martes, 27 de abril de 2010

RELIGIONES, BIOETICA Y ESTADO LAICO. ROBERTO BLANCARTE

Religiones, bioética y Estado laico
Roberto Blancarte


• 2010-04-27• Milenio

¿Cuándo comienza la vida?, le preguntaron a varios dirigentes religiosos. El obispo católico contestó sin pensarlo: “Desde el momento de la concepción”. El imán musulmán reflexionó por algunos segundos y dijo: “La persona humana puede ser definida en el embrión solamente hasta el día número 100 del embarazo”. El rabino judío señaló: “Así como en la muerte, también hay un proceso en la aparición de la vida, distintas fases en la gestación de un ser. Según la Biblia y la interpretación, la persona no tiene identidad como tal, diferenciada de la madre en el momento de la concepción, sino en el alumbramiento”. Finalmente, se le hace la pregunta a un viejo profesor de filosofía y éste, después de una sesuda reflexión afirma: “La vida comienza cuando los hijos se van y el perro se muere”. El chiste puede parecer hasta irrespetuoso pero muestra muy bien cómo acerca de la vida puede haber muchas concepciones. La semana pasada participé en el Seminario Hispanoamericano de Bioética, organizado por el Colegio de Bioética, la Universidad de Nuevo León y el Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona. Allí traté de establecer una sola idea: en las discusiones sobre bioética y religión, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que ninguna religión es monolítica y que, por lo tanto, la pluralidad de creencias debe ser la base para la toma de decisiones.
En América Latina, sin embargo, la histórica hegemonía católica ha distorsionado nuestra perspectiva del papel de las religiones en los debates sobre bioética. Por un lado, no existe en términos generales la noción de que puede haber diversas posturas respecto a estos temas provenientes de un mercado religioso plural y, por el otro, dada la estructura piramidal y jerárquica de la propia Iglesia católica, tampoco hay mucha conciencia entre la gente de que la diversidad de opiniones dentro de una misma religión es más bien la regla y no la excepción. De hecho, una mirada rápida a las principales religiones del mundo nos muestra que el modelo católico de gobierno es más bien un vestigio del pasado, con crecientes dificultades para enfrentar los retos que el mundo moderno le plantea. No existe nada similar al poder pontifical en las otras religiones. De hecho, ni el islam ni el judaísmo se asumen como religiones que giran alrededor de modelos eclesiales o clericales. Mucho menos con una sola cabeza, incuestionada e incuestionable por sus propios hermanos de fe. El budismo tibetano, que también tiene una dirigencia, es sólo una expresión de los muchos budismos en diversas partes del mundo, así como lo es el shiismo con fuerte implantación en Irán e Irak. Los cristianismos ortodoxo, protestante y evangélico no conocen tampoco una sola cabeza ni un poder centralizador.
A pesar de todo, en el marco latinoamericano no se asume que la diversidad de opiniones religiosas es natural y común. Por el contrario, existe la tendencia a pensar lo religioso como una unidad doctrinal y teológica. En dicho contexto, la aparición de una bioética laica enfrenta una dificultad central: la de generar un espacio de decisiones que responda al interés público, independientemente de las creencias personales de cada quien, enfrentando por un lado las presiones de las dirigencias religiosas que desean moldear las legislaciones y políticas públicas y, por el otro, una cultura que no se asume como religiosa pero que de hecho permea las prácticas cotidianas y decisiones políticas de muchos sectores de la sociedad. Así por ejemplo el Senado puede hacer una reforma a las leyes con el objeto de eliminar el encarnizamiento terapéutico, pero es incapaz de permitir la eutanasia, para que el enfermo terminal pueda decidir en conciencia si quiere morir y las instituciones públicas lo ayuden para hacerlo sin dolor. La diferencia entre una y otra reforma es que el Senado todavía no puede concebir una ley laica que no dependa de la creencia religiosa de que el único que puede dar y quitar la vida es Dios. Lo más grave es que el Senado, dominado por el PAN, ese partido que se sigue oponiendo a la laicidad del Estado a través de la reforma al artículo 40, ni siquiera se cuestiona sobre este asunto. Los únicos que tienen derecho son los enfermos terminales que son creyentes; los agnósticos y ateos no pueden morir como lo desean.
La generación de una ética laica supone en consecuencia un aprendizaje acerca de la importancia del Estado laico para la convivencia en la pluralidad de opiniones y la diversidad de posiciones. El punto central en esta enseñanza es la necesidad de la defensa de la libertad de conciencia y el respeto de las minorías, para lo cual se requiere una autonomía de lo político frente a lo religioso. De esa manera, la laicidad no aparece como un contrapunto de las religiones en su interacción con la bioética, sino por el contrario como la característica esencial para la resolución de dilemas que conciernen a todos, creyentes en toda su diversidad y no creyentes, interesados todos en la definición de un interés público compatible con las mayores libertades posibles. Pero a nuestros políticos les sigue faltando mucha claridad al respecto. No nos queda más que la información y la paciencia.
blancart@colmex.mx

lunes, 26 de abril de 2010

ABORTO CON MEDICAMENTOS. IPAS

Aborto con medicamentos
El aborto con medicamentos, también conocido como aborto farmacológico, es el método para la interrupción del embarazo mediante el uso de tabletas, resultando en un proceso similar al aborto espontáneo. Al igual que la aspiración por vacío, el procedimiento de aborto con medicamentos es muy seguro y eficaz y ofrece ventajas únicas. Es un método no invasivo de interrumpir un embarazo no deseado, que las mujeres pueden utilizar en una variedad de entornos y, por lo general, en su propia casa.

Los medicamentos más eficaces para inducir el aborto son mifepristona y misoprostol usados en combinación. En los lugares donde no se dispone de mifepristona, misoprostol empleado por sí solo también es eficaz. Misoprostol es además un tratamiento recomendado para muchas otras afecciones obstétricas.

Millones de mujeres en todo el mundo ya han escogido esta tecnología probada. El procedimiento de aborto con medicamentos es particularmente prometedor para mujeres que corren un riesgo mayor al recurrir a métodos peligrosos o ineficaces de aborto, y para aquéllas a quienes les resulta difícil o imposible tener acceso a otros servicios de aborto debido al costo, la distancia u otros factores.

El trabajo de nuestra Iniciativa de Aborto con Medicamentos para establecer y ampliar el acceso a los servicios de aborto con medicamentos abarca:

Capacitación y mejoramiento de servicios
Investigación
Participación y movilización comunitaria
Políticas y promoción y defensa (advocacy)
Creación de redes que apoyen el acceso a los servicios de aborto con medicamentos.

http://www.ipas.org/Spanish/Topics/Aborto_con_medicamentos.aspx

miércoles, 14 de abril de 2010

Gobierno de Q. Roo viola derechos de niña

Un costo de la reforma fundamentalista
Marta Lamas
A la diputada priista María Hadad Castillo, por su valentía
MÉXICO, D.F., 13 de abril.-
En Quintana Roo se desarrolla un drama en torno a una niña de 10 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual de su padrastro. La pequeña, originaria de Rovirosa, una comunidad rural, queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto: en el caso de violación es hasta los 90 días, y ella tiene ya cuatro meses de gestación, o sea, 120 días. La diputada María Hadad Castillo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, ha hecho un llamado para que los médicos interrumpan ese embarazo. Según Hadad Castillo, una posibilidad sería que los médicos declararan que su vida corre peligro y así se aplicaría la cuarta causal, que señala que el aborto no será punible cuando, “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida”. De acuerdo con la diputada, y coincido con ella, la vida de la chiquita ya está en peligro: violada reiteradamente, enfrenta una maternidad forzada para la cual no está preparada. Los médicos del DIF hablan de un embarazo de alto riesgo, pero no de peligro para su vida. ¿Por qué? Porque piensan que asumir esa postura los convertiría en “abortistas”, y tienen miedo, luego de que en abril del año pasado 18 diputados (13 del PRI, cuatro del PAN y uno del Verde Ecologista) aprobaron en Quintana Roo la reforma que consagra al ser, desde su concepción, como “sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes”. (Los siete diputados que votaron en contra fueron uno del PRI, uno de Convergencia, uno del PRD, dos del Verde Ecologista, uno del Panal y uno del PT.) A partir de ese momento, muchos médicos que tenían una postura humanitaria respecto al aborto percibieron un riesgo y dieron un paso atrás: no se quieren meter en problemas. No es un temor infundado el que sienten. Hace unos meses se dio el caso de una joven embarazada de siete meses que, al mover los muebles de su casa, tuvo un aborto imprudencial. Llegó al hospital, luego de haber perdido tres litros de sangre, sólo para que la detuviera la policía. La Procuraduría, en un gesto que la hizo más papista que el Papa, reclasificó ese aborto imprudencial como homicidio culposo agravado por parentesco y metió a la muchacha a la cárcel. La presión de diversos grupos de la sociedad fue tal que se logró que la Procuraduría se desistiera y el juez la dejara libre. Pero este incidente marcó un giro punitivo fuera de lo común, derivado de la reciente reforma. Según la diputada Hadad, Quintana Roo es el estado líder en abuso sexual contra menores. En el estudio que UNICEF y el DIF hicieron sobre la infancia en México, mientras el índice de abuso sexual contra niños alcanzaba un promedio nacional de 3.4, en Quintana Roo casi se triplicaba: 9.7. Y como estos índices se construyen a partir de las demandas presentadas, si se consideraran los casos que no llegan a denunciarse el número real sería mucho mayor. Es espantosa la cobardía que rodea el caso de la chiquita violada y embarazada. Aunque la diputada priista ha intentado introducir algo de racionalidad al asunto, las demás autoridades son pusilánimemente precavidas. Areli Camargo Chávez, procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, señaló que aunque la menor de edad “no deja de ser una niña”, es mejor que continúe con la gestación. ¿Mejor para quién? Esta funcionaria afirmó que, de acuerdo “con el informe del ginecólogo, su vida no corre peligro; el embarazo es de alto riesgo, no va a ser natural, será cesárea; sin embargo, su bienestar se garantiza si se continúa con él”. ¿Qué implica llevar a término el producto de una violación? ¿Acaso se trata de que la niña dé a luz a una muñeca con la cual jugar? ¿No hay una visión de futuro que respete su vida? Camargo Chávez concedió que, en caso de que se “comprobara” que la vida de la niña estuviese en riesgo, “ella siempre sería la prioridad”. ¿Quién va a arriesgar esa “comprobación”, cuando a raíz de la reciente reforma se ha provocado recelo entre los médicos? Más que tomar una determinación pensando que el futuro de esa niña debería ser estudiar y jugar, se introducen juicios morales y religiosos sobre la vida por venir. ¿Eligió esa niña ser madre? ¿Es tan complejo regresarla a la situación previa?En nuestro país el conflicto en torno al aborto va a persistir mientras no se deslinde en serio el aspecto legal del moral. Hay que prevenir los abortos con una educación sexual amplia y con una oferta sostenida de métodos anticonceptivos. Pero también hay que remediar los embarazos no deseados, especialmente los que son producto de la violencia sexual. Tal vez una mujer adulta pueda consentir un embarazo producto de una violación. Una niña de 10 años no está en condiciones de hacerlo. Por último, se necesita unificar el tratamiento penal del aborto en todo el territorio nacional. Sólo la seguridad jurídica de no estar cometiendo un delito hará que los médicos se atrevan a resolver humanitariamente situaciones trágicas como la de esta chiquita. Mientras tanto, es imprescindible escuchar voces como las de la diputada Hadad Castillo, que obligan a revisar y debatir las consecuencias de las 17 nefastas reformas conservadoras. Editorial EL UNIVERSALLa engañosa publicidad14 de abril de 2010