“Con la criminalización no se evita el aborto”

“Con la criminalización no se evita el aborto”


ENTREVISTA CON EL MEDICO ANIBAL FAUNDES, DEFENSOR DE LA DESPENALIZACION DE LA INTERRUPCION DEL EMBARAZO


Nacido en Chile y reconocido por su trabajo en salud sexual y reproductiva, especialmente en Brasil, Faúndes sostiene que la penalización es “ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”.


Por Mariana Carbajal


Comenzó a involucrarse con la problemática del aborto unos cincuenta años atrás, cuando era estudiante de Medicina en Chile y a las mujeres que llegaban a un hospital con signos de haber interrumpido un embarazo se las atendía sin anestesia para que sufrieran dolor, a propósito, a modo de castigo. “Con el tiempo, fui escuchando sus historias y entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino por el contrario, eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada”, dice el médico Aníbal Faúndes, nacido en Chile y reconocido internacionalmente por su extenso trabajo en salud sexual y reproductiva en distintos países latinoamericanos, especialmente en Brasil, donde vive hace muchos años. Defensor de la despenalización y legalización del aborto, Faúndes dará hoy a las 15 una conferencia en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados, invitado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En una entrevista con Página/12, fundamentó su posición, respondió a los argumentos que suelen esgrimir los sectores conservadores que se oponen a una ley más liberal y contó cómo se logró en Brasil que se realicen en el sector público, sin judicializaciones, las interrupciones legales de embarazo. La criminalización del aborto “es ineficiente, causa graves problemas para la salud y es injusta”, afirmó. Y aclaró que “tan importante como cambiar la ley que lo penaliza es hacer cumplir la que ya está vigente, que prevé los abortos legales”.


Faúndes es una de las personas que más han trabajado en ese país para que se garantice el acceso a los abortos no punibles. Se graduó como médico en la Universidad de Chile, donde llegó a ser profesor titular de Obstetricia y coordinador del programa de Salud de la Mujer. Su trabajo trascendió las fronteras latinoamericanas: entre otros cargos, presidió el Comité de Recursos para la Investigación del Programa de Reproducción Humana de la OMS. A los 79 años, es un referente en la región y encabeza el grupo de trabajo para la Prevención del Aborto Inseguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

–¿Por qué se involucró con la problemática del aborto? Muchos médicos prefieren no meterse con el tema.


–Comencé a sensibilizarme con el tema del aborto cuando todavía era estudiante de Medicina, tenía que hacer mi práctica de urgencia, y en el área donde estaba había muchos abortos en esa época. Como el jefe de turno sabía que me interesaba por la ginecología, lo más práctico que encontró fue que cada vez que llegaba a mi turno a las 18.30 me mandaba a la sala de raspado. Y yo me quedaba haciendo curetajes hasta las 9 de la noche, en que terminaba el turno. En esa época, era el año 1954, se juzgaba que la mujer que tenía un aborto era provocado, que era una criminal que había matado a su hijo, sin ningún justificativo, y que por lo tanto había que castigarla haciendo que le doliera mucho y entonces se hacía el curetaje sin anestesia. Si la mujer se quejaba, la auxiliar de enfermería se encargaba de decirle: “¿No te gustó? Ahora págalo”. Con el tiempo yo fui escuchando las historias de las mujeres y fui entendiendo que, en realidad, no había ninguna razón para castigarlas, sino que por el contrario eran mucho más víctimas de las circunstancias que culpables de nada.


–¿Pudo cambiar la forma de atenderlas?


–No pude cambiar las normas del lugar: seguí haciendo raspajes de la misma forma, pero me quedó en la cabeza que no podía permanecer indiferente a eso, que algo tenía que hacer para que menos mujeres tuvieran que pasar por todo ese proceso. Ahí también aprendí que muchas veces las mujeres se embarazaban porque los hombres les imponían el sexo contra su voluntad, que no tenían cómo prevenirse de un embarazo y que abortaban la mayor parte de las veces para proteger a los hijos que ya tenían o por otras razones que estaban muy lejos de ser egoístas y que no tenían por qué estar pagando por eso. Al principio creí que la planificación familiar era la respuesta a eso. Y por muchos años trabajé mucho en ese sentido. Con el tiempo me di cuenta de que la planificación familiar no era suficiente, de que nunca va a resolver el problema, porque un método puede fallar, porque hay relaciones forzadas, porque la anticoncepción no llega a todas las mujeres. Por mucho tiempo pensé que legalizar el aborto se justificaba solamente después de que ya se hubiera hecho todo lo posible por que todas las mujeres tuvieran acceso a planificación familiar.


–¿Por qué cambió de opinión?


–Con el tiempo me di cuenta de que en el fondo descriminalizar el aborto significaba que el aborto que en ese momento era inseguro pasara a ser seguro.

–Pasaron más de cincuenta años desde su primera aproximación al tema y no ha cambiado mucho en muchos países de la región en relación con el abordaje en los hospitales hacia las mujeres que abortan...


–En Chile ha cambiado bastante: ahora es mucho peor.


–¿Por qué hay resistencia?


–Hay una gran influencia religiosa. Y también es culpa de personas como yo, que no hemos trabajado tanto en aborto como lo hicimos en planificación familiar. Las cosas han cambiado en algunos países y no han cambiado en otros. En Brasil, por ejemplo, hemos conseguido a lo largo de los años que los médicos estén muy de acuerdo en que la ley tiene que ser mucho más permisiva de lo que es.


–¿En qué circunstancias está despenalizado en Brasil?


–Si hay riesgo en la vida de la mujer y en casos de violación.


–¿Se cumple la ley?


–En este momento casi en la mitad del país se está cumpliendo con la ley. En 2006 había más de 800 hospitales que decían que hacían interrupción legal de embarazo. Y creo que esa cifra se puede haber multiplicado por diez. El gobierno brasileño está empeñado en hacer accesible el aborto legal. Para eso, el Ministerio de Salud normatizó el aborto por violación.


–¿Cómo lo hizo?


–A través de la Norma para la Atención Integral de la Mujer o la Adolescente que sufre Violencia Sexual. Incluye la atención inmediata después de la violencia y la interrupción del embarazo en caso de que se embarace y no quiera continuar con la gestación. La primera norma fue del año 1998 y establecía que la mujer tenía que hacer la denuncia en el cuartel de policía. Después se modificó en 2003, diciendo que bastaba con que la mujer lo declarara en el hospital y quedara registrado con su firma en la historia clínica.


–¿Esa disposición no generó la reacción de los médicos planteando que quedaban desprotegidos ante la eventualidad de que la mujer pudiera mentir sobre la violación?


–La norma justamente es la que da seguridad.


–¿Qué status tiene la norma?


–Es una resolución del Ministerio de Salud.


–¿Con la norma se allanó el camino para garantizar el acceso a los abortos no punibles?


–Con la norma y con un trabajo de hormiga. Una norma no basta, es necesario trabajar hospital por hospital. Y no se trata sólo de trabajar con el director, sino con todo el personal, discutir el problema, mostrar por qué se tiene que cumplir con la norma, qué es lo que cambia y qué no cambia, sensibilizarlo, hasta que se consiga finalmente que empiecen a realizar interrupciones del embarazo de acuerdo con la ley.


–¿Cuáles son sus fundamentos para defender la despenalización y legalización del aborto?


–Desde el punto de vista de la salud, es muy claro que si se quiere reducir todos los daños de la mortalidad por aborto, la medida más efectiva es descriminalizarlo. Está perfectamente demostrado. En realidad, tengo tres razones. El argumento más importante tiene que ver con que criminalizar el aborto es muy eficiente para aumentar los sufrimientos, las muertes, las complicaciones, la enfermedad, el costo para la salud, para la familia y para el país. El segundo argumento es que es ineficiente: por una ley que prohíbe el aborto las mujeres no dejan de abortar. Todos los datos muestran que criminalización o no criminalización no es lo que determina que la mujer aborte o no lo haga. Y el tercer elemento tiene que ver con la justicia social. Es la típica ley que se aplica a las personas más pobres y más vulnerables. Esa ley no funciona para los que tienen poder. Para mí no funciona. Yo no tengo ningún problema si una nieta mía se embaraza de acceder a un aborto seguro. Estoy completamente convencido de que no se puede continuar con las características de la legislación actual en América latina. Pero tan importante como cambiar la ley es hacer cumplir la que ya está vigente y prevé abortos no punibles.


–Hace dos semanas, el Consejo Superior de la UBA aprobó una resolución por la que expresó su apoyo a la despenalización del aborto y reclamó un inmediato debate en el Congreso. Sólo se abstuvo el decano de Medicina y votó en contra un representante del claustro docente, que es médico. Plantearon que se habían formado para defender la vida. A usted, que también es médico, ¿no le genera una controversia?


–Claro que genera una controversia. Hasta entiendo a esos dos colegas. Pero también entiendo que ellos no comprenden que la solución para ese problema, de querer defender la vida, no está en criminalizar a la mujer que se quiere hacer un aborto. Si ellos realmente están en contra del aborto, tienen que luchar por la educación en sexualidad responsable desde la educación primaria y para que ninguna mujer tenga dificultades de acceso a los métodos anticonceptivos más eficaces, porque ésas son las medidas que van a permitir que ese aborto no ocurra.


–¿Existe, como sostienen grupos antiderechos, el llamado trauma post aborto?


–Durante su gobierno, (el ex presidente George) Bush (hijo) le encargó al ministro de Salud de los Estados Unidos que reuniera evidencias de que existía ese trauma post aborto. La conclusión del cirujano general fue que no existía. Eso no significa que ninguna mujer que se provoca un aborto no tenga después trastornos psicológicos, depresión, pero no hay diferencia en cuanto a la frecuencia con que ocurre ese tipo de situaciones después de un aborto o después de un parto de un embarazo no deseado. Pero ese efecto negativo se presenta sobre todo con dos circunstancias: cuando no es la mujer la que decide el aborto, sino que lo hace presionada por otras fuerzas sociales alrededor de ella y cuando el ambiente es condenatorio. No por el aborto en sí mismo.


–El mensaje culpabilizador de la jerarquía católica contribuye a que puedan sentirse mal...


–Muchas mujeres lo solucionan diciendo: “Yo sé que Dios me entiende, a pesar de que el cura me está diciendo eso y sabe por qué yo quedé embarazada y sabe por qué lo interrumpí”.


–En su libro El drama del aborto plantea la necesidad de alcanzar un consenso social en torno del tema. ¿Cree que es posible?


–No creo que sea posible que todo el mundo esté de acuerdo en todo, pero sí que las personas se concienticen en determinadas posiciones. Por ejemplo, creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo con la edad gestacional límite en que debería permitirse el aborto. Pero cada vez se está entendiendo que criminalizar a la mujer que aborta no es el camino para combatir los abortos.


Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-151916-2010-08-24.html

Penalizar el aborto equivale a TORTURA hacia la mujer

ONU advierte a Nicaragua que penalizar todo tipo de aborto es tortura

Por primera vez, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas abordó la penalización de toda forma de aborto en un país como una medida que violenta derechos humanos fundamentales. Ese país es Nicaragua.

Por José Adán Silva

El Comité, reunido en su período 42 de sesiones en la ciudad suiza de Ginebra, urgió al Estado nicaragüense a revertir la reforma legal que en 2006 penalizó sin excepciones el aborto voluntario, y demandó flexibilidad, en especial en casos de violación e incesto.

El 14 de mayo el Comité contra la Tortura expresó "su profunda preocupación por la prohibición general del aborto", contenida en varios artículos del Código Penal reformado en 2006 y puesto en vigencia en 2008. El gobierno del sandinista Daniel Ortega no reaccionó hasta ahora sobre un pronunciamiento que vincula la prohibición del aborto terapéutico con la tortura.

Nicaragua se convirtió en 2006 en uno de los escasos países del mundo que castigan penalmente a las mujeres que se realicen un aborto cuando se trata de gestaciones fruto de violaciones sexuales o incesto, o cuando la vida de la madre corra peligro. En estos casos antes era legal la interrupción del embarazo.

Chile, El Salvador y República Dominicana son los otros países latinoamericanos que penalizan el aborto inducido sin excepciones, a los que se unen Malta y Filipinas en el resto del mundo.

El Comité citó en su informe sobre la nación centroamericana que la prohibición del aborto para las víctimas de agresiones sexuales significa "una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas" y supone "un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos, tales como ansiedad y depresión".

En Nicaragua el aborto terapéutico era legal desde 1893 y su prohibición fue posible por la unión a favor de los dos principales partidos políticos del país, el izquierdista y ahora gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y el derechista Liberal Constitucionalista.

La penalización absoluta del aborto se produjo en plena campaña de las elecciones que devolvieron a la presidencia a Ortega en 2007. Las organizaciones de mujeres coinciden en que cálculos electorales llevaron al político a pactar la prohibición absoluta del aborto con la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas.

Analistas coinciden en que el retorno al poder del ex guerrillero se facilitó por un pacto político-religioso con el cardenal Miguel Obando y Bravo, quien ahora preside una comisión humanitaria gubernamental, después de haber sido jubilado por el Vaticano como líder de la Iglesia Católica en el país.

Ortega gobernó Nicaragua entre 1979 y 1990, primero como miembro de la junta establecida por los sandinistas tras derrocar a la dictadura de la familia Somoza y luego como presidente. Entonces Obando y Bravo era uno de los líderes opositores.

El Comité encargado de registrar y denunciar los actos de tortura humana, instó al Estado de Nicaragua a reformar la ley y restablecer el aborto en situaciones de emergencia y cuando medie la violencia de género. "El Comité urge al Estado Parte a que revise su legislación en materia de aborto, tal como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", dictó en su informe.

En concreto propuso al país estudiar "la posibilidad de prever excepciones a la prohibición general del aborto para los casos de aborto terapéutico y los embarazos resultantes de violación o incesto", y así cumplir las directivas de la Organización Mundial de la Salud.

El Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Nicaragüense de la Mujer y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía que desde la Presidencia administra la esposa de Ortega, Rosario Murillo, declinaron comentar a IPS el pronunciamiento del Comité.

La Curia Arzobispal en Managua dijo a IPS que la postura de la Iglesia Católica respecto al aborto es inalterable.

El no gubernamental Movimiento Autónomo de Mujeres, participante destacado en la lucha por la despenalización del aborto terapéutico, consideró que el pronunciamiento del Comité contra la Tortura es "una condena internacional contra Nicaragua". "El Comité ha señalado que la penalización total del aborto, sin dejar excepciones, violenta el status legal de las mujeres, al no permitirles salvar su propia vida o disminuir los riesgos en su salud física o psicológica", señaló a IPS Juana Jiménez, dirigente de la organización.

Jiménez dijo que el órgano rector internacional da la razón a las mujeres organizadas del país que denunciaron la reforma legal como una imposición por motivaciones políticas y "una contradicción con los pactos de derechos humanos y las convenciones específicas en materia de reconocimiento a los derechos de las mujeres".

El Movimiento Autónomo fue una de las organizaciones que envió sus consideraciones al Comité contra la Tortura, con el argumento de que la ley que penaliza el aborto terapéutico "contiene todos los elementos de la tortura determinados en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura". Desde que se aprobó la penalización total del aborto, decenas de organizaciones de mujeres, médicas y de derechos humanos demandaron también la reversión de la norma ante la Corte Suprema de Justicia.--