINOV 2007, 15% de las y los jóvenes encuestados (15-24) reportaron haber sufrido violencia física, 76% violencia psicológica y el 16% violencia sexual.
4. Homofobia, discriminación y orientación sexual
Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 48% de la población no permitiría que un homosexual viviera en su casa, el 94% de las personas homosexuales dice que hay discriminación en su contra, 43% dice haber sido víctima de un acto de discriminación, en el último año, también consideran que se ha incrementado la discriminación en los últimos cinco años.
Como antes se menciono, en el país existen 12 leyes estatales de juventud, y sólo 3 estados reconocen los DDSSRR: DF, Veracruz y Zacatecas.
En el caso del aborto, 16 estados (Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, DF, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas) tienen causales para acceder a este sin que sea un delito, sólo para el DF esta despenalizado.
El derecho a decidir, actualmente se enfrenta a 17 Estados que promueven el derecho a la vida desde la concepción y que criminaliza a las mujeres que abortan, eliminando uno de los derechos sexuales y reproductivos más importantes: decidir de forma libre sobre el cuerpo.
Puebla y Querétaro son los únicos estados que no cuentan con medidas de protección en violencia de género, el resto de los estados cuenta con acciones implementadas por los institutos de la mujer estatales, sin embargo son pocas las instancias de la juventud que incluyen actividades dirigidas hacia la prevención y erradicación de esta problemática, a pesar de que el gobierno mexicano si haya ratificado documentos internacionales, lo que no ha pasado con los instrumentos internacionales en materia de juventud.
Chiapas, DF, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas tienen medidas para atender a la discriminación por orientación sexual, problema que cada vez se agudiza más, sin embargo o se encuentran programas disponibles en los sitios web de las instancias de juventud, sólo en el caso de DF.
Discriminación Laboral
Pese a representar más de 40% de las personas trabajadoras, las mujeres siguen enfrentando desventajas en el mercado laboral tales como salario inferior por labores iguales, despidos por embarazo o exigencia de examen de no gravidez para la contratación.
Los Gobiernos estatales simulan relaciones labores presentándoles como civiles, eliminando así prestaciones, derechos de antigüedad y seguridad social. Además están negando y criminalizando el derecho de asociación sindical, un ejemplo es el caso de trabajadoras del DIF municipal de León Guanajuato, que por organizar un sindicato fueron despedidas en el año 2005.
El trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas e importantes para millones de mujeres del mundo, a pesar de ello en México no ha sido posible a lo largo de 4 legislaturas, aprobar una ley que lo reconozca y garantice los derechos laborales de este sector, del cual el 90.9% son mujeres.
Como botón de muestra de la importancia que el poder ejecutivo da a este sector, hace un mes se publicitó ampliamente una reunión, encabezada por la primera dama, donde se anunciaría el acceso de las trabajadoras al INFONAVIT. Casi a modo de burla, el anuncio consistió en que se exhortaba a las/los empleadores a inscribir voluntariamente a las trabajadoras a esta prestación social.
La discriminación en la participación política
Las mujeres estamos subrepresentadas en todos los cargos de representación política y de toma de decisión. Ninguna mujer ha sido Presidenta de la República, sólo en dos de las 32 entidades federativas gobiernan mujeres, en las presidencias municipales sólo representan 5%; en el poder legislativo federal, son 24.8% (19% en el Senado y 26.8% en la Cámara de Diputados) y en los Congresos locales, el promedio de mujeres es de 21.5%, mismo que bajará a 19% -aproximadamente- con los resultados de la elección de julio pasado.
Sólo para el caso de las legisladoras federales se han impulsado acciones afirmativas. En 2002 se reformó el Código electoral para que al menos 30% de las candidatas fueran mujeres y en 2008, la cuota se amplió al 40%, sin embargo en los hechos la ley no se ha cumplido.
Después de la elección de 2009 fueron 136 las mujeres que arribaron al cargo de Diputada Federal, representando 28%, porcentaje que disminuyó casi de inmediato pues algunas diputadas electas solicitaron licencia para que en su lugar ocupara el cargo su suplente.
Esto ya había ocurrido en la legislatura pasada, y habíamos alertado del riesgo que existía de que los partidos políticos registraran candidaturas de mujeres pero planificando sus renuncias para que quienes ejerzan el cargo sean hombres.
Para garantizar la llegada y permanencia de las mujeres en los cargos es necesario impulsar y perfeccionar las leyes de cotas y también hacer valer, con voluntad política, su cumplimiento.
Por lo anterior le solicitamos
● Que en sus pronunciamientos públicos vinculados a esta visita, denuncie la discriminación persistente contra las mujeres en el ámbito laboral y político y el incumplimiento que ello representa de acuerdos internacionales firmados por México.
● Que solicite al Estado Mexicano un compromiso tangible con el cumplimiento de la ley y que opere sanciones a empleadores o partidos políticos que pretenden discriminar a las mujeres violando las leyes que protegen sus derechos.
Para mayor información comunicarse con:
Rosa Salazar al 044 55 30 70 40 79
Ángeles Medina al 044 55 27 62 36 22
Guadalupe Martínez al 044 55 16 77 97 98
comunicación@encuentrofeminista2010.org.mx
● Las estadísticas señalan que en México las mujeres son objeto de actos de discriminación, violencia, explotación laboral, explotación sexual, y de leyes estatales, reglamentos y normatividades que no reconocen sus derechos.
● A fin de propiciar la reflexión y el análisis de la situación de las mujeres y el feminismo en México y plantear nuevas formas de articulación, mujeres a nivel nacional organizan el Encuentro Nacional Feminista 2010.
Desde el Encuentro Nacional Feminista (ENF2010) reconocemos el avance en las políticas hacia las mujeres en la última década, producto de las demandas feministas, pero todavía:
- La muerte materna sigue siendo un problema relacionado con la pobreza y la falta de acceso a servicios de calidad.
- Las mujeres siguen sin ejercer plenamente su derecho a decidir, especialmente con las modificaciones legales que penalizan el aborto en 18 entidades de la República Mexicana.
- Los distintos tipos de violencia que viven las mujeres continúan constituyendo un flagelo que mina la vida, la salud, física, mental y emocional de las mexicanas.
El feminicidio en México, se incrementa de forma preocupante sin que se haya declarado aún la alerta de género en lugares donde los porcentajes lo exigen.
Por todo ello, demandamos:
Más y mejores servicios de salud que eviten más muertes maternas, políticas públicas que contribuyan al cumplimiento de las Metas del Milenio, compromiso firmado por nuestro país.
Políticas y acciones que permitan dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la declaración de la Alerta de Género en las entidades con mayores porcentajes de feminicidio como el Estado de México y Chihuahua.
Justicia inmediata para las familias de las mujeres asesinadas y desaparecidas.
Justicia pronta y expedita para las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y otros tipos de violencia de género.
El movimiento feminista se rearticula para demandar, proponer y vigilar el cumplimiento de las leyes y compromisos internacionales referidos a los derechos humanos de las mujeres.
Para mayor información comunicarse con:
Rosa Salazar al 044 55 30 70 40 79
Ángeles Medina al 044 55 27 62 36 22
Guadalupe Martínez al 044 55 16 77 97 98
comunicación@encuentrofeminista2010.org.mx
INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DELAS MUJERES EN MÉXICO
1. Aborto, Embarazo, derecho a decidir
En abril de 2007 se despenalizo el aborto en el DF, a la fecha 17 estados de la republica han promovido el derecho a la vida desde la concepción, atentando así en contra del derecho a decidir de las mujeres.
De abril de 2007 al 6 de julio de 2010 42,873 mujeres han suspendido su embarazo, de las cuales 3,206 son menores de edad ( 7.4 % del total de ILEs realizadas).
En cifras del 2008, por grupos de edad, el 0.8 % eran del grupo de 11 a 14 años, 5.3% de 15 a 17, 46.6 % de 18 a 24, el 21.4% de 25 a 29. lo que colocaba a las jóvenes en el 74.1% de las mujeres que abortan.
De las mujeres jóvenes del país, 45% ha tenido al menos un hijo nacido vivo. Uno de cada 6 nacimientos del país ocurre en jóvenes menores de 19 años, representando el 17% de la población.
La Encuesta Nacional de Juventud 2005 arroja datos acerca de la edad del primer embarazo de las jóvenes, el cual se concentra fundamentalmente entre los 18 y los 20 años con 14.5%, segui¬do de quienes tenían menos de 18 años con 26.8%, entre los 21 y 23 años son 20.7%, y más de 23 años, 10%. Con lo que la mayoría de los embarazos en jóvenes son de las mujeres más jóvenes. Los jóvenes unidos o casados representan sólo 23.9% del total, y quienes alguna vez han estado unidos confor¬man el 2.4%.
Muerte materna
Según estimaciones de CONAPO 2007, 4 de cada 100 mil mujeres jóvenes (15-24) mueren a causa de complicaciones con el parto y puerperio, en estados como Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero mueren más de 6 jóvenes por cada 100 mil. Lo que convierte a la muerte materna en la cuarta causa de muerte de mujeres jóvenes.
En cifras del informe sobre la salud en el mundo de 2005 ¡Cada madre y cada niño contarán! Organización Mundial de la Salud, reporta que por cada 100 mil nacidos mueren 83 mujeres.
2. Anticoncepción de emergencia
Desde el 21 de enero del 2004, la AE está incluida en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar. El 11 de julio de 2005 se incluyó en el cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
En el 2010 se aprobó la norma de salud número 46 que establece la obligación de las instituciones de salud a brindar la anticoncepción de emergencia a todas las mujeres que han sido victimas de violencia sexual.
El 63.8% de la población joven encuestada en la ENJ 2005 dice no conocer la AE, sólo el 12% la ha utilizado.
Métodos anticonceptivos
El 45% de las mujeres de 15 a 19 años usan anticonceptivos, 59.3% de 20 a 24 y 67.8% de 25 a 29. De las jóvenes unidas, 61.6% usa métodos anticonceptivos y una de cada dos enfrentó al menos un incidente de violencia conyugal al mismo año.
En datos de la ENJ 2005 el 92% de las y los jóvenes conoce algún método anticonceptivo, y sólo el 63% utiliza alguno, el 25% dice que no le gusta utilizarlos, el 15% comenta que en la pareja no están de acuerdo. El 49% dijo no haber utilizado un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Quienes si, usaron condón.
ITS y VIH
En México 20% de las infecciones de VIH se presenta en jóvenes de 15 a 24 años. De 37 mil casos de sida reportados en 2008, 30 mil fueron en hombres y el resto en mujeres.
3. Atención a la violencia de género
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2006 revela que el 43% de las mujeres del país han sido victimas de violencia, 54% para el Estado de México y el 33% en Coahuila. El 30% reporto haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral, acoso, hostigamiento o abuso sexual. El 16% en la escuela, 40% en los espacios comunitarios, 42% ha sufrido violencia sexual y 92% intimidación.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo ENVINOV 2007, 15% de las y los jóvenes encuestados (15-24) reportaron haber sufrido violencia física, 76% violencia psicológica y el 16% violencia sexual.
4. Homofobia, discriminación y orientación sexual
Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 48% de la población no permitiría que un homosexual viviera en su casa, el 94% de las personas homosexuales dice que hay discriminación en su contra, 43% dice haber sido víctima de un acto de discriminación, en el último año, también consideran que se ha incrementado la discriminación en los últimos cinco años.
Como antes se menciono, en el país existen 12 leyes estatales de juventud, y sólo 3 estados reconocen los DDSSRR: DF, Veracruz y Zacatecas.
En el caso del aborto, 16 estados (Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, DF, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas) tienen causales para acceder a este sin que sea un delito, sólo para el DF esta despenalizado.
El derecho a decidir, actualmente se enfrenta a 17 Estados que promueven el derecho a la vida desde la concepción y que criminaliza a las mujeres que abortan, eliminando uno de los derechos sexuales y reproductivos más importantes: decidir de forma libre sobre el cuerpo.
Puebla y Querétaro son los únicos estados que no cuentan con medidas de protección en violencia de género, el resto de los estados cuenta con acciones implementadas por los institutos de la mujer estatales, sin embargo son pocas las instancias de la juventud que incluyen actividades dirigidas hacia la prevención y erradicación de esta problemática, a pesar de que el gobierno mexicano si haya ratificado documentos internacionales, lo que no ha pasado con los instrumentos internacionales en materia de juventud.
Chiapas, DF, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas tienen medidas para atender a la discriminación por orientación sexual, problema que cada vez se agudiza más, sin embargo o se encuentran programas disponibles en los sitios web de las instancias de juventud, sólo en el caso de DF.
Discriminación Laboral
Pese a representar más de 40% de las personas trabajadoras, las mujeres siguen enfrentando desventajas en el mercado laboral tales como salario inferior por labores iguales, despidos por embarazo o exigencia de examen de no gravidez para la contratación.
Los Gobiernos estatales simulan relaciones labores presentándoles como civiles, eliminando así prestaciones, derechos de antigüedad y seguridad social. Además están negando y criminalizando el derecho de asociación sindical, un ejemplo es el caso de trabajadoras del DIF municipal de León Guanajuato, que por organizar un sindicato fueron despedidas en el año 2005.
El trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas e importantes para millones de mujeres del mundo, a pesar de ello en México no ha sido posible a lo largo de 4 legislaturas, aprobar una ley que lo reconozca y garantice los derechos laborales de este sector, del cual el 90.9% son mujeres.
Como botón de muestra de la importancia que el poder ejecutivo da a este sector, hace un mes se publicitó ampliamente una reunión, encabezada por la primera dama, donde se anunciaría el acceso de las trabajadoras al INFONAVIT. Casi a modo de burla, el anuncio consistió en que se exhortaba a las/los empleadores a inscribir voluntariamente a las trabajadoras a esta prestación social.
La discriminación en la participación política
Las mujeres estamos subrepresentadas en todos los cargos de representación política y de toma de decisión. Ninguna mujer ha sido Presidenta de la República, sólo en dos de las 32 entidades federativas gobiernan mujeres, en las presidencias municipales sólo representan 5%; en el poder legislativo federal, son 24.8% (19% en el Senado y 26.8% en la Cámara de Diputados) y en los Congresos locales, el promedio de mujeres es de 21.5%, mismo que bajará a 19% -aproximadamente- con los resultados de la elección de julio pasado.
Sólo para el caso de las legisladoras federales se han impulsado acciones afirmativas. En 2002 se reformó el Código electoral para que al menos 30% de las candidatas fueran mujeres y en 2008, la cuota se amplió al 40%, sin embargo en los hechos la ley no se ha cumplido.
Después de la elección de 2009 fueron 136 las mujeres que arribaron al cargo de Diputada Federal, representando 28%, porcentaje que disminuyó casi de inmediato pues algunas diputadas electas solicitaron licencia para que en su lugar ocupara el cargo su suplente.
Esto ya había ocurrido en la legislatura pasada, y habíamos alertado del riesgo que existía de que los partidos políticos registraran candidaturas de mujeres pero planificando sus renuncias para que quienes ejerzan el cargo sean hombres.
Para garantizar la llegada y permanencia de las mujeres en los cargos es necesario impulsar y perfeccionar las leyes de cotas y también hacer valer, con voluntad política, su cumplimiento.
Por lo anterior le solicitamos
● Que en sus pronunciamientos públicos vinculados a esta visita, denuncie la discriminación persistente contra las mujeres en el ámbito laboral y político y el incumplimiento que ello representa de acuerdos internacionales firmados por México.
● Que solicite al Estado Mexicano un compromiso tangible con el cumplimiento de la ley y que opere sanciones a empleadores o partidos políticos que pretenden discriminar a las mujeres violando las leyes que protegen sus derechos.
Para mayor información comunicarse con:
Rosa Salazar al 044 55 30 70 40 79
Ángeles Medina al 044 55 27 62 36 22
Guadalupe Martínez al 044 55 16 77 97 98
comunicación@encuentrofeminista2010.org.mx
lunes, 9 de agosto de 2010
Consenso de Brasilia
¿Qué Estado, para qué Igualdad?
XI Conferencia sobre la Mujer y en Desarrollo del América Latina y el Caribe
(Brasilia julio del 2010)
La Comisión Económica para América Latina fue creada en febrero de 1948, es una de las cinco comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas. Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 44, y 9 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe.
En 1977 se creó la Unidad de Mujer en el Desarrollo que fue elevada a División de Género en el Desarrollo desde el 2008. Desde su creación organiza cada tres años la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y las reuniones subregionales preparatorias correspondientes: dos reuniones anuales de la Mesa Directiva de la Conferencia y dos reuniones anuales de expertas sobre temas de importancia para la implementación del Programa de Acción Regional y la Plataforma de Acción de Beijing. En cada Conferencia se elige una Presidencia, varias vicepresidencias y una Relatoría.
La CEPAL desarrolla sus actividades destinadas a mejorar la situación de la mujer en el marco del Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, aprobado por los Estados miembros en la undécima reunión extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, aprobado por los Estados miembros durante la sexta Conferencia Regional.
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que congrega a las autoridades de alto nivel encargadas de los temas relativos a la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a velar por la equidad de género en los países de la región.
Consenso de Brasilia
El documento aprobado en la XI Conferencia contiene una serie de avances en el enfoque y en las propuesta de políticas. Parte de considerar la heterogeneidad de situaciones que viven la mujeres en la región atendiendo a razones territoriales: campo/ciudad; a razones de identidad étnica racial: indígenas, afrodescendientes; a razones de orientación sexual: lesbianas, heterosexuales, familias del mismo sexo; a razones etarias: jóvenes, adultas mayores, mujeres en edad reproductiva. En todas las situaciones anteriormente descritas se visibiliza las condiciones de la asimetría de género: expresadas en la división sexual del trabajo, en la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado, entre otras.
El enfoque y los temas de políticas propuestos los consideramos un gran avance en la percepción de la situación de las mujeres en la región. También saludamos que el Consenso reconoce el aporte del movimiento feminista en la profundización de la democracia, la construcción de la igualdad real y del desarrollo de la institucionalidad y políticas públicas de género. Se habla de la lesbofobia como un obstáculo junto al racismo el sexismo, la violencia contra las mujeres, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado. Es la primera vez que un documento de la CEPAL reconoce a la lesbofobia como un obstáculo para alcanzar la meta de igualdad.
El tema de la Conferencia fue ¿Qué Estado, para qué igualdad?, tuvo como eje el balance de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.
El logro de la autonomía económica esta parafraseado de la siguiente manera “la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación entre independencia económica, derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y paridad en la política,…” Este fraseo expresa una compresión compleja del logro de la autonomía donde lo económico no está circunscrito a productividad sino a las condiciones en las cuales las mujeres se desempeñan a nivel productivo y reproductivo, el ámbito público y el ámbito privado.
Las mujeres indígenas y afrodescendientes son nombradas como prioritarias para las políticas y se resalta la necesidad de incorporarlas y calcular los efectos de las políticas en ellas.
La diversidad sexual es considerada en cuanto el reconocimiento de la lesbofobia como obstáculo, la necesidad de políticas de seguridad social que incorporen a las familias del mismo sexo.
Se afirma la laicidad del estado como condición para el ejercicio de los derechos de las mujeres y garantizar la libertad religiosa siempre que se respeten los derechos humanos de las mujeres.
Se insta a que los estado revisen las leyes que penalizan el aborto (5f) este punto fue uno de los más debatidos y lamentamos, rechazamos la reserva manifestada por los gobiernos de Costa Rica, Chile y Perú.
La XI Conferencia también aprobó dos resoluciones una en solidaridad con los pueblos de Haití y de Chile y otro saludando la conformación del organismo para políticas de género en la ONU y llamando a que su nombre una Directora procedente de ALC.
XI Conferencia sobre la Mujer y en Desarrollo del América Latina y el Caribe
(Brasilia julio del 2010)
La Comisión Económica para América Latina fue creada en febrero de 1948, es una de las cinco comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas. Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 44, y 9 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe.
En 1977 se creó la Unidad de Mujer en el Desarrollo que fue elevada a División de Género en el Desarrollo desde el 2008. Desde su creación organiza cada tres años la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y las reuniones subregionales preparatorias correspondientes: dos reuniones anuales de la Mesa Directiva de la Conferencia y dos reuniones anuales de expertas sobre temas de importancia para la implementación del Programa de Acción Regional y la Plataforma de Acción de Beijing. En cada Conferencia se elige una Presidencia, varias vicepresidencias y una Relatoría.
La CEPAL desarrolla sus actividades destinadas a mejorar la situación de la mujer en el marco del Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, aprobado por los Estados miembros en la undécima reunión extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, aprobado por los Estados miembros durante la sexta Conferencia Regional.
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que congrega a las autoridades de alto nivel encargadas de los temas relativos a la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a velar por la equidad de género en los países de la región.
Consenso de Brasilia
El documento aprobado en la XI Conferencia contiene una serie de avances en el enfoque y en las propuesta de políticas. Parte de considerar la heterogeneidad de situaciones que viven la mujeres en la región atendiendo a razones territoriales: campo/ciudad; a razones de identidad étnica racial: indígenas, afrodescendientes; a razones de orientación sexual: lesbianas, heterosexuales, familias del mismo sexo; a razones etarias: jóvenes, adultas mayores, mujeres en edad reproductiva. En todas las situaciones anteriormente descritas se visibiliza las condiciones de la asimetría de género: expresadas en la división sexual del trabajo, en la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado, entre otras.
El enfoque y los temas de políticas propuestos los consideramos un gran avance en la percepción de la situación de las mujeres en la región. También saludamos que el Consenso reconoce el aporte del movimiento feminista en la profundización de la democracia, la construcción de la igualdad real y del desarrollo de la institucionalidad y políticas públicas de género. Se habla de la lesbofobia como un obstáculo junto al racismo el sexismo, la violencia contra las mujeres, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado. Es la primera vez que un documento de la CEPAL reconoce a la lesbofobia como un obstáculo para alcanzar la meta de igualdad.
El tema de la Conferencia fue ¿Qué Estado, para qué igualdad?, tuvo como eje el balance de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.
El logro de la autonomía económica esta parafraseado de la siguiente manera “la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación entre independencia económica, derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y paridad en la política,…” Este fraseo expresa una compresión compleja del logro de la autonomía donde lo económico no está circunscrito a productividad sino a las condiciones en las cuales las mujeres se desempeñan a nivel productivo y reproductivo, el ámbito público y el ámbito privado.
Las mujeres indígenas y afrodescendientes son nombradas como prioritarias para las políticas y se resalta la necesidad de incorporarlas y calcular los efectos de las políticas en ellas.
La diversidad sexual es considerada en cuanto el reconocimiento de la lesbofobia como obstáculo, la necesidad de políticas de seguridad social que incorporen a las familias del mismo sexo.
Se afirma la laicidad del estado como condición para el ejercicio de los derechos de las mujeres y garantizar la libertad religiosa siempre que se respeten los derechos humanos de las mujeres.
Se insta a que los estado revisen las leyes que penalizan el aborto (5f) este punto fue uno de los más debatidos y lamentamos, rechazamos la reserva manifestada por los gobiernos de Costa Rica, Chile y Perú.
La XI Conferencia también aprobó dos resoluciones una en solidaridad con los pueblos de Haití y de Chile y otro saludando la conformación del organismo para políticas de género en la ONU y llamando a que su nombre una Directora procedente de ALC.
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