Gobierno de Q. Roo viola derechos de niña

Un costo de la reforma fundamentalista
Marta Lamas
A la diputada priista María Hadad Castillo, por su valentía
MÉXICO, D.F., 13 de abril.-
En Quintana Roo se desarrolla un drama en torno a una niña de 10 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual de su padrastro. La pequeña, originaria de Rovirosa, una comunidad rural, queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto: en el caso de violación es hasta los 90 días, y ella tiene ya cuatro meses de gestación, o sea, 120 días. La diputada María Hadad Castillo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, ha hecho un llamado para que los médicos interrumpan ese embarazo. Según Hadad Castillo, una posibilidad sería que los médicos declararan que su vida corre peligro y así se aplicaría la cuarta causal, que señala que el aborto no será punible cuando, “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida”. De acuerdo con la diputada, y coincido con ella, la vida de la chiquita ya está en peligro: violada reiteradamente, enfrenta una maternidad forzada para la cual no está preparada. Los médicos del DIF hablan de un embarazo de alto riesgo, pero no de peligro para su vida. ¿Por qué? Porque piensan que asumir esa postura los convertiría en “abortistas”, y tienen miedo, luego de que en abril del año pasado 18 diputados (13 del PRI, cuatro del PAN y uno del Verde Ecologista) aprobaron en Quintana Roo la reforma que consagra al ser, desde su concepción, como “sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes”. (Los siete diputados que votaron en contra fueron uno del PRI, uno de Convergencia, uno del PRD, dos del Verde Ecologista, uno del Panal y uno del PT.) A partir de ese momento, muchos médicos que tenían una postura humanitaria respecto al aborto percibieron un riesgo y dieron un paso atrás: no se quieren meter en problemas. No es un temor infundado el que sienten. Hace unos meses se dio el caso de una joven embarazada de siete meses que, al mover los muebles de su casa, tuvo un aborto imprudencial. Llegó al hospital, luego de haber perdido tres litros de sangre, sólo para que la detuviera la policía. La Procuraduría, en un gesto que la hizo más papista que el Papa, reclasificó ese aborto imprudencial como homicidio culposo agravado por parentesco y metió a la muchacha a la cárcel. La presión de diversos grupos de la sociedad fue tal que se logró que la Procuraduría se desistiera y el juez la dejara libre. Pero este incidente marcó un giro punitivo fuera de lo común, derivado de la reciente reforma. Según la diputada Hadad, Quintana Roo es el estado líder en abuso sexual contra menores. En el estudio que UNICEF y el DIF hicieron sobre la infancia en México, mientras el índice de abuso sexual contra niños alcanzaba un promedio nacional de 3.4, en Quintana Roo casi se triplicaba: 9.7. Y como estos índices se construyen a partir de las demandas presentadas, si se consideraran los casos que no llegan a denunciarse el número real sería mucho mayor. Es espantosa la cobardía que rodea el caso de la chiquita violada y embarazada. Aunque la diputada priista ha intentado introducir algo de racionalidad al asunto, las demás autoridades son pusilánimemente precavidas. Areli Camargo Chávez, procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, señaló que aunque la menor de edad “no deja de ser una niña”, es mejor que continúe con la gestación. ¿Mejor para quién? Esta funcionaria afirmó que, de acuerdo “con el informe del ginecólogo, su vida no corre peligro; el embarazo es de alto riesgo, no va a ser natural, será cesárea; sin embargo, su bienestar se garantiza si se continúa con él”. ¿Qué implica llevar a término el producto de una violación? ¿Acaso se trata de que la niña dé a luz a una muñeca con la cual jugar? ¿No hay una visión de futuro que respete su vida? Camargo Chávez concedió que, en caso de que se “comprobara” que la vida de la niña estuviese en riesgo, “ella siempre sería la prioridad”. ¿Quién va a arriesgar esa “comprobación”, cuando a raíz de la reciente reforma se ha provocado recelo entre los médicos? Más que tomar una determinación pensando que el futuro de esa niña debería ser estudiar y jugar, se introducen juicios morales y religiosos sobre la vida por venir. ¿Eligió esa niña ser madre? ¿Es tan complejo regresarla a la situación previa?En nuestro país el conflicto en torno al aborto va a persistir mientras no se deslinde en serio el aspecto legal del moral. Hay que prevenir los abortos con una educación sexual amplia y con una oferta sostenida de métodos anticonceptivos. Pero también hay que remediar los embarazos no deseados, especialmente los que son producto de la violencia sexual. Tal vez una mujer adulta pueda consentir un embarazo producto de una violación. Una niña de 10 años no está en condiciones de hacerlo. Por último, se necesita unificar el tratamiento penal del aborto en todo el territorio nacional. Sólo la seguridad jurídica de no estar cometiendo un delito hará que los médicos se atrevan a resolver humanitariamente situaciones trágicas como la de esta chiquita. Mientras tanto, es imprescindible escuchar voces como las de la diputada Hadad Castillo, que obligan a revisar y debatir las consecuencias de las 17 nefastas reformas conservadoras. Editorial EL UNIVERSALLa engañosa publicidad14 de abril de 2010

NOS UNE UNA CAUSA JUSTA:LA LUCHA POR NUESTROS DERECHOS

NOS UNE UNA CAUSA JUSTA

LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS HUMANOS ES LUCHA JUSTA

Con el propósito de informarle de las consecuencias que traerá en poco tiempo la aprobación que la LVIII Legislatura y el Ejecutivo Estatal en Yucatán hicieran el 15 de julio y 7 de agosto del presente año, en las vidas de las mujeres, probablemente la suya si Usted es mujer, o su esposa, novia, pareja, hermana, hija, tía, amiga, o compañera de estudios o trabajo o vecina, le alertamos para que tome sus propias precauciones.
El día de ayer, 7 de agosto, el gobierno priísta de Ivonne Ortega Pacheco publicó en el Diario oficial del Estado de Yucatán, el decreto 220 que reforma el artículo primero constitucional.
Si Usted no ha escuchado nada de esto o nada ha oído, es porque seguramente lee otros periódicos y porque en la radio, sólo dos estaciones en únicamente dos programas, dieron a conocer el problema y el debate que se abría. Esto quiere decir, que existe un acuerdo cupular entre empresarios, el gobierno todo, el clero y los medios de comunicación. Exclusivamente el Por Esto publicó, desde el 14 de julio, los pormenores y le ha dado seguimiento hasta la fecha. Si a Usted le interesa informarse a cabalidad para que al menos pueda saber su propio riesgo de perder la vida o la salud o incluso su trabajo, puede entrar a www.poresto.net o dirigirse a mi o a la Abog. Amelia Ojeda Sosa, coordinadora Jurídica de UNASSE para obtener información.
Las organizaciones de la sociedad civil, los grupos y colectivos, movimientos y colectividades que nos une una lucha justa, estamos haciendo el esfuerzo por informar a la ciudadanía para que esté enterada, conozca sus derechos y las violaciones a éstos que han perpetrado la LVIII Legislatura en pleno con la honrosa excepción de la Dip. Bertha Pérez Medina, del PRD y el Gobierno del Estado de Yucatán, porque el resultado será además de la grave pérdida de derechos, la pérdida de salud, seguridad física y emocional, la muerte de muchas mujeres pobres o que no estén en condiciones de solventar gastos mayores para cuidar de su salud, de su vida, de su derecho a decir sobre su sexualidad y reproducción.
Para que usted sepa, la LVIII legislatura aprobó sin análisis, sin discusión, sin siquiera hacer del conocimiento de buena parte de las y los diputados pero que gustosos alzaron la mano cual alcancía al ponerles monedas o billetes. Ello por sí solo, es un atentado al derecho de información, máxime cuando la repercusión es directa para cada persona y le afecta su calidad de vida y la vida misma.
Quienes defendemos el derecho a vivir, a vivir en libertad, a elegir y decidir, quienes vivimos plenamente nuestros derechosa sexuales y reproductivos, encabezamos la defensa de esos derechos vulnerados por el Congreso y ahora conculcados por el ejecutivo (o ejecutor?) del estado. Bien dice Marta Lamas que cuerpo de mujer no garantiza pensamiento ni conciencia de mujer.
Le invitamos a pronunciarse, a alzar la voz, a inconformarse por derecho propio, a ampararse contra esta ignominia que atenta contra la vida de todas las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, de las que están en el climaterio y las más pobres.
LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS HUMANOS ES LUCHA JUSTA
NOS UNE UNA CAUSA JUSTA
LUCHEMOS EN CONSECUENCIA, APRENDAMOS A DEFENDERNOS EN COLECTIVO Y A EJERCER NUESTROS DERECHOS CIUDADANOS.
DRA. SANDRA PENICHE QUINTAL
shssr@hotmail.com
tel. 924 96 45

CONGRESO VIOLADOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y SUS FAMILIAS