Religiones, bioética y Estado laico
Roberto Blancarte
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• 2010-04-27• Milenio
¿Cuándo comienza la vida?, le preguntaron a varios dirigentes religiosos. El obispo católico contestó sin pensarlo: “Desde el momento de la concepción”. El imán musulmán reflexionó por algunos segundos y dijo: “La persona humana puede ser definida en el embrión solamente hasta el día número 100 del embarazo”. El rabino judío señaló: “Así como en la muerte, también hay un proceso en la aparición de la vida, distintas fases en la gestación de un ser. Según la Biblia y la interpretación, la persona no tiene identidad como tal, diferenciada de la madre en el momento de la concepción, sino en el alumbramiento”. Finalmente, se le hace la pregunta a un viejo profesor de filosofía y éste, después de una sesuda reflexión afirma: “La vida comienza cuando los hijos se van y el perro se muere”. El chiste puede parecer hasta irrespetuoso pero muestra muy bien cómo acerca de la vida puede haber muchas concepciones. La semana pasada participé en el Seminario Hispanoamericano de Bioética, organizado por el Colegio de Bioética, la Universidad de Nuevo León y el Observatorio de Bioética y Derecho de Barcelona. Allí traté de establecer una sola idea: en las discusiones sobre bioética y religión, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que ninguna religión es monolítica y que, por lo tanto, la pluralidad de creencias debe ser la base para la toma de decisiones.
En América Latina, sin embargo, la histórica hegemonía católica ha distorsionado nuestra perspectiva del papel de las religiones en los debates sobre bioética. Por un lado, no existe en términos generales la noción de que puede haber diversas posturas respecto a estos temas provenientes de un mercado religioso plural y, por el otro, dada la estructura piramidal y jerárquica de la propia Iglesia católica, tampoco hay mucha conciencia entre la gente de que la diversidad de opiniones dentro de una misma religión es más bien la regla y no la excepción. De hecho, una mirada rápida a las principales religiones del mundo nos muestra que el modelo católico de gobierno es más bien un vestigio del pasado, con crecientes dificultades para enfrentar los retos que el mundo moderno le plantea. No existe nada similar al poder pontifical en las otras religiones. De hecho, ni el islam ni el judaísmo se asumen como religiones que giran alrededor de modelos eclesiales o clericales. Mucho menos con una sola cabeza, incuestionada e incuestionable por sus propios hermanos de fe. El budismo tibetano, que también tiene una dirigencia, es sólo una expresión de los muchos budismos en diversas partes del mundo, así como lo es el shiismo con fuerte implantación en Irán e Irak. Los cristianismos ortodoxo, protestante y evangélico no conocen tampoco una sola cabeza ni un poder centralizador.
A pesar de todo, en el marco latinoamericano no se asume que la diversidad de opiniones religiosas es natural y común. Por el contrario, existe la tendencia a pensar lo religioso como una unidad doctrinal y teológica. En dicho contexto, la aparición de una bioética laica enfrenta una dificultad central: la de generar un espacio de decisiones que responda al interés público, independientemente de las creencias personales de cada quien, enfrentando por un lado las presiones de las dirigencias religiosas que desean moldear las legislaciones y políticas públicas y, por el otro, una cultura que no se asume como religiosa pero que de hecho permea las prácticas cotidianas y decisiones políticas de muchos sectores de la sociedad. Así por ejemplo el Senado puede hacer una reforma a las leyes con el objeto de eliminar el encarnizamiento terapéutico, pero es incapaz de permitir la eutanasia, para que el enfermo terminal pueda decidir en conciencia si quiere morir y las instituciones públicas lo ayuden para hacerlo sin dolor. La diferencia entre una y otra reforma es que el Senado todavía no puede concebir una ley laica que no dependa de la creencia religiosa de que el único que puede dar y quitar la vida es Dios. Lo más grave es que el Senado, dominado por el PAN, ese partido que se sigue oponiendo a la laicidad del Estado a través de la reforma al artículo 40, ni siquiera se cuestiona sobre este asunto. Los únicos que tienen derecho son los enfermos terminales que son creyentes; los agnósticos y ateos no pueden morir como lo desean.
La generación de una ética laica supone en consecuencia un aprendizaje acerca de la importancia del Estado laico para la convivencia en la pluralidad de opiniones y la diversidad de posiciones. El punto central en esta enseñanza es la necesidad de la defensa de la libertad de conciencia y el respeto de las minorías, para lo cual se requiere una autonomía de lo político frente a lo religioso. De esa manera, la laicidad no aparece como un contrapunto de las religiones en su interacción con la bioética, sino por el contrario como la característica esencial para la resolución de dilemas que conciernen a todos, creyentes en toda su diversidad y no creyentes, interesados todos en la definición de un interés público compatible con las mayores libertades posibles. Pero a nuestros políticos les sigue faltando mucha claridad al respecto. No nos queda más que la información y la paciencia.
blancart@colmex.mx
martes, 27 de abril de 2010
lunes, 26 de abril de 2010
ABORTO CON MEDICAMENTOS. IPAS
Aborto con medicamentos
El aborto con medicamentos, también conocido como aborto farmacológico, es el método para la interrupción del embarazo mediante el uso de tabletas, resultando en un proceso similar al aborto espontáneo. Al igual que la aspiración por vacío, el procedimiento de aborto con medicamentos es muy seguro y eficaz y ofrece ventajas únicas. Es un método no invasivo de interrumpir un embarazo no deseado, que las mujeres pueden utilizar en una variedad de entornos y, por lo general, en su propia casa.
Los medicamentos más eficaces para inducir el aborto son mifepristona y misoprostol usados en combinación. En los lugares donde no se dispone de mifepristona, misoprostol empleado por sí solo también es eficaz. Misoprostol es además un tratamiento recomendado para muchas otras afecciones obstétricas.
Millones de mujeres en todo el mundo ya han escogido esta tecnología probada. El procedimiento de aborto con medicamentos es particularmente prometedor para mujeres que corren un riesgo mayor al recurrir a métodos peligrosos o ineficaces de aborto, y para aquéllas a quienes les resulta difícil o imposible tener acceso a otros servicios de aborto debido al costo, la distancia u otros factores.
El trabajo de nuestra Iniciativa de Aborto con Medicamentos para establecer y ampliar el acceso a los servicios de aborto con medicamentos abarca:
Capacitación y mejoramiento de servicios
Investigación
Participación y movilización comunitaria
Políticas y promoción y defensa (advocacy)
Creación de redes que apoyen el acceso a los servicios de aborto con medicamentos.
http://www.ipas.org/Spanish/Topics/Aborto_con_medicamentos.aspx
El aborto con medicamentos, también conocido como aborto farmacológico, es el método para la interrupción del embarazo mediante el uso de tabletas, resultando en un proceso similar al aborto espontáneo. Al igual que la aspiración por vacío, el procedimiento de aborto con medicamentos es muy seguro y eficaz y ofrece ventajas únicas. Es un método no invasivo de interrumpir un embarazo no deseado, que las mujeres pueden utilizar en una variedad de entornos y, por lo general, en su propia casa.
Los medicamentos más eficaces para inducir el aborto son mifepristona y misoprostol usados en combinación. En los lugares donde no se dispone de mifepristona, misoprostol empleado por sí solo también es eficaz. Misoprostol es además un tratamiento recomendado para muchas otras afecciones obstétricas.
Millones de mujeres en todo el mundo ya han escogido esta tecnología probada. El procedimiento de aborto con medicamentos es particularmente prometedor para mujeres que corren un riesgo mayor al recurrir a métodos peligrosos o ineficaces de aborto, y para aquéllas a quienes les resulta difícil o imposible tener acceso a otros servicios de aborto debido al costo, la distancia u otros factores.
El trabajo de nuestra Iniciativa de Aborto con Medicamentos para establecer y ampliar el acceso a los servicios de aborto con medicamentos abarca:
Capacitación y mejoramiento de servicios
Investigación
Participación y movilización comunitaria
Políticas y promoción y defensa (advocacy)
Creación de redes que apoyen el acceso a los servicios de aborto con medicamentos.
http://www.ipas.org/Spanish/Topics/Aborto_con_medicamentos.aspx
miércoles, 14 de abril de 2010
Gobierno de Q. Roo viola derechos de niña
Un costo de la reforma fundamentalista
Marta Lamas
A la diputada priista María Hadad Castillo, por su valentía
MÉXICO, D.F., 13 de abril.-
En Quintana Roo se desarrolla un drama en torno a una niña de 10 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual de su padrastro. La pequeña, originaria de Rovirosa, una comunidad rural, queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto: en el caso de violación es hasta los 90 días, y ella tiene ya cuatro meses de gestación, o sea, 120 días. La diputada María Hadad Castillo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, ha hecho un llamado para que los médicos interrumpan ese embarazo. Según Hadad Castillo, una posibilidad sería que los médicos declararan que su vida corre peligro y así se aplicaría la cuarta causal, que señala que el aborto no será punible cuando, “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida”. De acuerdo con la diputada, y coincido con ella, la vida de la chiquita ya está en peligro: violada reiteradamente, enfrenta una maternidad forzada para la cual no está preparada. Los médicos del DIF hablan de un embarazo de alto riesgo, pero no de peligro para su vida. ¿Por qué? Porque piensan que asumir esa postura los convertiría en “abortistas”, y tienen miedo, luego de que en abril del año pasado 18 diputados (13 del PRI, cuatro del PAN y uno del Verde Ecologista) aprobaron en Quintana Roo la reforma que consagra al ser, desde su concepción, como “sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes”. (Los siete diputados que votaron en contra fueron uno del PRI, uno de Convergencia, uno del PRD, dos del Verde Ecologista, uno del Panal y uno del PT.) A partir de ese momento, muchos médicos que tenían una postura humanitaria respecto al aborto percibieron un riesgo y dieron un paso atrás: no se quieren meter en problemas. No es un temor infundado el que sienten. Hace unos meses se dio el caso de una joven embarazada de siete meses que, al mover los muebles de su casa, tuvo un aborto imprudencial. Llegó al hospital, luego de haber perdido tres litros de sangre, sólo para que la detuviera la policía. La Procuraduría, en un gesto que la hizo más papista que el Papa, reclasificó ese aborto imprudencial como homicidio culposo agravado por parentesco y metió a la muchacha a la cárcel. La presión de diversos grupos de la sociedad fue tal que se logró que la Procuraduría se desistiera y el juez la dejara libre. Pero este incidente marcó un giro punitivo fuera de lo común, derivado de la reciente reforma. Según la diputada Hadad, Quintana Roo es el estado líder en abuso sexual contra menores. En el estudio que UNICEF y el DIF hicieron sobre la infancia en México, mientras el índice de abuso sexual contra niños alcanzaba un promedio nacional de 3.4, en Quintana Roo casi se triplicaba: 9.7. Y como estos índices se construyen a partir de las demandas presentadas, si se consideraran los casos que no llegan a denunciarse el número real sería mucho mayor. Es espantosa la cobardía que rodea el caso de la chiquita violada y embarazada. Aunque la diputada priista ha intentado introducir algo de racionalidad al asunto, las demás autoridades son pusilánimemente precavidas. Areli Camargo Chávez, procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, señaló que aunque la menor de edad “no deja de ser una niña”, es mejor que continúe con la gestación. ¿Mejor para quién? Esta funcionaria afirmó que, de acuerdo “con el informe del ginecólogo, su vida no corre peligro; el embarazo es de alto riesgo, no va a ser natural, será cesárea; sin embargo, su bienestar se garantiza si se continúa con él”. ¿Qué implica llevar a término el producto de una violación? ¿Acaso se trata de que la niña dé a luz a una muñeca con la cual jugar? ¿No hay una visión de futuro que respete su vida? Camargo Chávez concedió que, en caso de que se “comprobara” que la vida de la niña estuviese en riesgo, “ella siempre sería la prioridad”. ¿Quién va a arriesgar esa “comprobación”, cuando a raíz de la reciente reforma se ha provocado recelo entre los médicos? Más que tomar una determinación pensando que el futuro de esa niña debería ser estudiar y jugar, se introducen juicios morales y religiosos sobre la vida por venir. ¿Eligió esa niña ser madre? ¿Es tan complejo regresarla a la situación previa?En nuestro país el conflicto en torno al aborto va a persistir mientras no se deslinde en serio el aspecto legal del moral. Hay que prevenir los abortos con una educación sexual amplia y con una oferta sostenida de métodos anticonceptivos. Pero también hay que remediar los embarazos no deseados, especialmente los que son producto de la violencia sexual. Tal vez una mujer adulta pueda consentir un embarazo producto de una violación. Una niña de 10 años no está en condiciones de hacerlo. Por último, se necesita unificar el tratamiento penal del aborto en todo el territorio nacional. Sólo la seguridad jurídica de no estar cometiendo un delito hará que los médicos se atrevan a resolver humanitariamente situaciones trágicas como la de esta chiquita. Mientras tanto, es imprescindible escuchar voces como las de la diputada Hadad Castillo, que obligan a revisar y debatir las consecuencias de las 17 nefastas reformas conservadoras. Editorial EL UNIVERSALLa engañosa publicidad14 de abril de 2010
Marta Lamas
A la diputada priista María Hadad Castillo, por su valentía
MÉXICO, D.F., 13 de abril.-
En Quintana Roo se desarrolla un drama en torno a una niña de 10 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual de su padrastro. La pequeña, originaria de Rovirosa, una comunidad rural, queda fuera de las excepciones en las que la ley local permite el aborto: en el caso de violación es hasta los 90 días, y ella tiene ya cuatro meses de gestación, o sea, 120 días. La diputada María Hadad Castillo (PRI), presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado, ha hecho un llamado para que los médicos interrumpan ese embarazo. Según Hadad Castillo, una posibilidad sería que los médicos declararan que su vida corre peligro y así se aplicaría la cuarta causal, que señala que el aborto no será punible cuando, “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida”. De acuerdo con la diputada, y coincido con ella, la vida de la chiquita ya está en peligro: violada reiteradamente, enfrenta una maternidad forzada para la cual no está preparada. Los médicos del DIF hablan de un embarazo de alto riesgo, pero no de peligro para su vida. ¿Por qué? Porque piensan que asumir esa postura los convertiría en “abortistas”, y tienen miedo, luego de que en abril del año pasado 18 diputados (13 del PRI, cuatro del PAN y uno del Verde Ecologista) aprobaron en Quintana Roo la reforma que consagra al ser, desde su concepción, como “sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes”. (Los siete diputados que votaron en contra fueron uno del PRI, uno de Convergencia, uno del PRD, dos del Verde Ecologista, uno del Panal y uno del PT.) A partir de ese momento, muchos médicos que tenían una postura humanitaria respecto al aborto percibieron un riesgo y dieron un paso atrás: no se quieren meter en problemas. No es un temor infundado el que sienten. Hace unos meses se dio el caso de una joven embarazada de siete meses que, al mover los muebles de su casa, tuvo un aborto imprudencial. Llegó al hospital, luego de haber perdido tres litros de sangre, sólo para que la detuviera la policía. La Procuraduría, en un gesto que la hizo más papista que el Papa, reclasificó ese aborto imprudencial como homicidio culposo agravado por parentesco y metió a la muchacha a la cárcel. La presión de diversos grupos de la sociedad fue tal que se logró que la Procuraduría se desistiera y el juez la dejara libre. Pero este incidente marcó un giro punitivo fuera de lo común, derivado de la reciente reforma. Según la diputada Hadad, Quintana Roo es el estado líder en abuso sexual contra menores. En el estudio que UNICEF y el DIF hicieron sobre la infancia en México, mientras el índice de abuso sexual contra niños alcanzaba un promedio nacional de 3.4, en Quintana Roo casi se triplicaba: 9.7. Y como estos índices se construyen a partir de las demandas presentadas, si se consideraran los casos que no llegan a denunciarse el número real sería mucho mayor. Es espantosa la cobardía que rodea el caso de la chiquita violada y embarazada. Aunque la diputada priista ha intentado introducir algo de racionalidad al asunto, las demás autoridades son pusilánimemente precavidas. Areli Camargo Chávez, procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, señaló que aunque la menor de edad “no deja de ser una niña”, es mejor que continúe con la gestación. ¿Mejor para quién? Esta funcionaria afirmó que, de acuerdo “con el informe del ginecólogo, su vida no corre peligro; el embarazo es de alto riesgo, no va a ser natural, será cesárea; sin embargo, su bienestar se garantiza si se continúa con él”. ¿Qué implica llevar a término el producto de una violación? ¿Acaso se trata de que la niña dé a luz a una muñeca con la cual jugar? ¿No hay una visión de futuro que respete su vida? Camargo Chávez concedió que, en caso de que se “comprobara” que la vida de la niña estuviese en riesgo, “ella siempre sería la prioridad”. ¿Quién va a arriesgar esa “comprobación”, cuando a raíz de la reciente reforma se ha provocado recelo entre los médicos? Más que tomar una determinación pensando que el futuro de esa niña debería ser estudiar y jugar, se introducen juicios morales y religiosos sobre la vida por venir. ¿Eligió esa niña ser madre? ¿Es tan complejo regresarla a la situación previa?En nuestro país el conflicto en torno al aborto va a persistir mientras no se deslinde en serio el aspecto legal del moral. Hay que prevenir los abortos con una educación sexual amplia y con una oferta sostenida de métodos anticonceptivos. Pero también hay que remediar los embarazos no deseados, especialmente los que son producto de la violencia sexual. Tal vez una mujer adulta pueda consentir un embarazo producto de una violación. Una niña de 10 años no está en condiciones de hacerlo. Por último, se necesita unificar el tratamiento penal del aborto en todo el territorio nacional. Sólo la seguridad jurídica de no estar cometiendo un delito hará que los médicos se atrevan a resolver humanitariamente situaciones trágicas como la de esta chiquita. Mientras tanto, es imprescindible escuchar voces como las de la diputada Hadad Castillo, que obligan a revisar y debatir las consecuencias de las 17 nefastas reformas conservadoras. Editorial EL UNIVERSALLa engañosa publicidad14 de abril de 2010
miércoles, 24 de febrero de 2010
NOTICIA: ESPAÑA APRUEBA LEY DE ABORTO
España aprobó en forma definitiva su nueva ley del aborto
El Senado aceptó la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14. Además, permite que menores 16 y 17 años accedan a esta práctica.
El Senado español aprobó el miércoles la reforma de la ley del aborto, que autoriza la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 y que ha chocado con una oposición frontal de la Iglesia Católica y los partidos conservadores.
El texto ,aprobado primero en el Congreso y ahora en el Senado, eliminó la calificación de aborto como delito y lo convirtió en un derecho. Además, superó el trámite de la cámara alta sin una sola modificación, con lo que no deberá ser ratificado de nuevo por el Congreso. La normativa impulsada por el gobierno socialista entrará en vigor dentro de cuatro meses.
La nueva ley autoriza el aborto libre hasta la semana 14 y la interrupción voluntaria hasta la semana 22 en caso de que el médico diagnostique un riesgo serio para la vida del bebé o la madre. Uno de los puntos más controvertidos es el que permite abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno.
La senadora y número tres de los socialistas, Leire Pajín, aseguró que España salda una vieja deuda que la sociedad había contraído con las mujeres. “Las mujeres que no compartan la norma no harán uso de ella, pero las que quieran hacerlo no podemos ni debemos impedírselo”, dijo Pajín durante su intervención.
http://peru21.pe/noticia/419167/espana-aprobo-forma-definitiva-su-nueva-ley-aborto
El Senado aceptó la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14. Además, permite que menores 16 y 17 años accedan a esta práctica.
El Senado español aprobó el miércoles la reforma de la ley del aborto, que autoriza la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 y que ha chocado con una oposición frontal de la Iglesia Católica y los partidos conservadores.
El texto ,aprobado primero en el Congreso y ahora en el Senado, eliminó la calificación de aborto como delito y lo convirtió en un derecho. Además, superó el trámite de la cámara alta sin una sola modificación, con lo que no deberá ser ratificado de nuevo por el Congreso. La normativa impulsada por el gobierno socialista entrará en vigor dentro de cuatro meses.
La nueva ley autoriza el aborto libre hasta la semana 14 y la interrupción voluntaria hasta la semana 22 en caso de que el médico diagnostique un riesgo serio para la vida del bebé o la madre. Uno de los puntos más controvertidos es el que permite abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno.
La senadora y número tres de los socialistas, Leire Pajín, aseguró que España salda una vieja deuda que la sociedad había contraído con las mujeres. “Las mujeres que no compartan la norma no harán uso de ella, pero las que quieran hacerlo no podemos ni debemos impedírselo”, dijo Pajín durante su intervención.
http://peru21.pe/noticia/419167/espana-aprobo-forma-definitiva-su-nueva-ley-aborto
sábado, 20 de febrero de 2010
CONDENADA A MUERTE POR LA RELIGION CATOLICA
Imposible interrumpir gestación, dicen en Hospital de León
A joven con cáncer y embarazada, sólo le queda “soportar”
* “De por sí está avanzado su mal”, justifican, condenando a “Amelia” a un posible desenlace fatal * La única “opción” que le dan es que “si llegaba a los siete meses le sacarían al niño vivo, y si aguantaba, luego le podían aplicar la quimio”
Rafael Lara
END - 22:35 - 19/02/2010
Luego de la conferencia de prensa brindada el jueves sobre el caso de “Amelia”, joven con cáncer a quien no le aplican la quimioterapia por estar embarazada, la propuesta del Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales” fue que de por sí su cáncer estaba avanzado, así que dejara de pensar en la interrupción del embarazo.
Lo anterior lo asegura Marta María Blandón, perteneciente al Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, quien platicó con la paciente hospitalizada y con sus familiares, quienes le aseguraron que “una opción era soportar, y si llegaba los siete meses de gestación le sacarían al niño vivo, y si soportaba la intervención, luego le podían aplicar la quimio”.
Así el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico responsabilizó a los diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en especial al magistrado presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, y al Presidente de la República, Daniel Ortega, por la vida de “Amelia”, la joven embarazada que padece de cáncer.
En el caso de “Amelia”, por su estado de embarazo no pueden hacerle la quimioterapia, ni pueden practicarle un aborto terapéutico por estar penado por la ley, así el cáncer avanza y su vida se apaga.
Insensibilidad que no tiene nombre
Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización miembro del Grupo Estratégico, dijo que después de hacer público el caso de “Amelia” --nombre ficticio a petición de la paciente-- creyeron que gestionando ante los magistrados de la CSJ, se podía acelerar el fallo sobre el recurso por inconstitucionalidad contra la penalización el aborto terapéutico que desde hace tres años interpusieron, y sobre el cual algunos magistrados aseguran que desde hace un año existe un anteproyecto de sentencia.
“Pero salimos sintiéndonos ofendidos por el nivel de insensibilidad que mostraron los magistrados Armengol Cuadra, Yadira Centeno, Alba Luz Ramos y el presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales. Incluso, intentamos hablar con el magistrado Rafael Solís y nos cerraron las puertas. Hasta hubo insultos y agresiones contra nosotros porque reclamábamos el derecho a ser escuchados”, expresó Izabá.
En el caso de la magistrada Centeno, intentó evadirlos, pero antes dijo que desconocía sobre algún proyecto de sentencia. Al abordar en el pasillo al magistrado Cuadra sólo expresó que ese no era asunto suyo, sino de la Sala Constitucional.
“Hablamos con Rosales, quien insistió que había un anteproyecto de sentencia, y se sorprendió de que las magistradas lo desconocieran. Estas contradicciones demuestran un engaño, pues dicen cualquier cosa”, indicó el director del Cenidh.
Solís se encierra
Izabá agregó que después de esta visita se dieron cuenta de que no hay magistrados que amparen a la ciudadanía, sino sólo “servidores públicos” al servicio del mandato de sus patrones políticos.
Magali Quintana, parte del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, comentó que intentaron ver al magistrado Rafael Solís, sin embargo, éste les cerró las puertas, y dijo que no podía atenderlas.
Indicó que las organizaciones de mujeres no van a dejar morir a “Amelia”. “Que lo sepan Ortega y los distintos funcionarios de este país. No la vamos a dejar morir, aunque esto signifique tomar medidas drásticas contra la Ley de Penalización del Aborto Terapéutico, porque no aceptan una ley impuesta por el juego de la política, e injusta”.
“Hablo como católica por el derecho a decidir y como católica exijo a la jerarquía eclesiástica que no interfiera en este caso. No tenemos temor de represalias que tomen en nuestra contra, principalmente cuando el Estado no asume su responsabilidad de proteger la vida de las mujeres”, dijo Quintana.
A joven con cáncer y embarazada, sólo le queda “soportar”
* “De por sí está avanzado su mal”, justifican, condenando a “Amelia” a un posible desenlace fatal * La única “opción” que le dan es que “si llegaba a los siete meses le sacarían al niño vivo, y si aguantaba, luego le podían aplicar la quimio”
Rafael Lara
END - 22:35 - 19/02/2010
Luego de la conferencia de prensa brindada el jueves sobre el caso de “Amelia”, joven con cáncer a quien no le aplican la quimioterapia por estar embarazada, la propuesta del Hospital Escuela “Óscar Danilo Rosales” fue que de por sí su cáncer estaba avanzado, así que dejara de pensar en la interrupción del embarazo.
Lo anterior lo asegura Marta María Blandón, perteneciente al Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, quien platicó con la paciente hospitalizada y con sus familiares, quienes le aseguraron que “una opción era soportar, y si llegaba los siete meses de gestación le sacarían al niño vivo, y si soportaba la intervención, luego le podían aplicar la quimio”.
Así el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico responsabilizó a los diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en especial al magistrado presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, y al Presidente de la República, Daniel Ortega, por la vida de “Amelia”, la joven embarazada que padece de cáncer.
En el caso de “Amelia”, por su estado de embarazo no pueden hacerle la quimioterapia, ni pueden practicarle un aborto terapéutico por estar penado por la ley, así el cáncer avanza y su vida se apaga.
Insensibilidad que no tiene nombre
Bayardo Izabá, Director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organización miembro del Grupo Estratégico, dijo que después de hacer público el caso de “Amelia” --nombre ficticio a petición de la paciente-- creyeron que gestionando ante los magistrados de la CSJ, se podía acelerar el fallo sobre el recurso por inconstitucionalidad contra la penalización el aborto terapéutico que desde hace tres años interpusieron, y sobre el cual algunos magistrados aseguran que desde hace un año existe un anteproyecto de sentencia.
“Pero salimos sintiéndonos ofendidos por el nivel de insensibilidad que mostraron los magistrados Armengol Cuadra, Yadira Centeno, Alba Luz Ramos y el presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales. Incluso, intentamos hablar con el magistrado Rafael Solís y nos cerraron las puertas. Hasta hubo insultos y agresiones contra nosotros porque reclamábamos el derecho a ser escuchados”, expresó Izabá.
En el caso de la magistrada Centeno, intentó evadirlos, pero antes dijo que desconocía sobre algún proyecto de sentencia. Al abordar en el pasillo al magistrado Cuadra sólo expresó que ese no era asunto suyo, sino de la Sala Constitucional.
“Hablamos con Rosales, quien insistió que había un anteproyecto de sentencia, y se sorprendió de que las magistradas lo desconocieran. Estas contradicciones demuestran un engaño, pues dicen cualquier cosa”, indicó el director del Cenidh.
Solís se encierra
Izabá agregó que después de esta visita se dieron cuenta de que no hay magistrados que amparen a la ciudadanía, sino sólo “servidores públicos” al servicio del mandato de sus patrones políticos.
Magali Quintana, parte del grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, comentó que intentaron ver al magistrado Rafael Solís, sin embargo, éste les cerró las puertas, y dijo que no podía atenderlas.
Indicó que las organizaciones de mujeres no van a dejar morir a “Amelia”. “Que lo sepan Ortega y los distintos funcionarios de este país. No la vamos a dejar morir, aunque esto signifique tomar medidas drásticas contra la Ley de Penalización del Aborto Terapéutico, porque no aceptan una ley impuesta por el juego de la política, e injusta”.
“Hablo como católica por el derecho a decidir y como católica exijo a la jerarquía eclesiástica que no interfiera en este caso. No tenemos temor de represalias que tomen en nuestra contra, principalmente cuando el Estado no asume su responsabilidad de proteger la vida de las mujeres”, dijo Quintana.
viernes, 19 de febrero de 2010
FAVOR DE LA DESPENALIZACION DEL ABORTO
BOLETÍN
México, D.F., 19 de febrero de 2010
BOL_17/10
Se debe respetar la libertad de las personas a decidir sobre su cuerpo
Sí A LA DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO
Ante la reactivación del debate en torno a la despenalización del aborto y los intentos por dar marcha atrás a una legislación de avanzada en la materia, Convergencia ratifica su posición:
El embarazo y la reproducción son fenómenos íntimamente vinculados con la integridad corporal, la libertad de conciencia, la autonomía y la privacidad de las mujeres.
Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ratificadas por la Suprema Corte de Justicia, mediante las cuales se permite la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta la décimo segunda semana de gestación, significan una legislación de avanzada, que apoyó y apoya Convergencia. Los abortos clandestinos significan la cuarta causa de muerte entre las mujeres mexicanas; son, por tanto, un grave problema de salud pública.
Convergencia reconoce y defiende el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sustentado en el Artículo 4 de nuestra Constitución Política, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y proclama el derecho a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. En Convergencia no se descalifican a priori las consideraciones éticas y religiosas que cada persona o grupo tengan sobre el tema del aborto; sin embargo, sostenemos que se debe respetar la libertad de las personas para decidir sobre su cuerpo.
La interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad y gratuidad constituye un acto de conciencia, un derecho básico de todos los individuos que la sociedad debe respetar. También son derechos humanos fundamentales los reproductivos, la educación sexual, la información y el acceso a todos los métodos anticonceptivos y una vida sexual libre de violencia, entre otros.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por México, garantizan los derechos de las mujeres a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a la privacidad, a la información, a la libertad religiosa y de conciencia, a igual protección por la ley y a tomar decisiones independientes.
Sólo la mujer puede saber cuándo es el momento de tener hijos, cuál es el momento en el que se afecta su calidad y proyecto de vida, cuáles son las condiciones económicas y de salud que favorezcan el embarazo; es decir; sólo ella tiene derecho a decidir cuándo es el momento para la maternidad. Es un derecho constitucional inalienable y fundamento de la dignidad humana
En este contexto, parte fundamental del debate sobre la despenalización del aborto también debe centrarse en la defensa del Estado laico y no en la consideración de un Estado en el que prevalezcan una religión y un concepto de moral “oficiales”, lo que haría irresoluble el problema. Los grupos opositores a la interrupción voluntaria exponen sus argumentos conforme a la fe, y no se apoyan en posturas científicas que señalan al aborto como un problema de salud pública nacional y mundial.
Desde diversos puntos contrarios al ejercicio de este derecho y de esta libertad, se alienta peligrosamente una confrontación que sólo genera fanatismo y polarización y desgasta a las instituciones del gobierno. Es urgente convocar a la conciliación, a la tolerancia y, sobre todo, a ser congruentes con la libertad de conciencia, la protección a la salud y la laicidad del Estado mexicano.
Finalmente, el debate va más allá del establecimiento de un conjunto de leyes y servicios médicos, hasta hoy insuficientes. Hay muchas y muy variadas cuestiones a discutir en torno a la despenalización del aborto. Señaladamente las condiciones de desprotección sexual, de ignorancia y de pobreza en que vive gran parte de la población. Supone también un rediseño de la vida social que atienda al aborto como un problema de salud pública nacional y, en ese sentido, buscar consensos para la articulación de alternativas en el marco de la equidad de género y la igualdad social.
UN NUEVO RUMBO PARA LA NACIÓN
EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Luis Walton Aburto
Armando López Campa
Presidente
Secretario General
México, D.F., 19 de febrero de 2010
BOL_17/10
Se debe respetar la libertad de las personas a decidir sobre su cuerpo
Sí A LA DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO
Ante la reactivación del debate en torno a la despenalización del aborto y los intentos por dar marcha atrás a una legislación de avanzada en la materia, Convergencia ratifica su posición:
El embarazo y la reproducción son fenómenos íntimamente vinculados con la integridad corporal, la libertad de conciencia, la autonomía y la privacidad de las mujeres.
Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ratificadas por la Suprema Corte de Justicia, mediante las cuales se permite la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta la décimo segunda semana de gestación, significan una legislación de avanzada, que apoyó y apoya Convergencia. Los abortos clandestinos significan la cuarta causa de muerte entre las mujeres mexicanas; son, por tanto, un grave problema de salud pública.
Convergencia reconoce y defiende el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sustentado en el Artículo 4 de nuestra Constitución Política, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y proclama el derecho a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. En Convergencia no se descalifican a priori las consideraciones éticas y religiosas que cada persona o grupo tengan sobre el tema del aborto; sin embargo, sostenemos que se debe respetar la libertad de las personas para decidir sobre su cuerpo.
La interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad y gratuidad constituye un acto de conciencia, un derecho básico de todos los individuos que la sociedad debe respetar. También son derechos humanos fundamentales los reproductivos, la educación sexual, la información y el acceso a todos los métodos anticonceptivos y una vida sexual libre de violencia, entre otros.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por México, garantizan los derechos de las mujeres a la vida, a la integridad física, a la salud, a la no discriminación, a la privacidad, a la información, a la libertad religiosa y de conciencia, a igual protección por la ley y a tomar decisiones independientes.
Sólo la mujer puede saber cuándo es el momento de tener hijos, cuál es el momento en el que se afecta su calidad y proyecto de vida, cuáles son las condiciones económicas y de salud que favorezcan el embarazo; es decir; sólo ella tiene derecho a decidir cuándo es el momento para la maternidad. Es un derecho constitucional inalienable y fundamento de la dignidad humana
En este contexto, parte fundamental del debate sobre la despenalización del aborto también debe centrarse en la defensa del Estado laico y no en la consideración de un Estado en el que prevalezcan una religión y un concepto de moral “oficiales”, lo que haría irresoluble el problema. Los grupos opositores a la interrupción voluntaria exponen sus argumentos conforme a la fe, y no se apoyan en posturas científicas que señalan al aborto como un problema de salud pública nacional y mundial.
Desde diversos puntos contrarios al ejercicio de este derecho y de esta libertad, se alienta peligrosamente una confrontación que sólo genera fanatismo y polarización y desgasta a las instituciones del gobierno. Es urgente convocar a la conciliación, a la tolerancia y, sobre todo, a ser congruentes con la libertad de conciencia, la protección a la salud y la laicidad del Estado mexicano.
Finalmente, el debate va más allá del establecimiento de un conjunto de leyes y servicios médicos, hasta hoy insuficientes. Hay muchas y muy variadas cuestiones a discutir en torno a la despenalización del aborto. Señaladamente las condiciones de desprotección sexual, de ignorancia y de pobreza en que vive gran parte de la población. Supone también un rediseño de la vida social que atienda al aborto como un problema de salud pública nacional y, en ese sentido, buscar consensos para la articulación de alternativas en el marco de la equidad de género y la igualdad social.
UN NUEVO RUMBO PARA LA NACIÓN
EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Luis Walton Aburto
Armando López Campa
Presidente
Secretario General
martes, 19 de enero de 2010
La ciencia mexicana ante el aborto: Javier Flores
La ciencia mexicana ante el aborto
Javier Flores
Apenas iniciado el nuevo año, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) hizo público un pronunciamiento en el que se refiere explícitamente a la decisión de los congresos de 18 entidades federativas del país por la que se penaliza el aborto. No se trata de un asunto menor. La principal organización científica del país fija su postura, y llama a los organismos políticos y jurídicos con competencia en este caso, así como a la sociedad en su conjunto, a reflexionar sobre las consecuencias de estos hechos ... y a detenerlos a tiempo, antes de que lleven al país a etapas de confrontación que a todos dañarían”.
Esta postura es de la mayor importancia, pues en las decisiones adoptadas en los 18 estados, cuyos legisladores han estado guiados por la Iglesia católica, se ha argumentado que, desde un punto de vista científico, la persona es tal desde el momento de la concepción o la fecundación. Es decir, es esta Iglesia la que habla en nombre de la ciencia, pero no son los propios científicos los que piensan de esta manera. Se trata claramente de una usurpación.
El comunicado señala que, desde el punto de vista científico, la definición de la vida y de la persona que ha estado presente en las reformas de los estados, con el apoyo expreso de líderes religiosos, es “simplista, arbitraria y poco informada”. El documento señala: “El efecto inmediato de dichas reformas consiste en penalizar el aborto, convirtiendo, contra toda lógica, en delincuentes a las mujeres que toman tal decisión por razones respetables y, en último caso, en uso de su legítimo derecho a decidir sobre cuestiones que atañen a su propio cuerpo y a su dignidad personal”.
Es importante observar que quienes firman el comunicado de la AMC son y han sido representantes indiscutibles de la comunidad científica del país. Además de su actual presidenta, la doctora Rosaura Ruiz, suscriben estos planteamientos 16 ex presidentes de ese organismo: Francisco G. Bolívar Zapata, José Antonio de la Peña, René Drucker Colín, Jorge Flores Valdés, Mauricio Fortes Besprosvani, Carlos Gual Castro, Ismael Herrera Revilla, Juan Pedro Laclette San Román, Adolfo Martínez Palomo, Raúl Ondarza Vidaurreta, Octavio Paredes López, Antonio Peña Díaz, Daniel Reséndiz Núñez, Pablo Rudomín Zevnovaty, José Sarukhán Kermez y Guillermo Soberón Acevedo.
Todos ellos son grandes científicos mexicanos. Entre los firmantes se encuentran dos galardonados con el Premio Príncipe de Asturias: Bolívar Zapata y Rudomín; dos ex rectores de la UNAM: Sarukhán y Soberón, el último además, ex secretario de Salud; Martínez Palomo, quien preside nada menos que el Comité de Bioética de la UNESCO y actualmente encabeza el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República; Laclette, actual coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y Reséndiz, ex director del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología. Cinco de los firmantes son miembros de El Colegio Nacional, y más de la mitad han recibido el Premio Nacional de Ciencias.
El pronunciamiento es apabullante. Yo no sé en qué agujero se van a meter los representantes de la Iglesia católica que en México hablan en nombre de la ciencia. Los herederos de quienes en la Edad Media y el Renacimiento llevaron a la hoguera a los protocientíficos y obligaron a Galileo a retractarse de sus descubrimientos. Los que se apoyan ahora en la autoridad de médicos conservadores y en algunas maestras de embriología, a quienes no les queda ya más remedio que dar la cara abiertamente y reconocer que obedecen los lineamientos, no de la ciencia, sino de una potencia extranjera: el Vaticano.
La manifestación de la AMC es muy oportuna, pues además se produce en el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide si ejerce su capacidad de atracción sobre los recursos de amparo que han sido interpuestos por mujeres en algunos estados de la República en los que esta aberración se ha producido, como en el caso de Jalisco. Habrá que ver cómo reacciona la Corte, pues después de su histórica decisión en la que declaró constitucionales las reformas en el Distrito Federal que despenalizan el aborto, ha sufrido cambios en su composición.
Como sea, el pronunciamiento de los representantes de la comunidad científica de México constituye una pieza de enorme valor que difícilmente puede ser ignorada, pues deja en claro, de una vez por todas, cuál es la postura de la ciencia mexicana en torno a este debate.
José-Luis Maldonado-Rivera, Ph. D.
Investigador, Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia (GPOM)
División de Fotónica
Centro de Investigaciones en Óptica A.C. (CIO)
Loma del Bosque # 115, Col. Lomas del Campestre,
C.P. 37150, León Guanajuato, México
E. mail: jlmr@cio.mx
Fax: (52 477) 441 4209
Tels.: (52 477) 441 4200, exts. 265, 307 y 291
www.cio.mx
Javier Flores
Apenas iniciado el nuevo año, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) hizo público un pronunciamiento en el que se refiere explícitamente a la decisión de los congresos de 18 entidades federativas del país por la que se penaliza el aborto. No se trata de un asunto menor. La principal organización científica del país fija su postura, y llama a los organismos políticos y jurídicos con competencia en este caso, así como a la sociedad en su conjunto, a reflexionar sobre las consecuencias de estos hechos ... y a detenerlos a tiempo, antes de que lleven al país a etapas de confrontación que a todos dañarían”.
Esta postura es de la mayor importancia, pues en las decisiones adoptadas en los 18 estados, cuyos legisladores han estado guiados por la Iglesia católica, se ha argumentado que, desde un punto de vista científico, la persona es tal desde el momento de la concepción o la fecundación. Es decir, es esta Iglesia la que habla en nombre de la ciencia, pero no son los propios científicos los que piensan de esta manera. Se trata claramente de una usurpación.
El comunicado señala que, desde el punto de vista científico, la definición de la vida y de la persona que ha estado presente en las reformas de los estados, con el apoyo expreso de líderes religiosos, es “simplista, arbitraria y poco informada”. El documento señala: “El efecto inmediato de dichas reformas consiste en penalizar el aborto, convirtiendo, contra toda lógica, en delincuentes a las mujeres que toman tal decisión por razones respetables y, en último caso, en uso de su legítimo derecho a decidir sobre cuestiones que atañen a su propio cuerpo y a su dignidad personal”.
Es importante observar que quienes firman el comunicado de la AMC son y han sido representantes indiscutibles de la comunidad científica del país. Además de su actual presidenta, la doctora Rosaura Ruiz, suscriben estos planteamientos 16 ex presidentes de ese organismo: Francisco G. Bolívar Zapata, José Antonio de la Peña, René Drucker Colín, Jorge Flores Valdés, Mauricio Fortes Besprosvani, Carlos Gual Castro, Ismael Herrera Revilla, Juan Pedro Laclette San Román, Adolfo Martínez Palomo, Raúl Ondarza Vidaurreta, Octavio Paredes López, Antonio Peña Díaz, Daniel Reséndiz Núñez, Pablo Rudomín Zevnovaty, José Sarukhán Kermez y Guillermo Soberón Acevedo.
Todos ellos son grandes científicos mexicanos. Entre los firmantes se encuentran dos galardonados con el Premio Príncipe de Asturias: Bolívar Zapata y Rudomín; dos ex rectores de la UNAM: Sarukhán y Soberón, el último además, ex secretario de Salud; Martínez Palomo, quien preside nada menos que el Comité de Bioética de la UNESCO y actualmente encabeza el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República; Laclette, actual coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y Reséndiz, ex director del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología. Cinco de los firmantes son miembros de El Colegio Nacional, y más de la mitad han recibido el Premio Nacional de Ciencias.
El pronunciamiento es apabullante. Yo no sé en qué agujero se van a meter los representantes de la Iglesia católica que en México hablan en nombre de la ciencia. Los herederos de quienes en la Edad Media y el Renacimiento llevaron a la hoguera a los protocientíficos y obligaron a Galileo a retractarse de sus descubrimientos. Los que se apoyan ahora en la autoridad de médicos conservadores y en algunas maestras de embriología, a quienes no les queda ya más remedio que dar la cara abiertamente y reconocer que obedecen los lineamientos, no de la ciencia, sino de una potencia extranjera: el Vaticano.
La manifestación de la AMC es muy oportuna, pues además se produce en el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide si ejerce su capacidad de atracción sobre los recursos de amparo que han sido interpuestos por mujeres en algunos estados de la República en los que esta aberración se ha producido, como en el caso de Jalisco. Habrá que ver cómo reacciona la Corte, pues después de su histórica decisión en la que declaró constitucionales las reformas en el Distrito Federal que despenalizan el aborto, ha sufrido cambios en su composición.
Como sea, el pronunciamiento de los representantes de la comunidad científica de México constituye una pieza de enorme valor que difícilmente puede ser ignorada, pues deja en claro, de una vez por todas, cuál es la postura de la ciencia mexicana en torno a este debate.
José-Luis Maldonado-Rivera, Ph. D.
Investigador, Grupo de Propiedades Ópticas de la Materia (GPOM)
División de Fotónica
Centro de Investigaciones en Óptica A.C. (CIO)
Loma del Bosque # 115, Col. Lomas del Campestre,
C.P. 37150, León Guanajuato, México
E. mail: jlmr@cio.mx
Fax: (52 477) 441 4209
Tels.: (52 477) 441 4200, exts. 265, 307 y 291
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