● En México existen 108.4 millones de personas de las cuales 50.9 por ciento son mujeres, de este porcentaje 67 de cada 100 mujeres enfrenta violencia en su comunidad, con su pareja, en su trabajo, en la escuela y al interior de su familia.
● Las estadísticas señalan que en México las mujeres son objeto de actos de discriminación, violencia, explotación laboral, explotación sexual, y de leyes estatales, reglamentos y normatividades que no reconocen sus derechos.
● A fin de propiciar la reflexión y el análisis de la situación de las mujeres y el feminismo en México y plantear nuevas formas de articulación, mujeres a nivel nacional organizan el Encuentro Nacional Feminista 2010.
Desde el Encuentro Nacional Feminista (ENF2010) reconocemos el avance en las políticas hacia las mujeres en la última década, producto de las demandas feministas, pero todavía:
- La muerte materna sigue siendo un problema relacionado con la pobreza y la falta de acceso a servicios de calidad.
- Las mujeres siguen sin ejercer plenamente su derecho a decidir, especialmente con las modificaciones legales que penalizan el aborto en 18 entidades de la República Mexicana.
- Los distintos tipos de violencia que viven las mujeres continúan constituyendo un flagelo que mina la vida, la salud, física, mental y emocional de las mexicanas.
El feminicidio en México, se incrementa de forma preocupante sin que se haya declarado aún la alerta de género en lugares donde los porcentajes lo exigen.
Por todo ello, demandamos:
Más y mejores servicios de salud que eviten más muertes maternas, políticas públicas que contribuyan al cumplimiento de las Metas del Milenio, compromiso firmado por nuestro país.
Políticas y acciones que permitan dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la declaración de la Alerta de Género en las entidades con mayores porcentajes de feminicidio como el Estado de México y Chihuahua.
Justicia inmediata para las familias de las mujeres asesinadas y desaparecidas.
Justicia pronta y expedita para las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y otros tipos de violencia de género.
El movimiento feminista se rearticula para demandar, proponer y vigilar el cumplimiento de las leyes y compromisos internacionales referidos a los derechos humanos de las mujeres.
Para mayor información comunicarse con:
Rosa Salazar al 044 55 30 70 40 79
Ángeles Medina al 044 55 27 62 36 22
Guadalupe Martínez al 044 55 16 77 97 98
comunicación@encuentrofeminista2010.org.mx
INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DELAS MUJERES EN MÉXICO
1. Aborto, Embarazo, derecho a decidir
En abril de 2007 se despenalizo el aborto en el DF, a la fecha 17 estados de la republica han promovido el derecho a la vida desde la concepción, atentando así en contra del derecho a decidir de las mujeres.
De abril de 2007 al 6 de julio de 2010 42,873 mujeres han suspendido su embarazo, de las cuales 3,206 son menores de edad ( 7.4 % del total de ILEs realizadas).
En cifras del 2008, por grupos de edad, el 0.8 % eran del grupo de 11 a 14 años, 5.3% de 15 a 17, 46.6 % de 18 a 24, el 21.4% de 25 a 29. lo que colocaba a las jóvenes en el 74.1% de las mujeres que abortan.
De las mujeres jóvenes del país, 45% ha tenido al menos un hijo nacido vivo. Uno de cada 6 nacimientos del país ocurre en jóvenes menores de 19 años, representando el 17% de la población.
La Encuesta Nacional de Juventud 2005 arroja datos acerca de la edad del primer embarazo de las jóvenes, el cual se concentra fundamentalmente entre los 18 y los 20 años con 14.5%, segui¬do de quienes tenían menos de 18 años con 26.8%, entre los 21 y 23 años son 20.7%, y más de 23 años, 10%. Con lo que la mayoría de los embarazos en jóvenes son de las mujeres más jóvenes. Los jóvenes unidos o casados representan sólo 23.9% del total, y quienes alguna vez han estado unidos confor¬man el 2.4%.
Muerte materna
Según estimaciones de CONAPO 2007, 4 de cada 100 mil mujeres jóvenes (15-24) mueren a causa de complicaciones con el parto y puerperio, en estados como Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero mueren más de 6 jóvenes por cada 100 mil. Lo que convierte a la muerte materna en la cuarta causa de muerte de mujeres jóvenes.
En cifras del informe sobre la salud en el mundo de 2005 ¡Cada madre y cada niño contarán! Organización Mundial de la Salud, reporta que por cada 100 mil nacidos mueren 83 mujeres.
2. Anticoncepción de emergencia
Desde el 21 de enero del 2004, la AE está incluida en la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar. El 11 de julio de 2005 se incluyó en el cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
En el 2010 se aprobó la norma de salud número 46 que establece la obligación de las instituciones de salud a brindar la anticoncepción de emergencia a todas las mujeres que han sido victimas de violencia sexual.
El 63.8% de la población joven encuestada en la ENJ 2005 dice no conocer la AE, sólo el 12% la ha utilizado.
Métodos anticonceptivos
El 45% de las mujeres de 15 a 19 años usan anticonceptivos, 59.3% de 20 a 24 y 67.8% de 25 a 29. De las jóvenes unidas, 61.6% usa métodos anticonceptivos y una de cada dos enfrentó al menos un incidente de violencia conyugal al mismo año.
En datos de la ENJ 2005 el 92% de las y los jóvenes conoce algún método anticonceptivo, y sólo el 63% utiliza alguno, el 25% dice que no le gusta utilizarlos, el 15% comenta que en la pareja no están de acuerdo. El 49% dijo no haber utilizado un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Quienes si, usaron condón.
ITS y VIH
En México 20% de las infecciones de VIH se presenta en jóvenes de 15 a 24 años. De 37 mil casos de sida reportados en 2008, 30 mil fueron en hombres y el resto en mujeres.
3. Atención a la violencia de género
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2006 revela que el 43% de las mujeres del país han sido victimas de violencia, 54% para el Estado de México y el 33% en Coahuila. El 30% reporto haber tenido algún incidente de violencia en el ámbito laboral, acoso, hostigamiento o abuso sexual. El 16% en la escuela, 40% en los espacios comunitarios, 42% ha sufrido violencia sexual y 92% intimidación.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo ENVINOV 2007, 15% de las y los jóvenes encuestados (15-24) reportaron haber sufrido violencia física, 76% violencia psicológica y el 16% violencia sexual.
4. Homofobia, discriminación y orientación sexual
Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 48% de la población no permitiría que un homosexual viviera en su casa, el 94% de las personas homosexuales dice que hay discriminación en su contra, 43% dice haber sido víctima de un acto de discriminación, en el último año, también consideran que se ha incrementado la discriminación en los últimos cinco años.
Como antes se menciono, en el país existen 12 leyes estatales de juventud, y sólo 3 estados reconocen los DDSSRR: DF, Veracruz y Zacatecas.
En el caso del aborto, 16 estados (Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, DF, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas) tienen causales para acceder a este sin que sea un delito, sólo para el DF esta despenalizado.
El derecho a decidir, actualmente se enfrenta a 17 Estados que promueven el derecho a la vida desde la concepción y que criminaliza a las mujeres que abortan, eliminando uno de los derechos sexuales y reproductivos más importantes: decidir de forma libre sobre el cuerpo.
Puebla y Querétaro son los únicos estados que no cuentan con medidas de protección en violencia de género, el resto de los estados cuenta con acciones implementadas por los institutos de la mujer estatales, sin embargo son pocas las instancias de la juventud que incluyen actividades dirigidas hacia la prevención y erradicación de esta problemática, a pesar de que el gobierno mexicano si haya ratificado documentos internacionales, lo que no ha pasado con los instrumentos internacionales en materia de juventud.
Chiapas, DF, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas tienen medidas para atender a la discriminación por orientación sexual, problema que cada vez se agudiza más, sin embargo o se encuentran programas disponibles en los sitios web de las instancias de juventud, sólo en el caso de DF.
Discriminación Laboral
Pese a representar más de 40% de las personas trabajadoras, las mujeres siguen enfrentando desventajas en el mercado laboral tales como salario inferior por labores iguales, despidos por embarazo o exigencia de examen de no gravidez para la contratación.
Los Gobiernos estatales simulan relaciones labores presentándoles como civiles, eliminando así prestaciones, derechos de antigüedad y seguridad social. Además están negando y criminalizando el derecho de asociación sindical, un ejemplo es el caso de trabajadoras del DIF municipal de León Guanajuato, que por organizar un sindicato fueron despedidas en el año 2005.
El trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas e importantes para millones de mujeres del mundo, a pesar de ello en México no ha sido posible a lo largo de 4 legislaturas, aprobar una ley que lo reconozca y garantice los derechos laborales de este sector, del cual el 90.9% son mujeres.
Como botón de muestra de la importancia que el poder ejecutivo da a este sector, hace un mes se publicitó ampliamente una reunión, encabezada por la primera dama, donde se anunciaría el acceso de las trabajadoras al INFONAVIT. Casi a modo de burla, el anuncio consistió en que se exhortaba a las/los empleadores a inscribir voluntariamente a las trabajadoras a esta prestación social.
La discriminación en la participación política
Las mujeres estamos subrepresentadas en todos los cargos de representación política y de toma de decisión. Ninguna mujer ha sido Presidenta de la República, sólo en dos de las 32 entidades federativas gobiernan mujeres, en las presidencias municipales sólo representan 5%; en el poder legislativo federal, son 24.8% (19% en el Senado y 26.8% en la Cámara de Diputados) y en los Congresos locales, el promedio de mujeres es de 21.5%, mismo que bajará a 19% -aproximadamente- con los resultados de la elección de julio pasado.
Sólo para el caso de las legisladoras federales se han impulsado acciones afirmativas. En 2002 se reformó el Código electoral para que al menos 30% de las candidatas fueran mujeres y en 2008, la cuota se amplió al 40%, sin embargo en los hechos la ley no se ha cumplido.
Después de la elección de 2009 fueron 136 las mujeres que arribaron al cargo de Diputada Federal, representando 28%, porcentaje que disminuyó casi de inmediato pues algunas diputadas electas solicitaron licencia para que en su lugar ocupara el cargo su suplente.
Esto ya había ocurrido en la legislatura pasada, y habíamos alertado del riesgo que existía de que los partidos políticos registraran candidaturas de mujeres pero planificando sus renuncias para que quienes ejerzan el cargo sean hombres.
Para garantizar la llegada y permanencia de las mujeres en los cargos es necesario impulsar y perfeccionar las leyes de cotas y también hacer valer, con voluntad política, su cumplimiento.
Por lo anterior le solicitamos
● Que en sus pronunciamientos públicos vinculados a esta visita, denuncie la discriminación persistente contra las mujeres en el ámbito laboral y político y el incumplimiento que ello representa de acuerdos internacionales firmados por México.
● Que solicite al Estado Mexicano un compromiso tangible con el cumplimiento de la ley y que opere sanciones a empleadores o partidos políticos que pretenden discriminar a las mujeres violando las leyes que protegen sus derechos.
Para mayor información comunicarse con:
Rosa Salazar al 044 55 30 70 40 79
Ángeles Medina al 044 55 27 62 36 22
Guadalupe Martínez al 044 55 16 77 97 98
comunicación@encuentrofeminista2010.org.mx
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miércoles, 11 de agosto de 2010
lunes, 9 de agosto de 2010
Consenso de Brasilia
¿Qué Estado, para qué Igualdad?
XI Conferencia sobre la Mujer y en Desarrollo del América Latina y el Caribe
(Brasilia julio del 2010)
La Comisión Económica para América Latina fue creada en febrero de 1948, es una de las cinco comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas. Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 44, y 9 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe.
En 1977 se creó la Unidad de Mujer en el Desarrollo que fue elevada a División de Género en el Desarrollo desde el 2008. Desde su creación organiza cada tres años la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y las reuniones subregionales preparatorias correspondientes: dos reuniones anuales de la Mesa Directiva de la Conferencia y dos reuniones anuales de expertas sobre temas de importancia para la implementación del Programa de Acción Regional y la Plataforma de Acción de Beijing. En cada Conferencia se elige una Presidencia, varias vicepresidencias y una Relatoría.
La CEPAL desarrolla sus actividades destinadas a mejorar la situación de la mujer en el marco del Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, aprobado por los Estados miembros en la undécima reunión extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, aprobado por los Estados miembros durante la sexta Conferencia Regional.
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que congrega a las autoridades de alto nivel encargadas de los temas relativos a la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a velar por la equidad de género en los países de la región.
Consenso de Brasilia
El documento aprobado en la XI Conferencia contiene una serie de avances en el enfoque y en las propuesta de políticas. Parte de considerar la heterogeneidad de situaciones que viven la mujeres en la región atendiendo a razones territoriales: campo/ciudad; a razones de identidad étnica racial: indígenas, afrodescendientes; a razones de orientación sexual: lesbianas, heterosexuales, familias del mismo sexo; a razones etarias: jóvenes, adultas mayores, mujeres en edad reproductiva. En todas las situaciones anteriormente descritas se visibiliza las condiciones de la asimetría de género: expresadas en la división sexual del trabajo, en la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado, entre otras.
El enfoque y los temas de políticas propuestos los consideramos un gran avance en la percepción de la situación de las mujeres en la región. También saludamos que el Consenso reconoce el aporte del movimiento feminista en la profundización de la democracia, la construcción de la igualdad real y del desarrollo de la institucionalidad y políticas públicas de género. Se habla de la lesbofobia como un obstáculo junto al racismo el sexismo, la violencia contra las mujeres, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado. Es la primera vez que un documento de la CEPAL reconoce a la lesbofobia como un obstáculo para alcanzar la meta de igualdad.
El tema de la Conferencia fue ¿Qué Estado, para qué igualdad?, tuvo como eje el balance de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.
El logro de la autonomía económica esta parafraseado de la siguiente manera “la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación entre independencia económica, derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y paridad en la política,…” Este fraseo expresa una compresión compleja del logro de la autonomía donde lo económico no está circunscrito a productividad sino a las condiciones en las cuales las mujeres se desempeñan a nivel productivo y reproductivo, el ámbito público y el ámbito privado.
Las mujeres indígenas y afrodescendientes son nombradas como prioritarias para las políticas y se resalta la necesidad de incorporarlas y calcular los efectos de las políticas en ellas.
La diversidad sexual es considerada en cuanto el reconocimiento de la lesbofobia como obstáculo, la necesidad de políticas de seguridad social que incorporen a las familias del mismo sexo.
Se afirma la laicidad del estado como condición para el ejercicio de los derechos de las mujeres y garantizar la libertad religiosa siempre que se respeten los derechos humanos de las mujeres.
Se insta a que los estado revisen las leyes que penalizan el aborto (5f) este punto fue uno de los más debatidos y lamentamos, rechazamos la reserva manifestada por los gobiernos de Costa Rica, Chile y Perú.
La XI Conferencia también aprobó dos resoluciones una en solidaridad con los pueblos de Haití y de Chile y otro saludando la conformación del organismo para políticas de género en la ONU y llamando a que su nombre una Directora procedente de ALC.
XI Conferencia sobre la Mujer y en Desarrollo del América Latina y el Caribe
(Brasilia julio del 2010)
La Comisión Económica para América Latina fue creada en febrero de 1948, es una de las cinco comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas. Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 44, y 9 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe.
En 1977 se creó la Unidad de Mujer en el Desarrollo que fue elevada a División de Género en el Desarrollo desde el 2008. Desde su creación organiza cada tres años la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y las reuniones subregionales preparatorias correspondientes: dos reuniones anuales de la Mesa Directiva de la Conferencia y dos reuniones anuales de expertas sobre temas de importancia para la implementación del Programa de Acción Regional y la Plataforma de Acción de Beijing. En cada Conferencia se elige una Presidencia, varias vicepresidencias y una Relatoría.
La CEPAL desarrolla sus actividades destinadas a mejorar la situación de la mujer en el marco del Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, aprobado por los Estados miembros en la undécima reunión extraordinaria del Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa de Acción Regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001, aprobado por los Estados miembros durante la sexta Conferencia Regional.
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que congrega a las autoridades de alto nivel encargadas de los temas relativos a la situación de las mujeres y las políticas dirigidas a velar por la equidad de género en los países de la región.
Consenso de Brasilia
El documento aprobado en la XI Conferencia contiene una serie de avances en el enfoque y en las propuesta de políticas. Parte de considerar la heterogeneidad de situaciones que viven la mujeres en la región atendiendo a razones territoriales: campo/ciudad; a razones de identidad étnica racial: indígenas, afrodescendientes; a razones de orientación sexual: lesbianas, heterosexuales, familias del mismo sexo; a razones etarias: jóvenes, adultas mayores, mujeres en edad reproductiva. En todas las situaciones anteriormente descritas se visibiliza las condiciones de la asimetría de género: expresadas en la división sexual del trabajo, en la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado, entre otras.
El enfoque y los temas de políticas propuestos los consideramos un gran avance en la percepción de la situación de las mujeres en la región. También saludamos que el Consenso reconoce el aporte del movimiento feminista en la profundización de la democracia, la construcción de la igualdad real y del desarrollo de la institucionalidad y políticas públicas de género. Se habla de la lesbofobia como un obstáculo junto al racismo el sexismo, la violencia contra las mujeres, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado. Es la primera vez que un documento de la CEPAL reconoce a la lesbofobia como un obstáculo para alcanzar la meta de igualdad.
El tema de la Conferencia fue ¿Qué Estado, para qué igualdad?, tuvo como eje el balance de los logros y desafíos para alcanzar la igualdad de género con énfasis en la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres.
El logro de la autonomía económica esta parafraseado de la siguiente manera “la autonomía económica de las mujeres es el resultado de una articulación entre independencia económica, derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia y paridad en la política,…” Este fraseo expresa una compresión compleja del logro de la autonomía donde lo económico no está circunscrito a productividad sino a las condiciones en las cuales las mujeres se desempeñan a nivel productivo y reproductivo, el ámbito público y el ámbito privado.
Las mujeres indígenas y afrodescendientes son nombradas como prioritarias para las políticas y se resalta la necesidad de incorporarlas y calcular los efectos de las políticas en ellas.
La diversidad sexual es considerada en cuanto el reconocimiento de la lesbofobia como obstáculo, la necesidad de políticas de seguridad social que incorporen a las familias del mismo sexo.
Se afirma la laicidad del estado como condición para el ejercicio de los derechos de las mujeres y garantizar la libertad religiosa siempre que se respeten los derechos humanos de las mujeres.
Se insta a que los estado revisen las leyes que penalizan el aborto (5f) este punto fue uno de los más debatidos y lamentamos, rechazamos la reserva manifestada por los gobiernos de Costa Rica, Chile y Perú.
La XI Conferencia también aprobó dos resoluciones una en solidaridad con los pueblos de Haití y de Chile y otro saludando la conformación del organismo para políticas de género en la ONU y llamando a que su nombre una Directora procedente de ALC.
viernes, 19 de febrero de 2010
FAVOR DE LA DESPENALIZACION DEL ABORTO
BOLETÍN
México, D.F., 19 de febrero de 2010
BOL_17/10
Se debe respetar la libertad de las personas a decidir sobre su cuerpo
Sí A LA DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO
Ante la reactivación del debate en torno a la despenalización del aborto y los intentos por dar marcha atrás a una legislación de avanzada en la materia, Convergencia ratifica su posición:
El embarazo y la reproducción son fenómenos íntimamente vinculados con la integridad corporal, la libertad de conciencia, la autonomía y la privacidad de las mujeres.
Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ratificadas por la Suprema Corte de Justicia, mediante las cuales se permite la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta la décimo segunda semana de gestación, significan una legislación de avanzada, que apoyó y apoya Convergencia. Los abortos clandestinos significan la cuarta causa de muerte entre las mujeres mexicanas; son, por tanto, un grave problema de salud pública.
Convergencia reconoce y defiende el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sustentado en el Artículo 4 de nuestra Constitución Política, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y proclama el derecho a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. En Convergencia no se descalifican a priori las consideraciones éticas y religiosas que cada persona o grupo tengan sobre el tema del aborto; sin embargo, sostenemos que se debe respetar la libertad de las personas para decidir sobre su cuerpo.
La interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad y gratuidad constituye un acto de conciencia, un derecho básico de todos los individuos que la sociedad debe respetar. También son derechos humanos fundamentales los reproductivos, la educación sexual, la información y el acceso a todos los métodos anticonceptivos y una vida sexual libre de violencia, entre otros.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por México, garantizan los derechos de las mujeres a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a la privacidad, a la información, a la libertad religiosa y de conciencia, a igual protección por la ley y a tomar decisiones independientes.
Sólo la mujer puede saber cuándo es el momento de tener hijos, cuál es el momento en el que se afecta su calidad y proyecto de vida, cuáles son las condiciones económicas y de salud que favorezcan el embarazo; es decir; sólo ella tiene derecho a decidir cuándo es el momento para la maternidad. Es un derecho constitucional inalienable y fundamento de la dignidad humana
En este contexto, parte fundamental del debate sobre la despenalización del aborto también debe centrarse en la defensa del Estado laico y no en la consideración de un Estado en el que prevalezcan una religión y un concepto de moral “oficiales”, lo que haría irresoluble el problema. Los grupos opositores a la interrupción voluntaria exponen sus argumentos conforme a la fe, y no se apoyan en posturas científicas que señalan al aborto como un problema de salud pública nacional y mundial.
Desde diversos puntos contrarios al ejercicio de este derecho y de esta libertad, se alienta peligrosamente una confrontación que sólo genera fanatismo y polarización y desgasta a las instituciones del gobierno. Es urgente convocar a la conciliación, a la tolerancia y, sobre todo, a ser congruentes con la libertad de conciencia, la protección a la salud y la laicidad del Estado mexicano.
Finalmente, el debate va más allá del establecimiento de un conjunto de leyes y servicios médicos, hasta hoy insuficientes. Hay muchas y muy variadas cuestiones a discutir en torno a la despenalización del aborto. Señaladamente las condiciones de desprotección sexual, de ignorancia y de pobreza en que vive gran parte de la población. Supone también un rediseño de la vida social que atienda al aborto como un problema de salud pública nacional y, en ese sentido, buscar consensos para la articulación de alternativas en el marco de la equidad de género y la igualdad social.
UN NUEVO RUMBO PARA LA NACIÓN
EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Luis Walton Aburto
Armando López Campa
Presidente
Secretario General
México, D.F., 19 de febrero de 2010
BOL_17/10
Se debe respetar la libertad de las personas a decidir sobre su cuerpo
Sí A LA DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO
Ante la reactivación del debate en torno a la despenalización del aborto y los intentos por dar marcha atrás a una legislación de avanzada en la materia, Convergencia ratifica su posición:
El embarazo y la reproducción son fenómenos íntimamente vinculados con la integridad corporal, la libertad de conciencia, la autonomía y la privacidad de las mujeres.
Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ratificadas por la Suprema Corte de Justicia, mediante las cuales se permite la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta la décimo segunda semana de gestación, significan una legislación de avanzada, que apoyó y apoya Convergencia. Los abortos clandestinos significan la cuarta causa de muerte entre las mujeres mexicanas; son, por tanto, un grave problema de salud pública.
Convergencia reconoce y defiende el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sustentado en el Artículo 4 de nuestra Constitución Política, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y proclama el derecho a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. En Convergencia no se descalifican a priori las consideraciones éticas y religiosas que cada persona o grupo tengan sobre el tema del aborto; sin embargo, sostenemos que se debe respetar la libertad de las personas para decidir sobre su cuerpo.
La interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad y gratuidad constituye un acto de conciencia, un derecho básico de todos los individuos que la sociedad debe respetar. También son derechos humanos fundamentales los reproductivos, la educación sexual, la información y el acceso a todos los métodos anticonceptivos y una vida sexual libre de violencia, entre otros.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por México, garantizan los derechos de las mujeres a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a la privacidad, a la información, a la libertad religiosa y de conciencia, a igual protección por la ley y a tomar decisiones independientes.
Sólo la mujer puede saber cuándo es el momento de tener hijos, cuál es el momento en el que se afecta su calidad y proyecto de vida, cuáles son las condiciones económicas y de salud que favorezcan el embarazo; es decir; sólo ella tiene derecho a decidir cuándo es el momento para la maternidad. Es un derecho constitucional inalienable y fundamento de la dignidad humana
En este contexto, parte fundamental del debate sobre la despenalización del aborto también debe centrarse en la defensa del Estado laico y no en la consideración de un Estado en el que prevalezcan una religión y un concepto de moral “oficiales”, lo que haría irresoluble el problema. Los grupos opositores a la interrupción voluntaria exponen sus argumentos conforme a la fe, y no se apoyan en posturas científicas que señalan al aborto como un problema de salud pública nacional y mundial.
Desde diversos puntos contrarios al ejercicio de este derecho y de esta libertad, se alienta peligrosamente una confrontación que sólo genera fanatismo y polarización y desgasta a las instituciones del gobierno. Es urgente convocar a la conciliación, a la tolerancia y, sobre todo, a ser congruentes con la libertad de conciencia, la protección a la salud y la laicidad del Estado mexicano.
Finalmente, el debate va más allá del establecimiento de un conjunto de leyes y servicios médicos, hasta hoy insuficientes. Hay muchas y muy variadas cuestiones a discutir en torno a la despenalización del aborto. Señaladamente las condiciones de desprotección sexual, de ignorancia y de pobreza en que vive gran parte de la población. Supone también un rediseño de la vida social que atienda al aborto como un problema de salud pública nacional y, en ese sentido, buscar consensos para la articulación de alternativas en el marco de la equidad de género y la igualdad social.
UN NUEVO RUMBO PARA LA NACIÓN
EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Luis Walton Aburto
Armando López Campa
Presidente
Secretario General
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