¡LESLY ES INOCENTE!
Tijuana, Baja California.- Hoy 5 de mayo de 2011, será liberada Lesly, la joven bajacaliforniana sentenciada injustamente y sin fundamento legal por la jueza Raquel Burgoin Lozano, titular del juzgado cuarto de lo penal a 23 años de prisión por sufrir un parto inmaduro o aborto espontáneo bajo el delito de homicidio agravado en razón de parentesco. El día 3 de mayo Lesly cumplió 22 años de edad y el 17 de éste mes cumpliría 3 años en prisión en el CERESO de Mexicali.
La 4ta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, después de revisar los agravios presentados por el abogado Arnoldo Castilla y de haber recibido una comunicación de Amnistía Internacional, la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, los esfuerzos de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos en conjunto con otras organizaciones y miembros de la Sociedad Civil logro revertir su primer instancia y dio el fallo absolutorio y ordeno su inmediata liberación.
El TSJBC recibió presión social a nivel local, nacional e internacional gracias al movimiento feminista nacional y población civil que lucharon de manera constante a través de marchas, demostraciones en las calles, los medios y las redes sociales.
La Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos en Baja California, Alaide Foppa en BC, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Federación Mexicana de Universitarias, el Pacto Nacional por la Vida, la Salud y los Derechos de las Mujeres, AFABI, la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista, GIRE, el Colectivo Rosa Chillante, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, el movimiento “Ni una más, ni uno más”, DDSER, el Grupo Nacional Derecho a Decidir, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, el Colegio de Abogadas de Tijuana y muchos colectivos, organizaciones, académicas, activistas, nos unimos en una sola voz al exigir la liberación inmediata de la joven.
La Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos considera que este es sólo un paso hacia la justicia para las mujeres en el Estado, queremos recalcar que aun existen más mujeres presas por sufrir un aborto o un parto inmaduro en Baja California y en otras Entidades Federativas. La RIPDH reafirma su compromiso de trabajar con otras organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil por la liberación de las mujeres presas por aborto o por sufrir partos inmaduros.
Por la garantía del derecho a la vida de las mujeres, del derecho a la salud, la libertad y el derecho a decidir.
¡Todas las mujeres, todos los derechos!
Hoy sale libre Lesly… ¿cuándo saldrán las demás?
Mtra. Meritxell Calderón Vargas
Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos
http://www.redderechoshumanos.org/blog/
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viernes, 6 de mayo de 2011
viernes, 1 de octubre de 2010
CUANDO DOLORES GRITO
CUANDO DOLORES GRITO
DRA. SANDRA PENICHE QUINTAL
Era un sábado por la noche de un mes de septiembre, donde la quietud y el sonar de múltiples insectos arrullaban el sueño de pobladores. Ya todos acogidos en sus casas, plácidamente dormidos, irrumpe unos toquidos en el postigo: “Don Pancho, Don Panchito, abra, abra Don Pancho…”
Para el domingo en la tarde, nadie respingaba, había silencio, pesar, se veían por diferentes lados grupitos de entre 3 y 5 señoras, tres o cuatro muchachas, en la cancha, un grupo mayor de muchachos y en la cantina, los borrachos de siempre.
El ambiente se respiraba cargado, como si el tiempo se hubiera detenido. Los corazones latían con fuerza, las voces por ratos subían de tono. El lenguaje corporal manifestaba algún desasosiego, algo que lamentar. En la cuadra del final, había llanto, resos, flores, una mesa como altar, la casa olía a limpio, a recién lavada. Esperaban los dos féretros…
Por qué tuvo que ser así?. Por qué pasó si apenas dos días antes fue a su consulta?. Porqué si hicimos todo lo que dijo el médico?. Por qué si llevó su control de cada mes?. Era tan joven, tan buena, quería terminar sus estudios y ayudar a sus padres, por qué tuvo que ser así?.
Meses antes, al salir de un festival escolar y rumbo al taxi colectivo para regresar a su casa, María fue rodeada por tres hombres jóvenes quienes la abordaron con toda clase de improperios, tocándola por todas partes aterrorizándola, hasta que una camioneta se acercó con un cuarto hombre. Con exceso de rudeza la metieron y huyeron hacia la carretera hasta un paraje donde la bajaron sin cesar de agredirla verbal y físicamente, con amenzas de muerte a su vida. Ahí, esos cuatro hombres, la despojaron violentamente de su ropa y mientras unos la sujetaban, otro la violaba entre carcajadas, insultos, escupitajos y mordidas además de los golpes en todo el cuerpo. A sus 16 años y sus 40 kilos de peso, vivió lo que jamás ninguna mujer a ninguna edad tendría que vivir. La violación tumultuaria de cuatro hombres. Y no, no están enfermos. La violencia no es enfermedad, es el uso irracional de la fuerza para someter a otra u otro en contra de su voluntad. La violación es un acto brutal para literalmente des-hacer a la víctima ya sea mujer o niño. La violación es un delito grave, tan grave o más que un asesinato.
María despertó muchas horas después en el monte, a cientos de metros de la carretera, la dejaron desnuda, con la ropa entre los matorrales hecha jirones. Estaba toda ensangrentada, con múltiples heridas, con la cara tumefacta de tantos golpes y mordidas, con la vulva, la vagina y el ano destrozados. Apenas si podía moverse, no podía llorar más, estaba en shock. Cuando recobró la conciencia estaba en el hospital…
A María le atendieron las lesiones, como no podía decir quiénes fueron, les pareció que no había denuncia que poner. María curó sus heridas físicas pero nadie le atendió las heridas de los sentimientos, de la psique, del alma. Nadie vió por su seguridad, por su integridad. Terrores nocturnos la empezaron a acompañar, no conciliaba el sueño, no podía descansar, tampoco salir, estaba desencajada, con la mirada perdida, con la vida en el vacío. María trató de apartar de su mente, de su memoria esas voces, esos cuerpos, esos movimientos que la lasceraron. Empezó a sentir que de sus entrañas brotaba pus, amarillenta, fétida. Se lavaba muchas veces por día pero ese horrendo flujo seguía saliendo. Poco después, le empezaron a doler los pechos, pero aunque todavía estaban un poco morados, ese dolor, esa molestia, era diferente. Su regla no le había bajado pero María no tenía cabeza para darse cuenta y su madre pensó que era por el susto, por el gran susto y la tristeza que era evidente. Cuando empezó con dolor en el bajo vientre y a notar que su orina estaba caliente y que le ardía orinar, la volvieron a llevar al hospital. Le dijeron que era una infección en la orina y le recetaron unos medicamentos que la hacían orinar de color naranja. Pero el flujo amarillento y a veces café o como chocolate, seguía saliendo. Y volvió al hospital. Por ultrasonido detectaron que tenía un embarazo de 11 semanas y como estaba embarazada, no le podían dar medicamentos. Ella dijo que no quería ese embarazo, pidió que se lo quitaran, pero le hicieron juicio sumario y la condenaron a parir. María fue condenada a la tortura. Desde entonces ya moría, transcurrió el tiempo y ella sin salir de su casa más que para ir a su control prenatal. No volvió más a la escuela, estaba en calidad de presa, sin aliento, sin esperanza, sin amigas ni amigos. Moribunda en su morada, sin afecto, escondida y negada a los demás. Sus párpados hinchados un día si y otro también ¡María deja de llorar que ya pasó! ¡Deberías de estar feliz por esa criatura regalo del señor!. María pensaba, ¿de cuál señor?, ¿de los cuatro o de uno sólo?. Y un pensamiento le hacía brotar sus lágrimas, extrañaba su voz, sus caricias, sus besos. ¡María mira cómo tienes de hinchados los ojos!, le decían cada vez. Y se acercaba el 8º mes, María una vez más con el doctor y éste le decía que todo iba bien, que después de tanto tiempo ya no había nada que llorar, que se pondría fea.
Ese día, cuando regresó a su casa, estaba esperándola quien la amaba. Sus ojos se desorbitaron al verla tan mal, en un estado deplorable. María rompió en desgarrador llanto, le contó todo y cómo no había podido escribirle desde que la violaron y la mataron en vida. Y se quedó a hacerle compañía. Hablaron de todo y de nada, las horas pasaron y anocheció cuando de pronto María convulsionó, su cuerpo se tensó, empezó a sacudirse y arrojaba líquido y espuma por la boca, sus ojos en blanco y la piel fría y sudorosa.
Don Pancho abrió la puerta y en su camioneta trasladaron a María al hospital. En el trayecto sobrevino una hemorragia. En el hospital fue todo tan rápido, las enfermeras tratando de encontrarle una vena y llamando al médico. Doctor, doctor, una emergencia, paciente con eclampsia convulsionando y sangrando. Minutos eternos…
Dolores lanzó un grito que se escuchó y sacudió al mundo entero cuando María murió. Una muerte prevenible, una muerte anunciada…más de una vida truncada.
Dra. Sandra Peniche Quintal.
PUBLICADO EN EL DIARIO POR ESTO EL 18 DE SEPT/2010.
DRA. SANDRA PENICHE QUINTAL
Era un sábado por la noche de un mes de septiembre, donde la quietud y el sonar de múltiples insectos arrullaban el sueño de pobladores. Ya todos acogidos en sus casas, plácidamente dormidos, irrumpe unos toquidos en el postigo: “Don Pancho, Don Panchito, abra, abra Don Pancho…”
Para el domingo en la tarde, nadie respingaba, había silencio, pesar, se veían por diferentes lados grupitos de entre 3 y 5 señoras, tres o cuatro muchachas, en la cancha, un grupo mayor de muchachos y en la cantina, los borrachos de siempre.
El ambiente se respiraba cargado, como si el tiempo se hubiera detenido. Los corazones latían con fuerza, las voces por ratos subían de tono. El lenguaje corporal manifestaba algún desasosiego, algo que lamentar. En la cuadra del final, había llanto, resos, flores, una mesa como altar, la casa olía a limpio, a recién lavada. Esperaban los dos féretros…
Por qué tuvo que ser así?. Por qué pasó si apenas dos días antes fue a su consulta?. Porqué si hicimos todo lo que dijo el médico?. Por qué si llevó su control de cada mes?. Era tan joven, tan buena, quería terminar sus estudios y ayudar a sus padres, por qué tuvo que ser así?.
Meses antes, al salir de un festival escolar y rumbo al taxi colectivo para regresar a su casa, María fue rodeada por tres hombres jóvenes quienes la abordaron con toda clase de improperios, tocándola por todas partes aterrorizándola, hasta que una camioneta se acercó con un cuarto hombre. Con exceso de rudeza la metieron y huyeron hacia la carretera hasta un paraje donde la bajaron sin cesar de agredirla verbal y físicamente, con amenzas de muerte a su vida. Ahí, esos cuatro hombres, la despojaron violentamente de su ropa y mientras unos la sujetaban, otro la violaba entre carcajadas, insultos, escupitajos y mordidas además de los golpes en todo el cuerpo. A sus 16 años y sus 40 kilos de peso, vivió lo que jamás ninguna mujer a ninguna edad tendría que vivir. La violación tumultuaria de cuatro hombres. Y no, no están enfermos. La violencia no es enfermedad, es el uso irracional de la fuerza para someter a otra u otro en contra de su voluntad. La violación es un acto brutal para literalmente des-hacer a la víctima ya sea mujer o niño. La violación es un delito grave, tan grave o más que un asesinato.
María despertó muchas horas después en el monte, a cientos de metros de la carretera, la dejaron desnuda, con la ropa entre los matorrales hecha jirones. Estaba toda ensangrentada, con múltiples heridas, con la cara tumefacta de tantos golpes y mordidas, con la vulva, la vagina y el ano destrozados. Apenas si podía moverse, no podía llorar más, estaba en shock. Cuando recobró la conciencia estaba en el hospital…
A María le atendieron las lesiones, como no podía decir quiénes fueron, les pareció que no había denuncia que poner. María curó sus heridas físicas pero nadie le atendió las heridas de los sentimientos, de la psique, del alma. Nadie vió por su seguridad, por su integridad. Terrores nocturnos la empezaron a acompañar, no conciliaba el sueño, no podía descansar, tampoco salir, estaba desencajada, con la mirada perdida, con la vida en el vacío. María trató de apartar de su mente, de su memoria esas voces, esos cuerpos, esos movimientos que la lasceraron. Empezó a sentir que de sus entrañas brotaba pus, amarillenta, fétida. Se lavaba muchas veces por día pero ese horrendo flujo seguía saliendo. Poco después, le empezaron a doler los pechos, pero aunque todavía estaban un poco morados, ese dolor, esa molestia, era diferente. Su regla no le había bajado pero María no tenía cabeza para darse cuenta y su madre pensó que era por el susto, por el gran susto y la tristeza que era evidente. Cuando empezó con dolor en el bajo vientre y a notar que su orina estaba caliente y que le ardía orinar, la volvieron a llevar al hospital. Le dijeron que era una infección en la orina y le recetaron unos medicamentos que la hacían orinar de color naranja. Pero el flujo amarillento y a veces café o como chocolate, seguía saliendo. Y volvió al hospital. Por ultrasonido detectaron que tenía un embarazo de 11 semanas y como estaba embarazada, no le podían dar medicamentos. Ella dijo que no quería ese embarazo, pidió que se lo quitaran, pero le hicieron juicio sumario y la condenaron a parir. María fue condenada a la tortura. Desde entonces ya moría, transcurrió el tiempo y ella sin salir de su casa más que para ir a su control prenatal. No volvió más a la escuela, estaba en calidad de presa, sin aliento, sin esperanza, sin amigas ni amigos. Moribunda en su morada, sin afecto, escondida y negada a los demás. Sus párpados hinchados un día si y otro también ¡María deja de llorar que ya pasó! ¡Deberías de estar feliz por esa criatura regalo del señor!. María pensaba, ¿de cuál señor?, ¿de los cuatro o de uno sólo?. Y un pensamiento le hacía brotar sus lágrimas, extrañaba su voz, sus caricias, sus besos. ¡María mira cómo tienes de hinchados los ojos!, le decían cada vez. Y se acercaba el 8º mes, María una vez más con el doctor y éste le decía que todo iba bien, que después de tanto tiempo ya no había nada que llorar, que se pondría fea.
Ese día, cuando regresó a su casa, estaba esperándola quien la amaba. Sus ojos se desorbitaron al verla tan mal, en un estado deplorable. María rompió en desgarrador llanto, le contó todo y cómo no había podido escribirle desde que la violaron y la mataron en vida. Y se quedó a hacerle compañía. Hablaron de todo y de nada, las horas pasaron y anocheció cuando de pronto María convulsionó, su cuerpo se tensó, empezó a sacudirse y arrojaba líquido y espuma por la boca, sus ojos en blanco y la piel fría y sudorosa.
Don Pancho abrió la puerta y en su camioneta trasladaron a María al hospital. En el trayecto sobrevino una hemorragia. En el hospital fue todo tan rápido, las enfermeras tratando de encontrarle una vena y llamando al médico. Doctor, doctor, una emergencia, paciente con eclampsia convulsionando y sangrando. Minutos eternos…
Dolores lanzó un grito que se escuchó y sacudió al mundo entero cuando María murió. Una muerte prevenible, una muerte anunciada…más de una vida truncada.
Dra. Sandra Peniche Quintal.
PUBLICADO EN EL DIARIO POR ESTO EL 18 DE SEPT/2010.
martes, 28 de septiembre de 2010
Yo Aborto, Tú Abosrtas, NADIE SE CALLA
28 de setiembre día latinoamericano y caribeño por el aborto
legal y seguro.
Yo aborto, tu abortas, nadie más se calla
JUANA TIENE 20 AÑOS es madre de hijos de dos y tres años. El mayor vive con ella y el
más chico con la abuela. Ambos niños sufren de parálisis cerebral. Ella no tiene
trabajo ni otros recursos; su pobreza es extrema. Fue a una policlínica donde recibió
asesoramiento sobre cómo interrumpir el embarazo sin riesgo y eso fue todo. Por eso,
después de la consulta, peregrinó por las organizaciones sociales de su barrio:
abrazada a su hijo enfermo pedía ayuda para abortar. Al cabo de cuatro semanas una
asistente social se conmovió y organizó una colecta que permitió a Juana acceder al
misoprostol. Juliana abortó en la semana doce de gestación.
MARÍA TIENE 32 AÑOS y para su familia era imposible sostener otro hijo en el momento
que quedó embarazada. Con relativa facilidad pudo obtener información sobre cómo
abortar sin riesgo, pero para acceder al misoprostol necesitó llegar a una oculta red
solidaria. Desde la semana siete hasta la trece se realizó diez intervenciones con el
medicamento. Fueron diez madrugadas de soledad, buscando cualquier señal de su
cuerpo. Fueron diez madrugadas de clandestinidad médica y omisión de asistencia.
ROMINA TIENE 18 AÑOS, Su madre y sus hermanas trabajan para que ella estudie. En la
casa están orgullosas de lo bien que le va en el liceo. Romina quedó embarazada y el
miedo le robó la palabra. No pudo decir nada; no pudo comer más y llegó a un intento
de suicidio por el que fue internada. Pasados tres días le dieron el alta, y de vuelta en
su casa logró compartir su drama. Las hermanas se movilizaron; contra reloj hicieron
la consulta y consiguieron el medicamento. Romina se colocó las pastillas y esperó:
primero llegó el dolor, después los vómitos, la diarrea y la fiebre; al final fue el alivio.
CRISTINA TIENE 44 AÑOS, hijos grandes y una nieta. Un nuevo embarazo la sorprendió
tanto a ella como a su marido. Después de mucha vuelta decidieron no continuarlo.
Fue a la casa de una vecina que entrega pastillas en el barrio, quien le indicó dónde ir.
El día de la consulta en el [Hospital] Pereira [Rossell] una mujer la abordó en la sala
de espera y le ofreció misoprostol. Cobraba tres mil pesos por cuatro pastillas; de
momento intercambiaron teléfonos. Cristina, después de recibir del Hospital nada más
que información, consiguió un préstamo, arregló el encuentro y se hizo con las
pastillas.
MARIANA TIENE 19 AÑOS y está decidida a no continuar un embarazo que la sorprendió.
Ella y su novio organizan una reunión con las familias de ambos para explicar la
situación y pedir ayuda. Viven en uno de los departamentos del interior donde ningún
servicio de salud brinda asesoramiento. Las familias llaman a distintos contactos hasta
que logran dar con alguien que les orienta. Entonces, Mariana y su padre viajan a
Montevideo donde hacen la consulta médica y consiguen misoprostol. De vuelta,
siguiendo las instrucciones se coloca el medicamento. Sin dolor, sin síntoma alguno,
Mariana sangra por tres días. Al cuarto día un dolor intenso pone en alerta a la familia.
Inmediatamente acuden a la emergencia donde queda internada por complicaciones
hasta que la consideran fuera de peligro. “Hasta ahora no me había dado cuenta hasta
dónde se equivocó Tabaré con el veto”, repite una y otra vez el padre.
ALICIA TIENE 20 AÑOS, su pareja 21 y su hijo apenas uno. Viven todos en la casa de su
suegra en un barrio de trabajadores pobres cerca de Montevideo. Cuando se sabe
nuevamente embarazada consulta con su compañero y asumen que en ese momento
sería una irresponsabilidad meter otro niño en su mundo. Van a una consulta de
asesoramiento en el [Hospital] Pereira [Rossell] y vuelven sin saber por dónde
empezar a resolver lo práctico. Pasaron muchas semanas antes que pudieran
conseguir el misoprostol. No hablaron de su situación ni la decisión con nadie. Cuando
consiguieron las pastillas Alicia se las colocó como le indicaron hacerlo, pero oculta en
el baño para que su suegra no la viera, y cuando su esposo estaba trabajando. Como
cursaba la semana diecisiete de gestación, la evacuación fue rápida, violenta y
dolorosa en más de un sentido. La suegra sintió las quejas, vió la sangre en el suelo y
llamó al 911 para que la asistieran. Iba a llegar más rápido que la asistencia médica.
El Estado uruguayo asesoró a Alicia sobre cómo abortar sin riesgo, y el mismo Estado
uruguayo la detuvo, incomunicó y sometió a la justicia penal por hacerlo.
ESTAS Y MUCHAS OTRAS SITUACIONES SIMILARES OCURRIERON EN NUESTRO PAÍS ESTE AÑO
LAS CONOCEMOS A TRAVÉS DE LAS PROTAGONISTAS, SUS FAMILIARES, O QUIENES LAS AYUDARON
MIENTRAS SE LEEN ESTAS HISTORIAS, SE ESTÁN PRODUCIENDO OTRAS DE IGUAL CONTENIDO
POR ESO ES URGENTE QUE SE DESPENALICE EL ABORTO
En noviembre de 2010, cuando se cumplan tres años desde que el Presidente
Tabaré Vázquez vetó el capítulo II de la Ley de Defensa del derecho a la Salud
Sexual y Reproductiva que despenalizaba el aborto, probablemente unas cien
mil mujeres habrán abortado de maneras similares a las que hoy compartimos
con ustedes.
Es posible que algunos cientos de ellas hayan accedido a mejores condiciones
sanitarias o a acompañamiento para interrumpir sus embarazos, pero la parte
más vulnerable de nuestra sociedad carece de esas posibilidades.
Cuando se necesita interrumpir un embarazo, ser mujer es ser vulnerable,
porque ellas deben afrontar la decisión de asumir una conducta delictiva o ser
madre forzada. La criminalización del aborto coloca a las mujeres en esa
disyuntiva inmoral.
El Presidente de la República se comprometió a no vetar la despenalización del
aborto, así como siendo legislador la acompañó cada vez que estuvo sobre la
mesa. Para que el Presidente pueda no vetar, el Parlamento debe votar.
Cotidiano Mujer
Ovejas Negras
Pro Derechos
RUDA
legal y seguro.
Yo aborto, tu abortas, nadie más se calla
JUANA TIENE 20 AÑOS es madre de hijos de dos y tres años. El mayor vive con ella y el
más chico con la abuela. Ambos niños sufren de parálisis cerebral. Ella no tiene
trabajo ni otros recursos; su pobreza es extrema. Fue a una policlínica donde recibió
asesoramiento sobre cómo interrumpir el embarazo sin riesgo y eso fue todo. Por eso,
después de la consulta, peregrinó por las organizaciones sociales de su barrio:
abrazada a su hijo enfermo pedía ayuda para abortar. Al cabo de cuatro semanas una
asistente social se conmovió y organizó una colecta que permitió a Juana acceder al
misoprostol. Juliana abortó en la semana doce de gestación.
MARÍA TIENE 32 AÑOS y para su familia era imposible sostener otro hijo en el momento
que quedó embarazada. Con relativa facilidad pudo obtener información sobre cómo
abortar sin riesgo, pero para acceder al misoprostol necesitó llegar a una oculta red
solidaria. Desde la semana siete hasta la trece se realizó diez intervenciones con el
medicamento. Fueron diez madrugadas de soledad, buscando cualquier señal de su
cuerpo. Fueron diez madrugadas de clandestinidad médica y omisión de asistencia.
ROMINA TIENE 18 AÑOS, Su madre y sus hermanas trabajan para que ella estudie. En la
casa están orgullosas de lo bien que le va en el liceo. Romina quedó embarazada y el
miedo le robó la palabra. No pudo decir nada; no pudo comer más y llegó a un intento
de suicidio por el que fue internada. Pasados tres días le dieron el alta, y de vuelta en
su casa logró compartir su drama. Las hermanas se movilizaron; contra reloj hicieron
la consulta y consiguieron el medicamento. Romina se colocó las pastillas y esperó:
primero llegó el dolor, después los vómitos, la diarrea y la fiebre; al final fue el alivio.
CRISTINA TIENE 44 AÑOS, hijos grandes y una nieta. Un nuevo embarazo la sorprendió
tanto a ella como a su marido. Después de mucha vuelta decidieron no continuarlo.
Fue a la casa de una vecina que entrega pastillas en el barrio, quien le indicó dónde ir.
El día de la consulta en el [Hospital] Pereira [Rossell] una mujer la abordó en la sala
de espera y le ofreció misoprostol. Cobraba tres mil pesos por cuatro pastillas; de
momento intercambiaron teléfonos. Cristina, después de recibir del Hospital nada más
que información, consiguió un préstamo, arregló el encuentro y se hizo con las
pastillas.
MARIANA TIENE 19 AÑOS y está decidida a no continuar un embarazo que la sorprendió.
Ella y su novio organizan una reunión con las familias de ambos para explicar la
situación y pedir ayuda. Viven en uno de los departamentos del interior donde ningún
servicio de salud brinda asesoramiento. Las familias llaman a distintos contactos hasta
que logran dar con alguien que les orienta. Entonces, Mariana y su padre viajan a
Montevideo donde hacen la consulta médica y consiguen misoprostol. De vuelta,
siguiendo las instrucciones se coloca el medicamento. Sin dolor, sin síntoma alguno,
Mariana sangra por tres días. Al cuarto día un dolor intenso pone en alerta a la familia.
Inmediatamente acuden a la emergencia donde queda internada por complicaciones
hasta que la consideran fuera de peligro. “Hasta ahora no me había dado cuenta hasta
dónde se equivocó Tabaré con el veto”, repite una y otra vez el padre.
ALICIA TIENE 20 AÑOS, su pareja 21 y su hijo apenas uno. Viven todos en la casa de su
suegra en un barrio de trabajadores pobres cerca de Montevideo. Cuando se sabe
nuevamente embarazada consulta con su compañero y asumen que en ese momento
sería una irresponsabilidad meter otro niño en su mundo. Van a una consulta de
asesoramiento en el [Hospital] Pereira [Rossell] y vuelven sin saber por dónde
empezar a resolver lo práctico. Pasaron muchas semanas antes que pudieran
conseguir el misoprostol. No hablaron de su situación ni la decisión con nadie. Cuando
consiguieron las pastillas Alicia se las colocó como le indicaron hacerlo, pero oculta en
el baño para que su suegra no la viera, y cuando su esposo estaba trabajando. Como
cursaba la semana diecisiete de gestación, la evacuación fue rápida, violenta y
dolorosa en más de un sentido. La suegra sintió las quejas, vió la sangre en el suelo y
llamó al 911 para que la asistieran. Iba a llegar más rápido que la asistencia médica.
El Estado uruguayo asesoró a Alicia sobre cómo abortar sin riesgo, y el mismo Estado
uruguayo la detuvo, incomunicó y sometió a la justicia penal por hacerlo.
ESTAS Y MUCHAS OTRAS SITUACIONES SIMILARES OCURRIERON EN NUESTRO PAÍS ESTE AÑO
LAS CONOCEMOS A TRAVÉS DE LAS PROTAGONISTAS, SUS FAMILIARES, O QUIENES LAS AYUDARON
MIENTRAS SE LEEN ESTAS HISTORIAS, SE ESTÁN PRODUCIENDO OTRAS DE IGUAL CONTENIDO
POR ESO ES URGENTE QUE SE DESPENALICE EL ABORTO
En noviembre de 2010, cuando se cumplan tres años desde que el Presidente
Tabaré Vázquez vetó el capítulo II de la Ley de Defensa del derecho a la Salud
Sexual y Reproductiva que despenalizaba el aborto, probablemente unas cien
mil mujeres habrán abortado de maneras similares a las que hoy compartimos
con ustedes.
Es posible que algunos cientos de ellas hayan accedido a mejores condiciones
sanitarias o a acompañamiento para interrumpir sus embarazos, pero la parte
más vulnerable de nuestra sociedad carece de esas posibilidades.
Cuando se necesita interrumpir un embarazo, ser mujer es ser vulnerable,
porque ellas deben afrontar la decisión de asumir una conducta delictiva o ser
madre forzada. La criminalización del aborto coloca a las mujeres en esa
disyuntiva inmoral.
El Presidente de la República se comprometió a no vetar la despenalización del
aborto, así como siendo legislador la acompañó cada vez que estuvo sobre la
mesa. Para que el Presidente pueda no vetar, el Parlamento debe votar.
Cotidiano Mujer
Ovejas Negras
Pro Derechos
RUDA
28 DE SEPT. DIA INTERNACIONAL POR LA DESPENALIZACION DEL ABORTO EN LAC
28 de septiembre.
Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Declaración Pública
MATERNIDAD LIBRE y SEGURA PARA TODAS
Por el Derecho a la Interrupción Libre del Embarazo
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres sin ninguna discriminación, de los que forman parte los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas. El Art. 76 de la CRBV garantiza la protección integral a la maternidad, establece el derecho a decidir el número de hijos y a disponer de la información y de los medios que aseguren el ejercicio de este derecho.
La maternidad voluntaria y libre, protegida y apoyada socialmente es derecho humano fundamental, que se construye con el derecho a la integridad y soberanía sobre el propio cuerpo de todas las mujeres. Implica reconocer a las mujeres como sujetos sociales como personas con autonomía y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos, el espacio entre los nacimientos y con libertad para continuar o interrumpir embarazos. Esta decisión debe ser soberana y pertenece exclusivamente a las mujeres embarazadas, sin interferencia por parte del Estado o de terceros.
Todas las mujeres queremos una maternidad deseada con alegría, vital y segura, no forzada por leyes ni obligada por imperativos ideológicos cargados de prejuicios, hipocresía y desconocimiento. En esto, el Estado venezolano está en deuda con las mujeres y su dignidad como personas y sujetas de derechos, y toda la sociedad está involucrada en resolver el grave problema de justicia y de salud que significa la vigente penalización del aborto.
Destacamos que la construcción de una sociedad humanista no será posible mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por interrupciones clandestinas de embarazo y sean objeto de condenas y castigos. Las muertes por aborto y la cárcel por aborto son un oprobio para la vida social venezolana. Se trata de injusticia clara y manifiesta.
Las mujeres venezolanas merecemos que se nos reconozca soberanía de decisión sobre nuestros cuerpos, y la comprensión de que detrás de un aborto inducido hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción o falla de algún método, pobreza y abandono, irresponsabilidad paterna, enfermedades de la mujer o gestaciones con graves malformaciones, entre otros motivos. Las mujeres pobres son la mayoría de las que mueren o quedan gravemente lesionadas en las interrupciones inseguras del embarazo, y lejos de ser criminales, son víctimas del modo de organización de la sociedad. Su principal pecado es ser mujeres pobres.
Llamamos a la reflexión sobre algunas realidades de la interrupción del embarazo:
· La interrupción del embarazo tiene una larga historia de prohibición que sólo consigue hacer su práctica insegura y peligrosa, dando lugar a un negocio rentable que niega el derecho a la salud a las mujeres pobres exponiéndolas a graves consecuencias, incluso la muerte.
· La ilegalidad de la interrupción del embarazo transforma un acto de decisión personal en un acto criminal.
· La interrupción del embarazo es una decisión personal tomada habitualmente como último recurso.
· La penalización de la interrupción del embarazo discrimina a las mujeres frente a los hombres. Los hombres abandonan, las mujeres abortan.
· Las mujeres quedamos embarazadas contra nuestra voluntad, pero no lo hacemos solas: detrás de cada embarazo interrumpido hay una historia de irresponsabilidad, inconsciencia o predominio de un modelo sexual de dominación masculina.
· Graves consecuencias biológicas, sociales, psicológicas derivan de embarazos forzados.
· En la interrupción del embarazo subyace la complejidad de la sexualidad humana, en cuya comprensión tienen mucho que aportar los saberes ancestrales de las mujeres y los avances de la ciencia.
· El estado no debe obligar a las mujeres a tener hijos no deseados y menos recurriendo al Código Penal.
· El estado venezolano es laico y debe legislar como tal, sin presiones religiosas, ni prejuicios oscurantistas.
Las feministas venezolanas organizadas en redes y colectivos sociales, reclamamos un nuevo Código Penal sin discriminación sexual y de género, que despenalice y abra el acceso a una interrupción del embarazo legal, segura y gratuita como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.
Sólo poniendo fin a la indignidad del aborto clandestino, se acabará el drama de las muertes maternas por esta causa, se garantizará el ejercicio de la maternidad libre y segura, se resguardará la salud y vida de las mujeres, y el bienestar de sus familias.
La maternidad no se impone, se respeta y se apoya.
Por el derecho a la soberanía del cuerpo femenino.
Sin derecho a elegir no hay libertad: Legalización del aborto YA.
Por el Derecho a Decidir abortemos la hipocresía
Caracas, 28 de septiembre 2010
Araña Feminista
Red de los Colectivos de Mujeres en Venezuela
http://encuentrofeminista.weebly.com/
Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe
Declaración Pública
MATERNIDAD LIBRE y SEGURA PARA TODAS
Por el Derecho a la Interrupción Libre del Embarazo
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres sin ninguna discriminación, de los que forman parte los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas. El Art. 76 de la CRBV garantiza la protección integral a la maternidad, establece el derecho a decidir el número de hijos y a disponer de la información y de los medios que aseguren el ejercicio de este derecho.
La maternidad voluntaria y libre, protegida y apoyada socialmente es derecho humano fundamental, que se construye con el derecho a la integridad y soberanía sobre el propio cuerpo de todas las mujeres. Implica reconocer a las mujeres como sujetos sociales como personas con autonomía y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos, el espacio entre los nacimientos y con libertad para continuar o interrumpir embarazos. Esta decisión debe ser soberana y pertenece exclusivamente a las mujeres embarazadas, sin interferencia por parte del Estado o de terceros.
Todas las mujeres queremos una maternidad deseada con alegría, vital y segura, no forzada por leyes ni obligada por imperativos ideológicos cargados de prejuicios, hipocresía y desconocimiento. En esto, el Estado venezolano está en deuda con las mujeres y su dignidad como personas y sujetas de derechos, y toda la sociedad está involucrada en resolver el grave problema de justicia y de salud que significa la vigente penalización del aborto.
Destacamos que la construcción de una sociedad humanista no será posible mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por interrupciones clandestinas de embarazo y sean objeto de condenas y castigos. Las muertes por aborto y la cárcel por aborto son un oprobio para la vida social venezolana. Se trata de injusticia clara y manifiesta.
Las mujeres venezolanas merecemos que se nos reconozca soberanía de decisión sobre nuestros cuerpos, y la comprensión de que detrás de un aborto inducido hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción o falla de algún método, pobreza y abandono, irresponsabilidad paterna, enfermedades de la mujer o gestaciones con graves malformaciones, entre otros motivos. Las mujeres pobres son la mayoría de las que mueren o quedan gravemente lesionadas en las interrupciones inseguras del embarazo, y lejos de ser criminales, son víctimas del modo de organización de la sociedad. Su principal pecado es ser mujeres pobres.
Llamamos a la reflexión sobre algunas realidades de la interrupción del embarazo:
· La interrupción del embarazo tiene una larga historia de prohibición que sólo consigue hacer su práctica insegura y peligrosa, dando lugar a un negocio rentable que niega el derecho a la salud a las mujeres pobres exponiéndolas a graves consecuencias, incluso la muerte.
· La ilegalidad de la interrupción del embarazo transforma un acto de decisión personal en un acto criminal.
· La interrupción del embarazo es una decisión personal tomada habitualmente como último recurso.
· La penalización de la interrupción del embarazo discrimina a las mujeres frente a los hombres. Los hombres abandonan, las mujeres abortan.
· Las mujeres quedamos embarazadas contra nuestra voluntad, pero no lo hacemos solas: detrás de cada embarazo interrumpido hay una historia de irresponsabilidad, inconsciencia o predominio de un modelo sexual de dominación masculina.
· Graves consecuencias biológicas, sociales, psicológicas derivan de embarazos forzados.
· En la interrupción del embarazo subyace la complejidad de la sexualidad humana, en cuya comprensión tienen mucho que aportar los saberes ancestrales de las mujeres y los avances de la ciencia.
· El estado no debe obligar a las mujeres a tener hijos no deseados y menos recurriendo al Código Penal.
· El estado venezolano es laico y debe legislar como tal, sin presiones religiosas, ni prejuicios oscurantistas.
Las feministas venezolanas organizadas en redes y colectivos sociales, reclamamos un nuevo Código Penal sin discriminación sexual y de género, que despenalice y abra el acceso a una interrupción del embarazo legal, segura y gratuita como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.
Sólo poniendo fin a la indignidad del aborto clandestino, se acabará el drama de las muertes maternas por esta causa, se garantizará el ejercicio de la maternidad libre y segura, se resguardará la salud y vida de las mujeres, y el bienestar de sus familias.
La maternidad no se impone, se respeta y se apoya.
Por el derecho a la soberanía del cuerpo femenino.
Sin derecho a elegir no hay libertad: Legalización del aborto YA.
Por el Derecho a Decidir abortemos la hipocresía
Caracas, 28 de septiembre 2010
Araña Feminista
Red de los Colectivos de Mujeres en Venezuela
http://encuentrofeminista.weebly.com/
martes, 14 de septiembre de 2010
APOYAMOS A SALUD MUJERES DE ECUADOR
El 14/09/2010 9:19, Coordinadora Juvenil escribió:
Nos declaramos en rebeldía, seguiremos entregando información con nuestro nuevo número 098301317
Salud Mujeres es una línea gratuita que brinda información a las mujeres sobre cómo pueden realizarse un aborto de forma segura mediante el uso de medicamentos. También informamos acerca de anticoncepción, incluyendo la de emergencia, y sexualidad en general. Nuestra acción se enmarca en la legislación del país, concretamente en el artículo 18 de la Constitución vigente, por lo cual es constitucional y legal.
Trabajamos en defensa de los derechos de las mujeres: a tener acceso a la información, a la salud, a tomar decisiones informadas sobre su vida sexual y reproductiva, a no sufrir discriminación por su sexo, a tener acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, a la privacidad, a no ser sometidas a trato cruel, inhumano y degradante, a decidir el número de hijos e hijas que quiere tener y el intervalo entre sus nacimientos, a decidir si quiere ser madre o no y, a la vida; derechos todos respaldados en nuestra constitución y en las múltiples convenciones de derechos humanos de las que nuestro país es signatario.
Aclaramos también que nosotras no aconsejamos, no obligamos, ni inducimos a ninguna mujer a tomar ninguna decisión, pues uno de nuestros principios fundamentales es el reconocimiento a la capacidad e inteligencia que tenemos todas mujeres para tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestra reproducción. Nuestro trabajo se encuentra comprometido con todas las mujeres que requieran la información que se da a través de nuestra línea, es un trabajo voluntario y desinteresado de activistas feministas que luchamos en contra del sistema patriarcal-capitalista-heterosexista de nuestro país y el mundo. Trabajamos para destruir las limitaciones a las decisiones de las mujeres y para disminuir las muertes de ellas por abortos inseguros.
El día de ayer, Domingo 12 de septiembre de 2010, el número telefónico de Salud Mujeres, 099004545, fue bloqueado por Movistar, por una orden enviada desde la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano.
Frente a esta acción, y en uso de nuestros derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, nos declaramos en resistencia y seguiremos entregando información: el nuevo número de Salud Mujeres es 098301317.
Nos declaramos en desacuerdo con las normas penales que discriminan a las mujeres y violan la constitución, con aquellas que nos obligan a asumir maternidades que no queremos, y con las que intentan callarnos para seguir manteniendo el aborto y la sexualidad de las mujeres en el silencio y el tabú.
Es por esta razón que pedimos apoyo de la gente, organizaciones y colectivos que conocen nuestro trabajo y que también están en desacuerdo con las leyes que criminalizan a las mujeres, necesitamos apoyo para difundir nuestro nuevo número y para evitar que estas acciones de persecución continúen. Envíennos su apoyo o adhiéranse al formato adjunto, llenándolo y enviándolo a saludmujeresecuador@hotmail.com.
Agradecemos su colaboración.
Salud Mujeres
098301317
Nos declaramos en rebeldía, seguiremos entregando información con nuestro nuevo número 098301317
Salud Mujeres es una línea gratuita que brinda información a las mujeres sobre cómo pueden realizarse un aborto de forma segura mediante el uso de medicamentos. También informamos acerca de anticoncepción, incluyendo la de emergencia, y sexualidad en general. Nuestra acción se enmarca en la legislación del país, concretamente en el artículo 18 de la Constitución vigente, por lo cual es constitucional y legal.
Trabajamos en defensa de los derechos de las mujeres: a tener acceso a la información, a la salud, a tomar decisiones informadas sobre su vida sexual y reproductiva, a no sufrir discriminación por su sexo, a tener acceso a los avances de la ciencia y la tecnología, a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, a la privacidad, a no ser sometidas a trato cruel, inhumano y degradante, a decidir el número de hijos e hijas que quiere tener y el intervalo entre sus nacimientos, a decidir si quiere ser madre o no y, a la vida; derechos todos respaldados en nuestra constitución y en las múltiples convenciones de derechos humanos de las que nuestro país es signatario.
Aclaramos también que nosotras no aconsejamos, no obligamos, ni inducimos a ninguna mujer a tomar ninguna decisión, pues uno de nuestros principios fundamentales es el reconocimiento a la capacidad e inteligencia que tenemos todas mujeres para tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestra reproducción. Nuestro trabajo se encuentra comprometido con todas las mujeres que requieran la información que se da a través de nuestra línea, es un trabajo voluntario y desinteresado de activistas feministas que luchamos en contra del sistema patriarcal-capitalista-heterosexista de nuestro país y el mundo. Trabajamos para destruir las limitaciones a las decisiones de las mujeres y para disminuir las muertes de ellas por abortos inseguros.
El día de ayer, Domingo 12 de septiembre de 2010, el número telefónico de Salud Mujeres, 099004545, fue bloqueado por Movistar, por una orden enviada desde la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano.
Frente a esta acción, y en uso de nuestros derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, nos declaramos en resistencia y seguiremos entregando información: el nuevo número de Salud Mujeres es 098301317.
Nos declaramos en desacuerdo con las normas penales que discriminan a las mujeres y violan la constitución, con aquellas que nos obligan a asumir maternidades que no queremos, y con las que intentan callarnos para seguir manteniendo el aborto y la sexualidad de las mujeres en el silencio y el tabú.
Es por esta razón que pedimos apoyo de la gente, organizaciones y colectivos que conocen nuestro trabajo y que también están en desacuerdo con las leyes que criminalizan a las mujeres, necesitamos apoyo para difundir nuestro nuevo número y para evitar que estas acciones de persecución continúen. Envíennos su apoyo o adhiéranse al formato adjunto, llenándolo y enviándolo a saludmujeresecuador@hotmail.com.
Agradecemos su colaboración.
Salud Mujeres
098301317
martes, 31 de agosto de 2010
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE MUJERES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
Martes, 31 de Agosto de 2010
No. Gaceta: 19
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Dictámenes a Discusión
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el estado de Guanajuato.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE MUJERES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al H. Congreso del Estado de Guanajuato, al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, al Secretario de Salud Federal, al Secretario de Salud de la entidad, al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo acciones y políticas públicas que incorporen y promuevan la perspectiva de género en sus funciones, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así mismo, a esta Comisión fue turnada proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se cree un grupo plural, integrado por Senadores y Diputados de esta Comisión Permanente, con el fin de que elabore un informe sobre el enjuiciamiento de las mujeres que son acusadas por aborto o tipos penales similares en el Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; asimismo a esta Comisión fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal del estado de Guanajuato para que libere a las mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas injustamente por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, que encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y justicia, a cargo de los Senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, finalmente a esta Comisión fue turnada proposición con punto de acuerdo con relación a la criminalización de las mujeres por el delito de homicidio en razón del parentesco, que lleva a cabo el gobierno del estado de Guanajuato, a cargo de la Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión, consideraron que, tratándose de proposiciones que atañen al mismo tema, podrían dictaminarse en un mismo acto, procediendo a realizar el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las propuestas con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A) En relación con la proposición presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras:
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 04 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Señala la promovente que, con fecha 18 de julio de 2010, la periodista Cristina Pérez-Stadelmann, publicó en el diario El Universal, un artículo en el cual diversos investigadores, analistas políticos, religiosos y miembros de la sociedad civil denuncian respecto del ambiente de intolerancia, represión y adoctrinamiento hacia los jóvenes, promovido por el gobierno del estado de Guanajuato. Esta denuncia fue corroborada en el Boletín de Prensa emitido por la Organización “Las Libres”, el día 20 de julio de 2010.
Explica la diputada promovente que todo lo anterior constituyen claramente violaciones a la Ley General de Salud y, específicamente a la Norma Oficial Mexicana 046, cuyas disposiciones están encaminadas a garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva así como a certificar la atención médica de las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar.
Indica la promovente que es derecho de toda persona constitucionalmente garantizado el decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos. Asimismo, la promovente explica que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los cuales se reconocen y protegen los derechos básicos de las mujeres a la salud, la integridad corporal, la no discriminación, el derecho a una vida sin violencia, la igualdad y la libertad que obligan al Estado Mexicano.
Adicionalmente, señala la promovente que “en nuestro país es un hecho irrefutable que el aborto sigue siendo un problema de salud pública que afecta a las mujeres más pobres y de bajo nivel socioeconómico, pues son ellas las que recurren a la práctica del aborto inseguro. Las leyes que criminalizan el aborto son, por lo tanto, leyes discriminatorias y que atentan contra el derecho a la igualdad de las mujeres de acceder, sin importar su condición y clase social, a servicios seguros de interrupción del embarazo.”
Concluye la promovente que es “necesario que en el Estado de Guanajuato se emitan medidas urgentes en materia de derechos sexuales, tales como la educación sexual para que los habitantes de dicha entidad ejerzan sus derechos sexuales en forma plena y segura.”
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
PRIMERO. Se exhorta al Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que se reconozcan, integren y garanticen los derechos humanos de las mujeres y en ejercicio de las atribuciones que le otorga la ley, promueva que los integrantes de su gabinete posean perspectiva de género y remueva a las o los servidores públicos que carezcan de la mencionada herramienta metodológica en su desempeño o que vulneren o violen los derechos humanos de las mujeres.
SEGUNDO. Se exhorta al H. Congreso del Estado de Guanajuato para que reforme su legislación vigente y haga efectivos los derechos humanos de las mujeres, en atención a los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito, así como en atención a los estándares internacionales y en consecuencia, se reconozcan y respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Estado de Guanajuato.
TERCERO. Se exhorta al H. Poder Judicial del Estado de Guanajuato para que incorpore a la perspectiva de género como un elemento subjetivo de la conducta humana que requiere ser incorporado para poder juzgar con un sentido humanista de la justicia y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, en atención a los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
CUARTO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de su competencia otorgue los servicios de salud reproductiva necesarios para atender a las mujeres que requieren contar con métodos anticonceptivos, incluso aquellos que se consideran de emergencia en todo el territorio de la entidad.
QUINTO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de su competencia garantice que se cumpla la NOM-046 y sea suministrada la denominada píldora de emergencia a las mujeres víctimas de violación, en todo el territorio de la entidad.
SEXTO. Se exhorta a los Dr. Daniel Karma Toumeh, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Dr. Jesús Villalobos López, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, otorguen los servicios de salud reproductiva y de salud ginecoobstétrica necesarios para atender a las mujeres que requieren contar con métodos anticonceptivos, incluso aquellos que se consideran de emergencia en todo el territorio de la entidad, bajo los principios de laicidad, dignidad humana y no discriminación.
SÉPTIMO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que sea capacitado el personal que brinda servicios de salud ginecoobstétrica y éste servicio sea brindado con perspectiva de género en todo el territorio de la entidad, bajo los principios de laicidad, dignidad humana y no discriminación.
OCTAVO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, que se capacite al personal que atiende a las mujeres víctimas del delito de violación, para que accedan en forma inmediata a la asistencia médica y se le proporcione un método anticonceptivo de emergencia, como lo establece la NOM-046.
NOVENO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, a que se capacite a los agentes del Ministerio Público en materia de Perspectiva de Género para que incorporen dicha herramienta metodológica en la integración de las averiguaciones previas, relacionadas con los delitos de aborto y de homicidio en razón de parentesco o relación familiar y se abstengan de prejuzgar y discriminar o estereotipar las conductas humanas de las mujeres.
DÉCIMO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato para que informe respecto al periodo del año 2000 a la fecha, cuántas averiguaciones previas se iniciaron por la probable comisión de los delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco o relación familiar, cuántas averiguaciones previas se ha dictado no ejercicio de la acción penal, cuántas han sido sujetas a proceso penal y cuántas han sido consignadas y recluidas por los delitos referidos.
B) En relación con la proposición presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés:
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 04 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Señala el promovente que la “el 26 de mayo de 2009 fue publicada en el periódico oficial del estado de Guanajuato una reforma al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado, donde se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, dicha reforma enaltece el sentido de protección hacia todo ser humano, sin embargo también representa un fuerte retroceso para los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato porque pone en peligro la única excepción legal que le permite a las mujeres acceder a un aborto legal; esto es en caso de violación…”
Explica el diputado promovente que actualmente 14 mujeres están sujetas a un proceso penal y 9 de ellas fueron sentenciadas por el delito de aborto, lo cual criminaliza a las mujeres “que deciden sobre su propio cuerpo, que optan por su vida, su salud y por su proyecto de vida”, sentenciándolas hasta por 30 años de prisión, por el delito de homicidio.
Indica el promovente que, uno de los casos paradigmáticos de esta situación, es el de Alma Yareli Salazar Saldaña, quien fue juzgada y sentenciada por el delito de homicidio en razón de parentesco, a 27 años y seis meses de prisión, después de haber sido violada y realizarse un aborto voluntario. Esta sentencia fue revocada dado que no se acreditó el tipo penal. Desgraciadamente no es el único caso del cual se tiene noticia.
Concluye el promovente que “es inadmisible que alguien atente contra la vida de un ser humano, pero lo es más aún que debido a la falta de educación, a la extrema pobreza en que se encuentran algunas mujeres, se abuse de ellas sentenciándolas a penas por delitos que, si bien están tipificados, no están completamente comprobados. En razón de lo anterior, propongo la creación de una comisión plural especial, que se encargue de investigar los presuntos casos de abusos en contra de las mujeres en el Estado de Guanajuato.”
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO. Se solicita se cree un grupo plural, integrado por Senadores y Diputados de esta Comisión Permanente, con el fin de que elabore un informe sobre el enjuiciamiento de las mujeres que son acusadas por aborto o tipos penales similares en el Estado de Guanajuato.
C) En relación con la proposición presentada por los Senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 17 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Señalan los promoventes que existen en Guanajuato 160 mujeres que enfrentan un proceso judicial desde el año 2000 por haberse practicado un aborto clandestino; sólo 14 de ellas tienen sentencia, y algunas han pasado hasta 5 años en prisión antes de ser liberadas bajo caución.
Para los autores de esta proposición de mérito resultan particularmente escandalosos los casos de seis mujeres campesinas en este estado que se encuentran cumpliendo sentencias de entre 25 y 29 años de cárcel por causas de aborto que, sin embargo, han sido tipificadas como “homicidio en razón de parentesco”, con lo cuál las penas se incrementan significativamente. La alevosía con la que se ha tratado a estas mujeres es tal, continúan, que el propio gobernador del estado de Guanajuato ha dicho que “en Guanajuato no hay mujeres presas por aborto sino por infanticidio”…
Las características de las sentencias dictadas en estos casos, han hecho que los nombres de estas 6 mujeres lleguen ante los más importantes organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De acuerdo con varias organizaciones civiles, prácticamente todas las mujeres acusadas por delitos de aborto, sufrieron abortos involuntarios que, en realidad, lo que hacen es que los proponente se cuestionen sobre el acceso a los servicios de salud del gobierno del estado.
Señalan los legisladores que presentan la proposición que han sido varias las manifestaciones sociales que se han dado tanto en Guanajuato como en el Distrito Federal, para exigir la liberación de las 6 presas. Incluso, dos representantes de las Naciones Unidas, María Luisa Bascur y Luisa Pérez, investigan en ese estado los expedientes de los juicios y, por otro lado, la Comisionada Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, anunció que investigará la actuación de los jueces que las condenaron a 25 o 30 años de prisión.
Al respecto, también se ha pronunciado el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), al afirmar que lo que sucede en esa entidad “se trata de un problema gravísimo…de acceso a la justicia, de discriminación, de estereotipo; pues la mayoría de los casos son abortos o partos accidentales”.
Este fenómeno de criminalización de la mujer no es menor y es preciso evitar que se generalice; si bien las entidades federativas son autónomas en sus leyes y códigos penales, los derechos fundamentales están siempre por encima de cualquier norma y deben ser tutelados por el sistema jurídico local y nacional.
Al respecto, mencionan que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, se entiende que consideró que no existen indicios para calificar tal acto como un homicidio, por lo que tipificarlo de tal forma en un código penal podría contravenir el criterio del Máximo Tribunal del país.
Los proponentes señalan que existe un problema serio de simulación y alteración de la Ley, pues con el afán de encubrir los encarcelamientos por motivo de aborto, que está tipificado con penas máximas de 5 años, se ha utilizado la figura de “homicidio en razón de parentesco”, que se da cuando la madre no auxilia al bebé a sobrevivir en los últimos meses del embarazo y alcanza penas de hasta 30 años. Esto ha permitido al Gobernador Juan Manuel Oliva sostener que en su estado “no existe ni una sola mujer presa por el delito de aborto”.
De acuerdo con los Senadores, los tribunales guanajuatenses, ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos que, en los casos de mujeres involucradas en juicios de aborto que han sido condenadas por homicidio en razón de parentesco en el Estado de Guanajuato, existen varias características comunes que son muy claras: son mujeres de escasos recursos; no pudieron contar con una asistencia sanitaria durante el embarazo, y tienen un nivel muy bajo de escolarización. Además, varias de ellas viven en comunidades apartadas de las ciudades.
De acuerdo con algunas autoridades municipales del estado, las hoy presas han recibido un trato discriminatorio y abusivo del Gobierno Estatal, sin haber probado fehacientemente que sean culpables y para los autores de la proposición las autoridades en Guanajuato han criminalizado la pobreza, el género, la calidad de ser indígena y el analfabetismo, lo que es un atropello para la garantía de igualdad prevista en la Constitución.
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a fin de que libere cuanto antes a Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli Camargo, Liliana Moreno y Ana Rosa Padrón; mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco, que encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia, en esa entidad.
D) En relación con la proposición presentada por la Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal.
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 17 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Para la proponente duda que la práctica del aborto constituye un problema de salud pública. Prohibirlo, penalizarlo o castigarlo pone en peligro el bienestar de un gran número de mujeres y, en muchos casos su vida, ya que propicia la clandestinidad de esta práctica en condiciones insalubres. La propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado que el aborto consentido de la madre deba ser libre, gratuito y no punible.
Recuerda que en el 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en la cual el Procurador General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandaron la invalidez de las reformas al Código Penal del Distrito Federal que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12ª semana de gestación.
En su resolución la SCJN consideró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al despenalizar esta conducta la hizo no de manera aislada, sino que mediante “obligaciones a cargo del Gobierno … y en particular de las autoridades que tienen a su cargo los servicios de salud, de proporcionar información oportuna y veraz de otras opciones que se encuentre al alcance de las mujeres, además de la interrupción anticipada del embarazo, así como de proporcionar información sobre las consecuencias que esta interrupción pueda tener para su salud. De este modo, se hace efectiva la obligación del Estado establecida en el artículo 4º constitucional en relación con la salud, información y responsabilidad en la toma de decisiones por parte de las mujeres”.
Sin embargo, señala la autora de la proposición de mérito, y posterior a esta resolución de la SCJN 16 Congresos locales modificaron su Constitución para proteger el derecho a la vida desde la concepción.
Una de esas entidades que modificaron sus ordenamientos es Guanajuato, dónde además de la persecución de las mujeres que abortan en algunos casos, las autoridades de salud, ministeriales, en complicidad con las autoridades judiciales procesan y sentencian a las mujeres que abortan por el delito de homicidio; así las mujeres que abortan en Guanajuato son acusadas de “homicidio en razón de parentesco” y reciben sentencias hasta de 35 años de cárcel, pese a que el Código. Penal estatal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión, sostiene la legisladora.
Señala que actualmente hay 160 mujeres denunciadas, 43 están bajo un proceso penal, 14 pisaron la cárcel por el delito de aborto y salieron bajo fianza, y actualmente nueve compurgan una sentencia por aborto bajo caución. En cuanto a las mujeres acusadas por homicidio en razón del parentesco, son siete mujeres que están en las cárceles de Guanajuato purgando una sentencia de hasta 30 años.
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo exhorta al C. JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco a fin de evitar violaciones a sus garantías del debido proceso y a sus derechos humanos.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta al C. FRANCISCO BLAKE MORA, titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el Estado de Guanajuato, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida libre de violencia.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta a la C. ROCIO GARCÍA GAYTAN titular del Instituto Nacional de las Mujeres para que en el ámbito de sus atribuciones se pronuncie en contra de las medidas de criminalizar a las mujeres del estado de Guanajuato que de manera libre y voluntaria deciden interrumpir su embarazo.
CONSIDERACIONES
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron las proposiciones con Punto de Acuerdo en análisis con base en las siguientes consideraciones:
PRIMERO. Los integrantes de esta Primera Comisión coinciden plenamente en que la vigencia del Estado de Derecho implica el respeto de los derechos humanos por parte de todas las autoridades que conforman el Estado Mexicano. En el caso específico de las mujeres, resulta imprescindible atender a los sectores más pobres de nuestra sociedad, principalmente en lo que a salud sexual y reproductiva se refiere, como parte del cumplimiento de los compromisos internacionales signados por el Estado Mexicano e incorporar, de manera rápida y expedita, todas estas disposiciones dentro de la legislación de los tres órdenes de gobierno para que, de manera fehaciente, podamos comprobar que en México, no se criminaliza la pobreza ni el género.
SEGUNDO. Esta Comisión dictaminadora coincide con los promoventes en que la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud establecen obligaciones concretas para los tres ámbitos de gobierno, principalmente en materia de educación sexual, salud sexual y reproductiva así como en materia de equidad y respeto a los derechos humanos de las mujeres, no obstante que nuestra República se encuentra conformada, según el Pacto Federal, por Estados Libres y Soberanos en lo que a su régimen interior se refiere.
TERCERO. Esta dictaminadora considera, en consecuencia, que resulta indispensable que los gobiernos de las entidades federativas, específicamente el del estado de Guanajuato, implemente acciones inmediatas para salvaguardar lo que nuestra Constitución, pacto social que nos da origen como Nación, reconoce y otorga a las mujeres.
Por ello hacemos propia la propuesta de emitir una alerta de género en el estado de Guanajuato, ya que consideramos que esto cumple con las preocupaciones de los legisladores autores de las diversas proposiciones que en este acto se dictaminan.
En efecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en su capítulo V contempla la declaratoria de violencia de género, que define como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”
El artículo 24 de la Ley en comento establece que:
La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora cosideramos que se cumplen los requisitos para emitir una propuesta de alerta y por lo tanto oportuno exhortar al Secretarío de Gobernación a emitir una declataroria de emergencia de género en el estado de Guanajuato.
CUARTO. Por otro lado, los integrantes de esta Comisión estamos al tanto de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recomendó al gobierno, al Congreso de Guanajuato y al Poder Judicial del estado a “revisar los expedientes de las seis campesinas sentenciadas a purgar penas de más de 25 años de cárcel acusadas de homicidio por abortar, a fin de “certificar que sus procesos se efectuaron con apego a los estándares internacionales de justicia”.
Los observadores de la misiòn de ONU-DH, confirmaron "la persistencia de patrones culturales que motivan la discriminación contra las mujeres, al mismo tiempo que limitan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos".
Liliana Valiña, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideró que “Es pertinente que las autoridades revisen los casos de María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha para asegurar que tanto los procedimientos como los principios fundamentales del derecho a la defensa hayan estado apegados a los estándares internacionales del debido proceso, particularmente el relacionado con el principio de presunción de inocencia.”
Por ello, los integrantes de esta dictaminadora consideramos procedente exhottar al gobernador de Guanajuato instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta al C. Francisco Blake Mora, titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el Estado de Guanajuato, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida libre de violencia.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al C. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco a fin de evitar violaciones a sus garantías del debido proceso y a sus derechos humanos.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Poderes del estado de Guanajuato para que brinden la atención debida a la recomendación emitida por la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, y se brinde la debida atención y cumplimiento a los nueve resolutivos formulados a las autoridades del estado de Guanajuato.
Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinticuatro días del mes de agosto de 2010.
PRIMERA COMISIÓN
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Opina en uenlacetransparencia@senado.gob.mx
SENADO DE LA REPÚBLICA: Xicoténcatl No.9, Centro Histórico
Ciudad de México, Distrito Federal
C.P 06010 Teléfono: 51-30-22-00
No. Gaceta: 19
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Dictámenes a Discusión
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el estado de Guanajuato.
PRIMERA COMISIÓN
GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE MUJERES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato, al H. Congreso del Estado de Guanajuato, al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, al Secretario de Salud Federal, al Secretario de Salud de la entidad, al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo acciones y políticas públicas que incorporen y promuevan la perspectiva de género en sus funciones, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así mismo, a esta Comisión fue turnada proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se cree un grupo plural, integrado por Senadores y Diputados de esta Comisión Permanente, con el fin de que elabore un informe sobre el enjuiciamiento de las mujeres que son acusadas por aborto o tipos penales similares en el Estado de Guanajuato, presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; asimismo a esta Comisión fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal del estado de Guanajuato para que libere a las mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas injustamente por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, que encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y justicia, a cargo de los Senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, finalmente a esta Comisión fue turnada proposición con punto de acuerdo con relación a la criminalización de las mujeres por el delito de homicidio en razón del parentesco, que lleva a cabo el gobierno del estado de Guanajuato, a cargo de la Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los ciudadanos legisladores integrantes de la Primera Comisión, consideraron que, tratándose de proposiciones que atañen al mismo tema, podrían dictaminarse en un mismo acto, procediendo a realizar el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las propuestas con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
A) En relación con la proposición presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras:
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 04 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Señala la promovente que, con fecha 18 de julio de 2010, la periodista Cristina Pérez-Stadelmann, publicó en el diario El Universal, un artículo en el cual diversos investigadores, analistas políticos, religiosos y miembros de la sociedad civil denuncian respecto del ambiente de intolerancia, represión y adoctrinamiento hacia los jóvenes, promovido por el gobierno del estado de Guanajuato. Esta denuncia fue corroborada en el Boletín de Prensa emitido por la Organización “Las Libres”, el día 20 de julio de 2010.
Explica la diputada promovente que todo lo anterior constituyen claramente violaciones a la Ley General de Salud y, específicamente a la Norma Oficial Mexicana 046, cuyas disposiciones están encaminadas a garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva así como a certificar la atención médica de las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar.
Indica la promovente que es derecho de toda persona constitucionalmente garantizado el decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos. Asimismo, la promovente explica que México ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los cuales se reconocen y protegen los derechos básicos de las mujeres a la salud, la integridad corporal, la no discriminación, el derecho a una vida sin violencia, la igualdad y la libertad que obligan al Estado Mexicano.
Adicionalmente, señala la promovente que “en nuestro país es un hecho irrefutable que el aborto sigue siendo un problema de salud pública que afecta a las mujeres más pobres y de bajo nivel socioeconómico, pues son ellas las que recurren a la práctica del aborto inseguro. Las leyes que criminalizan el aborto son, por lo tanto, leyes discriminatorias y que atentan contra el derecho a la igualdad de las mujeres de acceder, sin importar su condición y clase social, a servicios seguros de interrupción del embarazo.”
Concluye la promovente que es “necesario que en el Estado de Guanajuato se emitan medidas urgentes en materia de derechos sexuales, tales como la educación sexual para que los habitantes de dicha entidad ejerzan sus derechos sexuales en forma plena y segura.”
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, el proponente sometió a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
PRIMERO. Se exhorta al Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato para que se reconozcan, integren y garanticen los derechos humanos de las mujeres y en ejercicio de las atribuciones que le otorga la ley, promueva que los integrantes de su gabinete posean perspectiva de género y remueva a las o los servidores públicos que carezcan de la mencionada herramienta metodológica en su desempeño o que vulneren o violen los derechos humanos de las mujeres.
SEGUNDO. Se exhorta al H. Congreso del Estado de Guanajuato para que reforme su legislación vigente y haga efectivos los derechos humanos de las mujeres, en atención a los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito, así como en atención a los estándares internacionales y en consecuencia, se reconozcan y respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Estado de Guanajuato.
TERCERO. Se exhorta al H. Poder Judicial del Estado de Guanajuato para que incorpore a la perspectiva de género como un elemento subjetivo de la conducta humana que requiere ser incorporado para poder juzgar con un sentido humanista de la justicia y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, en atención a los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
CUARTO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de su competencia otorgue los servicios de salud reproductiva necesarios para atender a las mujeres que requieren contar con métodos anticonceptivos, incluso aquellos que se consideran de emergencia en todo el territorio de la entidad.
QUINTO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de su competencia garantice que se cumpla la NOM-046 y sea suministrada la denominada píldora de emergencia a las mujeres víctimas de violación, en todo el territorio de la entidad.
SEXTO. Se exhorta a los Dr. Daniel Karma Toumeh, Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Dr. Jesús Villalobos López, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, otorguen los servicios de salud reproductiva y de salud ginecoobstétrica necesarios para atender a las mujeres que requieren contar con métodos anticonceptivos, incluso aquellos que se consideran de emergencia en todo el territorio de la entidad, bajo los principios de laicidad, dignidad humana y no discriminación.
SÉPTIMO. Se exhorta al Dr. Jorge Armando Aguirre Torres, Secretario de Salud del Estado de Guanajuato para que sea capacitado el personal que brinda servicios de salud ginecoobstétrica y éste servicio sea brindado con perspectiva de género en todo el territorio de la entidad, bajo los principios de laicidad, dignidad humana y no discriminación.
OCTAVO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, que se capacite al personal que atiende a las mujeres víctimas del delito de violación, para que accedan en forma inmediata a la asistencia médica y se le proporcione un método anticonceptivo de emergencia, como lo establece la NOM-046.
NOVENO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, a que se capacite a los agentes del Ministerio Público en materia de Perspectiva de Género para que incorporen dicha herramienta metodológica en la integración de las averiguaciones previas, relacionadas con los delitos de aborto y de homicidio en razón de parentesco o relación familiar y se abstengan de prejuzgar y discriminar o estereotipar las conductas humanas de las mujeres.
DÉCIMO. Se exhorta al Lic. Carlos Zamarripa Aguirre, Procurador de Justicia del Estado de Guanajuato para que informe respecto al periodo del año 2000 a la fecha, cuántas averiguaciones previas se iniciaron por la probable comisión de los delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco o relación familiar, cuántas averiguaciones previas se ha dictado no ejercicio de la acción penal, cuántas han sido sujetas a proceso penal y cuántas han sido consignadas y recluidas por los delitos referidos.
B) En relación con la proposición presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés:
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 04 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Señala el promovente que la “el 26 de mayo de 2009 fue publicada en el periódico oficial del estado de Guanajuato una reforma al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado, donde se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, dicha reforma enaltece el sentido de protección hacia todo ser humano, sin embargo también representa un fuerte retroceso para los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato porque pone en peligro la única excepción legal que le permite a las mujeres acceder a un aborto legal; esto es en caso de violación…”
Explica el diputado promovente que actualmente 14 mujeres están sujetas a un proceso penal y 9 de ellas fueron sentenciadas por el delito de aborto, lo cual criminaliza a las mujeres “que deciden sobre su propio cuerpo, que optan por su vida, su salud y por su proyecto de vida”, sentenciándolas hasta por 30 años de prisión, por el delito de homicidio.
Indica el promovente que, uno de los casos paradigmáticos de esta situación, es el de Alma Yareli Salazar Saldaña, quien fue juzgada y sentenciada por el delito de homicidio en razón de parentesco, a 27 años y seis meses de prisión, después de haber sido violada y realizarse un aborto voluntario. Esta sentencia fue revocada dado que no se acreditó el tipo penal. Desgraciadamente no es el único caso del cual se tiene noticia.
Concluye el promovente que “es inadmisible que alguien atente contra la vida de un ser humano, pero lo es más aún que debido a la falta de educación, a la extrema pobreza en que se encuentran algunas mujeres, se abuse de ellas sentenciándolas a penas por delitos que, si bien están tipificados, no están completamente comprobados. En razón de lo anterior, propongo la creación de una comisión plural especial, que se encargue de investigar los presuntos casos de abusos en contra de las mujeres en el Estado de Guanajuato.”
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO. Se solicita se cree un grupo plural, integrado por Senadores y Diputados de esta Comisión Permanente, con el fin de que elabore un informe sobre el enjuiciamiento de las mujeres que son acusadas por aborto o tipos penales similares en el Estado de Guanajuato.
C) En relación con la proposición presentada por los Senadores Francisco Agustín Arroyo Vieyra y María del Socorro García Quiroz
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 17 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Señalan los promoventes que existen en Guanajuato 160 mujeres que enfrentan un proceso judicial desde el año 2000 por haberse practicado un aborto clandestino; sólo 14 de ellas tienen sentencia, y algunas han pasado hasta 5 años en prisión antes de ser liberadas bajo caución.
Para los autores de esta proposición de mérito resultan particularmente escandalosos los casos de seis mujeres campesinas en este estado que se encuentran cumpliendo sentencias de entre 25 y 29 años de cárcel por causas de aborto que, sin embargo, han sido tipificadas como “homicidio en razón de parentesco”, con lo cuál las penas se incrementan significativamente. La alevosía con la que se ha tratado a estas mujeres es tal, continúan, que el propio gobernador del estado de Guanajuato ha dicho que “en Guanajuato no hay mujeres presas por aborto sino por infanticidio”…
Las características de las sentencias dictadas en estos casos, han hecho que los nombres de estas 6 mujeres lleguen ante los más importantes organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De acuerdo con varias organizaciones civiles, prácticamente todas las mujeres acusadas por delitos de aborto, sufrieron abortos involuntarios que, en realidad, lo que hacen es que los proponente se cuestionen sobre el acceso a los servicios de salud del gobierno del estado.
Señalan los legisladores que presentan la proposición que han sido varias las manifestaciones sociales que se han dado tanto en Guanajuato como en el Distrito Federal, para exigir la liberación de las 6 presas. Incluso, dos representantes de las Naciones Unidas, María Luisa Bascur y Luisa Pérez, investigan en ese estado los expedientes de los juicios y, por otro lado, la Comisionada Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, anunció que investigará la actuación de los jueces que las condenaron a 25 o 30 años de prisión.
Al respecto, también se ha pronunciado el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), al afirmar que lo que sucede en esa entidad “se trata de un problema gravísimo…de acceso a la justicia, de discriminación, de estereotipo; pues la mayoría de los casos son abortos o partos accidentales”.
Este fenómeno de criminalización de la mujer no es menor y es preciso evitar que se generalice; si bien las entidades federativas son autónomas en sus leyes y códigos penales, los derechos fundamentales están siempre por encima de cualquier norma y deben ser tutelados por el sistema jurídico local y nacional.
Al respecto, mencionan que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, se entiende que consideró que no existen indicios para calificar tal acto como un homicidio, por lo que tipificarlo de tal forma en un código penal podría contravenir el criterio del Máximo Tribunal del país.
Los proponentes señalan que existe un problema serio de simulación y alteración de la Ley, pues con el afán de encubrir los encarcelamientos por motivo de aborto, que está tipificado con penas máximas de 5 años, se ha utilizado la figura de “homicidio en razón de parentesco”, que se da cuando la madre no auxilia al bebé a sobrevivir en los últimos meses del embarazo y alcanza penas de hasta 30 años. Esto ha permitido al Gobernador Juan Manuel Oliva sostener que en su estado “no existe ni una sola mujer presa por el delito de aborto”.
De acuerdo con los Senadores, los tribunales guanajuatenses, ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos que, en los casos de mujeres involucradas en juicios de aborto que han sido condenadas por homicidio en razón de parentesco en el Estado de Guanajuato, existen varias características comunes que son muy claras: son mujeres de escasos recursos; no pudieron contar con una asistencia sanitaria durante el embarazo, y tienen un nivel muy bajo de escolarización. Además, varias de ellas viven en comunidades apartadas de las ciudades.
De acuerdo con algunas autoridades municipales del estado, las hoy presas han recibido un trato discriminatorio y abusivo del Gobierno Estatal, sin haber probado fehacientemente que sean culpables y para los autores de la proposición las autoridades en Guanajuato han criminalizado la pobreza, el género, la calidad de ser indígena y el analfabetismo, lo que es un atropello para la garantía de igualdad prevista en la Constitución.
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a fin de que libere cuanto antes a Yolanda Martínez Montoya, Susana Dueñas, Ofelia Frías, María Araceli Camargo, Liliana Moreno y Ana Rosa Padrón; mujeres que han sido sentenciadas y encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco, que encubre la criminalización del aborto y la falta de acceso a servicios de salud y a la justicia, en esa entidad.
D) En relación con la proposición presentada por la Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal.
I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente el día 17 de agosto de 2010.
II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
La proposición con punto de acuerdo presentada expone las consideraciones siguientes:
Para la proponente duda que la práctica del aborto constituye un problema de salud pública. Prohibirlo, penalizarlo o castigarlo pone en peligro el bienestar de un gran número de mujeres y, en muchos casos su vida, ya que propicia la clandestinidad de esta práctica en condiciones insalubres. La propia Organización Mundial de la Salud ha recomendado que el aborto consentido de la madre deba ser libre, gratuito y no punible.
Recuerda que en el 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en la cual el Procurador General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandaron la invalidez de las reformas al Código Penal del Distrito Federal que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12ª semana de gestación.
En su resolución la SCJN consideró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al despenalizar esta conducta la hizo no de manera aislada, sino que mediante “obligaciones a cargo del Gobierno … y en particular de las autoridades que tienen a su cargo los servicios de salud, de proporcionar información oportuna y veraz de otras opciones que se encuentre al alcance de las mujeres, además de la interrupción anticipada del embarazo, así como de proporcionar información sobre las consecuencias que esta interrupción pueda tener para su salud. De este modo, se hace efectiva la obligación del Estado establecida en el artículo 4º constitucional en relación con la salud, información y responsabilidad en la toma de decisiones por parte de las mujeres”.
Sin embargo, señala la autora de la proposición de mérito, y posterior a esta resolución de la SCJN 16 Congresos locales modificaron su Constitución para proteger el derecho a la vida desde la concepción.
Una de esas entidades que modificaron sus ordenamientos es Guanajuato, dónde además de la persecución de las mujeres que abortan en algunos casos, las autoridades de salud, ministeriales, en complicidad con las autoridades judiciales procesan y sentencian a las mujeres que abortan por el delito de homicidio; así las mujeres que abortan en Guanajuato son acusadas de “homicidio en razón de parentesco” y reciben sentencias hasta de 35 años de cárcel, pese a que el Código. Penal estatal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión, sostiene la legisladora.
Señala que actualmente hay 160 mujeres denunciadas, 43 están bajo un proceso penal, 14 pisaron la cárcel por el delito de aborto y salieron bajo fianza, y actualmente nueve compurgan una sentencia por aborto bajo caución. En cuanto a las mujeres acusadas por homicidio en razón del parentesco, son siete mujeres que están en las cárceles de Guanajuato purgando una sentencia de hasta 30 años.
Con base en los argumentos anteriormente expuestos, los proponentes sometieron a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo exhorta al C. JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco a fin de evitar violaciones a sus garantías del debido proceso y a sus derechos humanos.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta al C. FRANCISCO BLAKE MORA, titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el Estado de Guanajuato, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida libre de violencia.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta a la C. ROCIO GARCÍA GAYTAN titular del Instituto Nacional de las Mujeres para que en el ámbito de sus atribuciones se pronuncie en contra de las medidas de criminalizar a las mujeres del estado de Guanajuato que de manera libre y voluntaria deciden interrumpir su embarazo.
CONSIDERACIONES
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora valoraron las proposiciones con Punto de Acuerdo en análisis con base en las siguientes consideraciones:
PRIMERO. Los integrantes de esta Primera Comisión coinciden plenamente en que la vigencia del Estado de Derecho implica el respeto de los derechos humanos por parte de todas las autoridades que conforman el Estado Mexicano. En el caso específico de las mujeres, resulta imprescindible atender a los sectores más pobres de nuestra sociedad, principalmente en lo que a salud sexual y reproductiva se refiere, como parte del cumplimiento de los compromisos internacionales signados por el Estado Mexicano e incorporar, de manera rápida y expedita, todas estas disposiciones dentro de la legislación de los tres órdenes de gobierno para que, de manera fehaciente, podamos comprobar que en México, no se criminaliza la pobreza ni el género.
SEGUNDO. Esta Comisión dictaminadora coincide con los promoventes en que la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida Libre de Violencia y la Ley General de Salud establecen obligaciones concretas para los tres ámbitos de gobierno, principalmente en materia de educación sexual, salud sexual y reproductiva así como en materia de equidad y respeto a los derechos humanos de las mujeres, no obstante que nuestra República se encuentra conformada, según el Pacto Federal, por Estados Libres y Soberanos en lo que a su régimen interior se refiere.
TERCERO. Esta dictaminadora considera, en consecuencia, que resulta indispensable que los gobiernos de las entidades federativas, específicamente el del estado de Guanajuato, implemente acciones inmediatas para salvaguardar lo que nuestra Constitución, pacto social que nos da origen como Nación, reconoce y otorga a las mujeres.
Por ello hacemos propia la propuesta de emitir una alerta de género en el estado de Guanajuato, ya que consideramos que esto cumple con las preocupaciones de los legisladores autores de las diversas proposiciones que en este acto se dictaminan.
En efecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia en su capítulo V contempla la declaratoria de violencia de género, que define como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”
El artículo 24 de la Ley en comento establece que:
La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora cosideramos que se cumplen los requisitos para emitir una propuesta de alerta y por lo tanto oportuno exhortar al Secretarío de Gobernación a emitir una declataroria de emergencia de género en el estado de Guanajuato.
CUARTO. Por otro lado, los integrantes de esta Comisión estamos al tanto de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recomendó al gobierno, al Congreso de Guanajuato y al Poder Judicial del estado a “revisar los expedientes de las seis campesinas sentenciadas a purgar penas de más de 25 años de cárcel acusadas de homicidio por abortar, a fin de “certificar que sus procesos se efectuaron con apego a los estándares internacionales de justicia”.
Los observadores de la misiòn de ONU-DH, confirmaron "la persistencia de patrones culturales que motivan la discriminación contra las mujeres, al mismo tiempo que limitan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos".
Liliana Valiña, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideró que “Es pertinente que las autoridades revisen los casos de María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha para asegurar que tanto los procedimientos como los principios fundamentales del derecho a la defensa hayan estado apegados a los estándares internacionales del debido proceso, particularmente el relacionado con el principio de presunción de inocencia.”
Por ello, los integrantes de esta dictaminadora consideramos procedente exhottar al gobernador de Guanajuato instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de Poderes exhorta al C. Francisco Blake Mora, titular de la Secretaría de Gobernación a emitir la alerta de género en el Estado de Guanajuato, en los términos establecidos en la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida libre de violencia.
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al C. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya al Procurador de Justicia del estado a fin de que realice una valoración exhaustiva de las averiguaciones previas y procesos penales en donde el ministerio público sea parte en contra de mujeres a quienes se les imputa la comisión del delito de homicidio por razones de parentesco a fin de evitar violaciones a sus garantías del debido proceso y a sus derechos humanos.
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Poderes del estado de Guanajuato para que brinden la atención debida a la recomendación emitida por la representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, y se brinde la debida atención y cumplimiento a los nueve resolutivos formulados a las autoridades del estado de Guanajuato.
Sala de Comisiones “Miguel Ramos Arizpe” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los veinticuatro días del mes de agosto de 2010.
PRIMERA COMISIÓN
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SENADO DE LA REPÚBLICA: Xicoténcatl No.9, Centro Histórico
Ciudad de México, Distrito Federal
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miércoles, 25 de agosto de 2010
“Con la criminalización no se evita el aborto”
“Con la criminalización no se evita el aborto”
ENTREVISTA CON EL MEDICO ANIBAL FAUNDES, DEFENSOR DE LA DESPENALIZACION DE LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO
Nacido en Chile y reconocido por su trabajo en salud sexual y reproductiva, especialmente en Brasil, Faúndes sostiene que la penalización es “ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”.
Por Mariana Carbajal
Comenzó a involucrarse con la problemática del aborto unos cincuenta años atrás, cuando era estudiante de Medicina en Chile y a las mujeres que llegaban a un hospital con signos de haber interrumpido un embarazo se las atendía sin anestesia para que sufrieran dolor, a propósito, a modo de castigo. “Con el tiempo, fui escuchando sus historias y entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino por el contrario, eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada”, dice el médico Aníbal Faúndes, nacido en Chile y reconocido internacionalmente por su extenso trabajo en salud sexual y reproductiva en distintos países latinoamericanos, especialmente en Brasil, donde vive hace muchos años. Defensor de la despenalización y legalización del aborto, Faúndes dará hoy a las 15 una conferencia en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados, invitado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En una entrevista con Página/12, fundamentó su posición, respondió a los argumentos que suelen esgrimir los sectores conservadores que se oponen a una ley más liberal y contó cómo se logró en Brasil que se realicen en el sector público, sin judicializaciones, las interrupciones legales de embarazo. La criminalización del aborto “es ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”, afirmó. Y aclaró que “tan importante como cambiar la ley que lo penaliza es hacer cumplir la que ya está vigente, que prevé los abortos legales”.
Faúndes es una de las personas que más han trabajado en ese país para que se garantice el acceso a los abortos no punibles. Se graduó como médico en la Universidad de Chile, donde llegó a ser profesor titular de Obstetricia y coordinador del programa de Salud de la Mujer. Su trabajo trascendió las fronteras latinoamericanas: entre otros cargos, presidió el Comité de Recursos para la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la OMS. A los 79 años, es un referente en la región y encabeza el grupo de trabajo para la Prevención del Aborto Inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
–¿Por qué se involucró con la problemática del aborto? Muchos médicos prefieren no meterse con el tema.
–Comencé a sensibilizarme con el tema del aborto cuando todavía era estudiante de Medicina, tenía que hacer mi práctica de urgencia, y en el área donde estaba había muchos abortos en esa época. Como el jefe de turno sabía que me interesaba por la ginecología, lo más práctico que encontró fue que cada vez que llegaba a mi turno a las 18.30 me mandaba a la sala de raspado. Y yo me quedaba haciendo curetajes hasta las 9 de la noche, en que terminaba el turno. En esa época, era el año 1954, se juzgaba que la mujer que tenía un aborto era provocado, que era una criminal que había matado a su hijo, sin ningún justificativo, y que por lo tanto había que castigarla haciendo que le doliera mucho y entonces se hacía el curetaje sin anestesia. Si la mujer se quejaba, la auxiliar de enfermería se encargaba de decirle: “¿No te gustó? Ahora págalo”. Con el tiempo yo fui escuchando las historias de las mujeres y fui entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino que por el contrario eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada.
–¿Pudo cambiar la forma de atenderlas?
–No pude cambiar las normas del lugar: seguí haciendo raspajes de la misma forma, pero me quedó en la cabeza que no podía permanecer indiferente a eso, que algo tenía que hacer para que menos mujeres tuvieran que pasar por todo ese proceso. Ahí también aprendí que muchas veces las mujeres se embarazaban porque los hombres les imponían el sexo contra su voluntad, que no tenían cómo prevenirse de un embarazo y que abortaban la mayor parte de las veces para proteger a los hijos que ya tenían o por otras razones que estaban muy lejos de ser egoístas y que no tenían por qué estar pagando por eso. Al principio creí que la planificación familiar era la respuesta a eso. Y por muchos años trabajé mucho en ese sentido. Con el tiempo me di cuenta de que la planificación familiar no era suficiente, de que nunca va a resolver el problema, porque un método puede fallar, porque hay relaciones forzadas, porque la anticoncepción no llega a todas las mujeres. Por mucho tiempo pensé que legalizar el aborto se justificaba solamente después de que ya se hubiera hecho todo lo posible por que todas las mujeres tuvieran acceso a planificación familiar.
–¿Por qué cambió de opinión?
–Con el tiempo me di cuenta de que en el fondo descriminalizar el aborto significaba que el aborto que en ese momento era inseguro pasara a ser seguro.
–Pasaron más de cincuenta años desde su primera aproximación al tema y no ha cambiado mucho en muchos países de la región en relación con el abordaje en los hospitales hacia las mujeres que abortan...
–En Chile ha cambiado bastante: ahora es mucho peor.
–¿Por qué hay resistencia?
–Hay una gran influencia religiosa. Y también es culpa de personas como yo, que no hemos trabajado tanto en aborto como lo hicimos en planificación familiar. Las cosas han cambiado en algunos países y no han cambiado en otros. En Brasil, por ejemplo, hemos conseguido a lo largo de los años que los médicos estén muy de acuerdo en que la ley tiene que ser mucho más permisiva de lo que es.
–¿En qué circunstancias está despenalizado en Brasil?
–Si hay riesgo en la vida de la mujer y en casos de violación.
–¿Se cumple la ley?
–En este momento casi en la mitad del país se está cumpliendo con la ley. En 2006 había más de 800 hospitales que decían que hacían interrupción legal de embarazo. Y creo que esa cifra se puede haber multiplicado por diez. El gobierno brasileño está empeñado en hacer accesible el aborto legal. Para eso, el Ministerio de Salud normatizó el aborto por violación.
–¿Cómo lo hizo?
–A través de la Norma para la Atención Integral de la Mujer o la Adolescente que sufre Violencia Sexual. Incluye la atención inmediata después de la violencia y la interrupción del embarazo en caso de que se embarace y no quiera continuar con la gestación. La primera norma fue del año 1998 y establecía que la mujer tenía que hacer la denuncia en el cuartel de policía. Después se modificó en 2003, diciendo que bastaba con que la mujer lo declarara en el hospital y quedara registrado con su firma en la historia clínica.
–¿Esa disposición no generó la reacción de los médicos planteando que quedaban desprotegidos ante la eventualidad de que la mujer pudiera mentir sobre la violación?
–La norma justamente es la que da seguridad.
–¿Qué status tiene la norma?
–Es una resolución del Ministerio de Salud.
–¿Con la norma se allanó el camino para garantizar el acceso a los abortos no punibles?
–Con la norma y con un trabajo de hormiga. Una norma no basta, es necesario trabajar hospital por hospital. Y no se trata sólo de trabajar con el director, sino con todo el personal, discutir el problema, mostrar por qué se tiene que cumplir con la norma, qué es lo que cambia y qué no cambia, sensibilizarlo, hasta que se consiga finalmente que empiecen a realizar interrupciones del embarazo de acuerdo con la ley.
–¿Cuáles son sus fundamentos para defender la despenalización y legalización del aborto?
–Desde el punto de vista de la salud, es muy claro que si se quiere reducir todos los daños de la mortalidad por aborto, la medida más efectiva es descriminalizarlo. Está perfectamente demostrado. En realidad, tengo tres razones. El argumento más importante tiene que ver con que criminalizar el aborto es muy eficiente para aumentar los sufrimientos, las muertes, las complicaciones, la enfermedad, el costo para la salud, para la familia y para el país. El segundo argumento es que es ineficiente: por una ley que prohíbe el aborto las mujeres no dejan de abortar. Todos los datos muestran que criminalización o no criminalización no es lo que determina que la mujer aborte o no lo haga. Y el tercer elemento tiene que ver con la justicia social. Es la típica ley que se aplica a las personas más pobres y más vulnerables. Esa ley no funciona para los que tienen poder. Para mí no funciona. Yo no tengo ningún problema si una nieta mía se embaraza de acceder a un aborto seguro. Estoy completamente convencido de que no se puede continuar con las características de la legislación actual en América latina. Pero tan importante como cambiar la ley es hacer cumplir la que ya está vigente y prevé abortos no punibles.
–Hace dos semanas, el Consejo Superior de la UBA aprobó una resolución por la que expresó su apoyo a la despenalización del aborto y reclamó un inmediato debate en el Congreso. Sólo se abstuvo el decano de Medicina y votó en contra un representante del claustro docente, que es médico. Plantearon que se habían formado para defender la vida. A usted, que también es médico, ¿no le genera una controversia?
–Claro que genera una controversia. Hasta entiendo a esos dos colegas. Pero también entiendo que ellos no comprenden que la solución para ese problema, de querer defender la vida, no está en criminalizar a la mujer que se quiere hacer un aborto. Si ellos realmente están en contra del aborto, tienen que luchar por la educación en sexualidad responsable desde la educación primaria y para que ninguna mujer tenga dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos más eficaces, porque ésas son las medidas que van a permitir que ese aborto no ocurra.
–¿Existe, como sostienen grupos antiderechos, el llamado trauma post aborto?
–Durante su gobierno, (el ex presidente George) Bush (hijo) le encargó al ministro de Salud de los Estados Unidos que reuniera evidencias de que existía ese trauma post aborto. La conclusión del cirujano general fue que no existía. Eso no significa que ninguna mujer que se provoca un aborto no tenga después trastornos psicológicos, depresión, pero no hay diferencia en cuanto a la frecuencia con que ocurre ese tipo de situaciones después de un aborto o después de un parto de un embarazo no deseado. Pero ese efecto negativo se presenta sobre todo con dos circunstancias: cuando no es la mujer la que decide el aborto, sino que lo hace presionada por otras fuerzas sociales alrededor de ella y cuando el ambiente es condenatorio. No por el aborto en sí mismo.
–El mensaje culpabilizador de la jerarquía católica contribuye a que puedan sentirse mal...
–Muchas mujeres lo solucionan diciendo: “Yo sé que Dios me entiende, a pesar de que el cura me está diciendo eso y sabe por qué yo quedé embarazada y sabe por qué lo interrumpí”.
–En su libro El drama del aborto plantea la necesidad de alcanzar un consenso social en torno del tema. ¿Cree que es posible?
–No creo que sea posible que todo el mundo esté de acuerdo en todo, pero sí que las personas se concienticen en determinadas posiciones. Por ejemplo, creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo con la edad gestacional límite en que debería permitirse el aborto. Pero cada vez se está entendiendo que criminalizar a la mujer que aborta no es el camino para combatir los abortos.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-151916-2010-08-24.html
ENTREVISTA CON EL MEDICO ANIBAL FAUNDES, DEFENSOR DE LA DESPENALIZACION DE LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO
Nacido en Chile y reconocido por su trabajo en salud sexual y reproductiva, especialmente en Brasil, Faúndes sostiene que la penalización es “ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”.
Por Mariana Carbajal
Comenzó a involucrarse con la problemática del aborto unos cincuenta años atrás, cuando era estudiante de Medicina en Chile y a las mujeres que llegaban a un hospital con signos de haber interrumpido un embarazo se las atendía sin anestesia para que sufrieran dolor, a propósito, a modo de castigo. “Con el tiempo, fui escuchando sus historias y entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino por el contrario, eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada”, dice el médico Aníbal Faúndes, nacido en Chile y reconocido internacionalmente por su extenso trabajo en salud sexual y reproductiva en distintos países latinoamericanos, especialmente en Brasil, donde vive hace muchos años. Defensor de la despenalización y legalización del aborto, Faúndes dará hoy a las 15 una conferencia en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados, invitado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En una entrevista con Página/12, fundamentó su posición, respondió a los argumentos que suelen esgrimir los sectores conservadores que se oponen a una ley más liberal y contó cómo se logró en Brasil que se realicen en el sector público, sin judicializaciones, las interrupciones legales de embarazo. La criminalización del aborto “es ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”, afirmó. Y aclaró que “tan importante como cambiar la ley que lo penaliza es hacer cumplir la que ya está vigente, que prevé los abortos legales”.
Faúndes es una de las personas que más han trabajado en ese país para que se garantice el acceso a los abortos no punibles. Se graduó como médico en la Universidad de Chile, donde llegó a ser profesor titular de Obstetricia y coordinador del programa de Salud de la Mujer. Su trabajo trascendió las fronteras latinoamericanas: entre otros cargos, presidió el Comité de Recursos para la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la OMS. A los 79 años, es un referente en la región y encabeza el grupo de trabajo para la Prevención del Aborto Inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
–¿Por qué se involucró con la problemática del aborto? Muchos médicos prefieren no meterse con el tema.
–Comencé a sensibilizarme con el tema del aborto cuando todavía era estudiante de Medicina, tenía que hacer mi práctica de urgencia, y en el área donde estaba había muchos abortos en esa época. Como el jefe de turno sabía que me interesaba por la ginecología, lo más práctico que encontró fue que cada vez que llegaba a mi turno a las 18.30 me mandaba a la sala de raspado. Y yo me quedaba haciendo curetajes hasta las 9 de la noche, en que terminaba el turno. En esa época, era el año 1954, se juzgaba que la mujer que tenía un aborto era provocado, que era una criminal que había matado a su hijo, sin ningún justificativo, y que por lo tanto había que castigarla haciendo que le doliera mucho y entonces se hacía el curetaje sin anestesia. Si la mujer se quejaba, la auxiliar de enfermería se encargaba de decirle: “¿No te gustó? Ahora págalo”. Con el tiempo yo fui escuchando las historias de las mujeres y fui entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino que por el contrario eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada.
–¿Pudo cambiar la forma de atenderlas?
–No pude cambiar las normas del lugar: seguí haciendo raspajes de la misma forma, pero me quedó en la cabeza que no podía permanecer indiferente a eso, que algo tenía que hacer para que menos mujeres tuvieran que pasar por todo ese proceso. Ahí también aprendí que muchas veces las mujeres se embarazaban porque los hombres les imponían el sexo contra su voluntad, que no tenían cómo prevenirse de un embarazo y que abortaban la mayor parte de las veces para proteger a los hijos que ya tenían o por otras razones que estaban muy lejos de ser egoístas y que no tenían por qué estar pagando por eso. Al principio creí que la planificación familiar era la respuesta a eso. Y por muchos años trabajé mucho en ese sentido. Con el tiempo me di cuenta de que la planificación familiar no era suficiente, de que nunca va a resolver el problema, porque un método puede fallar, porque hay relaciones forzadas, porque la anticoncepción no llega a todas las mujeres. Por mucho tiempo pensé que legalizar el aborto se justificaba solamente después de que ya se hubiera hecho todo lo posible por que todas las mujeres tuvieran acceso a planificación familiar.
–¿Por qué cambió de opinión?
–Con el tiempo me di cuenta de que en el fondo descriminalizar el aborto significaba que el aborto que en ese momento era inseguro pasara a ser seguro.
–Pasaron más de cincuenta años desde su primera aproximación al tema y no ha cambiado mucho en muchos países de la región en relación con el abordaje en los hospitales hacia las mujeres que abortan...
–En Chile ha cambiado bastante: ahora es mucho peor.
–¿Por qué hay resistencia?
–Hay una gran influencia religiosa. Y también es culpa de personas como yo, que no hemos trabajado tanto en aborto como lo hicimos en planificación familiar. Las cosas han cambiado en algunos países y no han cambiado en otros. En Brasil, por ejemplo, hemos conseguido a lo largo de los años que los médicos estén muy de acuerdo en que la ley tiene que ser mucho más permisiva de lo que es.
–¿En qué circunstancias está despenalizado en Brasil?
–Si hay riesgo en la vida de la mujer y en casos de violación.
–¿Se cumple la ley?
–En este momento casi en la mitad del país se está cumpliendo con la ley. En 2006 había más de 800 hospitales que decían que hacían interrupción legal de embarazo. Y creo que esa cifra se puede haber multiplicado por diez. El gobierno brasileño está empeñado en hacer accesible el aborto legal. Para eso, el Ministerio de Salud normatizó el aborto por violación.
–¿Cómo lo hizo?
–A través de la Norma para la Atención Integral de la Mujer o la Adolescente que sufre Violencia Sexual. Incluye la atención inmediata después de la violencia y la interrupción del embarazo en caso de que se embarace y no quiera continuar con la gestación. La primera norma fue del año 1998 y establecía que la mujer tenía que hacer la denuncia en el cuartel de policía. Después se modificó en 2003, diciendo que bastaba con que la mujer lo declarara en el hospital y quedara registrado con su firma en la historia clínica.
–¿Esa disposición no generó la reacción de los médicos planteando que quedaban desprotegidos ante la eventualidad de que la mujer pudiera mentir sobre la violación?
–La norma justamente es la que da seguridad.
–¿Qué status tiene la norma?
–Es una resolución del Ministerio de Salud.
–¿Con la norma se allanó el camino para garantizar el acceso a los abortos no punibles?
–Con la norma y con un trabajo de hormiga. Una norma no basta, es necesario trabajar hospital por hospital. Y no se trata sólo de trabajar con el director, sino con todo el personal, discutir el problema, mostrar por qué se tiene que cumplir con la norma, qué es lo que cambia y qué no cambia, sensibilizarlo, hasta que se consiga finalmente que empiecen a realizar interrupciones del embarazo de acuerdo con la ley.
–¿Cuáles son sus fundamentos para defender la despenalización y legalización del aborto?
–Desde el punto de vista de la salud, es muy claro que si se quiere reducir todos los daños de la mortalidad por aborto, la medida más efectiva es descriminalizarlo. Está perfectamente demostrado. En realidad, tengo tres razones. El argumento más importante tiene que ver con que criminalizar el aborto es muy eficiente para aumentar los sufrimientos, las muertes, las complicaciones, la enfermedad, el costo para la salud, para la familia y para el país. El segundo argumento es que es ineficiente: por una ley que prohíbe el aborto las mujeres no dejan de abortar. Todos los datos muestran que criminalización o no criminalización no es lo que determina que la mujer aborte o no lo haga. Y el tercer elemento tiene que ver con la justicia social. Es la típica ley que se aplica a las personas más pobres y más vulnerables. Esa ley no funciona para los que tienen poder. Para mí no funciona. Yo no tengo ningún problema si una nieta mía se embaraza de acceder a un aborto seguro. Estoy completamente convencido de que no se puede continuar con las características de la legislación actual en América latina. Pero tan importante como cambiar la ley es hacer cumplir la que ya está vigente y prevé abortos no punibles.
–Hace dos semanas, el Consejo Superior de la UBA aprobó una resolución por la que expresó su apoyo a la despenalización del aborto y reclamó un inmediato debate en el Congreso. Sólo se abstuvo el decano de Medicina y votó en contra un representante del claustro docente, que es médico. Plantearon que se habían formado para defender la vida. A usted, que también es médico, ¿no le genera una controversia?
–Claro que genera una controversia. Hasta entiendo a esos dos colegas. Pero también entiendo que ellos no comprenden que la solución para ese problema, de querer defender la vida, no está en criminalizar a la mujer que se quiere hacer un aborto. Si ellos realmente están en contra del aborto, tienen que luchar por la educación en sexualidad responsable desde la educación primaria y para que ninguna mujer tenga dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos más eficaces, porque ésas son las medidas que van a permitir que ese aborto no ocurra.
–¿Existe, como sostienen grupos antiderechos, el llamado trauma post aborto?
–Durante su gobierno, (el ex presidente George) Bush (hijo) le encargó al ministro de Salud de los Estados Unidos que reuniera evidencias de que existía ese trauma post aborto. La conclusión del cirujano general fue que no existía. Eso no significa que ninguna mujer que se provoca un aborto no tenga después trastornos psicológicos, depresión, pero no hay diferencia en cuanto a la frecuencia con que ocurre ese tipo de situaciones después de un aborto o después de un parto de un embarazo no deseado. Pero ese efecto negativo se presenta sobre todo con dos circunstancias: cuando no es la mujer la que decide el aborto, sino que lo hace presionada por otras fuerzas sociales alrededor de ella y cuando el ambiente es condenatorio. No por el aborto en sí mismo.
–El mensaje culpabilizador de la jerarquía católica contribuye a que puedan sentirse mal...
–Muchas mujeres lo solucionan diciendo: “Yo sé que Dios me entiende, a pesar de que el cura me está diciendo eso y sabe por qué yo quedé embarazada y sabe por qué lo interrumpí”.
–En su libro El drama del aborto plantea la necesidad de alcanzar un consenso social en torno del tema. ¿Cree que es posible?
–No creo que sea posible que todo el mundo esté de acuerdo en todo, pero sí que las personas se concienticen en determinadas posiciones. Por ejemplo, creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo con la edad gestacional límite en que debería permitirse el aborto. Pero cada vez se está entendiendo que criminalizar a la mujer que aborta no es el camino para combatir los abortos.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-151916-2010-08-24.html
lunes, 24 de mayo de 2010
lunes, 17 de mayo de 2010
Delatando la injusticia
Viernes, 14 de mayo de 2010
salud
Delatando la injusticia
Un fallo que condenó la inactividad médica frente al sufrimiento de una joven de 20 años, enferma de cáncer, que murió sin tratamiento porque el fundamentalismo de quienes la atendieron impidió que se le practicara un aborto –el embarazo era incompatible con la quimioterapia–, acaba de recibir un premio internacional como fruto de una estrategia colectiva destinada a visibilizar cómo la falta de acceso a la salud reproductiva y al aborto combinada con la exclusión social es sinónimo de muerte para miles de mujeres en cuyos cuerpos se libra una batalla ideológica que les niega el derecho a decidir por sí mismas.
Por Sonia Tessa
El lunes 17 de mayo se cumplirán tres años de la muerte de Ana María Acevedo, la joven de 20 años, oriunda de Vera, que no recibió ningún tratamiento para su cáncer de maxilar porque los médicos del hospital provincial Iturraspe, de Santa Fe, se negaron a practicarle un aborto perfectamente encuadrado en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal. Los meses de dolorosa agonía que derivaron en su evitable muerte la convirtieron en un símbolo del alcance del fundamentalismo religioso y sus efectos sobre las políticas públicas. Pero también fue histórico y ejemplar el fallo del juez Eduardo Pocoví que –tras un trabajo comprometido y minucioso– procesó penalmente a seis médicos por incumplimiento de deberes de funcionario público y lesiones culposas, y esta semana recibió un reconocimiento internacional, el premio Mallete por votación del público, que entrega Women’s Link Worldwide, una organización internacional que defiende los derechos de las mujeres, con sede en Bogotá y Madrid. La historia se teje de manera colectiva y esta distinción comenzó a urdirse la noche misma de la muerte de Ana María, cuando la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe se planteó una estrategia jurídica y política para hacer visible la injusticia. Marchas, videos, charlas por todo el país y murales, así como también una presentación judicial seguida de cerca por las abogadas Lucila Puyol, Paula Condrac y Mirta Manzur dieron sus frutos.
Pocoví, que ya no tiene el caso en sus manos, reconoció que esta distinción significa “un halago y un reconocimiento a una labor en la que no todos los días se reciben buenas noticias”. Al mismo tiempo, afirmó que sabía que su fallo podía “llamar la atención, porque tiene un alto contenido de derechos humanos”. El magistrado se comprometió con el caso, que conoció al dedillo, y falló en consecuencia. “En este caso estaba en juego la conducta de individuos, era la actividad médica por un lado, en el desempeño de una función. El fallo sancionó la inactividad, ponderado desde el punto de vista de la prestación del servicio”, agregó el juez, quien admitió que siempre conoció “la importancia del fallo, del caso y la trascendencia que podía llegar a tener”.
Por su parte, para Norma Cuevas, la mamá de Ana María, es positiva la repercusión internacional del procesamiento a los médicos con los que lidió durante meses, rogándoles que le practicaran un aborto a su hija para tratarla contra el cáncer. “Estamos contentos. Ojalá que sirva para algo. A ella no la recupero más, pero por lo menos que sirva para otras”, dice desde Vera, donde está preparando el traslado de los restos de Ana María desde un depósito a un nicho propio, que se realizará el lunes, para conmemorar el aniversario. La familia de Norma y Haroldo Acevedo vive humildemente, como toda la vida. Se hicieron cargo de tres hijos de Ana María, que eran muy pequeños cuando ella murió. “Los médicos tienen que ser castigados, porque mi hija no era para morirse tan rápido. Ella tenía que hacerse tratamiento urgente, y en el hospital Iturraspe no se lo quisieron hacer”, recuerda la mujer que batalló infatigablemente, primero para lograr una oportunidad de vida para su hija, y luego para obtener justicia.
“El 17 de mayo de 2007, nosotras no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, no teníamos idea de lo que esto iba a significar para el movimiento de mujeres, para nosotras como Multisectorial, lo que iba a representar Ana María en nuestras vidas, la bandera, toda la repercusión de su drama. Y todo lo que significó para Pocoví y también para los imputados”, dice Condrac, satisfecha por el premio. Sí recuerda que ese 17 de mayo las movía “la indignación ante la injusticia. Ana María mostró con crudeza la exclusión social, las políticas públicas de abandono hacia los sectores populares en materia de salud, de educación, de derechos humanos”. A tal punto que la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe impulsa que una calle de la capital provincial lleve su nombre.
En ese punto, Lucila Puyol agregó que su tarea como abogada de la Multisectorial es “defender los derechos de las desposeídas. Hay que agudizar la creatividad para encontrar formas de visibilización, la mirada judicial es importante pero no la única. Nunca nos podemos quedar atrapadas en la burocracia de los tribunales, sin la lucha de las compañeras, los murales, los reclamos a los/las legisladoras, a los ejecutivos, no vamos a conseguir la transformación que necesitamos”. Por eso, Puyol celebra el premio que recibió el fallo de Pocoví, pero va por más. “No alcanza tener seis médicos condenados, si queda sólo en ese caso y no sirve para transformar el hospital público y las conductas de los agentes de salud, para transformar la mirada del Poder Judicial y la formación que garantice los derechos de las mujeres”, afirma Puyol.
En ese sentido, Condrac subraya el valor del fallo de Pocoví. “Esto de que no hacer un aborto legal es un delito fue histórico. Fue además lo que quisimos demostrar que cuando se está peleando en la Argentina por legalizar el aborto, no se puede retroceder ni un centímetro en lo ya conquistado”, apunta.
Para impedir cualquier retroceso –como ocurre en cada instancia de aborto no punible que el Movimiento de Mujeres de todo el país tiene que salir a batallar–, se necesitan estrategias. “Nosotras lo que siempre tuvimos claro es que además de la estrategia jurídica teníamos que tener una estrategia política, porque las mujeres y las minorías estamos acostumbradas a hacer sopa de la piedra. Por eso los murales, el video, las marchas, la presencia en todos los lugares del país”, apuntó la abogada.
Justamente, el acompañamiento del Movimiento de Mujeres de la Argentina, y fundamentalmente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue esencial en la difusión de la historia de Ana María. Con la consigna de avanzar hacia la concreción de la ley, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito –integrada por más de 200 organizaciones en todo el país– proyecta juntar 50 mil firmas para el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en apoyo al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado el pasado 11 de marzo pasado, que ya cuenta con la firma de más de 40 diputadas y los diputados nacionales. La campaña convoca a “las actividades y acciones callejeras que se realizarán este 28 de mayo en distintos puntos del país”, así como también a ingresar al blog http://abortolegalseguroygratuito.blogspot.com/, para colaborar juntando firmas. La campaña también convoca a unirse al grupo de Facebook “Yo también apoyo el aborto legal en Argentina”.
En ese marco, tanto Condrac como Puyol subrayan el valor del premio Mallete, que surgió de un análisis sobre 32 casos de los cinco continentes, con una participación del público que superó los 1500 votos en la red. “Creemos que es un apoyo muy contundente del movimiento de mujeres argentinas y del público en general, con votos de todo el mundo, al considerar que no hacer un aborto legal es un delito. Hubo un apoyo unánime a una resolución judicial histórica que obliga a los médicos a cumplir con este derecho”, indica Condrac. Por su parte, Puyol agrega: “Es un orgullo muy grande. El voto del público significa que el caso de Ana María Acevedo es conocido y que conmueve a muchísima gente, porque se trató de una joven de 20 años a quien le negaron un aborto, y murió sin haber tenido ninguna posibilidad de pelear por su vida”.
salud
Delatando la injusticia
Un fallo que condenó la inactividad médica frente al sufrimiento de una joven de 20 años, enferma de cáncer, que murió sin tratamiento porque el fundamentalismo de quienes la atendieron impidió que se le practicara un aborto –el embarazo era incompatible con la quimioterapia–, acaba de recibir un premio internacional como fruto de una estrategia colectiva destinada a visibilizar cómo la falta de acceso a la salud reproductiva y al aborto combinada con la exclusión social es sinónimo de muerte para miles de mujeres en cuyos cuerpos se libra una batalla ideológica que les niega el derecho a decidir por sí mismas.
Por Sonia Tessa
El lunes 17 de mayo se cumplirán tres años de la muerte de Ana María Acevedo, la joven de 20 años, oriunda de Vera, que no recibió ningún tratamiento para su cáncer de maxilar porque los médicos del hospital provincial Iturraspe, de Santa Fe, se negaron a practicarle un aborto perfectamente encuadrado en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal. Los meses de dolorosa agonía que derivaron en su evitable muerte la convirtieron en un símbolo del alcance del fundamentalismo religioso y sus efectos sobre las políticas públicas. Pero también fue histórico y ejemplar el fallo del juez Eduardo Pocoví que –tras un trabajo comprometido y minucioso– procesó penalmente a seis médicos por incumplimiento de deberes de funcionario público y lesiones culposas, y esta semana recibió un reconocimiento internacional, el premio Mallete por votación del público, que entrega Women’s Link Worldwide, una organización internacional que defiende los derechos de las mujeres, con sede en Bogotá y Madrid. La historia se teje de manera colectiva y esta distinción comenzó a urdirse la noche misma de la muerte de Ana María, cuando la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe se planteó una estrategia jurídica y política para hacer visible la injusticia. Marchas, videos, charlas por todo el país y murales, así como también una presentación judicial seguida de cerca por las abogadas Lucila Puyol, Paula Condrac y Mirta Manzur dieron sus frutos.
Pocoví, que ya no tiene el caso en sus manos, reconoció que esta distinción significa “un halago y un reconocimiento a una labor en la que no todos los días se reciben buenas noticias”. Al mismo tiempo, afirmó que sabía que su fallo podía “llamar la atención, porque tiene un alto contenido de derechos humanos”. El magistrado se comprometió con el caso, que conoció al dedillo, y falló en consecuencia. “En este caso estaba en juego la conducta de individuos, era la actividad médica por un lado, en el desempeño de una función. El fallo sancionó la inactividad, ponderado desde el punto de vista de la prestación del servicio”, agregó el juez, quien admitió que siempre conoció “la importancia del fallo, del caso y la trascendencia que podía llegar a tener”.
Por su parte, para Norma Cuevas, la mamá de Ana María, es positiva la repercusión internacional del procesamiento a los médicos con los que lidió durante meses, rogándoles que le practicaran un aborto a su hija para tratarla contra el cáncer. “Estamos contentos. Ojalá que sirva para algo. A ella no la recupero más, pero por lo menos que sirva para otras”, dice desde Vera, donde está preparando el traslado de los restos de Ana María desde un depósito a un nicho propio, que se realizará el lunes, para conmemorar el aniversario. La familia de Norma y Haroldo Acevedo vive humildemente, como toda la vida. Se hicieron cargo de tres hijos de Ana María, que eran muy pequeños cuando ella murió. “Los médicos tienen que ser castigados, porque mi hija no era para morirse tan rápido. Ella tenía que hacerse tratamiento urgente, y en el hospital Iturraspe no se lo quisieron hacer”, recuerda la mujer que batalló infatigablemente, primero para lograr una oportunidad de vida para su hija, y luego para obtener justicia.
“El 17 de mayo de 2007, nosotras no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, no teníamos idea de lo que esto iba a significar para el movimiento de mujeres, para nosotras como Multisectorial, lo que iba a representar Ana María en nuestras vidas, la bandera, toda la repercusión de su drama. Y todo lo que significó para Pocoví y también para los imputados”, dice Condrac, satisfecha por el premio. Sí recuerda que ese 17 de mayo las movía “la indignación ante la injusticia. Ana María mostró con crudeza la exclusión social, las políticas públicas de abandono hacia los sectores populares en materia de salud, de educación, de derechos humanos”. A tal punto que la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe impulsa que una calle de la capital provincial lleve su nombre.
En ese punto, Lucila Puyol agregó que su tarea como abogada de la Multisectorial es “defender los derechos de las desposeídas. Hay que agudizar la creatividad para encontrar formas de visibilización, la mirada judicial es importante pero no la única. Nunca nos podemos quedar atrapadas en la burocracia de los tribunales, sin la lucha de las compañeras, los murales, los reclamos a los/las legisladoras, a los ejecutivos, no vamos a conseguir la transformación que necesitamos”. Por eso, Puyol celebra el premio que recibió el fallo de Pocoví, pero va por más. “No alcanza tener seis médicos condenados, si queda sólo en ese caso y no sirve para transformar el hospital público y las conductas de los agentes de salud, para transformar la mirada del Poder Judicial y la formación que garantice los derechos de las mujeres”, afirma Puyol.
En ese sentido, Condrac subraya el valor del fallo de Pocoví. “Esto de que no hacer un aborto legal es un delito fue histórico. Fue además lo que quisimos demostrar que cuando se está peleando en la Argentina por legalizar el aborto, no se puede retroceder ni un centímetro en lo ya conquistado”, apunta.
Para impedir cualquier retroceso –como ocurre en cada instancia de aborto no punible que el Movimiento de Mujeres de todo el país tiene que salir a batallar–, se necesitan estrategias. “Nosotras lo que siempre tuvimos claro es que además de la estrategia jurídica teníamos que tener una estrategia política, porque las mujeres y las minorías estamos acostumbradas a hacer sopa de la piedra. Por eso los murales, el video, las marchas, la presencia en todos los lugares del país”, apuntó la abogada.
Justamente, el acompañamiento del Movimiento de Mujeres de la Argentina, y fundamentalmente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue esencial en la difusión de la historia de Ana María. Con la consigna de avanzar hacia la concreción de la ley, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito –integrada por más de 200 organizaciones en todo el país– proyecta juntar 50 mil firmas para el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en apoyo al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado el pasado 11 de marzo pasado, que ya cuenta con la firma de más de 40 diputadas y los diputados nacionales. La campaña convoca a “las actividades y acciones callejeras que se realizarán este 28 de mayo en distintos puntos del país”, así como también a ingresar al blog http://abortolegalseguroygratuito.blogspot.com/, para colaborar juntando firmas. La campaña también convoca a unirse al grupo de Facebook “Yo también apoyo el aborto legal en Argentina”.
En ese marco, tanto Condrac como Puyol subrayan el valor del premio Mallete, que surgió de un análisis sobre 32 casos de los cinco continentes, con una participación del público que superó los 1500 votos en la red. “Creemos que es un apoyo muy contundente del movimiento de mujeres argentinas y del público en general, con votos de todo el mundo, al considerar que no hacer un aborto legal es un delito. Hubo un apoyo unánime a una resolución judicial histórica que obliga a los médicos a cumplir con este derecho”, indica Condrac. Por su parte, Puyol agrega: “Es un orgullo muy grande. El voto del público significa que el caso de Ana María Acevedo es conocido y que conmueve a muchísima gente, porque se trató de una joven de 20 años a quien le negaron un aborto, y murió sin haber tenido ninguna posibilidad de pelear por su vida”.
martes, 27 de abril de 2010
RELIGIONES, BIOETICA Y ESTADO LAICO. ROBERTO BLANCARTE
Religiones, bioética y Estado laico
Roberto Blancarte
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• 2010-04-27• Milenio
¿Cuándo comienza la vida?, le preguntaron a varios dirigentes religiosos. El obispo católico contestó sin pensarlo: “Desde el momento de la concepción”. El imán musulmán reflexionó por algunos segundos y dijo: “La persona humana puede ser definida en el embrión solamente hasta el día número 100 del embarazo”. El rabino judío señaló: “Así como en la muerte, también hay un proceso en la aparición de la vida, distintas fases en la gestación de un ser. Según la Biblia y la interpretación, la persona no tiene identidad como tal, diferenciada de la madre en el momento de la concepción, sino en el alumbramiento”. Finalmente, se le hace la pregunta a un viejo profesor de filosofía y éste, después de una sesuda reflexión afirma: “La vida comienza cuando los hijos se van y el perro se muere”. El chiste puede parecer hasta irrespetuoso pero muestra muy bien cómo acerca de la vida puede haber muchas concepciones. La semana pasada participé en el Seminario Hispanoamericano de Bioética, organizado por el Colegio de Bioética, la Universidad de Nuevo León y el Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona. Allí traté de establecer una sola idea: en las discusiones sobre bioética y religión, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que ninguna religión es monolítica y que, por lo tanto, la pluralidad de creencias debe ser la base para la toma de decisiones.
En América Latina, sin embargo, la histórica hegemonía católica ha distorsionado nuestra perspectiva del papel de las religiones en los debates sobre bioética. Por un lado, no existe en términos generales la noción de que puede haber diversas posturas respecto a estos temas provenientes de un mercado religioso plural y, por el otro, dada la estructura piramidal y jerárquica de la propia Iglesia católica, tampoco hay mucha conciencia entre la gente de que la diversidad de opiniones dentro de una misma religión es más bien la regla y no la excepción. De hecho, una mirada rápida a las principales religiones del mundo nos muestra que el modelo católico de gobierno es más bien un vestigio del pasado, con crecientes dificultades para enfrentar los retos que el mundo moderno le plantea. No existe nada similar al poder pontifical en las otras religiones. De hecho, ni el islam ni el judaísmo se asumen como religiones que giran alrededor de modelos eclesiales o clericales. Mucho menos con una sola cabeza, incuestionada e incuestionable por sus propios hermanos de fe. El budismo tibetano, que también tiene una dirigencia, es sólo una expresión de los muchos budismos en diversas partes del mundo, así como lo es el shiismo con fuerte implantación en Irán e Irak. Los cristianismos ortodoxo, protestante y evangélico no conocen tampoco una sola cabeza ni un poder centralizador.
A pesar de todo, en el marco latinoamericano no se asume que la diversidad de opiniones religiosas es natural y común. Por el contrario, existe la tendencia a pensar lo religioso como una unidad doctrinal y teológica. En dicho contexto, la aparición de una bioética laica enfrenta una dificultad central: la de generar un espacio de decisiones que responda al interés público, independientemente de las creencias personales de cada quien, enfrentando por un lado las presiones de las dirigencias religiosas que desean moldear las legislaciones y políticas públicas y, por el otro, una cultura que no se asume como religiosa pero que de hecho permea las prácticas cotidianas y decisiones políticas de muchos sectores de la sociedad. Así por ejemplo el Senado puede hacer una reforma a las leyes con el objeto de eliminar el encarnizamiento terapéutico, pero es incapaz de permitir la eutanasia, para que el enfermo terminal pueda decidir en conciencia si quiere morir y las instituciones públicas lo ayuden para hacerlo sin dolor. La diferencia entre una y otra reforma es que el Senado todavía no puede concebir una ley laica que no dependa de la creencia religiosa de que el único que puede dar y quitar la vida es Dios. Lo más grave es que el Senado, dominado por el PAN, ese partido que se sigue oponiendo a la laicidad del Estado a través de la reforma al artículo 40, ni siquiera se cuestiona sobre este asunto. Los únicos que tienen derecho son los enfermos terminales que son creyentes; los agnósticos y ateos no pueden morir como lo desean.
La generación de una ética laica supone en consecuencia un aprendizaje acerca de la importancia del Estado laico para la convivencia en la pluralidad de opiniones y la diversidad de posiciones. El punto central en esta enseñanza es la necesidad de la defensa de la libertad de conciencia y el respeto de las minorías, para lo cual se requiere una autonomía de lo político frente a lo religioso. De esa manera, la laicidad no aparece como un contrapunto de las religiones en su interacción con la bioética, sino por el contrario como la característica esencial para la resolución de dilemas que conciernen a todos, creyentes en toda su diversidad y no creyentes, interesados todos en la definición de un interés público compatible con las mayores libertades posibles. Pero a nuestros políticos les sigue faltando mucha claridad al respecto. No nos queda más que la información y la paciencia.
blancart@colmex.mx
Roberto Blancarte
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• 2010-04-27• Milenio
¿Cuándo comienza la vida?, le preguntaron a varios dirigentes religiosos. El obispo católico contestó sin pensarlo: “Desde el momento de la concepción”. El imán musulmán reflexionó por algunos segundos y dijo: “La persona humana puede ser definida en el embrión solamente hasta el día número 100 del embarazo”. El rabino judío señaló: “Así como en la muerte, también hay un proceso en la aparición de la vida, distintas fases en la gestación de un ser. Según la Biblia y la interpretación, la persona no tiene identidad como tal, diferenciada de la madre en el momento de la concepción, sino en el alumbramiento”. Finalmente, se le hace la pregunta a un viejo profesor de filosofía y éste, después de una sesuda reflexión afirma: “La vida comienza cuando los hijos se van y el perro se muere”. El chiste puede parecer hasta irrespetuoso pero muestra muy bien cómo acerca de la vida puede haber muchas concepciones. La semana pasada participé en el Seminario Hispanoamericano de Bioética, organizado por el Colegio de Bioética, la Universidad de Nuevo León y el Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona. Allí traté de establecer una sola idea: en las discusiones sobre bioética y religión, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que ninguna religión es monolítica y que, por lo tanto, la pluralidad de creencias debe ser la base para la toma de decisiones.
En América Latina, sin embargo, la histórica hegemonía católica ha distorsionado nuestra perspectiva del papel de las religiones en los debates sobre bioética. Por un lado, no existe en términos generales la noción de que puede haber diversas posturas respecto a estos temas provenientes de un mercado religioso plural y, por el otro, dada la estructura piramidal y jerárquica de la propia Iglesia católica, tampoco hay mucha conciencia entre la gente de que la diversidad de opiniones dentro de una misma religión es más bien la regla y no la excepción. De hecho, una mirada rápida a las principales religiones del mundo nos muestra que el modelo católico de gobierno es más bien un vestigio del pasado, con crecientes dificultades para enfrentar los retos que el mundo moderno le plantea. No existe nada similar al poder pontifical en las otras religiones. De hecho, ni el islam ni el judaísmo se asumen como religiones que giran alrededor de modelos eclesiales o clericales. Mucho menos con una sola cabeza, incuestionada e incuestionable por sus propios hermanos de fe. El budismo tibetano, que también tiene una dirigencia, es sólo una expresión de los muchos budismos en diversas partes del mundo, así como lo es el shiismo con fuerte implantación en Irán e Irak. Los cristianismos ortodoxo, protestante y evangélico no conocen tampoco una sola cabeza ni un poder centralizador.
A pesar de todo, en el marco latinoamericano no se asume que la diversidad de opiniones religiosas es natural y común. Por el contrario, existe la tendencia a pensar lo religioso como una unidad doctrinal y teológica. En dicho contexto, la aparición de una bioética laica enfrenta una dificultad central: la de generar un espacio de decisiones que responda al interés público, independientemente de las creencias personales de cada quien, enfrentando por un lado las presiones de las dirigencias religiosas que desean moldear las legislaciones y políticas públicas y, por el otro, una cultura que no se asume como religiosa pero que de hecho permea las prácticas cotidianas y decisiones políticas de muchos sectores de la sociedad. Así por ejemplo el Senado puede hacer una reforma a las leyes con el objeto de eliminar el encarnizamiento terapéutico, pero es incapaz de permitir la eutanasia, para que el enfermo terminal pueda decidir en conciencia si quiere morir y las instituciones públicas lo ayuden para hacerlo sin dolor. La diferencia entre una y otra reforma es que el Senado todavía no puede concebir una ley laica que no dependa de la creencia religiosa de que el único que puede dar y quitar la vida es Dios. Lo más grave es que el Senado, dominado por el PAN, ese partido que se sigue oponiendo a la laicidad del Estado a través de la reforma al artículo 40, ni siquiera se cuestiona sobre este asunto. Los únicos que tienen derecho son los enfermos terminales que son creyentes; los agnósticos y ateos no pueden morir como lo desean.
La generación de una ética laica supone en consecuencia un aprendizaje acerca de la importancia del Estado laico para la convivencia en la pluralidad de opiniones y la diversidad de posiciones. El punto central en esta enseñanza es la necesidad de la defensa de la libertad de conciencia y el respeto de las minorías, para lo cual se requiere una autonomía de lo político frente a lo religioso. De esa manera, la laicidad no aparece como un contrapunto de las religiones en su interacción con la bioética, sino por el contrario como la característica esencial para la resolución de dilemas que conciernen a todos, creyentes en toda su diversidad y no creyentes, interesados todos en la definición de un interés público compatible con las mayores libertades posibles. Pero a nuestros políticos les sigue faltando mucha claridad al respecto. No nos queda más que la información y la paciencia.
blancart@colmex.mx
miércoles, 14 de abril de 2010
Gobierno de Q. Roo viola derechos de niña
Un costo de la reforma fundamentalista
Marta Lamas
A la diputada priista María Hadad Castillo, por su valentía
MÉXICO, D.F., 13 de abril.-
En Quintana Roo se desarrolla un drama en torno a una niña de 10 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual de su padrastro. La pequeña, originaria de Rovirosa, una comunidad rural, queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto: en el caso de violación es hasta los 90 días, y ella tiene ya cuatro meses de gestación, o sea, 120 días. La diputada María Hadad Castillo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, ha hecho un llamado para que los médicos interrumpan ese embarazo. Según Hadad Castillo, una posibilidad sería que los médicos declararan que su vida corre peligro y así se aplicaría la cuarta causal, que señala que el aborto no será punible cuando, “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida”. De acuerdo con la diputada, y coincido con ella, la vida de la chiquita ya está en peligro: violada reiteradamente, enfrenta una maternidad forzada para la cual no está preparada. Los médicos del DIF hablan de un embarazo de alto riesgo, pero no de peligro para su vida. ¿Por qué? Porque piensan que asumir esa postura los convertiría en “abortistas”, y tienen miedo, luego de que en abril del año pasado 18 diputados (13 del PRI, cuatro del PAN y uno del Verde Ecologista) aprobaron en Quintana Roo la reforma que consagra al ser, desde su concepción, como “sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes”. (Los siete diputados que votaron en contra fueron uno del PRI, uno de Convergencia, uno del PRD, dos del Verde Ecologista, uno del Panal y uno del PT.) A partir de ese momento, muchos médicos que tenían una postura humanitaria respecto al aborto percibieron un riesgo y dieron un paso atrás: no se quieren meter en problemas. No es un temor infundado el que sienten. Hace unos meses se dio el caso de una joven embarazada de siete meses que, al mover los muebles de su casa, tuvo un aborto imprudencial. Llegó al hospital, luego de haber perdido tres litros de sangre, sólo para que la detuviera la policía. La Procuraduría, en un gesto que la hizo más papista que el Papa, reclasificó ese aborto imprudencial como homicidio culposo agravado por parentesco y metió a la muchacha a la cárcel. La presión de diversos grupos de la sociedad fue tal que se logró que la Procuraduría se desistiera y el juez la dejara libre. Pero este incidente marcó un giro punitivo fuera de lo común, derivado de la reciente reforma. Según la diputada Hadad, Quintana Roo es el estado líder en abuso sexual contra menores. En el estudio que UNICEF y el DIF hicieron sobre la infancia en México, mientras el índice de abuso sexual contra niños alcanzaba un promedio nacional de 3.4, en Quintana Roo casi se triplicaba: 9.7. Y como estos índices se construyen a partir de las demandas presentadas, si se consideraran los casos que no llegan a denunciarse el número real sería mucho mayor. Es espantosa la cobardía que rodea el caso de la chiquita violada y embarazada. Aunque la diputada priista ha intentado introducir algo de racionalidad al asunto, las demás autoridades son pusilánimemente precavidas. Areli Camargo Chávez, procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, señaló que aunque la menor de edad “no deja de ser una niña”, es mejor que continúe con la gestación. ¿Mejor para quién? Esta funcionaria afirmó que, de acuerdo “con el informe del ginecólogo, su vida no corre peligro; el embarazo es de alto riesgo, no va a ser natural, será cesárea; sin embargo, su bienestar se garantiza si se continúa con él”. ¿Qué implica llevar a término el producto de una violación? ¿Acaso se trata de que la niña dé a luz a una muñeca con la cual jugar? ¿No hay una visión de futuro que respete su vida? Camargo Chávez concedió que, en caso de que se “comprobara” que la vida de la niña estuviese en riesgo, “ella siempre sería la prioridad”. ¿Quién va a arriesgar esa “comprobación”, cuando a raíz de la reciente reforma se ha provocado recelo entre los médicos? Más que tomar una determinación pensando que el futuro de esa niña debería ser estudiar y jugar, se introducen juicios morales y religiosos sobre la vida por venir. ¿Eligió esa niña ser madre? ¿Es tan complejo regresarla a la situación previa?En nuestro país el conflicto en torno al aborto va a persistir mientras no se deslinde en serio el aspecto legal del moral. Hay que prevenir los abortos con una educación sexual amplia y con una oferta sostenida de métodos anticonceptivos. Pero también hay que remediar los embarazos no deseados, especialmente los que son producto de la violencia sexual. Tal vez una mujer adulta pueda consentir un embarazo producto de una violación. Una niña de 10 años no está en condiciones de hacerlo. Por último, se necesita unificar el tratamiento penal del aborto en todo el territorio nacional. Sólo la seguridad jurídica de no estar cometiendo un delito hará que los médicos se atrevan a resolver humanitariamente situaciones trágicas como la de esta chiquita. Mientras tanto, es imprescindible escuchar voces como las de la diputada Hadad Castillo, que obligan a revisar y debatir las consecuencias de las 17 nefastas reformas conservadoras. Editorial EL UNIVERSALLa engañosa publicidad14 de abril de 2010
Marta Lamas
A la diputada priista María Hadad Castillo, por su valentía
MÉXICO, D.F., 13 de abril.-
En Quintana Roo se desarrolla un drama en torno a una niña de 10 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual de su padrastro. La pequeña, originaria de Rovirosa, una comunidad rural, queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto: en el caso de violación es hasta los 90 días, y ella tiene ya cuatro meses de gestación, o sea, 120 días. La diputada María Hadad Castillo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, ha hecho un llamado para que los médicos interrumpan ese embarazo. Según Hadad Castillo, una posibilidad sería que los médicos declararan que su vida corre peligro y así se aplicaría la cuarta causal, que señala que el aborto no será punible cuando, “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida”. De acuerdo con la diputada, y coincido con ella, la vida de la chiquita ya está en peligro: violada reiteradamente, enfrenta una maternidad forzada para la cual no está preparada. Los médicos del DIF hablan de un embarazo de alto riesgo, pero no de peligro para su vida. ¿Por qué? Porque piensan que asumir esa postura los convertiría en “abortistas”, y tienen miedo, luego de que en abril del año pasado 18 diputados (13 del PRI, cuatro del PAN y uno del Verde Ecologista) aprobaron en Quintana Roo la reforma que consagra al ser, desde su concepción, como “sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes”. (Los siete diputados que votaron en contra fueron uno del PRI, uno de Convergencia, uno del PRD, dos del Verde Ecologista, uno del Panal y uno del PT.) A partir de ese momento, muchos médicos que tenían una postura humanitaria respecto al aborto percibieron un riesgo y dieron un paso atrás: no se quieren meter en problemas. No es un temor infundado el que sienten. Hace unos meses se dio el caso de una joven embarazada de siete meses que, al mover los muebles de su casa, tuvo un aborto imprudencial. Llegó al hospital, luego de haber perdido tres litros de sangre, sólo para que la detuviera la policía. La Procuraduría, en un gesto que la hizo más papista que el Papa, reclasificó ese aborto imprudencial como homicidio culposo agravado por parentesco y metió a la muchacha a la cárcel. La presión de diversos grupos de la sociedad fue tal que se logró que la Procuraduría se desistiera y el juez la dejara libre. Pero este incidente marcó un giro punitivo fuera de lo común, derivado de la reciente reforma. Según la diputada Hadad, Quintana Roo es el estado líder en abuso sexual contra menores. En el estudio que UNICEF y el DIF hicieron sobre la infancia en México, mientras el índice de abuso sexual contra niños alcanzaba un promedio nacional de 3.4, en Quintana Roo casi se triplicaba: 9.7. Y como estos índices se construyen a partir de las demandas presentadas, si se consideraran los casos que no llegan a denunciarse el número real sería mucho mayor. Es espantosa la cobardía que rodea el caso de la chiquita violada y embarazada. Aunque la diputada priista ha intentado introducir algo de racionalidad al asunto, las demás autoridades son pusilánimemente precavidas. Areli Camargo Chávez, procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, señaló que aunque la menor de edad “no deja de ser una niña”, es mejor que continúe con la gestación. ¿Mejor para quién? Esta funcionaria afirmó que, de acuerdo “con el informe del ginecólogo, su vida no corre peligro; el embarazo es de alto riesgo, no va a ser natural, será cesárea; sin embargo, su bienestar se garantiza si se continúa con él”. ¿Qué implica llevar a término el producto de una violación? ¿Acaso se trata de que la niña dé a luz a una muñeca con la cual jugar? ¿No hay una visión de futuro que respete su vida? Camargo Chávez concedió que, en caso de que se “comprobara” que la vida de la niña estuviese en riesgo, “ella siempre sería la prioridad”. ¿Quién va a arriesgar esa “comprobación”, cuando a raíz de la reciente reforma se ha provocado recelo entre los médicos? Más que tomar una determinación pensando que el futuro de esa niña debería ser estudiar y jugar, se introducen juicios morales y religiosos sobre la vida por venir. ¿Eligió esa niña ser madre? ¿Es tan complejo regresarla a la situación previa?En nuestro país el conflicto en torno al aborto va a persistir mientras no se deslinde en serio el aspecto legal del moral. Hay que prevenir los abortos con una educación sexual amplia y con una oferta sostenida de métodos anticonceptivos. Pero también hay que remediar los embarazos no deseados, especialmente los que son producto de la violencia sexual. Tal vez una mujer adulta pueda consentir un embarazo producto de una violación. Una niña de 10 años no está en condiciones de hacerlo. Por último, se necesita unificar el tratamiento penal del aborto en todo el territorio nacional. Sólo la seguridad jurídica de no estar cometiendo un delito hará que los médicos se atrevan a resolver humanitariamente situaciones trágicas como la de esta chiquita. Mientras tanto, es imprescindible escuchar voces como las de la diputada Hadad Castillo, que obligan a revisar y debatir las consecuencias de las 17 nefastas reformas conservadoras. Editorial EL UNIVERSALLa engañosa publicidad14 de abril de 2010
sábado, 20 de febrero de 2010
CONDENADA A MUERTE POR LA RELIGION CATOLICA
Imposible interrumpir gestación, dicen en Hospital de León
A joven con cáncer y embarazada, sólo le queda “soportar”
* “De por sí está avanzado su mal”, justifican, condenando a “Amelia” a un posible desenlace fatal * La única “opción” que le dan es que “si llegaba a los siete meses le sacarían al niño vivo, y si aguantaba, luego le podían aplicar la quimio”
Rafael Lara
END - 22:35 - 19/02/2010
Luego de la conferencia de prensa brindada el jueves sobre el caso de “Amelia”, joven con cáncer a quien no le aplican la quimioterapia por estar embarazada, la propuesta del Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales” fue que de por sí su cáncer estaba avanzado, así que dejara de pensar en la interrupción del embarazo.
Lo anterior lo asegura Marta María Blandón, perteneciente al Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, quien platicó con la paciente hospitalizada y con sus familiares, quienes le aseguraron que “una opción era soportar, y si llegaba los siete meses de gestación le sacarían al niño vivo, y si soportaba la intervención, luego le podían aplicar la quimio”.
Así el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico responsabilizó a los diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en especial al magistrado presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, y al Presidente de la República, Daniel Ortega, por la vida de “Amelia”, la joven embarazada que padece de cáncer.
En el caso de “Amelia”, por su estado de embarazo no pueden hacerle la quimioterapia, ni pueden practicarle un aborto terapéutico por estar penado por la ley, así el cáncer avanza y su vida se apaga.
Insensibilidad que no tiene nombre
Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización miembro del Grupo Estratégico, dijo que después de hacer público el caso de “Amelia” --nombre ficticio a petición de la paciente-- creyeron que gestionando ante los magistrados de la CSJ, se podía acelerar el fallo sobre el recurso por inconstitucionalidad contra la penalización el aborto terapéutico que desde hace tres años interpusieron, y sobre el cual algunos magistrados aseguran que desde hace un año existe un anteproyecto de sentencia.
“Pero salimos sintiéndonos ofendidos por el nivel de insensibilidad que mostraron los magistrados Armengol Cuadra, Yadira Centeno, Alba Luz Ramos y el presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales. Incluso, intentamos hablar con el magistrado Rafael Solís y nos cerraron las puertas. Hasta hubo insultos y agresiones contra nosotros porque reclamábamos el derecho a ser escuchados”, expresó Izabá.
En el caso de la magistrada Centeno, intentó evadirlos, pero antes dijo que desconocía sobre algún proyecto de sentencia. Al abordar en el pasillo al magistrado Cuadra sólo expresó que ese no era asunto suyo, sino de la Sala Constitucional.
“Hablamos con Rosales, quien insistió que había un anteproyecto de sentencia, y se sorprendió de que las magistradas lo desconocieran. Estas contradicciones demuestran un engaño, pues dicen cualquier cosa”, indicó el director del Cenidh.
Solís se encierra
Izabá agregó que después de esta visita se dieron cuenta de que no hay magistrados que amparen a la ciudadanía, sino sólo “servidores públicos” al servicio del mandato de sus patrones políticos.
Magali Quintana, parte del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, comentó que intentaron ver al magistrado Rafael Solís, sin embargo, éste les cerró las puertas, y dijo que no podía atenderlas.
Indicó que las organizaciones de mujeres no van a dejar morir a “Amelia”. “Que lo sepan Ortega y los distintos funcionarios de este país. No la vamos a dejar morir, aunque esto signifique tomar medidas drásticas contra la Ley de Penalización del Aborto Terapéutico, porque no aceptan una ley impuesta por el juego de la política, e injusta”.
“Hablo como católica por el derecho a decidir y como católica exijo a la jerarquía eclesiástica que no interfiera en este caso. No tenemos temor de represalias que tomen en nuestra contra, principalmente cuando el Estado no asume su responsabilidad de proteger la vida de las mujeres”, dijo Quintana.
A joven con cáncer y embarazada, sólo le queda “soportar”
* “De por sí está avanzado su mal”, justifican, condenando a “Amelia” a un posible desenlace fatal * La única “opción” que le dan es que “si llegaba a los siete meses le sacarían al niño vivo, y si aguantaba, luego le podían aplicar la quimio”
Rafael Lara
END - 22:35 - 19/02/2010
Luego de la conferencia de prensa brindada el jueves sobre el caso de “Amelia”, joven con cáncer a quien no le aplican la quimioterapia por estar embarazada, la propuesta del Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales” fue que de por sí su cáncer estaba avanzado, así que dejara de pensar en la interrupción del embarazo.
Lo anterior lo asegura Marta María Blandón, perteneciente al Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, quien platicó con la paciente hospitalizada y con sus familiares, quienes le aseguraron que “una opción era soportar, y si llegaba los siete meses de gestación le sacarían al niño vivo, y si soportaba la intervención, luego le podían aplicar la quimio”.
Así el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico responsabilizó a los diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en especial al magistrado presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, y al Presidente de la República, Daniel Ortega, por la vida de “Amelia”, la joven embarazada que padece de cáncer.
En el caso de “Amelia”, por su estado de embarazo no pueden hacerle la quimioterapia, ni pueden practicarle un aborto terapéutico por estar penado por la ley, así el cáncer avanza y su vida se apaga.
Insensibilidad que no tiene nombre
Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización miembro del Grupo Estratégico, dijo que después de hacer público el caso de “Amelia” --nombre ficticio a petición de la paciente-- creyeron que gestionando ante los magistrados de la CSJ, se podía acelerar el fallo sobre el recurso por inconstitucionalidad contra la penalización el aborto terapéutico que desde hace tres años interpusieron, y sobre el cual algunos magistrados aseguran que desde hace un año existe un anteproyecto de sentencia.
“Pero salimos sintiéndonos ofendidos por el nivel de insensibilidad que mostraron los magistrados Armengol Cuadra, Yadira Centeno, Alba Luz Ramos y el presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales. Incluso, intentamos hablar con el magistrado Rafael Solís y nos cerraron las puertas. Hasta hubo insultos y agresiones contra nosotros porque reclamábamos el derecho a ser escuchados”, expresó Izabá.
En el caso de la magistrada Centeno, intentó evadirlos, pero antes dijo que desconocía sobre algún proyecto de sentencia. Al abordar en el pasillo al magistrado Cuadra sólo expresó que ese no era asunto suyo, sino de la Sala Constitucional.
“Hablamos con Rosales, quien insistió que había un anteproyecto de sentencia, y se sorprendió de que las magistradas lo desconocieran. Estas contradicciones demuestran un engaño, pues dicen cualquier cosa”, indicó el director del Cenidh.
Solís se encierra
Izabá agregó que después de esta visita se dieron cuenta de que no hay magistrados que amparen a la ciudadanía, sino sólo “servidores públicos” al servicio del mandato de sus patrones políticos.
Magali Quintana, parte del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, comentó que intentaron ver al magistrado Rafael Solís, sin embargo, éste les cerró las puertas, y dijo que no podía atenderlas.
Indicó que las organizaciones de mujeres no van a dejar morir a “Amelia”. “Que lo sepan Ortega y los distintos funcionarios de este país. No la vamos a dejar morir, aunque esto signifique tomar medidas drásticas contra la Ley de Penalización del Aborto Terapéutico, porque no aceptan una ley impuesta por el juego de la política, e injusta”.
“Hablo como católica por el derecho a decidir y como católica exijo a la jerarquía eclesiástica que no interfiera en este caso. No tenemos temor de represalias que tomen en nuestra contra, principalmente cuando el Estado no asume su responsabilidad de proteger la vida de las mujeres”, dijo Quintana.
sábado, 12 de diciembre de 2009
PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD
PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD
Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
En la Ciudad de México, los días 5 y 6 de diciembre de 2009, se realizó el Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres en la sede del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Estuvieron presentes alrededor de 170 mujeres de 35 organizaciones de 19 estados de la República y 55 organizaciones del Distrito Federal, además de otras que participaron a título personal. Suscribimos el siguiente PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
CONSIDERANDO
• Que de octubre de 2008 a la fecha, en 17 Entidades de la República Mexicana se han aprobado reformas a las Constituciones locales otorgando carácter de “persona” al producto desde el momento de la concepción. Estas reformas significan un gran retroceso para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, específicamente para el ejercicio de una maternidad libre y voluntaria. Estos cambios criminalizan a las mujeres por decidir sobre su cuerpo; como consecuencia, en distintas Entidades del país, mujeres han sido encarceladas mientras muchas otras han tenido que ampararse;
• Que este indignante y lamentable accionar del PAN y del PRI, funcionari@s públic@s y legislador@s locales (incluso algun@s de izquierda), en aras de sus propios intereses, busca legitimarlos haciendo concesiones a autoridades religiosas, anteponiendo, incluso, sus creencias personales al interés público;
• Que los artículos 1° y 4° de la Constitución Política Mexicana garantizan el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, y los Tratados y Convenios Internacionales que ha suscrito México garantizan los derechos reproductivos así como el derecho a la salud, lo que obliga al Estado a otorgarle la debida atención a la decisión de interrupción del embarazo;
• Que las recientes reformas a las constituciones locales y a algunos Códigos Penales propician el incremento de la clandestinidad del aborto, lo cual resultará inevitablemente en el aumento del número de mujeres que mueran por abortos mal practicados o sufran daños irreversibles a su salud.
• Que esta ofensiva conservadora en contra de nuestros derechos reproductivos es un atentado contra el carácter laico del Estado, condición necesaria para garantizar la libertad de conciencia. Todos los ciudadanos somos responsables de nuestras acciones y decisiones, incluyendo el derecho a creer o no en expresión religiosa alguna, con base en nuestras valores personales.
Suscribimos el siguiente:
PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD
Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
1. Por la defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar.
2. En defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía.
3. Por denunciar públicamente a las/los políticas/os que votaron a favor de las mencionadas reformas.
4. Por el derecho a la salud y la despenalización del aborto en todo el país.
Trabajaremos por defender o liberar de las cárceles de México, a las mujeres que actualmente se encuentran presas o en proceso judicial, por el delito de aborto u otros delitos que mañosamente configuran los Ministerios Públicos y jueces, a las mujeres que interrumpen legalmente su embarazo, ejerciendo sus derechos humanos a decidir sobre su reproducción
Convocamos a luchar juntas por la defensa y la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, rechazando la pretensión del Estado de convertir en delito un derecho fundamental de las mujeres.
Firmas:
Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
En la Ciudad de México, los días 5 y 6 de diciembre de 2009, se realizó el Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres en la sede del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Estuvieron presentes alrededor de 170 mujeres de 35 organizaciones de 19 estados de la República y 55 organizaciones del Distrito Federal, además de otras que participaron a título personal. Suscribimos el siguiente PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
CONSIDERANDO
• Que de octubre de 2008 a la fecha, en 17 Entidades de la República Mexicana se han aprobado reformas a las Constituciones locales otorgando carácter de “persona” al producto desde el momento de la concepción. Estas reformas significan un gran retroceso para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, específicamente para el ejercicio de una maternidad libre y voluntaria. Estos cambios criminalizan a las mujeres por decidir sobre su cuerpo; como consecuencia, en distintas Entidades del país, mujeres han sido encarceladas mientras muchas otras han tenido que ampararse;
• Que este indignante y lamentable accionar del PAN y del PRI, funcionari@s públic@s y legislador@s locales (incluso algun@s de izquierda), en aras de sus propios intereses, busca legitimarlos haciendo concesiones a autoridades religiosas, anteponiendo, incluso, sus creencias personales al interés público;
• Que los artículos 1° y 4° de la Constitución Política Mexicana garantizan el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, y los Tratados y Convenios Internacionales que ha suscrito México garantizan los derechos reproductivos así como el derecho a la salud, lo que obliga al Estado a otorgarle la debida atención a la decisión de interrupción del embarazo;
• Que las recientes reformas a las constituciones locales y a algunos Códigos Penales propician el incremento de la clandestinidad del aborto, lo cual resultará inevitablemente en el aumento del número de mujeres que mueran por abortos mal practicados o sufran daños irreversibles a su salud.
• Que esta ofensiva conservadora en contra de nuestros derechos reproductivos es un atentado contra el carácter laico del Estado, condición necesaria para garantizar la libertad de conciencia. Todos los ciudadanos somos responsables de nuestras acciones y decisiones, incluyendo el derecho a creer o no en expresión religiosa alguna, con base en nuestras valores personales.
Suscribimos el siguiente:
PACTO POR LA VIDA, LA LIBERTAD
Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
1. Por la defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar.
2. En defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía.
3. Por denunciar públicamente a las/los políticas/os que votaron a favor de las mencionadas reformas.
4. Por el derecho a la salud y la despenalización del aborto en todo el país.
Trabajaremos por defender o liberar de las cárceles de México, a las mujeres que actualmente se encuentran presas o en proceso judicial, por el delito de aborto u otros delitos que mañosamente configuran los Ministerios Públicos y jueces, a las mujeres que interrumpen legalmente su embarazo, ejerciendo sus derechos humanos a decidir sobre su reproducción
Convocamos a luchar juntas por la defensa y la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, rechazando la pretensión del Estado de convertir en delito un derecho fundamental de las mujeres.
Firmas:
miércoles, 14 de octubre de 2009
Nuevos datos sobre aborto
http://www.guttmacher.org/pubs/IB_AWW-Latin-America-ES.pdf
La tasa de abortos en el mundo cae gracias a la expansión de anticonceptivos
EFE - 13/10/2009 16 : 05
La mejora de los programas de planificación familiar y la relajación de las leyes, el número de abortos en el mundo se redujo en un 9 por ciento entre 1995 y 2003, según un estudio presentado hoy por el Instituto Guttmacher en Londres.
Bajo el título "El aborto a nivel mundial: Una década de progreso desigual", el informe señala que esa tendencia positiva se ha detectado tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, excepto en África, que sigue siendo un asunto pendiente en materia reproductiva.
En opinión de la directora ejecutiva del Instituto Guttmacher, Sharon Camp, la conclusión principal que ha de extraerse del estudio es que "dar a las mujeres los medios necesarios para decidir por ellas mismas cuándo quedarse embarazadas reduce la incidencia de los embarazos no deseados y, por tanto, el número de abortos".
A nivel global, el dato más positivo es que el número de intervenciones para interrumpir voluntariamente el embarazo pasó de 45,5 millones en 1995 a 41,6 millones en 2003, una reducción que los investigadores atribuyen, además de a la expansión del uso de distintos métodos anticonceptivos, a la progresiva liberalización de las leyes sobre el aborto en los últimos 15 años.
Sin embargo, preocupa especialmente que casi un 50 por ciento de los abortos practicados en 2003 se incluyen dentro de los denominados "clandestinos", es decir, no contaron con la supervisión ni las garantías médicas adecuadas.
Según el estudio, cada año mueren en el mundo 70.000 mujeres al tratar de poner fin a su gestación por métodos poco o nada ortodoxos, en los que muchas veces es la propia implicada la encargada de provocarse el aborto.
Este tipo de prácticas se dan sobre todo en Latinoamérica y África, dos zonas geográficas en las que la ley es especialmente dura en este sentido y que, en algunos casos, no permite el aborto ni siquiera para salvar la vida de la madre.
Este es el caso de El Salvador y Nicaragua, dos de los tres únicos países del mundo que durante los últimos 15 años han endurecido la legislación sobre el aborto hasta prohibirlo bajo cualquier circunstancia.
El tercer país en cuestión es Polonia, que en 1997 reforzó la ley del aborto y permite la interrupción del embarazo con condiciones (malformación del feto, violación y riesgo para la madre), un recurso muy extendido en los países desarrollados, a medio camino entre la prohibición absoluta y su total liberalización.
En este amplio espectro se encuentra en estos momentos España, a la espera de la aprobación definitiva de la nueva Ley del Aborto, que establece la libre interrupción de la gestación hasta la semana 14 y sitúa en 16 la mayoría de edad para decidir si llevarlo o no a cabo y que ha suscitado en los últimos meses duras críticas por parte de los sectores más conservadores del país.
En este sentido, la doctora Kelly Culwell, asesora de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) mostró su apoyo a la reforma y explicó a Efe que "cualquier ley que haga más fácil y rápido el recurso al aborto seguro es buena".
"Las leyes restrictivas sólo consiguen retrasar el proceso y hacer que el número de abortos durante el segundo trimestre se incremente, lo que supone un mayor riesgo para la salud de la madre", indicó Culwell.
Además, en su opinión, la nueva ley evitará que muchas jóvenes se vean obligadas a huir a otros países para ser intervenidas, dando alas al conocido como "turismo abortista".
En cualquier caso, la directora del Instituto Guttmacher asegura que el avance registrado en los últimos años en la mayor parte del mundo "es muy modesto en relación a lo que se puede alcanzar con una mayor inversión en políticas de planificación familiar".
Por ello, reclama que legisladores, servicios sociales y sanitarios, empresas farmacéuticas y educadores pongan su grano de arena en un delicado asunto que amenaza la vida y la libertad sexual de millones de mujeres cada año.EFE avh/jr/ma
La tasa de abortos en el mundo cae gracias a la expansión de anticonceptivos
EFE - 13/10/2009 16 : 05
La mejora de los programas de planificación familiar y la relajación de las leyes, el número de abortos en el mundo se redujo en un 9 por ciento entre 1995 y 2003, según un estudio presentado hoy por el Instituto Guttmacher en Londres.
Bajo el título "El aborto a nivel mundial: Una década de progreso desigual", el informe señala que esa tendencia positiva se ha detectado tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo, excepto en África, que sigue siendo un asunto pendiente en materia reproductiva.
En opinión de la directora ejecutiva del Instituto Guttmacher, Sharon Camp, la conclusión principal que ha de extraerse del estudio es que "dar a las mujeres los medios necesarios para decidir por ellas mismas cuándo quedarse embarazadas reduce la incidencia de los embarazos no deseados y, por tanto, el número de abortos".
A nivel global, el dato más positivo es que el número de intervenciones para interrumpir voluntariamente el embarazo pasó de 45,5 millones en 1995 a 41,6 millones en 2003, una reducción que los investigadores atribuyen, además de a la expansión del uso de distintos métodos anticonceptivos, a la progresiva liberalización de las leyes sobre el aborto en los últimos 15 años.
Sin embargo, preocupa especialmente que casi un 50 por ciento de los abortos practicados en 2003 se incluyen dentro de los denominados "clandestinos", es decir, no contaron con la supervisión ni las garantías médicas adecuadas.
Según el estudio, cada año mueren en el mundo 70.000 mujeres al tratar de poner fin a su gestación por métodos poco o nada ortodoxos, en los que muchas veces es la propia implicada la encargada de provocarse el aborto.
Este tipo de prácticas se dan sobre todo en Latinoamérica y África, dos zonas geográficas en las que la ley es especialmente dura en este sentido y que, en algunos casos, no permite el aborto ni siquiera para salvar la vida de la madre.
Este es el caso de El Salvador y Nicaragua, dos de los tres únicos países del mundo que durante los últimos 15 años han endurecido la legislación sobre el aborto hasta prohibirlo bajo cualquier circunstancia.
El tercer país en cuestión es Polonia, que en 1997 reforzó la ley del aborto y permite la interrupción del embarazo con condiciones (malformación del feto, violación y riesgo para la madre), un recurso muy extendido en los países desarrollados, a medio camino entre la prohibición absoluta y su total liberalización.
En este amplio espectro se encuentra en estos momentos España, a la espera de la aprobación definitiva de la nueva Ley del Aborto, que establece la libre interrupción de la gestación hasta la semana 14 y sitúa en 16 la mayoría de edad para decidir si llevarlo o no a cabo y que ha suscitado en los últimos meses duras críticas por parte de los sectores más conservadores del país.
En este sentido, la doctora Kelly Culwell, asesora de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) mostró su apoyo a la reforma y explicó a Efe que "cualquier ley que haga más fácil y rápido el recurso al aborto seguro es buena".
"Las leyes restrictivas sólo consiguen retrasar el proceso y hacer que el número de abortos durante el segundo trimestre se incremente, lo que supone un mayor riesgo para la salud de la madre", indicó Culwell.
Además, en su opinión, la nueva ley evitará que muchas jóvenes se vean obligadas a huir a otros países para ser intervenidas, dando alas al conocido como "turismo abortista".
En cualquier caso, la directora del Instituto Guttmacher asegura que el avance registrado en los últimos años en la mayor parte del mundo "es muy modesto en relación a lo que se puede alcanzar con una mayor inversión en políticas de planificación familiar".
Por ello, reclama que legisladores, servicios sociales y sanitarios, empresas farmacéuticas y educadores pongan su grano de arena en un delicado asunto que amenaza la vida y la libertad sexual de millones de mujeres cada año.EFE avh/jr/ma
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