RELIGIONES, BIOETICA Y ESTADO LAICO. ROBERTO BLANCARTE

Religiones, bioética y Estado laico
Roberto Blancarte
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• 2010-04-27• Milenio

¿Cuándo comienza la vida?, le preguntaron a varios dirigentes religiosos. El obispo católico contestó sin pensarlo: “Desde el momento de la concepción”. El imán musulmán reflexionó por algunos segundos y dijo: “La persona humana puede ser definida en el embrión solamente hasta el día número 100 del embarazo”. El rabino judío señaló: “Así como en la muerte, también hay un proceso en la aparición de la vida, distintas fases en la gestación de un ser. Según la Biblia y la interpretación, la persona no tiene identidad como tal, diferenciada de la madre en el momento de la concepción, sino en el alumbramiento”. Finalmente, se le hace la pregunta a un viejo profesor de filosofía y éste, después de una sesuda reflexión afirma: “La vida comienza cuando los hijos se van y el perro se muere”. El chiste puede parecer hasta irrespetuoso pero muestra muy bien cómo acerca de la vida puede haber muchas concepciones. La semana pasada participé en el Seminario Hispanoamericano de Bioética, organizado por el Colegio de Bioética, la Universidad de Nuevo León y el Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona. Allí traté de establecer una sola idea: en las discusiones sobre bioética y religión, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que ninguna religión es monolítica y que, por lo tanto, la pluralidad de creencias debe ser la base para la toma de decisiones.
En América Latina, sin embargo, la histórica hegemonía católica ha distorsionado nuestra perspectiva del papel de las religiones en los debates sobre bioética. Por un lado, no existe en términos generales la noción de que puede haber diversas posturas respecto a estos temas provenientes de un mercado religioso plural y, por el otro, dada la estructura piramidal y jerárquica de la propia Iglesia católica, tampoco hay mucha conciencia entre la gente de que la diversidad de opiniones dentro de una misma religión es más bien la regla y no la excepción. De hecho, una mirada rápida a las principales religiones del mundo nos muestra que el modelo católico de gobierno es más bien un vestigio del pasado, con crecientes dificultades para enfrentar los retos que el mundo moderno le plantea. No existe nada similar al poder pontifical en las otras religiones. De hecho, ni el islam ni el judaísmo se asumen como religiones que giran alrededor de modelos eclesiales o clericales. Mucho menos con una sola cabeza, incuestionada e incuestionable por sus propios hermanos de fe. El budismo tibetano, que también tiene una dirigencia, es sólo una expresión de los muchos budismos en diversas partes del mundo, así como lo es el shiismo con fuerte implantación en Irán e Irak. Los cristianismos ortodoxo, protestante y evangélico no conocen tampoco una sola cabeza ni un poder centralizador.
A pesar de todo, en el marco latinoamericano no se asume que la diversidad de opiniones religiosas es natural y común. Por el contrario, existe la tendencia a pensar lo religioso como una unidad doctrinal y teológica. En dicho contexto, la aparición de una bioética laica enfrenta una dificultad central: la de generar un espacio de decisiones que responda al interés público, independientemente de las creencias personales de cada quien, enfrentando por un lado las presiones de las dirigencias religiosas que desean moldear las legislaciones y políticas públicas y, por el otro, una cultura que no se asume como religiosa pero que de hecho permea las prácticas cotidianas y decisiones políticas de muchos sectores de la sociedad. Así por ejemplo el Senado puede hacer una reforma a las leyes con el objeto de eliminar el encarnizamiento terapéutico, pero es incapaz de permitir la eutanasia, para que el enfermo terminal pueda decidir en conciencia si quiere morir y las instituciones públicas lo ayuden para hacerlo sin dolor. La diferencia entre una y otra reforma es que el Senado todavía no puede concebir una ley laica que no dependa de la creencia religiosa de que el único que puede dar y quitar la vida es Dios. Lo más grave es que el Senado, dominado por el PAN, ese partido que se sigue oponiendo a la laicidad del Estado a través de la reforma al artículo 40, ni siquiera se cuestiona sobre este asunto. Los únicos que tienen derecho son los enfermos terminales que son creyentes; los agnósticos y ateos no pueden morir como lo desean.
La generación de una ética laica supone en consecuencia un aprendizaje acerca de la importancia del Estado laico para la convivencia en la pluralidad de opiniones y la diversidad de posiciones. El punto central en esta enseñanza es la necesidad de la defensa de la libertad de conciencia y el respeto de las minorías, para lo cual se requiere una autonomía de lo político frente a lo religioso. De esa manera, la laicidad no aparece como un contrapunto de las religiones en su interacción con la bioética, sino por el contrario como la característica esencial para la resolución de dilemas que conciernen a todos, creyentes en toda su diversidad y no creyentes, interesados todos en la definición de un interés público compatible con las mayores libertades posibles. Pero a nuestros políticos les sigue faltando mucha claridad al respecto. No nos queda más que la información y la paciencia.
blancart@colmex.mx

DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS EN RELACIÓN A LAS RECIENTES LEYES ANTIABORTO

DECLARACIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS EN RELACIÓN A LAS RECIENTES LEYES ANTIABORTO

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC), con motivo del cincuentenario de su fundación, ha hecho una reflexión crítica y autocrítica sobre la labor que el país y ella misma han realizado durante el pasado medio siglo en pro de la ciencia en México. Nuestro objetivo ha sido crear y fortalecer la investigación y la educación científicas en todos los campos del conocimiento y propugnar porque el acervo de saberes que la ciencia universal ha generado se aplique a comprender nuestra realidad y a resolver los problemas que nuestro presente y la atención de nuestro futuro plantean. Nuestra Academia y la comunidad científica nacional realizan constantemente esfuerzos comprometidos y expresiones de alerta para señalar los aspectos causantes de que el país siga rezagándose día a día con respecto al resto del mundo, como muestran objetivamente numerosos indicadores internacionales de desarrollo económico, social, político y humano. En este contexto, nos preocupa el inaceptable fenómeno regresivo que en los últimos meses ha estado socavando la racionalidad política en el país y amenazando con retroceder a etapas dolorosamente superadas hace siglo y medio. Nos referimos a las reformas de las Constituciones Políticas locales en 18 Estados de la Federación, realizadas en fechas recientes con el apoyo expreso de líderes religiosos y con la participación instrumental de varios partidos políticos. El efecto inmediato de dichas reformas consiste en penalizar el aborto, convirtiendo, contra toda lógica, en delincuentes a las mujeres que toman tal decisión por razones respetables y, en último caso, en uso de su legítimo derecho a decidir sobre cuestiones que atañen a su propio cuerpo y a su dignidad personal. A ninguna persona de nuestro tiempo escapa lo que tales reformas significan, a saber:



1. En lo jurídico, una violación de los principios del Estado laico y una amenaza contra la racionalidad del sistema jurídico nacional.

2. En lo científico, una incompatibilidad flagrante entre el concepto moderno, multifacético y complejo, de lo que es un ser humano y la simplista, arbitraria y

poco informada definición de la vida en que se basan las reformas indicadas.

3. En lo práctico, una maniobra insidiosa con potencial para penalizar de modo tajante y obtuso a las mujeres de México y a los médicos involucrados y, como

propósito subyacente, establecer un método de legislar que no considere los avances de la ciencia.

Quienes suscribimos esta declaración consideramos, como mexicanos y profesionales de la ciencia, que es nuestra obligación expresar esta opinión sobre el riesgoso proceso a que nos referimos. Por tanto, hacemos un llamado a los órganos políticos y jurídicos competentes, y a toda la ciudadanía, a reflexionar sobre las consecuencias de los hechos señalados y a detenerlos a tiempo, antes de que los mismos lleven al país a etapas de confrontación que a todos dañarían.



La presidenta Rosaura Ruiz Gutiérrez y los ex presidentes Francisco G. Bolívar Zapata, José Antonio de la Peña, René Drucker Colín, Jorge Flores Valdés, Mauricio Fortes Besprosvani, Carlos Gual Castro, Ismael Herrera Revilla, Juan Pedro Laclette San Román, Adolfo Martínez Palomo, Raúl Ondarza Vidaurreta, Octavio Paredes López, Antonio Peña Díaz, Daniel Reséndiz Núñez, Pablo Rudomín Zevnovaty, José Sarukhán Kermez y Guillermo Soberón Acevedo.

México, D. F., a 5 de enero de 2010.



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